domingo, 30 de octubre de 2016

Libro Ayotzinapa



Desde el 2011 han irrumpido movimientos con nuevas caracteristicas que han sacudido al mundo. Vino la llamada Primavera Árabe, el Movimiento de los Indignados españoles, el movimiento de los “Ocupa” en Estados Unidos, #YoSoy132 en México, el movimiento contra la austeridad en Grecia, y en 2016 irrumpió a finales de marzo un movimiento más que se llamó Noches en pie que aparecido en París, cundió en muchas ciuda-des francesas y de otros países. En todos había una crítica a la democracia existente y varios esfuerzos de búsquedas de solución a los males de un capitalismo depredador. En todos se mostraba que se dejaban de lado las concepciones tradicionales de los movimientos, y se expresaban nuevas formas de pensar y actuar. No había identidades cerradas, ni demandas sec-toriales que los acotaran. Sabían a qué se oponían, pero iban encaminándose a delinear lo que querían. Pese a que la Primavera Árabe parecía haber sido aplastada, que el movimiento #YoSoy132 se fue diluyendo, que los Ocupa no podían permanecer mucho tiempo en las plazas, que el ímpetu griego fue humillado por el capitalismo financiero, que el impulso español tuvo una traducción partidista que también quedó acotada en las reglas del sistema, y que en Noches en pie faltaban colectivos organizados, en todos fue quedando una experiencia y un sedimento que ha implicado cambios en la forma de ha-cer política. En todos prevalecían los impulsos horizontales, la desconfianza de los líderes, el debate, la discusión, la construcción de acuerdos comunes. Se trataba de movimientos en los que cabían muchas demandas hermana-das en solidaridad. Se fueron dando convergencias de luchas previas en un nuevo espacio. No se llevaron iluminaciones de unos cuantos que conducían masas. Se propició mutuamente el ir cambiando la mente por medio de expo-siciones con diversos instrumentos, debates, discusiones. De finales de 2014 y hasta mediados de 2016 en México se ha ido expresando otro novedoso movimiento: el de Ayotzinapa. 
El movimiento de Ayotzinapa ha tenido una intensidad que no se le había visto a otros movimientos de este tipo. En este texto se ha propuesto ir juntando todas las piezas para poder tener un panorama de conjunto.1 Queremos comprender lo que lo hace específico. Ha conmovido profundamente a México y al mundo. Tiene un objetivo vital que lo hace existir y ser y un componente de lograr ser oportunidad para la convergencia de muchas luchas. En lo primero ha sido contundente, y en lo segundo ha ido haciendo algunos ensayos. Es un movimiento en pleno proceso que ha tenido varias etapas. Quisimos hacer un cierre en el momento en que el Estado mexicano echó del país a un grupo de expertos que en un principio solicitó cuando la crítica mundial contra el proceder gubernamental había crecido con fuerza. Pero llegó un momento en que los avances que hizo dicho grupo evidenciaron las fallas y graves problemas de la investigación oficial, y el Estado mexicano prefirió el desprestigio internacional que encontrar una verdad sumamente peligrosa para él. En esta forma hacemos una revisión de los primeros 19 meses del movimiento. En el primer capítulo se realiza un recorrido sintético desde el surgimiento del movimiento hasta mediados de 2015. El segundo capítulo se adentra en la centralidad del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Archivo del Terror de Javier Duarte


La larga noche de la gubernatura de Javier Duarte llega a su fin. Perdura, no obstante, la estela del terror que sembró durante sus seis años de gestión, prohijado desde las altas esferas del poder público federal, que ahora, acorralado por las especulaciones de complicidad, conjura una suerte de escenificación justiciera que a todas luces responde a los atrabiliarios cálculos electorales de una clase política podrida hasta los tuétanos. El horror innombrable que soportaron las víctimas del duartismo no puede quedar en el olvido. No hay reparación posible para el dolor que padece Veracruz. Documentar los horrores es sólo un gesto minúsculo de justicia, necesario para sanar y compartir un duelo colectivo, que es un primer paso, apenas modesto, en la dirección de un cambio urgente de timón. Ese cambio es una tarea política de la sociedad, no de corruptos olímpicos erigidos en gobernantes electos. La memoria del dolor es el anticuerpo contra los gobiernos criminales. Este es un ejercicio de memoria, una recapitulación de ese terror que diseminó un gobierno criminal encumbrado en eso que su antecesor llamó “la plenitud del pinche poder”.

