Aristegui
"Nadie cree en la versión oficial de la supuesta 'verdad histórica' de la PGR que intenta convencernos de que la narco delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar vuelta a la página", sostienen.
Un comité de padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa dio a conocer un “contrainforme” sobre los 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que incluyen los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre -cuando desaparecieron a sus hijos-, la compra de la casa blanca, y la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
Este es el texto leído este martes, por padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Monumento a la Revolución:
Enrique Peña Nieto, el candidato de Televisa impuesto por los poderes fácticos nativos y extranjeros, llegó a la presidencia altamente cuestionado por la compra de voluntades a través de las tarjetas Soriana, el acarreo de los votantes y la manipulación mediática. A tres años de su mal gobierno se han aprobado 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones y la energética, sancionadas al vapor por las Cámaras de Diputados y Senadores y por la mayoría de los congresos locales, siguiendo instrucciones de las trasnacionales y en contubernio con los gobiernos y con el sistema oficial de partidos a su servicio, que no representan los intereses de las mayorías, sino que defienden y velan por los intereses del gran capital neoliberal.
Estas contrarreformas en nada benefician al pueblo y representan para el capital más negocio, nuevas formas para imponer la producción de otras mercancías y extender sus mercados para obtener mayores ganancias. Se trata de privatizaciones que explotan aún más la mano de obra asalariada, elevan el saqueo de recursos naturales (petróleo, gas, minerales, agua, etc.), destruyen los ecosistemas, acrecientan el despojo territorial con las consecuencias de mayor deterioro social y cultural, un alto número de excluidos y desplazados, aumento y pérdida de la soberanía e incremento del desempleo, al tiempo que facilitan la entrega de diversos bienes, espacios y servicios a las mafias, cárteles y grupos delincuenciales de carácter nacional e internacional, producto de la enorme corrupción institucionalizada y la descomposición gubernamental, que echa mano de la militarización y la paramilitarización y la contención de la protesta y los movimientos sociales, así como la criminalización y medidas de excepción, como las reformas para el supuesto “uso legítimo de la fuerza”.
Aunado a lo anterior, en el presente año Peña Nieto ha conducido al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo, donde los mexicanos hemos visto que pasa de todo y peor: ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones forzadas, donde el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos.
Lo anterior, junto con la corrupción abierta y descarada como la que dio lugar al escándalo de la “Casa Blanca” y a la fuga de “El Chapo” son responsabilidad del peñato, son los signos característicos de su gobierno, a los que podemos agregar, entre otros muchos más, los multihomicidios de Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán, Calera y la colonia Narvarte, en el Distrito Federal. Sí, la impunidad incubada por décadas adquirió carta de naturalización en el último año de Peña Nieto.
En cuanto al aspecto laboral, se ha despojado a la clase obrera de derechos básicos para dejarla aún más en la indefensión y la precariedad, legalizando por otra parte las empresas que subemplean a los trabajadores, fragmentando la jornada laboral para permitir contratos por hora o “a prueba”, haciendo de la mayoría de sindicatos instrumentos al servicio del capital.
Respecto al sector de los campesinos, si antes se había eliminado su derecho a la tierra, ahora se acomete la apropiación de sus territorios mediante el pillaje, orillándolos a migrar a otras tierras y a emplearse en labores que rayan en la semiesclavitud, como es el caso de los jornaleros de San Quintín, que se dio a conocer hasta que ellos mismos pudieron elevar sus formas de lucha y de protesta.
También es conocido que en Chiapas existe un área intensiva en biodiversidad que incluye la Reserva de Biósfera de Montes Azules, donde prevalecen grandes recursos acuíferos, petróleo y minerales de uso estratégico, todo lo que da un sentido práctico rentable y una enorme ambición para su apropiación territorial y geopolítica por parte de los dueños del poder y del dinero.
Desde la usurpación primordial de tierras y la configuración del régimen colonial y el dominio español, el despojo de tierras, aguas, minerales y bosques, el genocidio indígena, la discriminación, racismo, semi esclavitud y otras formas de descomposición social son los usos y costumbres del poderoso, los que desataron primero la independencia y luego la guerra revolucionaria, y casi un siglo después son el mismo motivo de la rebelión indígena y el alzamiento de los campesinos y ciudadanos por la defensa de sus bienes.
Tal es el caso de decenas de pueblos a lo largo y ancho de la república, como San Francisco Xochicuautla, comunidad indígena Ñañú que se mantiene en lucha contra los decretos expropiatorios para abrir paso a la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una empresa filial del grupo Higa, el mismo de la Casa Blanca de la “primera dama”, así como el pueblo de San Salvador Atenco, que no cesa en la lucha por la defensa de su territorio a pesar de que fue brutalmente reprimido por Peña Nieto cuando fungía como gobernador del Estado de México, o como en la Ciudad de México, donde los pueblos originarios y distintos barrios dan la pelea en contra de los mega proyectos que privatizan y despojan tierras, bienes y espacios que son de todos, sólo por mencionar algunos ejemplos.
