miércoles, 28 de enero de 2015

Vídeo Gerardo Fernández Noroña 28 Enero 2015 PGR Miente



CIUDAD DE MÉXICO.-Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada por la policía de Iguala rechazaron tajantemente la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que pretende cerrar el caso insistiendo en que los 43 jóvenes fueron calcinados en un basurero de Cocula.

Mientras el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la coadyuvancia, Vidulfo Rosales Sierra, en conferencia efectuada el martes por la noche en el Centro Pro Juárez, señaló que aún no existe certeza científica en el caso Ayotzinapa, por lo cual no puede cerrarse. Además, dijo, hay dos líneas pendientes de investigación: una incluye al ejército mexicano y otra al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Rosales Sierra aseguró que por parte del gobierno mexicano es clara la prisa para cerrar las investigaciones sobre Ayotzinapa por el periodo electoral tan próximo, ya que se niega a dar la verdad histórica de los hechos ocurridos en Iguala. Por otro lado, aseveró, que el mismo gobierno da visos de represión en Guerrero, entidad al que se han movilizado efectivos del ejército y la Policía Federal justo en la etapa del cierre de expediente, previendo la utilización de la fuerza para sofocar los movimientos de respaldo a normalistas.




Por qué no debe cerrarse el caso Ayotzinapa También, el abogado Vidulfo Rosales enlistó una serie de razones del por qué no se debe cerrarse la averiguación previa del caso Ayotzinapa. Primero, dijo, no existe certeza jurídica, sólo con peritajes de tierra y maleza, los cuales debieron ser acompañados por la revisión de expertos independientes como con los peritos forenses argentinos, debido al historial de corrupción y fabricación de evidencias la PGR y ministerios públicos que han modificado a modo determinados peritajes. “No se puede cerrar la investigación porque no son concluyentes las declaraciones del Cepillo, ya que su declaración nunca establece que estuviera durante todas las horas en las que presuntamente se efectuó el crimen contra los jóvenes detenidos desaparecidos”, dijo. Asimismo, refutó que la PGR busque dar conclusión al caso sólo basada en tres declaraciones venidas de delincuentes, las cuales no pueden tomarse con completa veracidad al ser parte de bandas del crimen organizado y no con testigos independientes. El abogado originario de la Montaña de Guerrero señaló que existen evidencias de coacción por parte del gobierno mexicano que habría obtenido testimonios a la fuerza, por lo que ya existen denuncias de algunos detenidos que han presentado su situación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Rosales Sierra dijo que se ha dejado de lado y sin investigar el asesinato del normalista Julio César Ayala Mondragón. Por otra parte, a cuatro meses de los hechos de violencia faltan detenciones claves como las de Felipe Flores, Francisco Salgado, el “Cabo Gil” y más personas que pudieran cambiar el rumbo de la averiguación Existen también inconsistencias en haber dado primero una línea de investigación que afirmó que los jóvenes fueron enterrados en fosas, y luego otra que ratificó que fue en Cocula. Hay restos de uno de los jóvenes, pero no hay pruebas científicas de los otros 42, precisó. Tras calificar de grave que existan consignas sean por homicidio y no por desaparición forzada, el abogado señaló que “si no hay evidencias ¿cómo consignarán?” E insistió en las dos líneas pendientes de investigación que no se han querido seguir; la que vincula al ejército y la otra al ex gobernador Aguirre Rivero. De la vinculación del ejército, el abogado aseguró que existe la declaración del policía Salvador Bravo Bárcenas, quien dijo que en 2013 les dieron información del actuar del grupo delictivo Guerreros Unidos y la Policía Preventiva Municipal de Iguala, a lo que hicieron caso omiso, por el contrario el ejército les dio protección. Por otra lado, en diciembre de 2011, ya el gobierno de Aguirre Rivero fue señalado como responsable del asesinato de dos normalistas. El abogado Rosales Sierra explicó que este contexto no debe deslindarse del entorno de corrupción que alcanza a figuras como el ex gobernador, el ex procurador Iñaki Blanco Cabrera, los alcaldes de Cocula, Tepecuacuilco, Taxco, todos señalados en el marco político como funcionarios públicos que propiciaron la desaparición forzada de los estudiantes.



Más de 26 mil desapariciones forzadas en 2014 por el gobierno mexicano

Vidulfo Rosales alertó que haya una tendencia a la impunidad en el caso, por lo cual los abogados acudirán a diversos organismos internacionales. Los días dos y tres de febrero presentarán una denuncia formal contra el gobierno mexicano ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tendrá su evaluación a México.

En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de las medidas cautelares, vendrán expertos a indagar los hechos. Rosales Sierra afirmó que no se trata de casos únicos sino de una generalidad en las desapariciones perpetradas por autoridades coludidas con el crimen organizado, según cifras oficiales hubo al menos 26 mil desaparecidos en 2014.

El defensor de derechos humanos recordó que están exigiendo una investigación exhaustiva que dé certeza a los padres, que están firmes en la lucha de la presentación con vida de sus hijos, así como en el esfuerzo para transformar un país plagado de corrupción.

Madres y Padre de normalistas; con enojo, piden la renuncia de Murillo

Epifanio Álvarez, padre de familia de uno de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada señaló que el gobierno mexicano les ha pisoteado la dignidad y pretender engañarlos, primero diciendo que estaban en las fosas, luego que en Cocula,

“Lucharemos hasta el final para que se aclaren las cosas. Ellos dicen que los quemaron con todo y celulares, ¿cómo es posible que a los 15 días el celular de uno de los muchachos timbró dos veces?”, cuestionó el padre de familia.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, exigió al gobierno que les entreguen a sus hijos, y atajó que la gente que dice que están molestando si les pasara lo mismo estuvieran con ellos. La mujer de origen indígena dijo que si lloran, no es porque aceptan que están muertos sino porque los extrañan. “Que Peña los entregue, que los presenten con vida, nosotros hemos dado la vida para que ellos realicen sus sueños”.

Carmen Cruz, madre de Jorge Aníbal, recordó que a ella le dijo la subprocuradora que su hijo se conectó a Facebook el 19 de octubre. “Que tengan sangre en la cara Murillo, Osorio Chong, y toda esa gente que por tener el poder no les importa que les digan cosas, ya que se larguen, que renuncien, porque no pueden con el caso, que no se hagan mensos”, dijo.