Los periodistas

Históricamente Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio de periodista. Esta toxicidad hacia el periodismo tiene sus raíces en la histórica relación del gobierno y ciertos flancos del gremio periodístico (maiceo, chayoteo, obediencia de la prensa a los caprichos del poder en turno) y en la satanización y desprotección de los periodistas independientes en un estado fuertemente castigado por la excepcionalidad. Pero esa peligrosidad alcanzó niveles insospechados durante la administración de Javier Duarte. Desde la llegada al poder del impresentable Duarte de Ochoa, admirador confeso de Francisco Franco (el otrora dictador de España), Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso en América Latina para el ejercicio profesional del periodismo.

Acaso poco recuerdan, pero la secuencia de agravios contra los periodistas en la era de Javier Duarte arrancó con un incidente que alcanzó relevancia internacional, por la magnitud del desgarriate. En agosto de 2011, María de Jesús Bravo Pagola, columnista de Milenio El Portal, fue acusada por el gobierno estatal por presuntos actos de terrorismo, luego de que en su cuenta personal de twitter alertara a la población de una balacera. Después de un mes de reclusión, Bravo Pagola salió de prisión. Pero la advertencia había sido emitida: el duartismo no toleraría ningún señalamiento a sus allegados criminales.

Ese incidente, para la historia del periodismo en Veracruz, marcaría un punto de inflexión: si tradicionalmente la no alineación se pagaba con persecución, a partir de ese antecedente la osadía de la denuncia se pagaría con encarcelamiento, y no pocas veces con la muerte. No tardó en llegar la ejecución de ese código. El asesinato de Regina Martínez (28 de abril de 2012), ex corresponsal de la revista Proceso, refrendó la ley de hierro del duartismo: muerte a los periodistas.

Veracruz se convirtió en un calabozo para los periodistas e informadores. En este renglón, la entidad tiene saldos desastrosos. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el estado es uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias advirtió que el estado de Veracruz concentra el 50 por ciento de los homicidios contra periodistas en México desde 2011.

El gobierno de Javier Duarte fue especialmente letal para el ejercicio periodístico. Sólo en los primeros 38 meses de su administración,

“[…] en promedio cada tres meses [murió o desapareció] un periodista; y, aunque hay evidencias irrefutables de la mala integración de las investigaciones de la Procuraduría estatal y de ‘sospechosas coincidencias’ de las coberturas periodísticas de algunos de los profesionales de información asesinados, en todos los casos las autoridades niegan que tales crímenes tengan relación con su ejercicio profesional” (Cantú en Proceso 16-II-2014).

En total, durante los seis años de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas fueron asesinados.

Cualquiera que colaboró en algún medio de comunicación en la era duartista sabía que estaba expuesto a una lapidaria disyuntiva: “cooperas o cuello”, que es equiparable al “plata o plomo” de los narcos.

Debido a ese clima de hostilidad algunos periodistas decidieron abandonar la entidad y refugiarse en otros estados de la república. En 2013, el periodista Noé Zavaleta –que por cierto abandonó recientemente el estado por amenazas de muerte–, advirtió:

“Reporteros como Andrés Timoteo, excorresponsal de La Jornada, y Rafael Pineda, Rape, tuvieron que salir de Veracruz por considerar que no hay garantías de seguridad mínimas para ejercer el periodismo. El caso más reciente es el del fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez, quien abandonó la entidad durante algunas semanas luego de que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, ‘sugirió’ que debería estar preso por publicar las fotos de un grupo de autodefensa que opera en Tlalixcoyan” (Zavaleta en Proceso 28-IV-2013).

Pero no todos corrieron con la misma suerte en el exilio. El homicidio de Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso, excompañero de Regina Martínez) apunta a un crimen ordenado desde Veracruz, con un mensaje dirigido a la totalidad del gremio periodístico de la entidad: el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas.

