lunes, 24 de junio de 2019

Tortura vídeo de 2014 Caso Ayotzinapa difunde Aristegui en vivo 24 de Junio del 2019



Vídeo confirma que PGR incurrió en tortura en caso Ayotzinapa y la CNDH lo ocultó Difunden en redes sociales video de la tortura a un detenido del caso Ayotzinapa, supuestamente se trata de Carlos Canto La difusión de un video que muestra la tortura infligida a un hombre detenido por el caso Ayotzinapa confirma que la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos, como en su momento fuera señalado por los diversos organismos internacionales que revisaron el caso. Así lo señalaron las organizaciones civiles que han acompañado el caso y a los familiares de los estudiantes desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014. Agregaron que dicho material, que se subió a la plataforma YouTube y que fue difundido en medios el viernes pasado, expone que en las indagatorias se usó la tortura, acredita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "encubrió esta práctica con una recomendación (sobre el caso) que no es fiable"; reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el gobierno federal, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) -que en un informe confirmó que al menos 34 casos de tortura entre los detenidos-; "coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso"; y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad sobre esos crímenes. Subrayaron que se debe sancionar a los funcionarios que aparecen en los actos de tortura contra el detenido, como Carlos Gómez Arrieta, quien fue identificado a partir del video y que en octubre de 2014 -cuando se filmaron esos tormentos- fungía como comandante de la Policía Federal Ministerial. Hasta el viernes se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, cargo al que renunció tras la difusión del material, separación que para las Ong resulta insuficiente. "Lo que corresponde es que sea investigado y en su caso sancionado".


miércoles, 24 de abril de 2019

Educación y Cuarta Transformación


El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ido fijando los objetivos de la Cuarta Transformación (4T) poco a poco. No hay, hasta el momento, un documento oficial que dé cuenta de las principales características de su propuesta. El mandatario anunció su propósito en plena campaña electoral y ha ido precisando algunas de sus peculiaridades sobre la marcha.

Entre otros elementos que la componen, se encuentra el de concebirse como la siguiente etapa de las tres grandes transformaciones políticas y sociales anteriores: la Revolución de Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910-17. Sin embargo, a diferencia de ellas, este nuevo trayecto histórico será pacífico y gradual.

Los componentes esenciales de este cambio son la lucha contra la corrupción, la separación del poder económico del político y la redistribución del ingreso por la vía de apoyos directos a los más necesitados. Adicionalmente, decretó el fin del neoliberalismo y apuesta por la soberanía energética, sin modificar el actual marco legal.

Si es difícil precisar en qué consiste la 4T en lo general, más lo es en el terreno educativo. AMLO ha hecho declaraciones sobre este tema en sus conferencias mañaneras, envió al Congreso una propuesta de reforma educativa y elaboró un memorando dirigido a sus secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda, girando instrucciones sobre este asunto. Pero no ha presentado un proyecto educativo acabado.

Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha adelantado algunas ideas generales. Se entiende que lo ha hecho con el aval de su jefe. Pero algunas de esas propuestas, como el de la nueva escuela mexicana, son iniciativas sin contenido preciso.

A pesar de ello, puede inferirse que sus preocupaciones para la educación responden a los lineamientos generales de la 4T. Es el caso de la corrupción. Su propuesta para enfrentar la lacra en el sector consiste en la recentralización de la nómina magisterial y del fin de la venta de plazas. “La SEP –escribió en el memorando– administrará las plazas sindicales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.”

La recentralización de la nómina magisterial es el reconocimiento oficial del fracaso de la descentralización educativa pactada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992.

No es algo nuevo. La nómina magisterial comenzó a recentralizarse en 2015, en plena reforma educativa del Pacto por México. Con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), la SEP pasó a hacerse responsable del pago a 950 mil trabajadores de la educación. Sin embargo, el pago de decenas de miles de mentores más siguió siendo responsabilidad de los estados. De manera que miles de maestros que no cuentan con plazas presupuestales avaladas por la Secretaría de Hacienda laboran en las entidades. Eso no significa que esos profesores hayan comprado sus plazas, o las hayan obtenido por medio de prácticas corruptas.