Cruz ratificó que sí hubo participación en los hechos de Iguala de los militares del 27 Batallón, quienes cerraron calles y salidas. “No proporcionaron auxilio a los muchachos, ¿por qué? Si a los asesinos los encarcelan, porque si los muchachos hicieron mal tratarlos así. Los soldados ya los habían amenazado que si regresaban los mataban”.

La señora afirmó que un padre llamó a su hijo y el celular sonó en el Batallón, “si se acostumbraron a que las cosas se quedaran sin que pasara nada esta vez no”, advirtió. Otros padres de familia señalaron los soldados queman su terreno cada año y que en las visitas al panteón se dieron cuenta que no fueron llevados a ese lugar para ser quemados.

El vocero Felipe de la Cruz acusó a Enrique Peña Nieto de violentar acuerdos en el punto de que primero se avisaría a los padres de familia de la información del caso; sin embargo, las prisas políticas del gobierno impiden que se respete a las víctimas

Lo anterior fue visto como respuesta a la concentración efectuada el 26 de enero en México y otros países ante un crimen de lesa humanidad por el cual se han manifestado de manera pacífica por el respeto a la vida y la integridad física.

Por parte del Comité Estudiantil de la Normal Rural asentada en Tixtla Guerrero, el secretario general del comité indicó que no permitirán que se cierren las investigaciones sin una respuesta real a las familias.


Soldados tomaron fotos, pusieron contra la pared, y esculcaron a los nor...





El Ejército y la Policía Federal tomaron el control de 13 alcaldías de Guerrero, a fin de evaluar a sus policías y revisar sus equipos de comunicación para determinar si tienen vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Los municipios tomados por las fuerzas federales son: Teloloapan, Apaxtla, Buenavista, Taxco, Coyuca de Catalán, Altamirano, Tlepehuala, Pilcaya, Arcelia, Ixcateopan, San Miguel Teloloapan, Cocula e Iguala; mientras que se realiza un operativo especial en Ixtapan de la Sal en el estado de México, informaron el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el titular de la PGR, Jesús Murillo, y el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.

Infirmaron que el desarme de los policías municipales tiene el propósito de revisar su armamento, y someterlos a nuevas evaluaciones.

Esta acción se da luego de que el jefe de sicarios de los Guerreros Unidos, un sujeto apodado El Chuky, (a quien se acusa de ordenar la desaparición de los 43 normalistas) dio información en la que acusaba a los presidentes municipales de Taxco; Ixtapan de la Sal; Iguala; Huitzuco; Tepecoacuilco; Cocula; Teloloapan; Apaxtla, de formar parte de la estructura de Guerreros Unidos.





En el propio expediente de la PGR, las huellas del Ejército en caso Ayotzinapa


De acuerdo con las declaraciones ministeriales que forman parte del expediente de la PGR sobre el caso Ayotzinapa –a las que tuvo acceso Proceso-, en la trama de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre en Iguala se entrelazan acciones de mandos y tropas del Ejército que contribuyeron a crear el clima de impunidad criminal que desembocó en los asesinatos y las desapariciones forzadas de los normalistas guerrerenses. Los testimonios muestran que la PGR conocía incluso la actividad delictiva de los Abarca y la red de corrupción de la cual aún trata de zafarse, ante la opinión pública, el procurador Murillo Karam.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, está empecinado en atribuir toda la responsabilidad de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa al crimen organizado en colusión con autoridades municipales, a fin de salvar la imagen de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, tiene elementos para considerar la presunta responsabilidad de mandos militares en la tragedia que puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El expediente del caso (más de 50 tomos) contiene declaraciones ministeriales rendidas por los testigos e inculpados ante agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde se advierte que por lo menos los comandantes de los batallones de infantería 27 y 41, de Iguala y Teloloapan, así como de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, estuvieron al tanto del poder corruptor y de la capacidad de fuego del cártel Guerreros Unidos, al que la PGR atribuye la tragedia.
La penúltima semana de 2014 el presidente municipal de Cocula, el priista César Miguel Peñaloza, permaneció en instalaciones de la SEIDO para rendir su segunda declaración ministerial. La dependencia pretendía inculparlo, pero el Juzgado Primero en Procesos Penales con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó su liberación por falta de pruebas.
“Altos funcionarios” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejercieron presión sobre Peñaloza, desde que llegó al cargo en octubre de 2012, para que designara titulares de la Dirección de Seguridad Pública municipal al teniente Tomás Bibiano Gallegos y el mayor Salvador Bravo Bárcenas, ambos retirados, según publicó el pasado 30 de diciembre el diario La Jornada.
El primero fue asesinado en noviembre de ese año y el segundo está libre bajo reservas de ley, tras declarar como testigo el pasado 15 de octubre ante la SEIDO.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1992, ya en circulación)
Gloria Leticia Díaz 

Astillero: Cepillo providencial 28 Enero 2015

Astillero Júlio Hernéndez López

Iluminado de pronto por un providencial Cepillo (traído sugerentemente a escena apenas unos días atrás), cuyas declaraciones naturalmente bajo sospecha de llevar la marca Tehuacán fueron convertidas en argumento sustituto de los dictámenes de Innsbruck que en su primermundismo inadaptado nada pudieron esclarecer científicamente a partir de cenizas preparadas para ser inescrutables, el Fabulador General de la República (FGR, de iniciales JMK) cerró triunfal el ciclo narrativo que en su momento propuso lo que semanas de suspenso dosificado fueron “confirmando” programadamente: la tesis inicial de los malvados poderes solamente locales (el presidente municipal y su esposa, los directores policiacos pueblerinos, los jefecillos nativos del crimen organizado, pero sólo ellos, sin asomo alguno de factores federales, mucho menos militares), la sugerente infiltración de agentes del narcotráfico (Los Rojos, no alguna corporación oficial) entre los normalistas ingenuos o manipulables (o las dos cosas y más, conforme las acomodables averiguaciones previas luego lo indiquen), la elaborada faena homicida y pirotécnica de un cártel de presunta unidad guerrera usualmente desentendido e ignorante de las improbables exigencias doctorales de desaparecer a cielo abierto y en aguas cercanas no solamente cuerpos sino especialmente indicios y, al final, el resplandor indudable de la verdad, la justicia, la ley y otros alias incluidos en declaraciones, pruebas y dictámenes periciales que acabarían demostrando la tarde de ayer que el gobierno de la República (iniciales con mayúscula para demostrar gráficamente la grandeza de las instituciones, tan a salvo de cualquier suspicacia) ha hecho un esfuerzo extremo hasta llegar a la verdad calificable ahora sí de “histórica”, procesalmente consignable, pero sólo por delitos que no afecten más que a los niveles igualtecos y cuando mucho coculenses.