La denuncia no derroca gobiernos ni remueve estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una fuente de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente acompañan al ejercicio de poder. Pero en el Veracruz de Javier Duarte, esa práctica ciudadana elemental era una herejía meritoria de persecución, tortura y muerte. Rubén fue uno de los periodistas más atentos a los abusos de la gestión de Javier Duarte. La evidencia sugiere que pagó con la muerte esa “insolencia”. Poco antes del homicidio de Espinosa Becerril, en un evento con periodistas celebrado en Poza Rica, el mandatario veracruzano había advertido amenazadoramente:

“Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y si a alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa. Lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos, y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones… Hay momentos difíciles… Bajo advertencia no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos. Pórtense bien (sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les habla” (Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015).

Un día antes de huir del estado para exiliarse en la capital del país, y tras haber recibido reiteradas amenazas de muerte en Veracruz, Rubén confesó al reportero Noé Zavaleta:

“Ayer y hoy me han estado siguiendo. Ya es muy directo: un tipo afuera de mi casa me tomó fotografías, y son los mismos que he visto otras veces… Mejor me voy antes de que me pase lo que a los estudiantes, que me peguen una madriza, que me manden al hospital un mes y que me dejen loco, más de lo que ya estoy” (op. cit.).

Lo que siguió después del asesinato de Rubén fue un éxodo de periodistas que abandonaron la entidad veracruzana en busca de refugio en otras ciudades. Otros optaron por la autocensura.

En una entrevista concertada en agosto de 2015, el reportero de Proceso Noé Zavaleta explicó que los controles de censura se multiplicaron en los últimos años en Veracruz, en el marco de la administración de Javier Duarte, y que entre los tipos de controles más socorridos destacan:

“[…] los autocontroles del propio reportero, controles económicos por parte de los dueños de comunicación locales y controles gubernamentales que condicionan a los medios pequeños a cambio de publicidad oficial, entre otros”.

Todos los informes de organismos internacionales dibujan un contexto siniestro para la profesión periodística en Veracruz, y en aras de su conocimiento testimonial de esta coyuntura, se le pidió a Zavaleta que señalara quién agrede o persigue a los periodistas en el estado. Sin indicar nombres, y con visible cautela, Noé adujo: “Son varios frentes: el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública, servidores públicos que se esconden en el anonimato y los propios dueños de los medios de comunicación locales”.

Otro informador, que solicitó anonimato, refirió sin rodeos la situación de los periodistas en Veracruz, y la razón que explica esa condición de calabozo para el quehacer periodístico. Dijo: “En Veracruz, la autoridad pública protege al criminal y persigue al periodista”.

Fuente: http://lavoznet.blogspot.com.ar/2016/10/el-archivo-del-terror-de-javier-duarte.html

Si la gente sólo está al nivel electoral y teme luchar en las calles, aunque por limitadas demandas, ¿qué hacer?



1. Hasta el EZLN –que se creía era la izquierda radical- se ha decido entrar a las elecciones presidenciales con “una candidata indígena”. Ya desde 1977 los partidos políticos que se autodenominaban de izquierda –con la promesa burguesa de subsidios, diputados de minoría, uso de medios de información y arreglos, le habían entrado a los procesos electorales y a los cargos de gobierno. Por un lado es signo del fracaso la suspensión de las luchas armadas y de la poca participación de los trabajadores en movimientos de masas; por otro lado es la muestra del triunfo del modelo capitalista de democracia electoral que se impone en casi todo el mundo. El sistema de dominación en vez de debilitarse demuestra su fortaleza.
2. A veces pienso que estoy rematadamente loco por pensar que el pueblo mexicano –quizá también el mundial- está en condiciones de realizar una gran revolución anticapitalista que entierre para siempre la explotación, la opresión y la desigualdad. Me olvido frecuentemente que no basta que las condiciones objetivas estén maduras para ello; si no existe la conciencia de lucha y unidad de la población, el país podría descomponerse, pudrirse por sus funestas condiciones sin que el pueblo despierte y se levante a luchar. Puede haber pobreza, miseria, desempleo, hambre; pero si el pueblo tiene ocupado su cerebro con TV, futbol, religión, trago, consumismo y artículos de belleza, nada podrá curarlo de esa grave enfermedad.

3. Los viejos izquierdistas de los sesenta nunca hemos votado por ser enemigos de los procesos electorales que nunca han favorecido al pueblo. Muchos de ellos fueron asesinados por el gobierno al tomar el camino de la guerrilla y otros más tomamos el camino de la lucha de masas en las calles en manifestaciones, plantones y bloqueos sin haberse consolidado y soportando, a través de muchas décadas, enorme represión. La clase burguesa mexicana o clase dominante de políticos y empresarios, en ningún momento se le ha puesto en peligro de renunciar a su poder. Por cualquier dificultad a recurrido en primer lugar a la mediatización, a la compra de líderes; en segunda instancia a la represión, encarcelamientos y asesinatos.