AMLO pudo acercarse a lo que significa esta bomba de tiempo, a raíz del paro magisterial y el bloqueo de las vías de ferrocarril en Michoacán de comienzos de este año. El FONE dejó allí fuera de sus listas a 18 mil 500 maestros. Lo mismo sucede en muchos otros estados.

Adicionalmente, existen diferencias salariales importantes entre maestros de distintos estados e incluso de la misma entidad. Los días de aguinaldo y distintos tipos de compensaciones varían en todo el país. ¿Qué va a hacer la autoridad con estas diferencias salariales al recentralizar la nómina? ¿Dejarlas como están? ¿Homogeneizarlas? Y si lo hacen ¿será a partir de lo que obtienen los que ganan más o los que ganan menos?

La recentralización puede ser una medida en la dirección correcta para ordenar el sector, siempre y cuando reconozca la antigüedad y el trabajo de esos miles de docentes no considerados en el FONE actual, y no implique que los maestros pierdan conquistas que ya tienen.

Es correcto terminar con la venta y el tráfico de plazas. Así lo ha demandado la CNTE una y otra vez. Quienes dicen lo contrario, mienten. Pero el control de las plazas por parte de la SEP, sin otros mecanismos adicionales, no garantiza el fin de la corrupción en el sector. En 2010, la SEP, a través de la UPN, encargó la encuesta Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa. El sondeo concluyó que 28.1 por ciento de los docentes obtuvieron su plaza por intermediación de la SEP o la autoridad educativa (https://bit.ly/2Xyf7TE). Un porcentaje mayor al que lo hizo a través del SNTE.

En el memoramdo, AMLO establece que la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. Todos estos ejes son claves, excepto el de calidad. Aunque es una palabra bonita, calidad fue el concepto articulador de la reforma educativa de Peña Nieto. Lo fue, por una razón: es un término proveniente del mundo de los negocios, que, en el terreno educativo, sirve a la política neoliberal, y a las mediciones estandarizadas en el propósito de la educación.

Otra historia es el dictamen de reforma educativa aprobado en la Cámara de Diputados. El documento no tiene nada que ver con una transformación pedagógica progresista de largo aliento. Es, en lo esencial, la misma gata del Pacto por México, sólo que revolcada.

Twitter: @lhan55

Fuente: http://www.jornada.com.mx/2019/04/23/opinion/013a2pol

jueves, 15 de noviembre de 2018

Comisión de la Verdad Caso Ayotzinapa


Y ya que la Cámara de Diputados ahora es de mayoría morenista, por “Presidente” nos referimos al próximo, no al que está ahorita. Además que Enrique Peña Nieto pocas intenciones tiene de bajarse de su verdad histórica sobre el caso Ayotzinapa.

De hecho, lo aprobado ayer 13 de noviembre por el Pleno de la Cámara va con miras a que AMLO cumpla una de sus promesas de campaña: crear una comisión especial que sea capaz de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además de los amarrados votos de legisladores morenistas, la reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contó con el aval de diputados del PT, Encuentro Social y hasta el Partido Verde.

Por su parte, los representantes del PRI, PAN y PRD, se mostraron contra la reforma alegando ésta permitirá que se concentre de mayor forma el poder en el presidente. Así, la discusión se resolvió en votación y el asunto quedó en 328 a favor, contra 18 y 118 abstenciones.

Aunque por ahora se prevé que la reforma a la ley sea aprovechada por AMLO para la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, lo avalado por la Cámara de Diputados permitirá que el Ejecutivo constituya comisiones consultivas que ayuden a enfrentar teman de Estado de alta complejidad (como la desaparición de los 43). “Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, revisión, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones”, indica la minuta que será pasada al Senado para su revisión.
Al respecto de esta nueva facultad del Ejecutivo, el diputado Pablo Gómez indicó que AMLO necesitará una base legal “para esclarecer lo que pasa o lo que ha pasado, en especial en situaciones de graves violaciones a derechos humanos”… así como el Congreso debe tener el derecho de conformar sus propias comisiones, por aquello de las malditas dudas. “Porque si es Andrés Manuel o el presidente que sea, Morena no será tapadera de nadie. Y aquí le estamos dando cobertura legal para eso, pero el Congreso no va a ser tapadera”.