Fue un cierre hecho a tiempo, conforme a itinerario, un día después del desahogo por los cuatro meses de la desaparición que los estrategas oficiales consideran que irá bajando de intensidad, justo entre las escaramuzas electorales que ayudarán a distraer la atención del respetable público y con signos puntuales de que el peñismo pretende “poner orden” a partir de que el caso Ayotzinapa ha sido declarado cerrado en cuanto a investigaciones (aunque el escrupuloso Murillo Karam advirtió que podrían faltar algunos ingredientes por indagar y algunas detenciones por realizar, luego que en primera respuesta hubiera aceptado que sí considera cerrada esta fase judicial).

A partir de la fecha, toda protesta (individual o social) deberá ser presentada por escrito, con suficientes copias, sellos y argumentos formales para solicitar su integración al expediente del caso, sometiéndose obviamente a ese largo y silencioso curso institucional, pues el tema ya no estará a discusión, precisados por las respetables autoridades los hechos, los autores y el móvil, en espera ya nada más de que la incorruptible justicia mexicana se abra paso con sentido ejemplar para demostrar que esos hechos son castigados y que no se volverán a repetir.

El nuevo manual para promover al Ciudadano Bien Portado fue incluso presentado en una cuidada edición videográfica, con modulada y comprensiva voz de locutor profesional, música coadyuvante (sin coreografías ni aplausos grabados, por respeto), escenarios simulados, espectaculares tomas del basurero tan hondo y sin casas en las cercanías que obviamente nadie podría ver columnas de humo ni percibir olores de muerte, suplementos científicos varios, breviarios de dictámenes y malabares forenses nacionales y una explicación muy detallada de la Verdad Histórica (declamada ayer por el fabulador Murillo y el jefe policiaco Tomás Zerón) que los mexicanos sabían pero temían no encontrar en video.

La consagración del guionista Murillo Karam tuvo como antecedente la reincidencia del lic. Enrique Peña Nieto en su gustada rutina del “Supérenlo ya”. Compungido por los graves sucesos que se esmeró en precisar que correspondían a niveles meramente municipales, proclamó que este “instante”, este “momento” de la historia nacional “no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”. Convencido de que su gobierno ha hecho “un esfuerzo sin precedente de búsqueda e investigación” (del cual Murillo Karam hablaría más adelante y en otro escenario), aceptó compungido que “tenemos que asumir el derrotero de seguir caminando para asegurar que México tenga un mejor porvenir”. Pues sí. Ni modo. Ya qué.

El cierre de la investigación y su consecuente pretensión de rencauzar el tema hacia el ámbito procesal jurídico buscan dar sustento a la intención peñista de actuar con firmeza contra las múltiples expresiones de descontento contra su gobierno y específicamente contra la manera en que se ha tratado el caso Ayotzinapa. El ocupante de Los Pinos busca apoyos declarativos y mediáticos, con figuras que respalden la tesis de que ya es hora de meter orden y que no debe enfatizarse la tragedia de Iguala (siempre colaborador, el rector José Narro se permitió la solidaridad retórica de parafrasear a EPN, al decir, o repetir, que “no debemos quedar atrapados en este momento de la historia”. Cualquier coincidencia es pura similitud). Horas antes de los discursos en un acto educativo, y de la conferencia de prensa de Murillo y Zerón, la Policía Federal había impedido, por primera vez desde hace cuatro meses, que encapuchados tomaran una caseta de peaje en Palo Blanco, Guerrero. Distintas voces entendieron los varios signos del martes del carpetazo como anuncio de que Peña Nieto al fin va a actuar contra quienes a su entender subvierten el orden público.

Y, mientras el PRI tiene desmemoria y descaro al proponer como candidata a gobernadora de Sonora a la beltronista Claudia Pavlovich, la actual senadora que apoyó abiertamente a los dueños de la guardería ABC de Hermosillo, ¡hasta mañana, con Lorenzo Servitje llamando a los empresarios a apoyar a Peña Nieto, porque está en “el peor de sus momentos” (no me defiendas, osito Bimbo)!

