Mostrando las entradas con la etiqueta Desaparición Forzada. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Desaparición Forzada. Mostrar todas las entradas

martes, 27 de octubre de 2015

La desaparición forzada, una batalla contra el pueblo


“Será una batalla que tomará años, costará muchos esfuerzos, recursos económicos e incluso, como he dicho, probablemente sacrificio de vidas humanas de mexicanos, pero es una batalla que estamos decididos a librar y que vamos a ganar los mexicanos” es lo que decía Felipe Calderón un día antes de tomar posesión como presidente de la República en el 2006.
Nueve años después y con el regreso del PRI, en la llamada “alternancia democrática”, nos encontramos con que esa batalla ya ha costado más de 130 mil vidas de mexicanos y ha dejado un rastro de más de 30 mil personas que nadie sabe dónde están. Pero, ¿qué vidas mexicanas son las que se están perdiendo? ¿Quiénes son esos que un día salieron de casa y jamás regresaron?

Las políticas de seguridad de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto demuestran, por un lado, que la violencia tiene un carácter de clase. Mientras los burgueses, los explotadores, se ocultan tras guardaespaldas entrenados en Israel, cámaras de seguridad en la entrada de sus casas blancas o tienen comandos enteros de las fuerzas armadas cuidándolos; nosotros, los proletarios, llegamos de trabajar en medio de la noche, con sólo unos pesos encima y esperando no encontrarnos con el ratero de siempre o, mucho peor, con esa extraña camioneta negra que dicen anda levantando a quien se deje.

Por otro lado, estas políticas también ponen en claro que a las autoridades poco o nada les interesa el “combate a la delincuencia” , pues los delitos se siguen cometiendo mientras los policías y militares se hacen de la vista gorda, al tiempo que envían camiones y camiones de efectivos para “combatir” a comunidades opositoras a los megaproyectos o maestros que luchan contra la reforma educativa. Es decir, y hay que repetirlo las veces que sean necesarias: la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra el pueblo.

Como ya se mencionó, uno de los saldos más graves que ha cobrado esta guerra son los más de 30 mil detenidos-desaparecidos. En el caso de estas graves violaciones a derechos humanos, las autoridades son culpables de múltiples maneras, pues no sólo no investigan de manera profunda las desapariciones forzadas sino, por el contrario, son partícipes de gran número de ellas y también ha aumentado el número de actos de este tipo cometidos por fuerzas paramilitares enviadas por el propio Estado, los cuales ocultan tras la fachada del narcotráfico o la delincuencia común, que le hacen el trabajo sucio al gobierno y dejan que éste se lave las manos.

Casos como los de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las niñas Virginia y Daniela Ortiz, Teodulfo Torres Soriano, Lauro Juárez; Carlos René Román Salazar, Gabriel Gómez Caña y los normalistas de Ayotzinapa nos obligan a entender que las desapariciones forzadas no son desviaciones de alguna “manzana podrida” de la policía u operativos del narco para llevarse a quienes les pelean la plaza, sino son parte de la estrategia general de terrorismo de Estado , pues no sólo buscan la desaparición de un individuo, sino generar miedo en la población y desmovilizar a todo aquel que quiera un mundo más justo, pues, después de todo, cualquiera puede ser el siguiente.

Sin embargo, esto no le pasa únicamente a quienes luchan; esta política de terror afecta a todo el pueblo trabajador, causando un miedo aleccionador que da como resultado facilitar el despojo de tierras, los desplazamientos forzados, todo esto con la intención de que no haya más movilizaciones en contra de las políticas neoliberales que nos afectan a todos; los y las desaparecidas se cuentan en tantos dígitos que la gente prefiere dejar todo atrás antes de que uno de su familia salga de casa y jamás regrese.

El Estado, con sus políticas reaccionarias, siempre buscará alimentar los bolsillos de la burguesía empobreciendo a la población y es claro que una de las maneras más contundentes que ha tenido para lograrlo es implantar el miedo y desesperación en el pueblo.

Para superar el miedo debemos organizarnos, saber que si estamos juntos el golpe del Estado será menos fuerte y nuestra respuesta será más contundente. Tenemos que difundir los nombres de nuestros desaparecidos, quiénes son, a qué se dedicaban, quiénes son sus familias, por qué son incómodos a los intereses de la burguesía; apoyar acciones como la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometidas por particulares, impulsada por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (http://www.comitecerezo.org/spip.php?article2246) y, ante todo, reconocer que la única manera de frenar de una vez por todas las desapariciones forzadas y la represión en contra del pueblo trabajador será la superación del sistema capitalista por uno que no esté basado en la explotación del hombre por el hombre, donde la vida no sea una mercancía, por el socialismo.

