lunes, 25 de abril de 2016

Informe GIEI Vídeo 24 Abril 2016

Tras denunciar obstrucción, intimidación y acoso por parte del Gobierno de México, el Grupo Interamericano de Expertos Independientes rendirá este domingo su segundo informe sobre los trabajos de investigación y peritaje que pudieron realizar en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, la noche del 26 de Septiembre del 2014.

Las discrepancias y confrontaciones con el gobierno mexicano, que parece aferrarse a SU ‘verdad histórica’ marcaron el año de trabajo de estos expertos, que como hemos visto, en las últimas semanas se han convertido en víctimas de diversas campañas de desprestigio, orquestradas desde el poder, para fortalecer así su “hipótesis” y de paso fomentar la impunidad.

Aquí les dejamos la transmisión del informe del Grupo Interamericano de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa.





El GIEI se va las dudas aumentan los normalistas no aparecen

1-. Que no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político,
como se dijo inicialmente, en un intento de explicar la acción contra ellos.

2. Que el GIEI no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte
o estuvieran infiltrados por ningún grupo del crimen organizado, como se manifestó
en distintos momentos, lo que habría desencadenado las atrocidades cometidas. Las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar autobuses para realizar una marcha el 2 de octubre.

3. Que la acción produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares
afectados, se dio en 9 escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y
violencia, durante 4-5 horas, y con participación directa de dos cuerpos de policía
municipal de Iguala y Cocula, y probable participación de agentes de otros cuerpos
de seguridad de Iguala y de la zona.

4. También señaló que diferentes niveles de autoridades tenían información sobre lo
que estaba sucediendo, de la llegada de los normalistas a las inmediaciones primero
y luego a la ciudad de Iguala. El movimiento de los normalistas fue controlado desde
las 18:00 h que salieron de Chilpancingo hasta las 20:30 h en que seguían a las afueras
de Iguala, especialmente por policía estatal, federal y ejército.

7. El informe mostró también la omisión, en los primeros meses de investigación hasta
la investigación del GIEI, de un 5º autobús que los normalistas habían tomado y que
no estaba siendo investigado. Posteriormente las versiones eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido. Este 5º autobús Estrella Roja, que salió por la puerta de atrás de la Central camionera, se detuvo antes de salir de la ciudad, y después fue parado por policía federal, cerca del escenario del Palacio de Justicia donde se encontraba bloqueado y era agredido otro autobús de normalistas por parte de la policía municipal, el Estrella de Oro 1531. Los estudiantes que iban en ese 5º autobús sobrevivieron a los hechos pero fueron perseguidos y sufrieron disparos por parte de policías municipales, con participación de una patrulla ministerial según su testimonio, durante cerca de 3 horas hasta conseguir salvarse.

La opacidad de la existencia de este autobús, las contradicciones evidentes del testimonio
del chofer, así como una carta encontrada con su firma que confirma el testimonio de los
normalistas, fueron parte de las cuestiones que llevaron al GIEI a plantear una hipótesis
del caso que debía ser investigada. Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús
podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo
que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco
en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con
la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones.

Los hechos ocurrieron en un área mayor a la zona de Iguala-Chilpancingo, llegando hasta Mezcala y Huitzuco.

Los nuevos hechos señalados en este estudio muestran:

1. Una extensión del control de la movilidad por la carretera Iguala-Chilpancingo
hasta Sabana Grande, donde se situó un bloqueo con un tráiler y varios vehículos a
las 24:00 h, apenas a 3 kilómetros del cruce de Santa Teresa donde fue atacado el
autobús de Los Avispones, y al menos otros cuatro vehículos, con resultado de tres
personas muertas y numerosos heridos graves.

2. La participación de varias patrullas de policía en el ataque a los Avispones que se
retiraron después del mismo, a las 23:45 h, por la carretera hacia Santa Teresa. Dicha
carretera que se dirige a esa población, pero conecta también con otras poblaciones
cercanas como Apipilulco, Huitzuco o Pololcingo.

3. La movilización de la policía de Huitzuco, con unos 25 efectivos y seis patrullas,
para llevar a cabo, aparentemente, un retén en la carretera en el cruce hacia Pololcingo, sin ningún motivo declarado, durante las horas claves de esa noche, mientras estaban dándose los ataques a los normalistas y Los Avispones. Según sus bitácoras, la salida de patrullas de policía de Huitzuco fuera de la ciudad se dio de 23:00 h a 01:40 h. Además, la policía de Huitzuco estaba alertada a través del C-4 de los hechos de Iguala contra los normalistas. Dicha área queda en la zona de influencia de Iguala y el cruce de Santa Teresa.