@julioastillero


martes, 27 de enero de 2015

Opinión del Lic Gerardo Fernández Noroña sobre declaración de PGR 27 Enero 2015



Los aliados inconscientes de Peña

Artículo publicado en SPD Notícias

El debate está abierto sobre votar o no hacerlo. En éste yo he aseverado y sostenido  que quienes promueven el abstencionismo benefician a Peña y a su partido, el PRI.
Esto ha generado un profunda irritación. Por ello voy a explicar primero el porque de mi reflexión, para que no sea sacada de su contexto, y después responderé a las múltiples descalificaciones.
He sostenido y sigo sosteniendo que la vía electoral  está cerrada para acceder a la presidencia de la República. Las reglas para la izquierda en una elección presidencial son: si pierdes pierdes y si ganas pierdes. Nos han robado la presidencia de la República en por lo menos tres ocasiones: 1988, 2006 y 2012.
Frente a esto, hay quien distorsiona lo que sostengo, al interpretar que la vía electoral está cerrada en general. Muchos muertos ha habido, sobretodo en el PRD, para abrir la vía electoral. Desde su fundación en 1989, el PRD ha aportado una enorme cuota de sangre de no menos de 600 militantes asesinados por exigir el respeto al voto en nuestro país.
A raíz de esa lucha firme y decidida, se fue abriendo el reconocimiento a triunfos electorales de la oposición. En 1989 el primer gobierno estatal le fue reconocido al PAN con Ernesto Ruffo.
Mucho se ha tenido que luchar para que se reconozcan triunfos en municipios, en estados y en cargos de representación popular. Es cierto, que en pleno siglo XXI, no se ha logrado el respeto al voto de nuestro pueblo. Cierto es también que millones participan en los procesos electorales y que luchan para que sea respetado el ejercicio de su voto.
Ahora bien, ¿Se logrará ese respeto al voto absteniéndose de votar? No lo creo,  ni percibo que sea el objetivo de quienes llaman a no votar. ¿En qué daña a Peña y a su partido, el PRI, el no votar? Esa es una pregunta que los abstencionistas deben contestar.
Por otra parte, en el contexto actual  ¿Cuál  sería el objetivo de votar?. Quiénes llamamos a votar no estamos planteando, yo en particular, que se vaya a cambiar el país mediante el voto en las próximas elecciones intermedias. Las elecciones federales se realizarán para renovar la totalidad de los 500 diputados de la Cámara Federal. Lejos estaría el país de poder transformarse con la renovación de la Cámara de Diputados. Lo más que podría lograrse, y lo veo poco factible, es tener una mayoría opositora que eche atrás la reformas neoliberales que Peña ha impuesto al país.
Para ser más puntual, yo llamo a votar para restarle poder al desgobierno de Peña en la Cámara de Diputados. Un objetivo modesto, viable y cuantificable.
Quienes llaman a no votar, en cambio lo presentan con grandilocuencia como una gran salida y el golpe fundamental a la legitimidad de las actuales instituciones del país. Como una muestra de repudio a una clase política corrompida y lejana a la población.
El planteamiento tiene varios lados flacos. El más reaccionario de todos es el hecho de descalificar a todos quienes participamos en política. Se acepta un discurso de la derecha despolitizador que frente a la corrupción e impunidad demostrada de las cúpulas del PRI y del PAN pretenden  meter a la izquierda y a todo actor político en el mismo saco. Cierto que a esta crítica le ha abierto la puerta la conducta colaboracionista de la cúpula del PRD.
Así es muy fácil endilgarles el epíteto de corruptos, vividores, y demás lindezas a muchos hombres y mujeres que desde la política hemos servido al pueblo de México. Ejemplos de políticos comprometidos hay una larga lista. No viene al caso citar los ejemplos concretos
de hombres y mujeres que han dedicado toda su vida al servicio de la gente desde la política. Son hombres y mujeres de carne y hueso, con virtudes y defectos, que algunos pueden considerar polémicos. Pero sin duda han dedicado su vida a servir al país y no pueden ser señalados con seriedad de corruptos, de asesinos, ni de traidores al pueblo.
Políticos y políticas no conocidos los hay de prácticamente todos los partidos que trabajan con principios y con seriedad y los hay por millones en el país, lo digo sin exagerar.
Así que volviendo al debate sobre votar o no votar, la descalificación ligera sólo sirve a la derecha.
Sumado a lo anterior, al llamar a no votar, se desalienta a participar a quienes no votarían por el PRI. Se permite un mayor margen de maniobra al desgobierno de Peña y evita a sus francos opositores a restarle fuerza mediante el voto canalizado a la oposición. 
Volverá el discurso descalificador planteando que no hay opción. No hay una opción general ciertamente. Es decir, no hay un partido de izquierda que se presente con la solidez y confiabilidad para representar una oposición firme en la Cámara. Habrá que revisar candidato por candidato en cada uno de los distritos electorales. Puede presentarse el caso que determinados distritos carezcan de una opción  confiable para votar. Pero aún en esta última situación, no se justificaría el llamado generalizado a dejar de votar.
Los padres de los normalistas desaparecidos en Guerrero, no están llamando a no votar (algunos padres en particular lo hacen, pero no es la posición oficial del conjunto). Su vocero ha sido enfático, en Guerrero no habrá elecciones. En Guerrero, donde los padres de los normalistas tienen fuerza y presencia, convocan a no permitir la realización de los comicios y ponen el ejemplo de lo que debería darse en una rebelión popular en todo el país. Evitar el desarrollo de las elecciones es una posición de fuerza y de rebeldía. 
Nada tiene que ver con llamar a no votar, que es una postura cómoda, sin mayor compromiso y sin mayor efecto en contra del sistema. Ya los oigo decir que todos los partidos son lo mismo.  Ese planteamiento no tiene matices, no tiene profundidad y es sumamente peligroso. Un golpe de Estado podría materializar sus sueños y sus planteamientos: desaparecerían los partidos, desaparecería el Congreso, desapareceríamos quienes nos dedicamos a la política y quedarían al frente los militares para hacer de Ayotzinapa, de Tlatlaya y de Apatzingán, algo más cotidiano de lo que ya es hoy en día, una terrible pesadilla de baño de sangre que vive nuestro país.
O podría no darse una dictadura militar, pero si una dictadura civil. Perú es un buen referente. Vivió un proceso similar cuyo desencanto de la población llevó a elegir a un absoluto desconocido: Alberto Fujimori representante "limpio" de la ciudadanía. El resultado por conocido es innecesario de reproducir y fue un absoluto desastre.
Lo que el país requiere es una profunda politización de su pueblo. Una rebelión no violenta que barra con todas las estructuras caducas y corruptas, y que construya un nuevo orden económico político y social. Ahí,  en la construcción de este nuevo país, cabemos todos. 
Hay quienes sostienen que por ser políticos nos hemos ensuciado. No es así. Tendrían que señalar puntualmente actos de corrupción o de traición al pueblo de quienes nos dedicamos a la política para descalificarnos de ese modo, pues a quienes hemos luchado del lado del pueblo, nuestros actos nos definen y nos dignifican.
Volviendo al viejo debate sobre la vía electoral, ahí esta el caso de Grecia, una izquierda muy comprometida con el pueblo llega al poder por la vía electoral. Nosotros en México debemos abrir esa vía para que se respete el voto en las elecciones presidenciales y no veo otro camino que la desobediencia civil. Adelanto que no votar lejos está de la desobediencia civil. De cualquier manera estoy cierto que no vamos a cambiar la posición de nadie en esta coyuntura electoral. Quienes no quieran votar, no lo hagan. Sólo quiero dejar en claro las responsabilidades que en su momento, a cada quien, nos serán reclamadas.