¡Contra el despojo, la represión y la explotación; resistencia, organización y lucha por el socialismo!


NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección REPRESIÓN del No. 10 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 4 septiembre de 2015.

jueves, 19 de marzo de 2015

Fue desaparición forzada de normalistas de #Ayotzinapa: CIDH


“Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada y sobre esa base es que la insistencia permanente de que se haga caso a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas y se trabaje sobre la base de la convencionalidad para tratar estos temas como tal”, explicó Ángela Buitrago, una de las especialistas del grupo.
Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron a los jueces mexicanas a tratar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como un delito de desaparición forzada.
los integrantes del grupo expusieron que al calificar el delito de esta manera, el caso adquiere una relevancia internacional porque entonces se convierte en un crimen de lesa humanidad y se establece una connotación distinta en comparación con el resto de los delitos.

En conferencia de prensa, los integrantes del grupo expusieron que al calificar el delito de esta manera, el caso adquiere una relevancia internacional porque entonces se convierte en un crimen de lesa humanidad y se establece una connotación distinta en comparación con el resto de los delitos.

“Los otros delitos son delitos especializados o comunes, pero no con las características de protección a la vida, a la integridad y sobre todo a la dignidad de la condición humana”, añadió Buitrago.

Francisco Cox dijo que al hablar con el licenciado de la Procuraduría General de la República (PGR) que lleva el caso, les aseguró que había intentado clasificar los hechos como desaparición forzada, pero el juez fue quien desestimo dicha clasificación.

“Nosotros, respetando la independencia del poder judicial, pedimos que los jueces juzguen estos hechos como desaparición forzada. Desde el punto de vista de la PGR, en ese aspecto concreto, tenemos una sincronía en cuanto a la calificación de desaparición forzada”, apuntó Cox.

En este tema, las autoridades se han contradicho. En un primer momento, el ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que sólo se podía imputar este delito a los funcionarios públicos involucrados –los policías municipales y el ex alcalde Iguala, José Luis Abarca–, porque así lo establece el Código Penal.

En el caso de la esposa del presidente municipal, María de los Ángeles Pineda, y los otros particulares consignados, la legislación no permite acusarlos de este crimen.

Pero en un informe enviado a la Cámara de Diputados, a mediados de febrero pasado, rechazó que el caso de los normalistas pudiera ser calificado como desaparición forzada. El gobierno argumentó que hasta ahora no existe “ningún medio de prueba suficientemente sólido que justificara dicha afirmación”.

Sin embargo, en la reunión del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, celebrada en marzo pasado, el gobierno mexicano reconoció que el caso de los normalistas sí era desaparición forzada”.

A la fecha, no se ha dado a conocer si alguno de los detenidos ya fue consignado por este delito, pues ninguna ley mexicana está homologada con las convenciones internacionales que establecen el concepto de desaparición forzada como un delito.

PIDEN ENTREVISTA CON EJÉRCITO

Durante la presentación del primer informe de actividades, el grupo de expertos de la CIDH informó que ya solicitaron una entrevista con los miembros del 27º batallón de Iguala, a través de la Cancillería.

Ángela Buitrago explicó que ya hay declaraciones de algunos miembros del batallón, por lo que es necesario confrontarlas con la información que puedan dar otros miembros del ejército, que no han declarado porque estaban de vacaciones o se encontraban en otras actividades.

Además, los especialistas dijeron que se solicitó al gobierno mexicano no cerrar el caso y continuar con las investigaciones, pues a seis meses se desconoce el paradero de los estudiantes.

A pesar de que en enero pasado, Murillo Karam mostró un video con lo que había sucedido a los jóvenes y determino la verdad histórica, Carlos Beristaíncomentó que se reunieron con la nueva procuradora, Arely Gómez para revisar el caso y ella les aseguró que todavía no estaba cerrado.

El grupo de expertos regresará a México el próximo 6 de abril para continuar con los trabajos.

El primer informe también contiene una serie de evaluaciones y recomendaciones a las actuaciones, entre las que destacan el resguardo de la evidencia recogida por la PGR y el registro del movimiento; brindar atención médica a los familiares de los desaparecidos; y realizar una evaluación neurológica urgente para Aldo Gutiérrez, que se encuentra en coma por las heridas de bala que recibió.

