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domingo, 29 de abril de 2018

lunes, 14 de septiembre de 2015

La Noche de Iguala el Derrumbe de la "Verdad Historica" #Ayotzinapa



La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam –aquella que nos aseguró que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en el basurero de Cocula– simplemente se derrumbó.

Paso a paso, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –con todos y cada uno de los datos soportados en información pública y oficial– mostró una realidad distinta a la presentada en octubre del año pasado por el entonces procurador General de la República.

Con una relatoría de hechos más completa –sin tantas lagunas como la de Murillo en la descripción de los sucesos acontecidos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27– y un análisis riguroso del expediente mismo, además de algunas declaraciones que ellos mismos obtuvieron, los expertos dejaron varias cosas en claro.

A saber, por principio:

–Ante la imposibilidad de entrar a Chilpancingo (patrullas impedían el paso), los normalistas eligieron enfilar hacia Iguala –para tomar autobuses con vistas a la celebración del 2 de octubre en el DF– por su cercanía con la Ciudad de México.

–Desde las 17:59 horas, vía el C4, todas las fuerzas (municipales, estatales, federales) y el 27 Batallón del Ejército estaban informados de que los jóvenes normalistas se desplazaban de Chilpancingo hacia Iguala.

–Cuando un grupo de 13-14 estudiantes llega a la Central de Iguala en uno de los autobuses (las 20:15 horas), el evento político en el que la esposa de José Luis Abarca rendía su informe había concluido.

–Ninguno de los muchachos portaba armas (se defendieron con piedras en un momento dado), ni agredieron a la población civil.

Es decir, no hubo posibilidad de confusión alguna. Todas las fuerzas policiacas sabían que se trataba de normalistas, y la razón de su actuación –el ataque a los jóvenes– no fue para proteger a Abarca, ni a la población civil.

En la investigación de la PGR, apuntan, “hay contradicción muy evidente” en las posibles motivaciones de los ataques a los normalistas.

OPERATIVO DIRIGIDO Y UN AUTOBÚS FANTASMA.- Algo muy importante: los expertos detectaron, por las declaraciones de varios y los sucesos mismos, que el operativo de las policías aquella noche infausta “fue dirigido por una persona aún no identificada”, que se encontraba en el centro de Iguala.

“Hay un nivel de coordinación, alguien impartía las órdenes desde Iguala”, sostienen.

El grupo de expertos del GIEI –Francisco Cox (Chile), Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beristáin (España), Claudia Paz (Guatemala), Alejandro Valencia (Colombia)– llamó la atención sobre un quinto autobús que no aparece en la investigación de la PGR.

Ponen énfasis en él porque piensan que ese autobús –que tomaron los jóvenes al azar en la Central– “puede tener que ver con los motivos de la agresión a los normalistas”, dado que encontraron otro caso, ocurrido en Iguala, en el que se utilizaron autobuses para el traslado de narcóticos.

IMPOSIBLE LA INCINERACIÓN EN EL BASURERO.- Esta fue la parte más dura y documentada de los expertos independientes. La que echa abajo la tesis de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Llevaron hasta el lugar a uno de los más importantes expertos del mundo en el manejo de fuegos, el peruano José Torero –graduado de la Universidad de Berkeley y actualmente miembro del Departamento de Ingeniería y Fuego de la Universidad de Queensland, Australia– para analizar la escena.

No entraremos en detalles, sólo apuntaremos algunas de sus conclusiones. Para incinerar a los 43 se requerían: 30 mil kilogramos de madera, 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y un tiempo de 60 horas. La llama se habría alzado siete metros y el humo alcanzado los 300 metros de altitud.

Nada de eso hubo. Por añadidura, en la vegetación adyacente el peruano no vio signos de quema de madera. De hecho, les expuso, por la composición geográfica del basurero, la llama tendría que haberse inclinado hacia el plástico que había y habría producido un incendio forestal. Los muchachos, pues, no fueron incinerados ahí.

