A la PGR se le cayó el teatrito’: Sobreviviente de Ayotzinapa

En entrevista para Ángel Guardián, José Adolfo de la Cruz, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y sobreviviente del ataque ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas, manifestó que el “teatrito” creado por la Procuraduría General de la República (PGR), con que expuso la verdad histórica sobre estos hechos, se cayó, pues es ilógico que sus compañeros fueran calcinados, triturados y después tirados al río.

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El Estado al servicio del crimen

A seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y la ejecución de otras seis personas cuyas historias pocas veces figuran en la trama, cabe la conjetura de que el gobierno federal administró exitosamente el inicuo episodio de barbarie. El propósito era superar la “crisis” con el menor costo político para los poderes involucrados: gobiernos municipal, estatal, federal; ejército; policías municipal y estatal. Es interesante –aunque no menos indignante– observar la fortaleza del Estado en materia de fuero e impunidad: en una operación que intervinieron casi todos los niveles de mando de la autoridad pública, el costo para los poderes constituidos se redujo a la reubicación de un procurador en otro cargo público, la aprehensión de un alcalde (que es la única figura de mediano-alto rango que enfrenta un proceso penal) y la destitución de un gobernador que continua su carrera política caciquil desde las comodidades del anonimato. Eso desde el punto de vista institucional doméstico. En el ámbito de las relaciones internacionales, el crimen de Estado no tuvo más efectos que la reprensión pública del Parlamento Europeo y la emisión de recomendaciones de las acomodaticias Comisiones de Derechos Humanos Nacional e Interamericana. Y claro, cabría agregar –sin afán de minimizarlo– la movilización ciudadana que encabezan los padres de familia de los normalistas, que por cierto es algo que está administrando el gobierno también con relativo éxito. Bien podría argüirse que ya pasó la tormenta. En la lógica cortoplacista de la política pragmática, el régimen solventó satisfactoriamente el lapsus de crisis. Pero sin duda las consecuencias políticas latentes para el Estado no son todavía visibles. Por ahora, priva la impunidad total.

Y esta es la cuestión en torno a la cual se hace urgente reflexionar. Ayotzinapa es un crimen que involucra a la totalidad del Estado, porque es el Estado el que suministra la trama de condiciones para la comisión de esos delitos de lesa humanidad. En la “razón de Estado”, Ayotzinapa es un procedimiento rutinario. Cuando ciertas organizaciones no gubernamentales o civiles exigen “reparación de daños” o justicia al Estado, no hacen más que refrendar la autoridad de ese Estado, y delegar a ese centro de poder (a veces involuntariamente) la facultad extraordinaria de juzgar sus propios actos delictuosos. Este es el principio de la impunidad.

En el fondo de esos reclamos persiste la idea de que una autoridad es legítima por el sólo hecho de ser una autoridad formal. Pero esta idea se traiciona en los contenidos. La presunta legitimidad del Estado mexicano es esencialmente coacción revestida de simulacros de consenso pobremente montados. Es preciso comenzar a virar la relación Estado-población con base en ese precepto que enuncia Noam Chosmky: “El poder es siempre ilegítimo hasta que no demuestre lo contrario”. Especialmente en un régimen tan desquiciadamente corrupto, este es el principio que debe guiar la acción ciudadana. Pero el problema no es de un régimen: es de un Estado. Cabe hacer notar que en este país los últimos gobiernos han alcanzado el mando del Estado a través de golpes de Estado constitucionales (1988, 1994, 2006, 2012). Golpes que, por otro lado, la intelligentsia mexicana llama elecciones democráticas. Pero que ponen al descubierto una realidad incontrovertible: la constitutiva ilegalidad e ilegitimidad de las instituciones de Estado.

La corrupción, en este sentido, es un asunto de Estado, y no una anomalía. Reclamar justicia a la fuente de corrupción es, otra vez, el principio de la impunidad.

Con estas ideas en mente, cabe hacer una última reflexión.

