Lo que la PGR no pudo demostrar con pruebas periciales y científicas lo armó con testimonios de policías de Iguala y Cocula y del presunto radiocomunicador igualteco David Hernández Cruz que “confesaron” mediante tortura física y psicológica su presunta participación en el arresto de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que posteriormente entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los desaparecieron. La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam no se sostiene, según se desprende de los documentos consultados por Proceso.
MÉXICO, D.F. (Proceso) La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Uno de ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión a los normalistas.
Durante los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal (PF), Hernández Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados por Proceso.
Las averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la investigación.
Los reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.
En sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos. También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.
CIUDAD DE MÉXICO.-Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada por la policía de Iguala rechazaron tajantemente la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que pretende cerrar el caso insistiendo en que los 43 jóvenes fueron calcinados en un basurero de Cocula.
Mientras el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la coadyuvancia, Vidulfo Rosales Sierra, en conferencia efectuada el martes por la noche en el Centro Pro Juárez, señaló que aún no existe certeza científica en el caso Ayotzinapa, por lo cual no puede cerrarse. Además, dijo, hay dos líneas pendientes de investigación: una incluye al ejército mexicano y otra al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Rosales Sierra aseguró que por parte del gobierno mexicano es clara la prisa para cerrar las investigaciones sobre Ayotzinapa por el periodo electoral tan próximo, ya que se niega a dar la verdad histórica de los hechos ocurridos en Iguala. Por otro lado, aseveró, que el mismo gobierno da visos de represión en Guerrero, entidad al que se han movilizado efectivos del ejército y la Policía Federal justo en la etapa del cierre de expediente, previendo la utilización de la fuerza para sofocar los movimientos de respaldo a normalistas.
Por qué no debe cerrarse el caso Ayotzinapa
También, el abogado Vidulfo Rosales enlistó una serie de razones del por qué no se debe cerrarse la averiguación previa del caso Ayotzinapa. Primero, dijo, no existe certeza jurídica, sólo con peritajes de tierra y maleza, los cuales debieron ser acompañados por la revisión de expertos independientes como con los peritos forenses argentinos, debido al historial de corrupción y fabricación de evidencias la PGR y ministerios públicos que han modificado a modo determinados peritajes.
“No se puede cerrar la investigación porque no son concluyentes las declaraciones del Cepillo, ya que su declaración nunca establece que estuviera durante todas las horas en las que presuntamente se efectuó el crimen contra los jóvenes detenidos desaparecidos”, dijo. Asimismo, refutó que la PGR busque dar conclusión al caso sólo basada en tres declaraciones venidas de delincuentes, las cuales no pueden tomarse con completa veracidad al ser parte de bandas del crimen organizado y no con testigos independientes.
El abogado originario de la Montaña de Guerrero señaló que existen evidencias de coacción por parte del gobierno mexicano que habría obtenido testimonios a la fuerza, por lo que ya existen denuncias de algunos detenidos que han presentado su situación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Rosales Sierra dijo que se ha dejado de lado y sin investigar el asesinato del normalista Julio César Ayala Mondragón. Por otra parte, a cuatro meses de los hechos de violencia faltan detenciones claves como las de Felipe Flores, Francisco Salgado, el “Cabo Gil” y más personas que pudieran cambiar el rumbo de la averiguación
Existen también inconsistencias en haber dado primero una línea de investigación que afirmó que los jóvenes fueron enterrados en fosas, y luego otra que ratificó que fue en Cocula. Hay restos de uno de los jóvenes, pero no hay pruebas científicas de los otros 42, precisó.
Tras calificar de grave que existan consignas sean por homicidio y no por desaparición forzada, el abogado señaló que “si no hay evidencias ¿cómo consignarán?” E insistió en las dos líneas pendientes de investigación que no se han querido seguir; la que vincula al ejército y la otra al ex gobernador Aguirre Rivero.
De la vinculación del ejército, el abogado aseguró que existe la declaración del policía Salvador Bravo Bárcenas, quien dijo que en 2013 les dieron información del actuar del grupo delictivo Guerreros Unidos y la Policía Preventiva Municipal de Iguala, a lo que hicieron caso omiso, por el contrario el ejército les dio protección. Por otra lado, en diciembre de 2011, ya el gobierno de Aguirre Rivero fue señalado como responsable del asesinato de dos normalistas.
El abogado Rosales Sierra explicó que este contexto no debe deslindarse del entorno de corrupción que alcanza a figuras como el ex gobernador, el ex procurador Iñaki Blanco Cabrera, los alcaldes de Cocula, Tepecuacuilco, Taxco, todos señalados en el marco político como funcionarios públicos que propiciaron la desaparición forzada de los estudiantes.