"El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz".
Gerardo Fernández Noroña. México D.F. a 27 de enero de 2015


Los empresarios mexicanos vs padres de normalistas Ayotzinapa



Si resulta evidente la enorme brecha que existe entre los objetivos del cártel partidista-gubernamental y un importante sector de la sociedad civil mexicana, que sigue presionando para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, la postura de los empresarios no se queda atrás. Más allá de las muestras de desprecio sistemáticas hacia los trabajadores por parte de los criollos del siglo XXI –producto de una larga tradición racista incubada en las miasmas del eurocentrismo- el caso Ayotzinapa devela la forma de concebir el mundo por parte de los dueños del dinero en México.
Si bien, en un principio, los empresarios organizados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) deploraron las desapariciones de los normalistas en Guerrero, solicitando “la creación de una comisión ciudadana para que apoye el trabajo de los responsables de las investigaciones y el resultado de las mismas”, recientemente su postura ha cambiado, demostrando su verdadera percepción del conflicto. El propio Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, exigió recientemente que sean castigados los manifestantes que ingresaron al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Molesto por la irrupción de profesores y estudiantes normalistas en el Foro Emprendedor Guerrero -organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)- Gutiérrez Candiani declaró que “además de manifestar su intención de sabotear procesos electorales y en una nueva y grave acción, inédita en México, provocaron con violencia e irresponsabilidad a las fuerzas armadas en las propias instalaciones de éstas”. Acusó a los manifestantes de tener intereses políticos, ajenos a las demandas de justicia y respeto a los derechos humanos.
Sin ánimo de entrar a la discusión de las supuestas diferencias entre política y justicia, baste decir que los empresarios mexicanos han cerrado filas alrededor precisamente de semejante sofisma para darle la vuelta a la hoja. Así lo dijo Enrique Solana, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), quién consideró injusto que por 43 personas se dañe a los tres y medio millones de habitantes del estado de Guerrero y, sobre todo, a los 150 mil empresarios que impulsan, según él, el crecimiento económico en el estado. ¡Ésa si es una injusticia!
Para tener una idea de las razones que arguyen los empresarios para darle carpetazo a las investigaciones, que mejor que las declaraciones de unos de sus adalides, el obispo Onésimo Cepeda, quien en su acostumbrado tono parroquial expresó su desconcierto por las protestas cuando dice: “Si ya desaparecieron, ya desaparecieron”, por lo que recomienda rezar por los muertos y dejar que las autoridades hagan su trabajo, o sea, echarle tierra al asunto para seguir moviendo a México.
Las protestas en Guerrero no sólo han puesto en la mira a las autoridades civiles y militares sino también al mundo empresarial, desatando la ira de los benefactores de la sociedad que se sacrifican todos los días para generar empleos chatarra y envenenar a la población con sus productos y servicios. Un empresa líder en ‘beneficiar’ a la población es Bimbo (empresa productora de golosinas enharinadas que han detonado la obesidad infantil a un ritmo sin precedentes en el país) que por medio de uno de sus fundadores, Roberto Servitje, repitió la cantinela empresarial para demeritar las manifestaciones sociales por la desaparición forzada de los normalistas:   “Hay inconformidad de algunos grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene, y se están aprovechando con respeto a todos ustedes los medios también exacerban la situación”.
Las perlas declarativas mencionadas arriba confirman que los empresarios están en sintonía con respecto al caso Ayotzinapa, exigiendo de paso a sus socios minoritarios que acaben con las protestas y reestablezcan el estado de derecho. La COPARMEX manifestó recientemente en un comunicado de prensa que La responsabilidad es compartida entre los tres órdenes de Gobierno, y los presidentes municipales y gobernadores deben también dar una respuesta clara y contundente de cara a la sociedad que exige ¡ya basta de violencia!” Nótese lo de ‘respuesta clara y contundente” para medir el nivel de frustración de los empresarios y su vena autoritaria. Porque en el fondo, lo que está en entredicho para los ‘motores’ del crecimiento es el principio de autoridad, fundamento del orden social que amplifica las posibilidades de apropiarse de la riqueza producida socialmente.
Más allá de las diferencias en el manejo del conflicto entre empresarios y gobierno -los primeros consideran inadmisible que se administre la crisis permitiendo que, por ejemplo, se obligue a los militares abrir los cuarteles- no se puede pasar por alto que la violencia social es producto en primerísimo lugar de la explotación sistemática de los trabajadores en beneficio de unos cuantos. Es esa violencia, inspirada en el afán de lucro, la que ha generado no sólo el caso Ayotzinapa, sino también Acteal, Aguas Blancas, las desaparecidas en Ciudad Juárez, los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico y un largo etcétera, desmantelando sin rubor a un país para mantener la lógica capitalista. Y mientras tanto, la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas continúa firme, imparable. 



¿Movilizaciones “bien portadas” y movilizaciones “mal portadas”?