4. La existencia de un bloqueo en la carretera en Mezcala durante alrededor de 2 h, entre
las 24 h aproximadamente y las 2 h de la madrugada, y el ataque a dos vehículos,
con dos personas heridas por arma de fuego en dicho lugar. Dicho ataque habría sido
llevado a cabo por parte de un numeroso grupo de hombres armados, aparentemente
miembros del crimen organizado, con armas de gran potencia.

5. El control de la movilización por la carretera entre Iguala y Chilpancingo se dio
durante toda la noche. A las 02:00 h del día 27 fue liberado el paso en Mezcala, por
un convoy donde iban autoridades estatales, policía estatal y federal. Otros testigos
entrevistados muestran que solo durante las últimas horas de la madrugada, hasta
las 05:00-06:00 h se liberó completamente el control y la amenaza a quien circulara
por dicho lugar, al menos en el trayecto hasta Mezcala, en la ruta entre Iguala y
Chilpancingo.

6. Otro bloqueo con un tráiler se dio en la zona de Sabana Grande, cerca ya del crucero
de Santa Teresa, aunque fue limitado en el tiempo. Una vez que el autobús de los
Avispones fue atacado en el crucero de Santa Teresa, dicho bloqueo se mantuvo
durante un tiempo limitado, siendo quitado por sus mismos autores sin intervención
externa. Esto podría mostrar que los autores de dicha acción conocieron el resultado
del ataque en Santa Teresa y su acción podría haber estado encaminada a bloquear el
paso del autobús. Los autores del mismo fueron personas con armas largas, vestidas
de civil, que tenían camionetas último modelo. Dicho bloqueo, y la participación de
personas armadas o existencia de otros testigos, no ha sido investigada hasta ahora.

7. Para el GIEI el conjunto de la acción muestra un modus operandi coordinado para
evitar la huida de los autobuses. El cerco de dicha acción se completó en Mezcala,
donde se instaló otro bloqueo probablemente con el mismo objetivo. Que este bloqueo
se mantuviera en el tiempo más que en el caso de Sabana Grande, podría obedecer al
hecho de que no existe cobertura telefónica en la zona de Mezcala, y la pérdida de señal
podría hacer que los perpetradores no tenían información sobre el control y el ataque
al autobús de los Avispones. Los nuevos datos muestran un grupo aún más numeroso
de gente implicada en el caso y que se habría movilizado para levantar un cerco en la
carretera donde se preveía el escenario de huida de los normalistas, y específicamente
refuerza la hipótesis del 5º autobús señalada en el primer informe del GIEI.


























miércoles, 13 de abril de 2016

Amnistía internacional señala las desapariciones forzadas en el estado de Chihuahua


Los registros oficiales contabilizan más de 27.000 denuncias por desapariciones en México

Enric Llopis

El caso de Eudor Osiris es uno de tantos ejemplos de desapariciones forzadas en el estado de Chihuahua, algunas de ellas recogidas en el informe de Amnistía Internacional “Un trato de indolencia. La respuesta del estado frente a la desaparición de personas en México”, publicado en enero de 2016. Tras un incidente durante la inauguración de un salón de baile en el poblado de San Juanito (municipio de Cuauhtémoc), al que Eudor Osiris asistió con varias amistades, decidieron dirigirse a Ciudad Guerrero. Allí les detuvieron unos sujetos armados, que golpearon y esposaron a Eudor y a un amigo; a continuación, se les condujo a la ciudad de Santo Tomás, donde se les trasladó detrás de una iglesia. Entonces se escucharon disparos. La familia de Eudor Osiris y sus abogados denuncian que las autoridades no han buscado pruebas de las desapariciones en los lugares citados por los testigos, ni han intentado identificar a los policías y otros individuos que participaron en los hechos, ocurridos el 20 de noviembre de 2013.