Más de 26 mil desapariciones forzadas en 2014 por el gobierno mexicano
Vidulfo Rosales alertó que haya una tendencia a la impunidad en el caso, por lo cual los abogados acudirán a diversos organismos internacionales. Los días dos y tres de febrero presentarán una denuncia formal contra el gobierno mexicano ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tendrá su evaluación a México.
En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de las medidas cautelares, vendrán expertos a indagar los hechos. Rosales Sierra afirmó que no se trata de casos únicos sino de una generalidad en las desapariciones perpetradas por autoridades coludidas con el crimen organizado, según cifras oficiales hubo al menos 26 mil desaparecidos en 2014.
El defensor de derechos humanos recordó que están exigiendo una investigación exhaustiva que dé certeza a los padres, que están firmes en la lucha de la presentación con vida de sus hijos, así como en el esfuerzo para transformar un país plagado de corrupción.
Madres y Padre de normalistas; con enojo, piden la renuncia de Murillo
Epifanio Álvarez, padre de familia de uno de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada señaló que el gobierno mexicano les ha pisoteado la dignidad y pretender engañarlos, primero diciendo que estaban en las fosas, luego que en Cocula,
“Lucharemos hasta el final para que se aclaren las cosas. Ellos dicen que los quemaron con todo y celulares, ¿cómo es posible que a los 15 días el celular de uno de los muchachos timbró dos veces?”, cuestionó el padre de familia.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, exigió al gobierno que les entreguen a sus hijos, y atajó que la gente que dice que están molestando si les pasara lo mismo estuvieran con ellos. La mujer de origen indígena dijo que si lloran, no es porque aceptan que están muertos sino porque los extrañan. “Que Peña los entregue, que los presenten con vida, nosotros hemos dado la vida para que ellos realicen sus sueños”.
Carmen Cruz, madre de Jorge Aníbal, recordó que a ella le dijo la subprocuradora que su hijo se conectó a Facebook el 19 de octubre. “Que tengan sangre en la cara Murillo, Osorio Chong, y toda esa gente que por tener el poder no les importa que les digan cosas, ya que se larguen, que renuncien, porque no pueden con el caso, que no se hagan mensos”, dijo.
Cruz ratificó que sí hubo participación en los hechos de Iguala de los militares del 27 Batallón, quienes cerraron calles y salidas. “No proporcionaron auxilio a los muchachos, ¿por qué? Si a los asesinos los encarcelan, porque si los muchachos hicieron mal tratarlos así. Los soldados ya los habían amenazado que si regresaban los mataban”.
La señora afirmó que un padre llamó a su hijo y el celular sonó en el Batallón, “si se acostumbraron a que las cosas se quedaran sin que pasara nada esta vez no”, advirtió. Otros padres de familia señalaron los soldados queman su terreno cada año y que en las visitas al panteón se dieron cuenta que no fueron llevados a ese lugar para ser quemados.
El vocero Felipe de la Cruz acusó a Enrique Peña Nieto de violentar acuerdos en el punto de que primero se avisaría a los padres de familia de la información del caso; sin embargo, las prisas políticas del gobierno impiden que se respete a las víctimas
Lo anterior fue visto como respuesta a la concentración efectuada el 26 de enero en México y otros países ante un crimen de lesa humanidad por el cual se han manifestado de manera pacífica por el respeto a la vida y la integridad física.
Por parte del Comité Estudiantil de la Normal Rural asentada en Tixtla Guerrero, el secretario general del comité indicó que no permitirán que se cierren las investigaciones sin una respuesta real a las familias.
México, D.F. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ratificó hoy la versión de que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y sus cadáveres se incineraron en el basurero municipal de Cocula.
En una conferencia de prensa este martes, Murillo Karam dijo que esa conclusión se desprende de las confesiones de policías y los responsables materiales, 386 declaraciones en total, además de otros elementos.
“Esa es la verdad histórica de los hechos”, concluyó.
Murillo Karam también expuso que los resultados que dieron positivo para Alexander Mora Venancio (uno de los normalistas, cuyos restos fueron identificados en el laboratorio de Innsbruck), demuestran la versión.
El procurador subrayó que “no hay ni una sola evidencia” de la participación del Ejército en los hechos.
Asimismo expuso que el Instituto de Biología de la UNAM participó en las investigaciones y certificó que el incendio de los cadáveres afectó la biología de la zona y que el crecimiento de la flora en el lugar ocurrió durante 30 días, antes de la fecha del hallazgo.