Desde los primeros días del mes de octubre del año pasado se llevaron a cabo una serie de movilizaciones en distintos lugares del país para repudiar el crimen de Estado perpetrado contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. La masacre y la desaparición forzada de aquél 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, despertó gran indignación y coraje por lo que se fueron sucediendo una serie de movilizaciones, mostrando diferentes formas de protesta social, para repudiar el crimen de Estado y exigir la presentación con vida de los normalistas detenidos-desaparecidos. 
Hasta la fecha los estudiantes y el pueblo trabajador han mostrado su indignación y coraje por medio de distintas formas de protesta social: marchas masivas, bloqueos carreteros, tomas de casetas, mítines, brigadeos, paros en escuelas, pintas, expropiaciones de mercancías y bloqueos a supermercados. Ante la legítima protesta social, el Estado ha respondido activando su estructura represiva para contener algunas movilizaciones y criminalizar la protesta social, claro, siempre acompañado de campañas de estigmatización en los medios de comunicación. En ciertas movilizaciones realizadas en la ciudad de México y en Guerrero la provocación policial ha desembocado en enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos represivos del Estado. 
Ante dicha situación la televisión, la radio y la prensa escrita han repetido una y otra vez que los enfrentamientos en las movilizaciones son causadas por grupos de “encapuchados”, “pseudoestudiantes” y “vándalos” que, según ellos, “utilizan el pretexto de Ayotzinapa para llevar a cabo actos violentos”. Tal discurso pretende criminalizar la protesta social y preparar el terreno para que el Estado emprenda “legítimamente” el uso de la fuerza represiva en contra de las movilizaciones estudiantiles y populares. 
El Estado ha venido diciendo que no va permitir que pequeños grupos emprendan acciones que atenten contra la “estabilidad del país” y que de ser necesario utilizará la fuerza, como ya ha comenzado a hacerlo. Es decir, el Estado va seguir recurriendo a la fuerza represiva para contener y desarticular la protesta social sin importar que la demanda más importante sea la presentación de los detenidos-desaparecidos, la libertad de los presos políticos o exigir mejores condiciones de vida. 
Algunas organizaciones reformistas y oportunistas consideran que los enfrentamientos en las manifestaciones son empujadas por “infiltrados” y “violentos”, por lo que asumen que con este tipo de acciones se “provoca” la represión y por ende la detención de los manifestantes lo cual, dicen, desgasta la movilización y la “distrae” de sus objetivos. Tal posición que pretende desmarcarse de ciertos métodos de lucha, termina por criminalizar y estigmatizar las distintas formas que puede presentar la protesta social. El sostener tal posición implica negar que la violencia proviene y la genera en primera instancia el Estado con la finalidad de reprimir, hostigar y contener el movimiento social. 
Lo que tienen en común estos tres discursos (el del Estado, los medios de comunicación y las organizaciones reformistas) al decir que la violencia y los enfrentamientos en las movilizaciones son el resultado de “infiltrados”, “vándalos” y “pseudoestudiantes” es que terminan por criminalizar ciertas formas de protesta social, además de tratar de plantear que existen movilizaciones “bien portadas” y movilizaciones “mal portadas”, cuando en realidad lo que se manifiesta son distintas formas de descontento social. Por lo que es necesario considerar lo siguiente: 
1) La indignación, la rabia y el enojo acumulado durante años por nuestro pueblo explotado y oprimido desemboca en distintas formas de protesta social , presentándose desde marchas con personas cargando velas hasta movilizaciones que reivindican y llevan a cabo la acción directa o realizando expropiaciones a supermercados, pasando por los bloqueos y tomas en todas sus modalidades. Lo cual nos enseña que existen diversas formas de expresar el descontento social y, estemos de acuerdo o no con ellas, no debemos de criminalizarlas. 
2) La represión en las manifestaciones se debe al carácter represivo del Estado burgués. La violencia la genera y desata el Estado y no las formas de protesta social. La represión a las manifestaciones actuales tiene la intención de evitar la consolidación de los procesos organizativos y sembrar miedo en el pueblo que aún se encuentra indeciso de participar en la lucha. 
3) Al deslegitimar la violencia en ciertas formas de protesta se termina haciendo eco al discurso del Estado, ya que la única violencia que se termina deslegitimizando y criminalizando es la que surge de la protesta social, como bien lo dice Adolfo Sánchez Vázquez: “se tiende a descalificar toda forma de violencia política, aunque en realidad la que se descalifica es una forma específica de ella: la violencia insurgente o revolucionaria”. 
4) La infiltración en las movilizaciones es y ha sido una práctica constante del Estado, pero los infiltrados no siempre, ni por sí solos, desatan los enfrentamientos en las movilizaciones y tampoco son los únicos que emplean la violencia. Enfrentarse a los granaderos es una forma más de expresar el descontento social de personas que no son infiltradas –aunque en ocasiones se presente como un acto espontáneo o imprudente-. 
5) Hay que tener claro que la violencia y el enfrentamiento con los cuerpos represivos del Estado no deben ser un fin en sí mismo. Creer que aventar una bomba molotov, y unas cuantas piedras de vez en cuando va a ayudar a elevar el nivel de conciencia de clase del movimiento es un error. 
Todo lo anteriormente descrito nos lleva a la conclusión de que el pueblo recurre a distintas formas para expresar el descontento social, con las cuales podemos estar de acuerdo o no, pero eso no implica que tengamos que criminalizarlas. En todo caso, nuestra tarea como socialistas es que la protesta social desemboque en procesos permanentes de organización que puedan hacerle frente a la represión del Estado y que vislumbren la transformación socialista de la sociedad como solución para poner fin a todos los males que vivimos. 

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección DEBATE del No. 5 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 18 de enero de 2015.


Iguala Informe PGR 27 Enero 2015



México, D.F. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ratificó hoy la versión de que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y sus cadáveres se incineraron en el basurero municipal de Cocula.

En una conferencia de prensa este martes, Murillo Karam dijo que esa conclusión se desprende de las confesiones de policías y los responsables materiales, 386 declaraciones en total, además de otros elementos.

“Esa es la verdad histórica de los hechos”, concluyó.

Murillo Karam también expuso que los resultados que dieron positivo para Alexander Mora Venancio (uno de los normalistas, cuyos restos fueron identificados en el laboratorio de Innsbruck), demuestran la versión.

El procurador subrayó que “no hay ni una sola evidencia” de la participación del Ejército en los hechos.

Asimismo expuso que el Instituto de Biología de la UNAM participó en las investigaciones y certificó que el incendio de los cadáveres afectó la biología de la zona y que el crecimiento de la flora en el lugar ocurrió durante 30 días, antes de la fecha del hallazgo.

El área total de fuego, abundó, fue de 140 metros cuadrados, en una superficie de 15 por 9 metros cuadrados.

La detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, es clave para la investigación, consideró a su vez Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Rodríguez Salgado, miembro de Guerreros Unidos, detenido el pasado 15 de enero, “participó en el secuestro, homicidio y desaparición” de los jóvenes, señaló Zerón.

Agregó que El Cepillo era jefe de sicarios para Guerrero Unidos en Iguala, y realizaba con César Nava, subdirector de policía de Cocula, el trasiego de droga y acciones para evitar que grupos antagónicos entraran a esa zona.

Su detención, precisó, es importante, ya que los testimonios lo identifican como el líder y confiesan que fue él quien ordenó el homicidio y desaparición de los estudiantes.

Felipe Rodríguez, dijo Zerón de Lucio, recibió una llamada en la que le dijeron que un grupo antagónico estaba atacando Iguala y que se trasladara a Loma del Coyote.