Según cifras oficiales, 1.698 personas se encentran actualmente desaparecidas en el estado de Chihuahua. Sólo en la cabecera municipal, Ciudad Cuauhtémoc, importante polo agropecuario y comercial de 114.000 habitantes, el gobierno mexicano ha contabilizado la desaparición de 351 personas. El municipio de Cuauhtémoc constituye un punto de cruce de las rutas del narcotráfico que conectan el occidente septentrional de México con el sur de Estados Unidos, factor que contribuye a los episodios de violencia. Para la elaboración del documento, Amnistía Internacional ha entrevistado a familiares de las 38 personas desaparecidas en 22 “eventos” ocurridos en Ciudad de Cuauhtémoc y su entorno, entre 2009 y 2014. Pese a la desaparición de centenares de personas desde 2007, la situación en Cuauhtémoc es “prácticamente desconocida” y permanece “en total impunidad”, señala Amnistía Internacional. Añade, en el apartado de conclusiones, que el trato que las autoridades responsables de la investigación a las familias es “deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos”.

El miedo predomina en Cuauhtémoc y las comunidades próximas. De hecho, hay familias que no denuncian las desapariciones. La delincuencia organizada, presente en la zona, y “la colusión que la población percibe entre delincuentes y servidores públicos”, hace que familiares de víctimas desistan de plantear denuncias. En la mayor parte de los 22 casos analizados por la organización de derechos humanos, las familias denunciaron las desapariciones ante las autoridades en cuestión de horas. Sin embargo, fueron varios los casos en los que la Fiscalía del Estado de Chihuahua informó a las familias de que tenían que esperar 72 horas antes de tomar la denuncia. Sin embargo, éste no es un requisito legal, recuerda Amnistía Internacional, que subraya la importancia de las primeras 72 horas para proteger los derechos de la víctima. El informe da cuenta, incluso, de cómo una familia desesperada tuvo que volver al día siguiente, pues las autoridades afirmaron que era tarde para recibir denuncias.

Los funcionarios de la Administración de Justicia también son, en algunas ocasiones, víctimas del miedo. El familiar de una persona desaparecida informó a Amnistía Internacional que el Agente del Ministerio Público le mostró un documento de pago y le dijo: “Por ese sueldo yo no arriesgo mi vida”. En otro caso de desapariciones, personal de la Fiscalía de Chihuahua se negó a abrir diligencias de investigación en una zona “conflictiva”, con estas palabras: “Tenemos miedo, nosotros no podemos ir para allá”. Pero muchas veces, según han afirmado las familias y sus abogados a Amnistía Internacional, no es tanto el miedo sino “la colusión de las autoridades con grupos de la delincuencia organizada lo que inhibe el avance de las investigaciones”.

La mayoría de los familiares entrevistados para el informe no padecieron ataques directos por exigir justicia, sin embargo, el documento de Amnistía Internacional reporta amenazas y diferentes formas de hostigamiento, sobre todo mediante llamadas telefónicas, seguimientos por parte de desconocidos y, en el caso de las autoridades, “sugerencias” para que los allegados desistan de promover las investigaciones. “Una de las personas que activamente busca a sus familiares fue retenida contra su voluntad varias horas por hombres armados que le exigieron abandonar las pesquisas”, relata el informe “Un trato de indolencia. La respuesta del estado frente a la desaparición de personas en México”. Un caso extremo fue el de Artemisa Ibarra y Martha Loya, dos mujeres desaparecidas en 2011 y 2013 mientras buscaban a sus deudos, también desparecidos en Cuauhtémoc.

¿Cuál es la actuación de los poderes públicos ante la violación de los derechos humanos en el estado de Chihuahua? En la mayoría de los casos, se reducen a “un mero formalismo destinado de antemano a ser infructuoso”. La Administración únicamente recaba la denuncia de la desaparición, emite oficios de investigación que no se materializan en diligencias útiles o pregunta a otras instancias administrativas por datos de la víctima. Es poco habitual que se analicen las llamadas telefónicas, los movimientos bancarios de víctimas y sospechosos así como las grabaciones de las cámaras de seguridad. La negligencia es tal, que muchas veces cuando se solicita la información ésta ya no se encuentra disponible. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) cita el caso de un funcionario investigado judicialmente por alteración de grabaciones en vídeo que pudieran incluir pruebas.