El área total de fuego, abundó, fue de 140 metros cuadrados, en una superficie de 15 por 9 metros cuadrados.
La detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, es clave para la investigación, consideró a su vez Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal.
Rodríguez Salgado, miembro de Guerreros Unidos, detenido el pasado 15 de enero, “participó en el secuestro, homicidio y desaparición” de los jóvenes, señaló Zerón.
Agregó que El Cepillo era jefe de sicarios para Guerrero Unidos en Iguala, y realizaba con César Nava, subdirector de policía de Cocula, el trasiego de droga y acciones para evitar que grupos antagónicos entraran a esa zona.
Su detención, precisó, es importante, ya que los testimonios lo identifican como el líder y confiesan que fue él quien ordenó el homicidio y desaparición de los estudiantes.
Felipe Rodríguez, dijo Zerón de Lucio, recibió una llamada en la que le dijeron que un grupo antagónico estaba atacando Iguala y que se trasladara a Loma del Coyote.
Zerón citó un extracto de la declaración ministerial de Rodríguez Salgado, en la cual el detenido dice: “El Chuky me llamó por teléfono y me dijo que iba a entregar paquetes (como les decían a rivales en el negocio de drogas) que eran de Los Rojos y me los entregó en Loma del Coyote. Allí dice que a los estudiantes se les interrogó, se les asesinó y se les incineró.
“Llegando al basurero de Cocula bajamos a los estudiantes de la camioneta percatándome que unos ya estaban muertos creo que por asfixia, siendo que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente entre 15 y 18 estudiantes.
“Al llegar al basurero me percaté que todavía estaba prendido el fuego y muchas cenizas... me dan la orden de Gil que fuera a recoger las cenizas para tirarlas al río, por lo que ordené al Pato que fuera a comprar bolsas de plástico y nos regresamos al basurero para recoger las cenizas con una pala que llevaba en la camioneta”.
Tomás Zerón señaló que por ello se solicitará una pena de 140 años de prisión para Rodríguez Salgado, ya que está acusado por secuestro agravado.
Añadió que lo ocurrido en el basurero de Cocula se trató de un “crimen atípico”, porque el nivel de participación que jugó cada uno de los involucrados era diferenciado. Los que detuvieron a los estudiantes no supieron lo que posteriormente ocurrió.
Durante la conferencia fueron presentadas imágenes aéreas y satelitales de la zona que fue quemada. Los estudios “corroboran los daños causados por el fuego radiante”, el cual pudo haber alcanzado en el centro hasta mil 600 grados centígrados, dijo Zerón.
En la conferencia de prensa se presentó en video parte de las declaraciones de Rodríguez Salgado, en las cuales señala que policías de Iguala y Cocula le entregaron a los normalistas: “Los iban acomodando como costales”.
Según las declaraciones de Murillo y Zerón, María de los Ángeles Villa Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, está acusada de lavado de dinero como una forma de asegurar que estuviera en prisión, mientras concluía el resto de la pesquisa.
Añadieron que no puede ser acusada por desaparición forzada porque no era funcionaria; sin embargo para Abarca sí se está integrando la averiguación.
Asimismo, se cuenta con un retrato hablado de El Chuky y ya se encuentran trabajando en la zona para lograr sus detención. También refirieron que un hombre identificado como El Fercho, habría actuado como secretario de El Gil, y fue el enlace con El Cepillo.
Hasta el momento, señaló Tomás Zerón, quedan cinco órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en este caso.
Murillo aseguró que los peritos argentinos sí estuvieron durante la elección de restos que se enviaron a Innsbruck, y se cuenta con videograbaciones de tales sesiones.
Agregó que aunque aún hay responsables por detener, la investigación se tiene que cerrar porque hay que castigar a los culpables.
Como parte de la indagatoria ya hay 99 detenidos, entre ellos más de 50 policías municipales, así como Abarca y su esposa, considerados autores intelectuales de los hechos.
Los familiares de los estudiantes han señalado en las últimas semanas que los jóvenes pudieron estar detenidos en instalaciones militares y han rechazado la versiones sobre el asesinato masivo y la incineración de cadáveres.
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De acuerdo con los primeros reportes, los agentes federales fueron guiados a la fosa en el marco de las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Dentro de las fosas fueron hallados huesos mientras que las unidades caninas de la Procuraduría asisten en la búsqueda en el tiradero, ubicado en un paraje conocido como Puente de Río San Juan, de muy difícil acceso.