GEMAS: Obsequio de la procuradora Arely Gómez tras la investigación de los expertos del GIEI sobre Ayotzinapa: “Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un grupo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”.


domingo, 1 de marzo de 2015

Ayotzinapa y Auschwitz: Discursos presidenciales peligrosos



Alberto Betancourt Posada

¡Que noche la del 26 de noviembre en Iguala, Guerrero! Una pesadilla que invade la vigilia. Un terremoto con epicentro en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos cuyo tremor rebasa incluso el territorio mexicano. Las acciones de los sobrevivientes y familiares de nuestros jóvenes desaparecidos encarnan una epopeya de dignidad. Un amplio segmento de la sociedad mexicana ha reaccionado con empatía y solidaridad. Como en el terremoto del 85 muchos mexicanos asumieron que el asunto les concierne y volvieron a decir: “nada humano me es ajeno”. Esa actitud de involucramiento podríamos denominarla un bonus optimum, eso que el filósofo Ernst Bloch, describía como una sorpresa positiva en la historia, un bien inesperado.

En contrapunto existe un sector minoritario y privilegiado de la sociedad mexicana que ve las manifestaciones de solidaridad como una amenaza para el proyecto “modernizador”, intenta dar vuelta a la página lo más pronto posible y ha puesto en marcha una especie de “Operación normalidad ”. En ese marco se inscriben diversos discursos del presidente Enrique Peña Nieto en los cuales en vez de conciliar, brindar consuelo y comprometerse a revisar a fondo lo ocurrido, profiere expresiones que lastiman y polarizan a la ciudadanía y hieren a la democracia mexicana.

El 18 de noviembre, en Cuautitlán Itzcalli, durante la inauguración de la Ciudad de Salud para la mujer pronunció un discurso visiblemente enojado y con pésima sintaxis, durante el cual realizó varias operaciones preocupantes: i) metió en un mismo costal a quienes han realizado acciones violentas, a quienes han hecho acciones directas, a quienes han protestado pacíficamente y están indignados por lo que ocurrido en Ayotzinapa, a quienes se oponen a las reformas y a los periodistas que realizan su trabajo ii) señaló que pareciera existir “un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de Nación” iii) afirmó que “pareciera que algunas voces, unidas a esta violencia y a esta protesta… quisieran que el país frenara su desarrollo” y iv) en tono iracundo agregó que las reformas: “No son varita mágica. Nunca las hemos ofertado como tales”. Sus expresiones califican de desestabilizadores a quienes ejercen la democracia y criminalizan tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa.

El 27 de noviembre en su discurso para presentar su decálogo para afrontar los sucesos de Ayotzinapa EPN planteó una severa contracción de la república, al disminuirle funciones e importancia, al nivel municipal de gobierno y solicitar ahora si cabe el término, una “varita mágica” para desaparecer las policías municipales y dotar al ejecutivo de atribuciones para formalizar el modelo de virreinal aplicado en Michoacán. El 27 de noviembre en su discurso para presentar su decálogo para afrontar los sucesos de Ayotzinapa EPN planteó una severa contracción de la república, al disminuirle funciones e importancia, al nivel municipal de gobierno y solicitar ahora si cabe el término, una “varita mágica” para desaparecer las policías municipales y dotar al ejecutivo de atribuciones para formalizar el modelo de virreinal aplicado en Michoacán. En el mismo discurso el presidente calificó en repetidas ocasiones de atrasados a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además planteó la creación de zonas económicas exclusivas, que dispensará más subsidios y privilegios de clase, a los poderosos grupos empresariales y a las élites políticas, que se abalanzarán a esta nueva piñata de recursos públicos, en busca de lucrativos negocios y recursos para crear clientelas políticas, como ya ocurrió con los 50 mil millones de pesos ejercidos en el Plan Nuevo Guerrero. El proyecto de las zonas económicas especiales parte de una visión clasista que asocia automáticamente la fortuna empresarial con el bienestar popular. El presidente no mencionó la necesidad de escuchar la opinión de los habitantes de esos estados sobre la manera en que quieren resolver los problemas.

El 4 de diciembre en Acapulco el presidente Enrique Peña Nieto pronunció un discurso en el que en clara alusión a las manifestaciones que exigían abrir nuevas líneas de investigación por lo ocurrido en Ayotzinapa afirmo: “son más, pero muchos más los guerrerenses que quieren paz, que quieren tranquilidad y que quieren orden en su estado”.