En estas circunstancias, corresponde necesariamente a las familias impulsar las indagaciones y recabar datos. El documento de Amnistía Internacional incluye el testimonio de una madre: “En la carpeta de mi niña hay lo que yo les he dado, nada más”. Pero las pesquisas de las familias implican riesgos y dependen de la disponibilidad de recursos económicos. Generalmente, sólo sirven “para acrecentar los tomos del expediente, es raro que las autoridades las utilicen para abrir nuevas líneas de investigación”. En tres de los casos abordados por Amnistía Internacional en Chihuahua, se hallaron finalmente los cuerpos de las personas desaparecidas. Se trata, en términos generales, de “hallazgos” por parte de algún particular, no de investigaciones realizadas por la Fiscalía. La organización de derechos humanos apunta el trato “deficiente” a las familias y el “profundo desinterés” de las autoridades, que resume una de las madres entrevistadas: “un trato de indolencia, de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”. Otra afectada describió el expediente de una familiar como “un altero enorme de hojas inútiles”.

Además del sufrimiento que implica la pérdida, las familias padecen el “estigma” con el que se ha señalado a la víctima (no resulta extraño que las autoridades les señalen como “delincuentes”), lo que en muchas ocasiones lleva a rupturas con las personas del entorno. Incluso se ha dado el caso de maltratos y acoso de menores en los colegios, lo que ha motivado una renuncia temporal a continuar con los estudios. Sobre todo, recuerda Amnistía Internacional, la persona desaparecida es frecuentemente el sostén de la familia.

Otro de los ejemplos apuntados en el informe es el de José Rosario Hernández, detenido por la policía de Ciudad Cuauhtémoc el 23 de octubre de 2011, cuando se trasladaba en automóvil con dos amigos para ver a su hermana. Un oficial de tránsito se lo llevó detenido. Desde ese día los familiares no han tenido noticia de José Rosario. Ninguna autoridad facilitó informó a los familiares, ni el día de la desaparición ni tampoco durante las jornadas siguientes. Finalmente, la familia consiguió identificar al oficial que practicó la detención, quien se negó a hablar de los hechos. Después de ímprobos esfuerzos por parte de los parientes y sus representantes legales, el oficial resultó detenido y su juicio estaba previsto para enero de 2016, según apunta Amnistía Internacional. Sin embargo, “la investigación no ha sido exhaustiva y no se han indagado datos que pudieran llevar a encontrar el paradero de José Rosario”.

Frente a la impunidad y la inacción estatal, los familiares de desaparecidos se han organizado para reivindicar sus derechos. En México trabajan al menos 24 colectivos, a los que se agregan otros tres en Centroamérica, que buscan a más de 4.800 personas en 22 estados. Además, hay familias que se reúnen y organizan sin constituirse como colectivo, como los parientes de personas migrantes guatemaltecas desaparecidas durante su paso por México, acompañados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; o los familiares de personas desaparecidas en Chihuahua, a quienes acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Las cifras oficiales, del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, indican que hay denuncias de al menos 27.638 personas, que el estado mexicano considera “no localizadas”. A partir del año 2006, organizaciones de la sociedad civil señalaron un incremento “alarmante” de los casos, inicialmente en los estados del norte, que poco a poco se extendieron por todo el país. Asimismo, Amnistía Internacional advierte que los datos oficiales han de leerse con cautela, ya que no se especifica si los responsables de las desapariciones son agentes no estatales, cuándo se trata de desapariciones forzadas o si se trata de personas que se ausentaron voluntariamente. En México la mayoría de los delitos no se denuncian, constata el informe “Un trato de indolencia”, “por lo que no se conoce la magnitud real del problema y la cifra oficial podría estar subvalorando la gravedad del asunto”. El documento también aborda el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En 2013 Amnistía Internacional publicó el informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México”. Poco ha cambiado la situación desde entonces.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”



Drama sin respuesta: los 43 normalistas de Ayotzinapa


Alejandra Cordova R. y Arnaldo Pérez G.
Punto Final


La mañana del 28 de septiembre de 2014 todo cambió para las familias de Mario González y Clemente Rodríguez, humildes campesinos de los municipios de Huamantla y Tixtla, en México. La noticia daba la vuelta al mundo y ya se hablaba de heridos, muertos y encarcelados por la policía estatal. Pero lo que vendría más tarde sería todavía peor. 43 alumnos de la Escuela Normalista de Ayotzinapa desaparecieron sin dejar rastros. La versión oficial del gobierno mexicano fue el asesinato de los estudiantes por el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos, para luego ser incinerados en un basural de Cocula.

Un golpe que sacudió a estas familias de la manera más brutal. Los padres de los 43 muchachos abandonaron sus labores en el campo y muchos perdieron sus cosechas con las que sostenían la mesa familiar. Otros, junto con renunciar a sus oficios y con su dolor a cuestas, decidieron salir en búsqueda de sus hijos sin importar las amenazas y las puertas que se cerraban.