Zerón citó un extracto de la declaración ministerial de Rodríguez Salgado, en la cual el detenido dice: “El Chuky me llamó por teléfono y me dijo que iba a entregar paquetes (como les decían a rivales en el negocio de drogas) que eran de Los Rojos y me los entregó en Loma del Coyote. Allí dice que a los estudiantes se les interrogó, se les asesinó y se les incineró.

“Llegando al basurero de Cocula bajamos a los estudiantes de la camioneta percatándome que unos ya estaban muertos creo que por asfixia, siendo que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente entre 15 y 18 estudiantes.

“Al llegar al basurero me percaté que todavía estaba prendido el fuego y muchas cenizas... me dan la orden de Gil que fuera a recoger las cenizas para tirarlas al río, por lo que ordené al Pato que fuera a comprar bolsas de plástico y nos regresamos al basurero para recoger las cenizas con una pala que llevaba en la camioneta”.

Tomás Zerón señaló que por ello se solicitará una pena de 140 años de prisión para Rodríguez Salgado, ya que está acusado por secuestro agravado.

Añadió que lo ocurrido en el basurero de Cocula se trató de un “crimen atípico”, porque el nivel de participación que jugó cada uno de los involucrados era diferenciado. Los que detuvieron a los estudiantes no supieron lo que posteriormente ocurrió.

Durante la conferencia fueron presentadas imágenes aéreas y satelitales de la zona que fue quemada. Los estudios “corroboran los daños causados por el fuego radiante”, el cual pudo haber alcanzado en el centro hasta mil 600 grados centígrados, dijo Zerón.

En la conferencia de prensa se presentó en video parte de las declaraciones de Rodríguez Salgado, en las cuales señala que policías de Iguala y Cocula le entregaron a los normalistas: “Los iban acomodando como costales”.

Según las declaraciones de Murillo y Zerón, María de los Ángeles Villa Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, está acusada de lavado de dinero como una forma de asegurar que estuviera en prisión, mientras concluía el resto de la pesquisa.

Añadieron que no puede ser acusada por desaparición forzada porque no era funcionaria; sin embargo para Abarca sí se está integrando la averiguación.

Asimismo, se cuenta con un retrato hablado de El Chuky y ya se encuentran trabajando en la zona para lograr sus detención. También refirieron que un hombre identificado como El Fercho, habría actuado como secretario de El Gil, y fue el enlace con El Cepillo.

Hasta el momento, señaló Tomás Zerón, quedan cinco órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en este caso.

Murillo aseguró que los peritos argentinos sí estuvieron durante la elección de restos que se enviaron a Innsbruck, y se cuenta con videograbaciones de tales sesiones.

Agregó que aunque aún hay responsables por detener, la investigación se tiene que cerrar porque hay que castigar a los culpables.

Como parte de la indagatoria ya hay 99 detenidos, entre ellos más de 50 policías municipales, así como Abarca y su esposa, considerados autores intelectuales de los hechos.

Los familiares de los estudiantes han señalado en las últimas semanas que los jóvenes pudieron estar detenidos en instalaciones militares y han rechazado la versiones sobre el asesinato masivo y la incineración de cadáveres.



"Fue el Estado" Desaparición Forzada Estudiantes Normalistas de Ayotzinapa

Lenia Batres

(26 de enero, 2015).- Cuatro meses después, lo único claro en el crimen e investigación del caso Ayotzinapa es el carácter putrefacto y pusilánime del Estado mexicano bajo el gobierno actual.

“Fue el Estado”, decimos con la seguridad de que se trató de un crimen propiciado por la situación de violencia absurda y encarnizada con que se “combate el crimen organizado” en nuestro país en estos dos últimos gobiernos prianistas. Pero también fue el Estado, porque en el derecho internacional los Estados son responsables política y jurídicamente de los crímenes humanitarios cometidos en su territorio cuando participan servidores públicos. Y, afortunadamente, los jueces mexicanos están obligados a aplicar directamente el derecho internacional tratándose de derechos humanos.

No obstante, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, ha advertido que ninguno de los presos se encuentra acusado los delitos de tortura y desaparición forzada. Amnistía Internacional ha secundado la denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué insiste la PGR en tipificar sólo como homicidio y secuestro el crimen contra los normalistas y no como tortura y desaparición forzada?

Sobre la figura de la desaparición forzada, en su editorial de este sábado 24 de septiembre, La Jornada aventura una explicación jurídica:

…el Estado mexicano ha sido históricamente omiso en el tema, empezando por la propia conceptualización de ese delito en el marco normativo. Debe indicarse que hasta ahora la desaparición forzada no está tipificada en todas las entidades de la República y que, en el caso del Código Penal Federal, su definición es vaga y no está homologada con los instrumentos jurídicos internacionales en la materia, aunque éstos han sido suscritos por México.

Esa interpretación fue mencionada durante la visita del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2011, pero no se retomó en el Informe respectivo,[1] quizá porque el 10 de junio de 2011 fue publicada la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el 22 de junio siguiente se publicó también la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento que compromete a los Estados parte a la homologación legislativa en la materia.

Diez años antes de estas normas, el 1 de junio de 2001, fue adicionado al Código Penal Federal el “Capítulo III Bis. Desaparición Forzada de Personas”. Se trata de los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D, que dicen textualmente:



CAPITULO III BIS

Desaparición forzada de personas

Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Artículo 215-B.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión.

Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.

Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.

Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Artículo 215-C.- Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

Artículo 215-D.- La oposición o negativa a la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, comisión o empleo, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta.

De este capítulo, cabe resaltar que se encuentra en el “Título Décimo. Delitos Cometidos por Servidores Públicos” y no en el “Título Tercero. Delitos contra la Humanidad” del Código Penal Federal. De acuerdo con el artículo 212, del Título Décimo del propio Código:

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente.

Es decir, las conductas tipificadas en el Código Penal Federal respecto de servidores públicos, federales y locales, son imputables tanto a los que expresamente se mencionan como a “cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título…”.

A mayor abundamiento, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala cuáles son delitos del orden federal, indicando en su fracción I, inciso a): “Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales”.



(2)MEXICO-AYOTZINAPA-SEGURIDAD-DESAPARECIDOS

México ha firmado dos instrumentos internacionales en la materia: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada el 6 de mayo de 2002, y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada el 22 de junio de 2011.