4. Después de mil experiencias me sigo preguntando: ¿es que el pueblo mexicano –a pesar de que el mismo dictador Porfirio Díaz declaró hace 108 años que el pueblo ya estaba preparado para elegir a sus gobernantes- aún está en pañales para comprender lo que sucede en su país? Sólo vota el 50 por ciento de los electores –menos de 40 millones- pero sólo sale a las calles a manifestarse 100 o 200 mil, cuando más 700 mil personas, a pesar de que los gobiernos los tengan aplastados en la miseria y el hambre. Yo he opinado siempre de que la gente no debe salir a votar porque la clase explotadora le está viendo la cara de tonto, pero vota la mitad con derechos a sufragio; he invitado con entusiasmo e interés a manifestarse y la gente no sale.

5. A pesar de que todos los gobiernos mexicanos han sido extremadamente negativos para el pueblo, en particular los más recientes por neoliberales y privatizadores: Salinas Zedillo, Fox, Calderón y Peña, la población –con excepción de cuatro o cinco estados- en lugar de levantarse contra ellos sigue votando y, si no existiera esa farsa electoral que de alguna manera la obliga, lo probable es que ni siquiera eso haría. La política hasta hoy parece que sigue siendo un asunto de minorías de izquierda, centro y derecha. Al decir el dictador Díaz en 1908 que “el pueblo ya estaba preparado” para elegir a sus gobernantes, estaba diciendo engañosamente que ya estaba preparado para dejar el poder en manos de otro, de sus amigos.

6. Los seguidores de los procesos electorales se dicen así mismos “pacifistas”, es decir, enemigos de la violencia; silencian que el despilfarro multimillonarios, la compra de medios de información, la compra de votos, el obsequio de despensas y demás “regalos” son formas de violencia contra la ciudadanía y sus competidores. ¿No es violencia acaso imponer autoridades en el INE, en el TRIFE, en las casillas, el conteo de votos? Las primeras elecciones que observé –siendo estudiante preparatoriano- fueron las de 1958; desde entonces se pueden leer actos violentos, mil trampas y fraudes de los gobiernos para imponer a sus seguidores. ¿Pueden olvidarse las denuncias en las elecciones presidenciales de 1988 y 2006 contra Cárdenas y López obrador?

7. Después de vivir en diferentes momentos las manifestaciones, plantones y bloqueos de la Coordinadora de maestros (la CNTE) durante más de tres años, reafirmé que a pesar de los 15 mil maestros en promedio plantados en el DF durante más de 100 días de plantón y movilizaciones el apoyo a su lucha fue mínimo. Por ello pienso que lo electoral se ha fortalecido en México mediante el uso de miles de millones de pesos profundizando con ello el dominio de la gran burguesía gubernamental y privada que con la imposición de lo electoral consolidad su poder de explotación. En los próximos meses veremos a nuevos gobiernos haciendo lo mismo en propio beneficio y un pueblo que sigue arrastrando su miseria sin que sepamos hasta cuándo.

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

Atenco: quince años después



I

Ante lo que parecía una sentencia de muerte segura, el 22 de octubre de 2001 nació una de las resistencias más emblemáticas del México bravío. De entonces a la fecha, los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) han soportado lo indecible ante la ferocidad del Estado. Las tierras de Atenco, amenazadas por la soberbia y la codicia de diferentes administraciones gubernamentales en contubernio con el poder empresarial, son productivas gracias al trabajo y al cuidado ancestral. En ellas conviven la historia milenaria del poeta Nezahualcóyotl y una diversidad de flora y fauna única en el Valle de México. Lo que las mujeres y los hombres del FPDT defienden no es, como absurdamente se maneja en los medios masivos de comunicación, un “pedazo de tierra” sino toda la historia que hay en ella, la identidad cultural y un legado vivo que se opone a la manida idea de progreso neoliberal.