En cuanto a la contrarreforma energética, apenas es el inicio del proceso de privatización y las consecuencias ya se dejan sentir en todos los ámbitos de la economía nacional y, sobre todo, en los hombros del pueblo trabajador: Hay incremento en el precio promedio de la energía eléctrica y la gasolina no baja a pesar de que los precios del petróleo se han reducido en 2 tercios a nivel internacional, lo que golpea a la economía familiar con la caída del peso frente al dólar que dará lugar a una espiral inflacionaria.
En materia de telecomunicaciones, el resultado neto de la contrarreforma es el fortalecimiento de Televisa y TV Azteca como grandes poderes de facto en el país, además del surgimiento de la trasnacional A. T. T. como uno de los principales operadores en el sector.
Por lo que se refiere al magisterio democrático, este continúa su lucha dando ejemplo con enormes movilizaciones en todo el país desde el 2013 a la fecha, cuestionando la mal llamada Reforma Educativa, pugnando por echarla abajo y contrarrestar la evaluación punitiva que pretende más el despido de los profesores que la defensa de la educación pública, critica, científica y popular.
El impacto sobre las políticas públicas con la contrarreforma educativa culmina acuerdos, alianzas, compromisos y pactos entre los poderes fácticos nacionales e internacionales, que se configuraron durante los últimos cuatro sexenios y en donde por primera vez el discurso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Banco Mundial, y de organizaciones como Mexicanos Primero, se ha introducido en los artículos 3º y 73 de nuestra Constitución Política. Por su contenido, representa la agresión más grave a la educación pública y a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación en los últimos cien años.
En este contexto, las luchas y movilizaciones contra el despojo de recursos y las mal llamadas reformas estructurales, adquieren un carácter regional que cobra relevancia en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, así como el territorio conocido como Cuenca de Burgos, que comprende Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el Norte de Veracruz, donde se acumula la cuarta reserva de gas a nivel mundial, y donde, no por casualidad, hay un mayor número de desapariciones forzadas y asesinatos. De tal manera, quienes habitan territorios donde existen biodiversidad, agua, bosques, minerales, códigos genéticos y otros recursos, se consideran como enemigos por el capital corporativo que ve como mercancías estos bienes de nuestras culturas ancestrales.
Estos estados ocupan un lugar central en la política servil del gobierno de Peña Nieto y otros neoliberales. De ahí la supuesta guerra contra el crimen organizado que da pie a la militarización en dichas zonas estratégicas, así como a la persecución, el encarcelamiento y la política opresora y represiva que retoma la guerra sucia contra todo el pueblo y busca doblegar y eliminar la resistencia de los sectores movilizados para restructurar el territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos de los millonarios.
Así, la eliminación de disidentes o insurrectos que desde hace años se emplea contra las comunidades indígenas y campesinas, multiplica por todo el país el número de víctimas, que se intentan convertir sólo en una estadística para ocultar los ríos de sangre, violencia y muerte, como es el caso de los 22 jóvenes ejecutados por el ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México.
Otro es el caso de 10 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, en prisión desde agosto de 2013, acusados de secuestro, portación de armas, delincuencia organizada y otros delitos fabricados, y que permanecen en exigencia de su libertad, así como el caso del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, encarcelado en diciembre del 2014 en Puebla, estado que tiene el mayor número de presos políticos del país, con un total de 241 personas recluidas por sus ideas; y también el caso del líder de la tribu Yaqui apenas liberado el 27 de agosto por las autoridades de Sonora, que lo aprendieron casi un año por oponerse a un acueducto, así como decenas de presos políticos más de este sexenio.
Y el caso más indignante, que demuestra con más claridad la impunidad y la ofensiva de los gobiernos contra los movimientos sociales, pero que también dio lugar al nacimiento de una nueva conciencia social, es el Crimen de Estado perpetrado contra los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, donde policías de ese municipio gobernado por el PRD atacaron a un grupo de estudiantes de esta escuela mientras realizaban una colecta, hecho que involucró los delitos de tortura y ejecución extrajudicial contra 6 personas y la desaparición forzada de 43 más.
Sin dudar de la responsabilidad principal del Estado Mexicano, el exgobernador de Guerrero y el 27 batallón de infantería del ejército tienen muchas cosas que decir por sus acciones de comisión y omisión. El día de hoy ya nadie cree en la versión oficial de la supuesta “verdad histórica” de la PGR que intenta convencernos de que la narco delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar vuelta a la página.
No, de ninguna manera, los padres y madres de los 43 continuarán su lucha hasta encontrarlos.
A tres años del gobierno de Peña Nieto, se puede afirmar que en México hay una política de estado que propicia el asesinato y desaparición de luchadores sociales, que a su vez forma parte de una política diseñada y perpetrada por intervención del imperio norteamericano. Existen cientos de ejemplos de asesinatos y desapariciones.