Para lo anterior, Gómez espera que la Comisión de Puntos Constitucionales le meta calor al asunto para que sea aprobada la iniciativa que dote a las comisiones que se conforman desde el Legislativo la fuerza de niveles de un Ministerio Público… la cual “siempre debieron tener”, agregó el diputado de Morena.

sábado, 6 de octubre de 2018

AMLO y la Comisión de la Verdad


A lo largo de los últimos cuatro años han corrido dos versiones sobre el crimen de la Noche de Iguala. Una, ideada y desplegada desde el poder, es que se trató de un asunto de narcotráfico. En ella se asegura que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, secuestraron un autobús en el que, cosa que ellos ignoraban, se trasladaba droga. Y que este hecho hizo enfurecer al grupo de narcos dueños de esa carga, lo que los llevó a decidir dar un escarmiento a los muchachos a fin de que todo el mundo entendiera que con el negocio del narco nadie debe entrometerse. 

Esta interesada versión no niega la participación de diversas instancias gubernamentales: gobiernos y policías municipales, gobierno y policía estatal, policías federales y miembros del ejército. Pero esta participación gubernamental se atribuye a la complicidad con el narco de estas instancias oficiales. De este modo se refuerza la idea de que finalmente se trató de un asunto de tráfico de drogas. 

La segunda versión de los hechos sostiene que el gobierno federal, ebrio de poder, decidió poner un hasta aquí definitivo a las actividades subversivas, movilizadoras y críticas del poder del normalismo rural mexicano, enemigo con poderosas raíces populares, al que el Estado ha intentado liquidar de todas las formas posibles sin hasta ahora haber podido conseguirlo. 

De modo que una de dos: crimen del narco o crimen de Estado. Y aunque la versión que atribuye al narco la responsabilidad de los hechos ha tenido muy buena prensa y la autoría oficial, no es sencillo, por esas mismas razones, tragársela. Es una reedición de la vieja historia del ratero que, sorprendido en su accionar, señala hacia otro lado mientras grita: “¡Al ladrón, al ladrón!” con el fin de desviar las miradas sobre sí mismo al señalar a un personaje inexistente. 

Además de la inverosimilitud de la versión del narco por las razones señaladas, hay otros hechos que refuerzan la hipótesis del crimen de Estado: la inicial resistencia del gobierno federal por atender un asunto sin duda gravísimo que emparentaba al gobierno mexicano con la política sudamericana de la desaparición forzada; la tardía y sesgada investigación federal; el ocultamiento y destrucción de evidencias; y los resultados de otras investigaciones. 

Por todo lo anterior, y a pesar de la creencia de cada quien, es necesaria la creación y funcionamiento de una Comisión de la Verdad. Solo una investigación de este tipo puede esclarecer plenamente lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala y conocer los nombres de quien ordenó la atrocidad y de quienes la ejecutaron. 

Blog del autor: www.economiaypoliticahoy.wordpress.com

jueves, 27 de septiembre de 2018

Ayotzinapa: resistencia y dignidad



Hace cuatro años el horror hizo que el mundo entero conociera la población de Ayotzinapa. Los violentos desaparecieron 43 sueños estudiantiles, pero jamás borrarán sus memorias.

La pobreza, la marginación y las pocas oportunidades de empleo, educación y acceso a servicios básicos de salud son las constantes en el amplio territorio de México. A lo largo y ancho del país la historia se repite. Tixtla, un municipio enclavado en el Estado de Guerrero, al sur de la República, tiene según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) un grado de marginalidad “medio”; ahí se encuentra Ayotzinapa, poblado que apenas rebasa las cien personas, en el que se ubica la Normal Rural “Isidro Burgos”.