En medio de las acciones para esclarecer esta forzada desaparición, César González y Clemente Rodríguez, padres de dos de los 43 normalistas, recibieron desde Chile la invitación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central y de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios para solidarizar con una causa que los estudiantes chilenos y las organizaciones de derechos humanos han hecho suya. También estuvieron en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y en Valparaíso.

La emoción de estos padres se selló con las muestras de cariño y solidaridad recibidas. Ambos conversaron con Punto Final en la Universidad Central.

El dolor de ustedes se ha visto agudizado por el rol de un Estado que miente sobre esta situación. ¿Esto los motiva a seguir luchando por la verdad?

Mario González : “Nosotros, como padres, siempre lo hemos dicho: los vamos a seguir buscando. Desgraciadamente sabemos que nos enfrentamos a un monstruo, el Estado, que es difícil derrotar. Pero nosotros no lo queremos derrotar: queremos saber la verdad, qué pasó con estos 43 jóvenes y que los entreguen vivos. También estamos luchando por los 27 mil desaparecidos que hay en México y contra las represiones e injusticias con los indígenas y con todas las personas objeto de despojo. En eso estamos”.

Clemente Rodríguez : “Desgraciadamente nuestro gobierno habla muy bonito de México pero nunca dice la verdad. No dice las cifras correctas de los desaparecidos. Los países que hemos visitado como padres de familia nos han demostrado que también tienen represión, desaparecidos y muchos homicidios”.

Hace unos días se dio a conocer una versión que echa por tierra lo señalado por el gobierno en orden a que no se habría registrado un incendio en el basural de Cocula. ¿Cuáles son las siguientes acciones a seguir?

Mario González : “Seguir difundiendo, porque nosotros desde el principio nunca creímos lo señalado por el gobierno y lo que habría ocurrido en el basural de Cocula. Como campesinos sabemos lo que es un fuego de esa magnitud y por ello queremos seguir presionando para conocer la verdad. Afortunadamente ya llegamos a Washington y obtuvimos la formación de la Comisión Investigadora de Derechos Humanos”.

Clemente Rodríguez : “Queremos que se investigue. Desgraciadamente hasta ahora no hay ningún político detenido o responsable de la separación de nuestros hijos y de los golpes sicológicos que nos han dado como padres de familia y como víctimas”.

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha debatido la llamada “verdad histórica” que ha pretendido instalar el gobierno mexicano acerca de lo sucedido en Iguala. ¿Cómo ven el rol que está jugando esta instancia internacional?

Clemente Rodríguez : “En nuestro gobierno fueron dos versiones que se nos entregaron y que se nos quería imponer a la fuerza. Una de ellas fue cuando se encontraron las primeras fosas con pedazos de los cuerpos despedazados y se nos dijo: ‘Este es tu pedazo, esta mano te corresponde a ti, esta pierna te corresponde a ti, y ya pueden irse a casa. Eso es lo que queda de sus hijos’. Pero afortunadamente mis compañeros y yo somos más fuertes y seguimos luchando, alzando la voz, gritando, haciendo actividades. Gracias a esto llegaron los forenses argentinos y revirtieron ese enfoque del gobierno”.

Mario González : “El último golpe sicológico que se nos dio fue cuando llegó la verdad histórica y nos dijeron: a sus hijos desgraciadamente no los podemos identificar porque fueron calcinados; hincados, les dispararon en la cabeza, los aventaron hacia el basural y los quemaron. Eso mis compañeros no lo creían. Yo era el único a veces que me imaginaba cómo era posible que hincaran a mi hijo, le dispararan y luego le prendieran fuego. Sicológicamente queda uno loco, pero afortunadamente llegaron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con líneas de investigación contundentes. El Estado mexicano puso trabas a este trabajo de la Comisión para que no se supiera la verdad, pero aun así nuestros expertos siguieron trabajando y nosotros haciendo actividades para apoyarlos. Ellos lograron que esa versión fuera cayéndose a pedazos. La primera declaración de nuestro equipo fue que había muchas contradicciones, y luego mucha gente muy golpeada para declarar lo que al Estado le convenía; y atacaron a nuestro equipo de distintas maneras. Llevaban gente a otros países para que nos difamaran. La última prueba contundente fue con las fotografías satelitales que demostraron que los días 26 y 27 de septiembre no hubo fuego en el basural de Cocula”.