La impunidad no es un signo de debilidad institucional, ni de “captura” del Estado por parte de algún agente extraestatal. No se puede admitir esta tesis en un país donde las máximas figuras de autoridad contravienen sistemáticamente las leyes, e incurren en actos o decisiones anticonstitucionales. Parece más bien que todo está dispuesto, incluido el aparato de justicia, para imponer un orden de excepción. Ayotzinapa es presa de esa excepcionalidad.

El segundo ciclo de reformas neoliberales, que abarcó áreas económicas estratégicas, es una desposesión de facto de patrimonios y derechos, y en este sentido una profundización de la excepcionalidad.

El uso del ejército para combatir un enemigo interno, con facultades y prerrogativas de policía, pero con el goce de fuero militar, es una invitación a transgredir derechos básicos e instalar un manto de opacidad que se traduce en impunidad.

La ausencia de justicia es una acción de Estado, no un síntoma de inoperancia. Dawn Paley, periodista independiente, dice: “La impunidad no es el resultado de un Estado débil o deficiente, sino que se proporciona de forma activa a la pléyade de grupos armados que cometen crímenes y actos de terror contra ciudadanos, migrantes y pobres. La provisión de impunidad a actores armados que están políticamente alineados con el capitalismo es parte de la razón de ser de un moderno Estado-nación”.

Es la impunidad la que fortalece el control estatal. Del Estado no se pude esperar justicia para Ayotzinapa.

Es la hora de la rebelión ciudadana.

Blog del autor: ladignavoz.net

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Cronología del caso Iguala, a seis meses del crimen

México, 26 mar (PL) La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, estado mexicano de Guerrero, es motivo de protestas en esta capital, en otras ciudades y localidades del país y el mundo, en otra jornada global cuando se cumplen hoy seis meses del crimen de Iguala.

El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, policías municipales dispararon, por órdenes del presidente municipal, los transportes donde viajaban los normalistas de Ayotzinapa.

A continuación una cronología de los hechos más significativos del caso:

26 de septiembre: Seis personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos.

28 de septiembre: La Procuraduría de Guerrero arresta a 22 policías de Iguala por su "presunta responsabilidad" en los ataques.

30 de septiembre: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, llama al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a demostrar que no tiene nada que ver con los hechos. Abarca pide licencia por 30 días y se fuga junto a su esposa, corresponsable del crimen.

1 de octubre: Aguirre ofrece un millón de pesos (74 mil dólares) a quien dé información que permita hallar a los jóvenes desaparecidos. La fiscalía estatal anuncia órdenes de presentación contra Abarca y el jefe municipal de Seguridad, Felipe Flores, cuyo paradero aún se desconoce.

3 de octubre: La representación en México de la Organización de las Naciones Unidas condena "enérgicamente" los hechos de Iguala, que consideró de "extrema gravedad" y "los sucesos más terribles de los tiempos recientes".

4 de octubre: La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) asume la investigación sobre la desaparición de los jóvenes y envía un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público a Guerrero para encabezar las pesquisas.

6 de octubre: El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice estar profundamente "consternado" por los hechos de Iguala y los califica de "indignantes, dolorosos e inaceptables". El mandatario ordena la intervención de fuerzas federales (Ejército, Armada, Policía Federal, Gendarmería) para hacerse cargo de la seguridad de Iguala, Cocula y otros municipios de Guerrero.

17 de octubre: El Gobierno anuncia el arresto de Sidronio Casarrubias, capo de Guerreros Unidos, grupo criminal señalado como responsable material de las desapariciones.

22 de octubre: La fiscalía afirma que el alcalde prófugo de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes. Ese día, 25 mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, marchan por la capital mexicana para exigir que los alumnos aparezcan con vida.

23 de octubre: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anuncia que se separa del cargo para "favorecer a un clima político" que permita resolver la emergencia desatada por la desaparición de los estudiantes. Aun sigue bajo investigación.

26 de octubre: El Congreso de Guerrero nombra a Rogelio Ortega como nuevo gobernador, quien permanecerá en el cargo hasta el 27 de octubre de 2015, en sustitución de Aguirre.