También solicitaron una copia digital de todo el expediente del caso, así como de las fotografías que tienen los satélites de otras naciones del basurero de Cocula y de los alrededores.

“Al final de nuestra misión, que son seis meses y que se pueden prolongar, va a ser cuando demos nuestra convicción jurídica y fáctica respecto de lo que ocurrió sobre este hecho, si es que logramos arribar a dichas conclusiones”, puntualizó Francisco Cox.

Eje Central 


lunes, 16 de febrero de 2015

Ayotzinapa 9/14: desaparecieron 43 estudiantes tras ataque policía en el que murieron 6 personas



¿Qué ocurrió en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014? Después de un ataque de la policia a los estudiantes de Ayotzinapa – Estado de Guerrero – murieron 3 de ellos y 3 personas que pasaban por el lugar. Y tan o más grave: desparecieron 43 estudiantes de los que aún no se sabe nada.
En el Estado de Guerrero las desapariciones resultan cotidianas. Se calcula que entre 2012 y 2013 desaparecieron más de 9 mil personas.
La desaparición de mujeres – feminicidios – se ha convertido en algo habitual en México. Sucede algo parecido con los estudiantes.
Reconstruimos los hechos. Vídeo realizado por Adrián Solana. @adrian_sin

viernes, 13 de febrero de 2015

La ONU lo reconoce: el caso de los 43 normalistas fue una desaparición forzada



El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una muestra de cómo en México se vive en un contexto de “desapariciones generalizadas” en las que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada, concluyó este viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en su informe final sobre México.

El Comité insistió en que lo ocurrido el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero -cuando policías municipales atacaron a estudiantes normalistas tras la orden del alcalde, José Luis Abarca- no sólo es un caso de desaparición forzada si no que “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.

México se sometió el pasado 2 y 3 de febrero a evaluación ante este Comité, que tras analizar el informe del Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el país y escuchar la posición de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes de la sociedad civil, emitió este viernes sus observaciones finales, que son las siguientes:

-Es preocupante que México no cuente con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”. Al Comité le preocupa que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con el que cuenta el país no incluya información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada -es decir, que participan agentes del Estado en el delito-; por lo que recomienda adoptar medidas para tener un registro confiable.

-El Estado mexicano debería redoblar esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.

-México deberá adoptar las “medidas legislativas necesarias” para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que se trata de “extrema gravedad”.

-El Comité llamó a que al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) exista una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.

-El Estado mexicano debería aprobado “a la mayor brevedad posible” una ley general sobre desaparición forzada. En la construcción de ésta deberán participar las víctimas, organizaciones de sociedad civil y la CNDH.

-Uno de los puntos en los que sociedad civil insistió más durante la evaluación de México ante el Comité fue en que éste pueda recibir y examinar casos individuales de desaparición forzada, es decir, presentados directamente por los ciudadanos. En ese sentido, en las recomendaciones se “alienta enérgicamente” al Estado a reconocer esta facultad para que los expertos de la ONU puedan revisar casos.

-Otra de las recomendaciones es que se adopten medidas para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un militar queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por autoridades civiles.

-El Comité también incluyó una recomendación para que México coopere con otros países, víctimas y la sociedad civil en la prevención e investigación de las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los testigos, denunciantes y defensores.

Guerra Sucia

Durante la evaluación de México, se trató el tema de la Guerra Sucia, conocido así en México el periodo entre 1960 y 1980 en el que ocurrieron diferentes medidas de represión militar y política.

Al respecto, el Comité mostró su preocupación porque a pesar del tiempo transcurrido “no hay avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas”.

Además, los expertos de la ONU hacen énfasis en que la reparación del daño a las víctimas ha sido lento.

“El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos con miras a: a) Asegurar que todos los casos de desaparición forzada que hubiesen sido perpetrados durante el período conocido como “guerra sucia” sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; b) Localizar, y en caso de fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante ese período; c) Garantizar el derecho a la verdad respecto de lo ocurrido; d) Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género”.

Tras la evaluación de México el pasado 2 y 3 de febrero el Estado se comprometió no sólo a recibir y analizar las observaciones y recomendaciones del Comité, si no a que para a más tardar junio de este año habría una Ley General sobre Desaparición Forzada que sería procesada en el Congreso durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Puedes leer el reporte completo de la ONU aquí. Por Tania L. Montalvo-Animal Político