Ya va un año y cuatro meses de la desaparición de estos estudiantes y queda la sensación de que el gobierno más allá de esclarecer la verdad insiste con su tesis de que los jóvenes fueron asesinados. Sin embargo, para ustedes están vivos…

Clemente Rodríguez : “El gobierno nunca ha buscado a nuestros hijos con vida; siempre los ha querido encontrar muertos . Como padres tenemos la corazonada y la convicción de que están vivos. Científicamente creemos que están vivos porque no nos han demostrado lo contrario. También tenemos un poco de temor, porque ha pasado un año y cuatro meses. Pero como padres vamos a seguir luchando por estos 43 muchachos y creo en Dios que están vivos todos. No importa el dolor de mi familia o el mío. A mí lo que me importa es saber que mi hijo está sufriendo dolor”.

Mario González : “Para que la lucha pueda continuar, debemos seguir levantando la voz por los 43 estudiantes. Somos padres de familia que abandonamos nuestros trabajos. Muchos se dedicaban a los cultivos y sus cosechas quedaron abandonadas. Pero aquí estamos aguantando y luchando por nuestras familias”.

¿Qué otras líneas de investigación ha seguido la Comisión de Expertos?

Clemente Rodríguez : “Ellos han sido muy importantes; por eso queremos que se queden todo el tiempo que sea necesario. Con su trabajo se esfuma la verdad histórica del gobierno. Nos ha aclarado a qué hora salieron los jóvenes a Chilpancingo con destino a Iguala, una versión que contrasta con lo señalado por la Procuraduría General de la República. Nunca se nos dijo que había un quinto autobús. Mi hijo iba en el 1531 y quienes descubrieron esto fueron los expertos, así como muchas anomalías por parte del gobierno. Por eso al gobierno le está doliendo, porque mucha gente a nivel mundial se está manifestando, se está pronunciando por los 43 normalistas. Se va a saber la verdad y los vamos a encontrar”.

¿Tienen contemplado visitar otros países de Latinoamérica para sensibilizar sobre este tema y buscar apoyo?

Mario González : “Sí, a donde nos inviten vamos a ir. Si tenemos que ir al cielo para buscar a esos niños tenemos que ir. Si tenemos que ir al infierno, pues iremos porque no los podemos perder, son pedazos de nuestro ser”.

Clemente Rodríguez : “Nosotros estamos molestos porque el gobierno no ha cumplido en las demandas que hemos pedido. Se burla de los 43 padres de familia y aquí estamos dando la cara al mundo para exigirle al presidente Enrique Peña Nieto que nos presente con vida a los 43 normalistas. Vivos se los llevaron, y vivos los queremos”.

ACR

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RECUADRO

“Mi hijo es un muchacho generoso”

En el acto solidario organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), recogimos los siguientes testimonios:

Mario González Contreras : “Mi hijo es César Manuel González Hernández, un muchacho como cualquier universitario. Es un ser humano con virtudes y defectos, pero un niño muy cariñoso, muy carismático, que es lo contrario a mí. Muy humanitario, muy noble. Nunca vi que tuviera algún vicio. Lo único que quería era salir adelante por sí mismo, tanto que en una ocasión que yo le dije que se fuera de esa escuela, que estaba muy lejos, que no quería que estudiara en Ayotzinapa, él me dijo que ya estaba bastante grandecito, que siempre hacía lo que yo quería, que se vestía y se peinaba como yo quería, que ya era justo que lo dejara hacer lo que él quería (…) Y lo que él quería era ayudar a los niños. Ser profesor para ayudar a los niños de la sierra.

El acaba de cumplir 21 años. Tenía una valiosa preocupación social. Entró a un programa que se llama Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), de alumnos en receso para becas, suplentes de maestros. El se fue a un curso de esos y ahí inició su conciencia, su preocupación por los niños. En una ocasión me contó que él le quitaba hojas a los cuadernos que llevaban los niños pues otros no tenían, y así le hacía cuadernos a los que no tenían. Les cosía las hojas. Yo lo vi cosiéndolas y me rodaron lágrimas. Y me preguntaba de dónde sacó lo sensible este chamaco si yo no soy así (…) A él le gustaban mucho las carreras de autos, tanto que su tío le compró un carrito de esos que hacen de tubos y corría en un club, en Huamantla-Tlaxcala. También montaba en los rodeos y salía a cabalgar. Yo estaba en desacuerdo con él, siempre lo regañaba cuando me enteraba que iba a montar. Le gustaban los animales. Tiene aún sus dos perros en casa y su gato. Y ayudaba a la gente hasta dando lo suyo.