Según Amnistía Internacional, desde 2007 han sido sujeto de desaparición forzada más de 25 mil personas en México, la mitad durante el gobierno de Peña Nieto y 5 mil de ellos menores de edad, en lo que las estadísticas del estado han dado en llamar “daños colaterales” que se extienden por todo el país. Esta es una expresión de las agresiones más salvajes al movimiento social y al pueblo en general, donde la represión indiscriminada mediante acciones de terrorismo de estado, el desproporcionado uso de la fuerza y la crueldad sin límites, intenta sembrar el miedo como parte de las operaciones de “inteligencia estratégica”.
La inconformidad social crece y cada día se manifiesta más; a casi un año del crimen de lesa humanidad y la desaparición forzada de 43 normalistas, el movimiento de Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso y ha tenido enormes movilizaciones a lo largo y ancho de la república mexicana y a nivel internacional. Los padres han recorrido varias ciudades de Estados Unidos, así como países de Europa y Sudamérica, donde diversas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y en pro de los derechos humanos, así como ciudadanos y líderes de opinión se han solidarizado recibiéndolos en sus propias trincheras.
Por la verdad y la justicia han marchado más de un millón de personas como las que lo hicieron el pasado 20 de noviembre. Hoy los padres, sus representantes legales y organismos defensores de derechos humanos, así como los normalistas, se mantienen firmes por la presentación con vida de los 43 jóvenes y justicia para los caídos, por la defensa de las normales rurales del país. Recientemente, en la décimo quinta acción global del 26 de agosto, nuevas aportaciones científicas y evidencias aportadas por los forenses argentinos y por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sepultaron la supuesta “verdad histórica” del ex titular de la Procuraduría General de la República, que intentó dar carpetazo a la investigación y dejar atrás el crimen de Ayotzinapa como si fuera un simple secuestro. ¡Jamás!, el movimiento se mantiene en pie de lucha hasta encontrarlos y seguirá siendo expresión de la indignación que busca memoria, verdad y justicia.
Por el lado del movimiento social que arropa la solidaridad con Ayotzinapa, se avanza en la redefinición de las tareas políticas que posibiliten dar respuesta a las demandas más sentidas del pueblo, en primer lugar reivindicando los 9 puntos programáticos de la Convención Nacional Popular, que son los siguientes:
1.- Presentación con vida de los 43 estudiantes y de todos los detenidos-desaparecidos del país.
2.- Castigo a los culpables y justicia para los agraviados.
3.- Libertad a todos los presos y procesados políticos del país.
4.- Fuera Peña Nieto y toda la estructura del Estado, y por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular.
5.- Abrogación de las reformas estructurales.
6.- Por la justicia y los derechos humanos, contra los crímenes de Estado:desaparición forzada, tortura y ejecución extra judicial.
7.- Cumplimiento de las recomendaciones del relator de la ONU sobre el tema de la tortura y del grupo de trabajo de la CIDH sobre el tema de las desapariciones forzadas.
8.- Por la soberanía nacional y la autonomía política, económica y social y por la defensa del territorio, el agua y todos los recursos naturales.
9.- La Convención Nacional Popular hace suyas las demandas legítimas del pueblo y abraza todas sus luchas reivindicativas hacia la unidad del Movimiento.
Se trata de que estos ejes se conviertan en la línea política que de orientación a las demandas cotidianas de los sectores movilizados, que propicien la creación de estructuras organizativas, que le den permanencia y concreción, que definan plataformas comunes con tareas presentes y futuras y de coyuntura, y que guíen los pasos necesarios para la construcción de una nueva sociedad alternativa a la actual de despojo, guerra y miseria, en vías de la conformación de un poder autogestivo donde la gente se convierta en el actor principal de su propia historia, frente a la descomposición institucional, la inoperancia de las formas de control corporativo tradicional y la ineficacia del modelo económico.
Hoy más que nunca, requerimos de la unidad política, orgánica y programática nacional de quienes nos oponemos a las políticas neoliberales. La construcción de un poder autónomo y democrático es la vía para terminar con el dominio del capital corporativo y para la transformación social que establezca un nuevo orden donde prevalezca la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Esa unidad se catalizará con referentes como la Convención Nacional Popular y la iniciativa del Frente único que propone la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Como decían hace cien años, la chispa que incendie la pradera arrasará al capital corporativo y se expandirá en beneficio de la humanidad.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por Verdad y Justicia!
¡Abajo las reformas neoliberales!
¡Presos políticos, libertad!
¡Ni una lucha aislada más!
¡Fuera Peña Nieto!
¡Hasta la victoria siempre, venceremos!
Atentamente:
Comité de Padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa.
Asamblea Nacional Popular / Convención Nacional Popular.