Además de que los tratados internacionales convierten dicha conducta federal o local en delito federal, la reforma del artículo 1º. de la Constitución, párrafo segundo, establece el principio pro persona para favorecer la interpretación más protectora de los derechos humanos:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

La Convención de 2011 mencionada define a la desaparición forzada así:

Artículo 2

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Como se observa, se señala como sujetos activos del delito a los “agentes del Estado”, es decir los servidores públicos, sin distinguir su rango municipal, estatal o federal, así como a cualquier persona que participe en el acto delictivo. Como se ha relacionado aquí, la diferencia con la tipificación del Código Penal Federal pierde relevancia en tanto, al tratarse de un delito federal, “cualquier persona” que participe en dicho ilícito, incluyendo a los servidores públicos municipales o estatales, debe ser sancionada de igual manera, como autor de un delito grave.

No obstante, no es el tipo penal lo que preocupa tanto al gobierno. El problema no es que no esté tipificado en los códigos penales locales la desaparición forzada (ya que es delito federal, insisto). La necedad del gobierno de no encuadrar en el tipo penal de desaparición forzada la conducta cometida contra los normalistas de Ayotzinapa, se debe más que a la protección de los servidores públicos que ya están en la cárcel, a una intención más perversa aún: desobligar al Estado de todo lo que se ha comprometido en las dos convenciones internacionales en la materia y fingir, por sempiterna vez, que México respetan los derechos humanos.

El gobierno federal se niega a cumplir con las obligaciones que, como representante del Estado mexicano, tiene en caso de desaparición forzada: realizar la investigación pertinente; homologar el tipo penal el descrito en las convenciones, incluyendo, además, la responsabilidad del servidor público que participe directamente, del superior que tuvo conocimiento y de los militares de acuerdo con el derecho internacional; facilitar la extradición tratándose de criminales o víctimas en otros países; y cumplir con el principio de legalidad en el cumplimiento de órdenes de privación de libertad, entre otras señaladas en la Convención de 2011.

Ayotzinapa los pinos 

Transcribo a continuación los artículos 5, 12, 15, 23 y 24 de la misma Convención, que establecen otras de las obligaciones que teme asumir el gobierno mexicano, la más grave, señalada en el artículo 5:

Artículo 5

La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.

Artículo 12

1. Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial.

Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada.

2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

3. Los Estados Partes velarán para que las autoridades mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo:

a) Dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes para la misma;

b) Tengan acceso, previa autorización judicial si fuera necesario emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona desaparecida.

4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas de las que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación.

Artículo 15

Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos.

Artículo 23

1. Cada Estado Parte velará por que la formación del personal militar o civil encargado de la aplicación de la ley, del personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes de la presente Convención, a fin de:

a) Prevenir la participación de esos agentes en desapariciones forzadas;

b) Resaltar la importancia de la prevención y de las investigaciones en materia de desapariciones forzadas;

c) Velar por que se reconozca la urgencia de la resolución de los casos de desaparición forzada.

2. Cada Estado Parte prohibirá las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas. Cada Estado Parte garantizará que la persona que rehúse obedecer una orden de esta naturaleza no sea sancionada.

3. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que, cuando las personas a las que se refiere el párrafo 1 del presente artículo tengan razones para creer que se ha producido o está a punto de producirse una desaparición forzada, informen a sus superiores y, cuando sea necesario, a las autoridades u órganos de control o de revisión competentes.

Artículo 24

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.

3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.

4. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.

5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como:

a) La restitución;

b) La readaptación;

c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación;

d) Las garantías de no repetición.

6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

7. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.

Como se observa, todas estas obligaciones, de mínima justicia, han sido ignoradas por el Estado mexicano respecto de las víctimas.

(81)MEXICO-CIUDAD DE MEXICO-SOCIEDAD-MANIFESTACION

¿En cuántas desapariciones forzadas ha evadido su responsabilidad el Estado mexicano? ¿Cuántas de las más de 22,000 desapariciones reconocidas por el gobierno son desapariciones forzadas? Tan sólo el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU ha detectado y trasmitido 505 casos al Gobierno; de ellos, 28 se han esclarecido sobre la base de información proporcionada por la fuente, 134 se han esclarecido sobre la base de información proporcionada por el Gobierno, 16 casos han sido descontinuados y 327 siguen sin resolverse.[2] ¿Son esos los únicos casos reconocidos por México como desapariciones forzadas? ¿Sólo reconocerá las desapariciones que le sean señaladas por las autoridades humanitarias internacionales?

A los familiares de Rosendo Radilla costó 35 años que el gobierno proveyera de verdad, justicia y reparación en la desaparición forzada, como crimen de Estado. Y eso sólo sucedió gracias a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no por instancias mexicanas. No cabe duda de que eso pretenden con los normalistas de Ayotzinapa.

El Estado, su gobierno, es el mismo, piensa y reprime igual que hace 35 años, pero Ayotzinapa demostró que la sociedad mexicana si se transformó. Las movilizaciones populares de estos meses sacaron al gobernador, obligaron a detener al presidente municipal de Iguala y hasta lograron abrir ya al menos un cuartel militar.

En México estamos dolorosamente acostumbrados a ver el derecho como algo relativo, opinable hasta su negación, determinador de recomendaciones más que de obligaciones para las autoridades, en cuanto a actuar o dejar de actuar de determinada manera. Lo que teme el gobierno mexicano al aplicar el derecho a la letra (por lo menos el humanitario) es que empecemos a creer de a de veras que se trata de límites para los servidores públicos en defensa de los ciudadanos y no de prerrogativas que pueden o no cumplir cuando a nuestros abusivos servidores públicos se les dé la gana.

Ayotzinapa es un crimen de Estado, social, político pero fundamentalmente jurídico, y debe combatirse como tal. El derecho y las instituciones son nuestros no del cártel que nos gobierna.

El gobierno es el mismo de la guerra sucia, pero nosotros no. Tenemos que parar esta barbarie.






[1] Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 2012, Organización de las Naciones Unidas, 28 de enero de 2013. A/HRC/22/45 p. 78. En Internet: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-45_sp.pdf.

[2] Op. Cit. p. 80.