En una ocasión viajé a San Martín, en Puebla, y compré unas camisas para él y otras para mí, pero regaló las suyas a unos amigos que iban a una fiesta. Al otro día lo fueron a buscar esos muchachos y yo le pregunté por qué traían las camisas nuevas los chavos esos, y me dijo ‘porque no tenían, y yo tengo ahí unas’… Tiene una sensibilidad muy importante y no porque sea mi hijo, es un ser humano, un niño con aspiraciones, con defectos pero también con muchas virtudes.

(…) Ahora nos estamos enfrentando a un monstruo que es el Estado mexicano. Han repartido el expediente del caso en tres Estados Federales para que les cueste más trabajo a nuestros expertos continuar las investigaciones. Los han discriminado y descalificado al igual que a nosotros los padres (…) Nuestros hijos apenas eran de nuevo ingreso y la primera versión de las autoridades fue coludirlos con el narcotráfico. Mi hijo tenía un mes y veinte días de haber ingresado a esa escuela, ¿y ya era un narcotraficante? ¡No! Eso fue la primera mentira del gobierno. Hoy siguen habiendo muchísimas trabas y desconfiamos del Estado. Desgraciadamente el presidente Enrique Peña Nieto nunca ha tenido sensibilidad para con nosotros, los padres de Ayotzinapa. Nos hemos reunido con él tres veces. La primera vez firmó una minuta de diez puntos y no cumplió ni uno. La segunda, tampoco cumplió nada. Y la última ya fue con maltrato e indiferencia, diciendo que nos iba a aplicar la ley si seguiamos manifestándonos. Pero la ley la debería aplicar a los corruptos que tiene a su lado y a él mismo. Soy mexicano y me duele mi país. Es un bello país y estoy orgulloso de él, pero no creo en las leyes mexicanas. No hay ningún funcionario público detenido por la desaparición forzada de nuestros hijos…”.

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Clemente Rodríguez Moreno : “Mi hijo es Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. El único hijo varón. Sus tres hermanas, su madre, y sus amigos añoran su regreso. Creció en el barrio de Santiago, en Tixtla, Guerrero, y tenía 19 años cuando desapareció. El quería estudiar para ayudar a su familia, y lo que más le entusiasma es la danza folclórica. La practica desde niño. Iba al salón de la Casa de Cultura de Tixtla y baila en el grupo de danza folclórica Xochiquetzal. Es un muchacho como cualquiera de los estudiantes normalistas, con muchos deseos de apoyar a los niños más pobres, de brindarles educación.

(…) Ocurre que el gobierno se ha enfocado en buscar fosas, en buscar muertos, aunque siempre le hemos dicho que busque a los muchachos vivos, cosa que nunca hizo. Se han burlado siempre de las 43 familias, porque cada reunión que hemos hecho con el presidente Peña Nieto no le sacamos gran provecho. El Estado mexicano siempre nos ha mentido. Siguen ocultándonos la verdad y ya no creemos en las autoridades (…) Nuestras demandas son que los expertos se queden investigando todo el tiempo que sea necesario, porque hay muchas anomalías por parte de la Procuraduría General de la República y las autoridades. Dicen que llevan más de cien búsquedas y no es cierto. A nuestros hijos nunca los buscaron. Los quisieron plantar en las primeras fosas. Afortunadamente, llegaron los peritos argentinos y desmintieron que esos pedazos de cuerpos fueran de nuestros hijos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó un informe que arroja distintos datos y desmiente las versiones oficiales del gobierno, entre las que está la incineración de cuerpos con neumáticos en llamas en el basurero municipal de Cocula (…) Se descubrió que las policías municipal, estatal, federal, el ejército y la Secretaría de la Defensa mexicana sabían lo que estaba sucediendo mientras ocurrían las agresiones a los 43 estudiantes. Pero aún no sabemos nada de nuestros hijos y estamos desesperados (…) Según el gobierno hay 23.600 desaparecidos, y según organizaciones de derechos humanos ya son más de 30.000 los desaparecidos. A eso se agregan más de 150.000 personas ejecutadas extrajudicialmente en los últimos diez años. Eso es lo que pasa en México”.

APG



Publicado en “Punto Final”, edición Nº 844, 8 de enero 2016.

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