27 de octubre: El titular de la PGR, Jesús Murillo, anuncia la detención de cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos que confesaron haber participado en la ejecución de los normalistas, la incineración y destrucción de sus restos, que fueron lanzados en bolsas al río San Juan.

29 de octubre: Peña Nieto anuncia una serie de acuerdos con los padres de los desaparecidos, entre ellos el de fortalecer los esfuerzos de búsqueda. Los familiares dicen que sus promesas "no son suficientes" e insisten que quieren la aparición con vida de sus hijos.

4 de noviembre: Abarca y su esposa son detenidos en la capital mexicana, en un operativo sin disparos de la Policía Federal, de acuerdo a la cronología divulgada por el diario Excelsior.

5 de noviembre: Abarca es recluido en una prisión federal en el central estado de México por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, mientras que un juez federal ordena detención provisional por 40 días a su esposa.

7 de noviembre: El procurador general informó que tres nuevos detenidos confesaron el crimen, pero aclara que la investigación continúa abierta y los jóvenes seguirán como "desaparecidos" hasta que sean identificados los restos por un laboratorio de Austria.

8 de noviembre: Tiene lugar una nutrida manifestación de protesta pacífica en el Zócalo capitalino. Al finalizar, un grupo de manifestantes queman la puerta de Palacio Nacional.

12 de noviembre: Miembros de una organización magisterial de la educación pública de Guerrero (Ceteg) queman el salón plenario del Congreso del estado. Serán protagonistas de otras protestas en ese estado y el Distrito Federal.

15 de noviembre: Dan formal prisión contra José Luis Abarca por delincuencia organizada y homicidio.

13 de enero de 2015: Padres de normalistas desaparecidos y la PGR reanudan diálogo

16 de enero: Cae un autor material del caso Iguala

20 de enero: Forenses de Austria consideran imposible identificar ADN de normalistas por el grado de deterioro de los restos.

27 de enero: Oficialmente muertos, reporta la PGR. El procurador Murillo afirma que la muerte de los normalistas es "una verdad histórica". Ayotzinapa nos duele a todos, expresa Peña Nieto.

28 de enero: No está cerrada la investigación del caso Iguala, rectifica Murillo.

31 de enero: La PGR afirma que la esposa del exalcalde de Iguala es la jefa de Guerreros Unidos en ese territorio.

2 de febrero: Padres de dos normalistas llegan a la ONU con esperanzas. Informe de caso Iguala causa dudas en la población

23 de febrero: Alcalde de Cocula, Guerrero, ligado a caso Ayotzinapa, se ampara para evitar arresto

1 de marzo: Arribó a la Ciudad de México un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso.

16 de marzo: Padres de Ayotzinapa inician en San Antonio, McAllen y El Paso caravanas por Estados Unidos.

19 de marzo: Tras casi un mes de investigación en México, los expertos de la CIDH determinaron que el caso se trata de una desaparición forzada.

21 de marzo: El presidente promete continuar los esfuerzos para "el total esclarecimiento" de los hechos y castigo a quienes participaron en estos "crímenes abominables". Los familiares aseguran que mientras "no haya pruebas", seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos "vivos".

26 de marzo: Hasta la fecha solo uno de los normalistas pudo ser identificado. Tampoco se conoce la identidad de la mayoría de los restos encontrados en otras fosas halladas en Guerrero como parte de la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa.

Ocurre algo similar con el paradero de más de 20 mil mexicanos quienes se encuentran en condición de desaparecidos. Sobre el caso hay casi un centenar de detenidos. No ha comenzado ningún juicio al respecto.

jf/ool

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Ayotzinapa, el temor de Peña

MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones.

En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada; es decir, como un crimen de lesa humanidad; y, sobre todo, a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano.

El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño gubernamental de desasociar lo político y lo criminal.

En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se está investigando la estructura política, económica y social que ha acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada.

La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó la responsabilidad al Poder Judicial.

Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”.

En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus acusaciones. La PGR engaña y manipula.

El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad.

Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa “no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.

De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano –como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a quienes considera sus enemigos.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima aparezca, viva o muerta.

Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la desaparición de los normalistas.

Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores.

La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos.

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