La Normal de Ayotzinapa se fundó en 1926 como fruto directo de la Revolución mexicana. Desde entonces se caracteriza por albergar a estudiantes pobres provenientes de municipios con alta marginalidad en Guerrero y otros estados del país; se convirtió así en la única alternativa de quienes poco tienen para continuar con estudios profesionales. En ella hay sistema de internado y servicio de comedor, ambos gratuitos, además de talleres culturales y círculos de discusión política. Asimismo, los estudiantes tienen que vincularse con la comunidad en las labores de la tierra. Durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940) hubo un impulso a las Normales Rurales cuyo proyecto era llevar alfabetización y técnicas modernas para el campo. Con Cárdenas se crearon 36 de estas escuelas. Sin embargo, en los sexenios de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, el proyecto no solo se abandonó, sino también fue atacado con el objetivo de desmantelarlo de manera total.

La Normal Rural “Isidro Burgos” sobrevive y da cabida a los más olvidados gracias a una lucha constante. Su permanencia en la historia no ha sido sencilla. Desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo –presidentes todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y luego los que encabezaron Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), los ataques contra ella han sido incesantes. Hay ofensivas económicas, como los recortes presupuestales que obligan a la comunidad estudiantil a generar sus propios recursos. Además, a los egresados –que vuelven a sus comunidades de origen para impartir clases– se les niegan las plazas de profesores que, según el programa establecido, les corresponden.

El nombre de Ayotzinapa está ligado a la historia política de México. Ahí estudiaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Ambos, ya egresados, se alzaron contra el gobierno buscando que las condiciones de miseria, marginación y olvido cambiaran. En la década de 1960, Lucio y Genaro hicieron temblar de veras a los poderes en turno. Por eso, uno de los argumentos más socorridos contra el normalismo rural y, muy particularmente contra el de Ayotzinapa, es que se trata de un foco “guerrillero”. La estrecha vinculación de los estudiantes con la comunidad genera fuertes lazos de empatía. Los normalistas viven en carne propia las carencias de la gente y, por lo tanto, se involucran también en sus dolores y demandas. Como profesores, sus comunidades de origen les otorgan un papel importante al momento de decidir sobre un cúmulo de problemáticas; por tal razón, no es raro que sean ellos quienes encabecen diversas movilizaciones sociales.

Como señalan Roberto Arteaga y Francisco Muciño, cada año los normalistas rurales luchan para que sus escuelas no mueran de hambre. Por eso se movilizan con la finalidad de que se abra la convocatoria de nuevo ingreso y así continuar operando; asimismo, demandan mayores recursos, a todos los niveles de gobierno, para que los alumnos tengan las mejores condiciones posibles. En 2011, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, hizo caso omiso a las demandas de los normalistas y desató una bestial ofensiva en su contra. El 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados Jorge Alexis Pino Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús. Las balas del poder segaron la vida de dos futuros profesores que querían combatir con tablero y tiza.

El horror
El 26 de septiembre de 2014, la ciudad de Iguala, Guerrero, se colmó de terror. Durante cuatro horas ininterrumpidas se desató una cacería contra los normalistas de Ayotzinapa. Éstos habían ido a Iguala para tomar camiones y trasladarse así a la marcha que en la Ciudad de México conmemoraría, pocos días después, la masacre del 2 de octubre de 1968. El violento ataque en el que estuvieron involucrados miembros de las policías municipales, estatales y federales, así como integrantes del Ejército mexicano, derivó en el asesinato de seis personas –tres normalistas y tres jugadores de futbol de “Los avispones”, un equipo de divisiones menores– y en el secuestro de 43 estudiantes. A Julio César Mondragón, uno de los normalistas asesinados, le arrancaron el rostro. Se trató de una acción salvaje, brutal, estúpida. Como señala Elena Poniatowska, el caso de Julio César es “uno de los más vergonzosos” de México y América Latina.