El martes 27 de noviembre en un acto solemne en el antiguo campo de concentración de Auschwitz la canciller alemana Angela Merkel dijo que Alemania tiene la obligación de recordar eternamente lo que ocurrió, para no volver a traicionar a la humanidad. En contrapunto Enrique Peña Nieto afirmó el jueves 29 de noviembre afirmó que: “Este momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí”. El gran filósofo Paul Ricoeur plantea que la ecuación del perdón comienza por el reconocimiento de la profundidad de la falta. Si algo requiere en este momento una sociedad en shock por la tragedia es una revisión profunda de todo lo que falló y no una huída hacia adelante que fincaría el progreso en un huracán de barbarie.

Las palabras pueden motivar, conciliar, tranquilizar, cautivar, herir, intimidar, confundir. Las expresiones proferidas por un presidente gozan de visibilidad mediática, sirven de pauta para la burocracia, son órdenes del Jefe de las fuerzas armadas, tienen gran peso político e impactan los mercados. Por ello resulta indignante que Enrique Peña Nieto hable como líder de una facción y no como lo exigiría su investidura como presidente de todos los mexicanos. En su discurso se dibuja a “sí mismo” como alguien atrapado en su propia insensibilidad.

viernes, 13 de febrero de 2015

La ONU lo reconoce: el caso de los 43 normalistas fue una desaparición forzada



El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una muestra de cómo en México se vive en un contexto de “desapariciones generalizadas” en las que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada, concluyó este viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en su informe final sobre México.

El Comité insistió en que lo ocurrido el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero -cuando policías municipales atacaron a estudiantes normalistas tras la orden del alcalde, José Luis Abarca- no sólo es un caso de desaparición forzada si no que “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.

México se sometió el pasado 2 y 3 de febrero a evaluación ante este Comité, que tras analizar el informe del Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el país y escuchar la posición de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes de la sociedad civil, emitió este viernes sus observaciones finales, que son las siguientes:

-Es preocupante que México no cuente con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”. Al Comité le preocupa que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con el que cuenta el país no incluya información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada -es decir, que participan agentes del Estado en el delito-; por lo que recomienda adoptar medidas para tener un registro confiable.

-El Estado mexicano debería redoblar esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.

-México deberá adoptar las “medidas legislativas necesarias” para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que se trata de “extrema gravedad”.

-El Comité llamó a que al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) exista una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.

-El Estado mexicano debería aprobado “a la mayor brevedad posible” una ley general sobre desaparición forzada. En la construcción de ésta deberán participar las víctimas, organizaciones de sociedad civil y la CNDH.

-Uno de los puntos en los que sociedad civil insistió más durante la evaluación de México ante el Comité fue en que éste pueda recibir y examinar casos individuales de desaparición forzada, es decir, presentados directamente por los ciudadanos. En ese sentido, en las recomendaciones se “alienta enérgicamente” al Estado a reconocer esta facultad para que los expertos de la ONU puedan revisar casos.

-Otra de las recomendaciones es que se adopten medidas para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un militar queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por autoridades civiles.

-El Comité también incluyó una recomendación para que México coopere con otros países, víctimas y la sociedad civil en la prevención e investigación de las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los testigos, denunciantes y defensores.

Guerra Sucia

Durante la evaluación de México, se trató el tema de la Guerra Sucia, conocido así en México el periodo entre 1960 y 1980 en el que ocurrieron diferentes medidas de represión militar y política.

Al respecto, el Comité mostró su preocupación porque a pesar del tiempo transcurrido “no hay avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas”.

Además, los expertos de la ONU hacen énfasis en que la reparación del daño a las víctimas ha sido lento.

“El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos con miras a: a) Asegurar que todos los casos de desaparición forzada que hubiesen sido perpetrados durante el período conocido como “guerra sucia” sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; b) Localizar, y en caso de fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante ese período; c) Garantizar el derecho a la verdad respecto de lo ocurrido; d) Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género”.

Tras la evaluación de México el pasado 2 y 3 de febrero el Estado se comprometió no sólo a recibir y analizar las observaciones y recomendaciones del Comité, si no a que para a más tardar junio de este año habría una Ley General sobre Desaparición Forzada que sería procesada en el Congreso durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Puedes leer el reporte completo de la ONU aquí. Por Tania L. Montalvo-Animal Político