Desde aquel 26 de septiembre, la administración del todavía actual presidente Enrique Peña Nieto ha hecho lo imposible para imponer ante la opinión pública una “verdad histórica”: para las autoridades gubernamentales, los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula. Los responsables, insisten, están relacionados con grupos del crimen organizado y, desde su perspectiva, la investigación desarrollada no deja lugar a dudas del destino de los 43 estudiantes: son polvo, cenizas, restos de historias y de vidas.

La Procuraduría General de la República (PGR) no atrajo el caso de inmediato. El Estado mexicano pretendió circunscribirlo solo al ámbito local y, para ello, encontraron rápidamente a un culpable: José Luis Abarca. En el rompecabezas de la mentira, el alcalde de Iguala era, sencillamente, sacrificable y fue apresado. De ese modo, se mostraba la actuación expedita del Estado, pero la realidad ha sido bastante distinta. Las movilizaciones de la sociedad exigiendo la presentación con vida de los estudiantes cimbraron al país entero. Gracias a las miles de personas que voz en alma y cuello gritaban por la búsqueda de la verdad y la justicia, el mundo supo lo que sucedía en un México de por sí herido por una violencia cotidiana y cruel. El gobierno federal actuó para acallar las protestas y dar vuelta a la página. Llegó al grado de ofrecer dinero a los padres de los muchachos para “reparar” el daño y, de ese modo, desactivar su resistencia.

En la campaña del Estado contra los normalistas desaparecidos se sugirió la vinculación de éstos con carteles de la droga. De un modo burdo y vergonzoso se fabricaron culpables y se sembraron y alteraron pruebas en las investigaciones para dar punto final al “lamentable” suceso, como recientemente lo caracterizó Enrique Peña Nieto. No obstante, desde la perspectiva de Anabel Hernández, lo sucedido en Iguala retrata con crudeza la degradación de las instituciones y la manera en la que el Estado representa una parte fundamental del ejercicio de la violencia dirigida, especialmente, contra aquellos que pelean por los más elementales derechos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con una amplia y reconocida trayectoria en la identificación de restos humanos en América Latina y otros lugares del mundo, acogió el caso desde marzo de 2015. Sin embargo, como el propio GIEI señala en su segundo informe de trabajo, su labor estuvo bajo el asedio de una campaña difamatoria contra sus integrantes. Lo que demuestra, desde su punto de vista, la existencia de sectores que no están interesados por la verdad y la búsqueda de justicia.

Cuatro años son treintaicinco mil sesenta y tres horas. En ese tiempo, la historia de Ayotzinapa, la vida de México, se cuenta en dolor y rabia. Con razón, Diana del Ángel se pregunta “¿En qué momento la palabra justicia se volvió impropia en nuestro país?”. Y es que en treintaicinco mil sesenta y tres horas, las madres y padres de los 43 estudiantes han soportado lo innombrable, siempre en la incertidumbre de saber qué pasó y dónde están sus hijos. Han forjado paso a paso, grito a grito y con una dignidad inquebrantable la memoria de un México bravío que se niega a la mentira. Su ya emblemática resistencia es la de miles de personas en un país devastado y convertido en una inmensa fosa. Enrique Peña Nieto lleva en sus hombros la desaparición de los 43 estudiantes. Termina su administración con ese peso y con su responsabilidad directa, como ya antes le ocurrió en 2006 contra los campesinos de Atenco que continúan resistiendo en la defensa de la tierra.

Treintaicinco mil sesenta y tres horas son llanto y gritos y marchas y dolor en el alma. Son también el ejemplo indómito de los olvidados que se niegan a morir en el terror del silencio. Por eso, en este cuarto aniversario –tan cercano a los 50 años del 2 de octubre de 1968, una fecha de horror en el calendario mexicano– las calles retumbarán con el clamor de justicia y de verdad. Por eso, en estas treintaicinco mil sesenta y tres horas, en las calles, como dice el poeta Enrique González Rojo, se dirá “el nombre y apellido de los pinches demiurgos de este infierno”. Aunque lenta, como el paso de la tortuga –con el que se vincula el vocablo náhuatl de Ayotzinapa– llegará la justicia necesaria.