Contra viento y marea, con la firmeza como estrategia y la solidaridad como alimento, el FPDT venció la arremetida iniciada con Vicente Fox. En octubre de 2001empezó la batalla para echar atrás el decreto expropiatorio que buscó pagar las tierras a siete pesos el metro cuadrado. Desde las esferas gubernamentales jamás se esperó la respuesta de los campesinos y, mucho menos, que ésta fuese tan decidida: la idea de dejar la vida por defender la tierra no era simplemente una consigna. Luego de una incesante pelea, el decreto expropiatorio cayó en agosto de 2002. La resistencia del FPDT estuvo signada por la imaginación y la confianza atenquense en la fuerza de la movilización en tanto pilar de la pelea. El FPDT derrotó, machete en mano, a una administración foxista que demostró ser fiel reflejo de la estupidez y la ceguera gubernamentales. La abrogación del decreto expropiatorio significó un verdadero hito en la historia contemporánea de México al poner contra la pared al poder del Estado y demostrar que la única garantía para conservar los derechos sociales se cimienta en la movilización social organizada, inteligente y cohesionada.

II

La lucha iniciada en 2001 representó el nacimiento y la consolidación de la que es, muy probablemente, la organización plebeya más reconocida entre el movimiento social de nuestro país. No existe una sola lucha social de izquierda, por grande o pequeña que sea, mediática o no, a la que el FPDT no haya extendido su cariño solidario. El paliacate y el machete han sabido cobijar a quienes defienden el derecho a la vida en un México que se llena de muerte.

Luego de la cancelación del proyecto aeroportuario, el FPDT se convirtió en una organización faro, cuya interlocución hubo de ser reconocida hasta por las autoridades del gobierno del Estado de México. Entre 2002 y 2006, la resolución de ciertas problemáticas sociales se debió a la fuerza del FPDT sin que ello representara sumisión o abandono de la movilización. Es bueno recordar, además, que en el 2003 se llevó a cabo un proceso electoral en el que algunas organizaciones sociales insistieron en que el FPDT ocupara su prestigio y la fuerza social generada para competir por la presidencia municipal de Atenco. Desde luego, el FPDT optó por rechazar el camino de las urnas y continuar en el andar diario de hermanar distintas luchas. Los ejidatarios atenquenses tejieron una red de organización en la zona de Texcoco que posibilitó el respeto a tarifas de transporte, mayor acceso a servicios de salud y educación, entre otros. El peligro que los atenquenses representaban en ese momento era, ni más ni menos, la fuerza y la voluntad organizativa que, en los hechos, tenía la capacidad de dar respuesta a demandas no atendidas por las autoridades oficiales.

III

Es necesario destacar, por un lado, la labor incansable del FPDT por conjuntar las diversas resistencias locales; por otro, debe tomarse en cuenta que dicha faena se realizaba enfrentando tanto a las autoridades federales –representadas en la administración de Vicente Fox–, como al gobierno del Estado de México encabezado por Arturo Montiel. En 2005, Enrique Peña Nieto llegó a la gubernatura del estado. Un año después, él se haría responsable del brutal operativo desatado contra los ejidatarios. El 3 de mayo del 2006 se llevó a cabo el desalojo de vendedores de flores en el mercado de Texcoco, en el transcurso del día hubo dos intentos de las fuerzas federales por tomar San Salvador Atenco. La madrugada del 4 de mayo, miles de policías federales, estatales y municipales arremetieron contra los ejidatarios. [1] El objetivo de la incursión policiaca era frenar al FPDT, descabezarlo y terminar con la organización campesina. Para ello, el gobierno de Peña Nieto, y para entonces el de Felipe Calderón así como el gobierno perredista de Texcoco, desplegaron todas sus fuerzas policiacas con dicho fin. Es cierto, además, que todo ello ocurrió en el contexto de La otra campaña, la iniciativa zapatista que, justamente, visitó San Salvador Atenco unos días antes y a la que el FPDT se sumó. Sin embargo, más que buscar frenar tal iniciativa, como algunos análisis sugirieron, se trató de dar un escarmiento ejemplar a los atenquenses. Cientos de detenidos, dos jóvenes asesinados, cientos de heridos y veintisiete mujeres abusadas sexualmente fue el resultado del operativo. Además, se desató una cacería de brujas contra los integrantes más representativos del FPDT y, finalmente, se sentenció a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo a condenas de más de 60 años en el caso de los dos últimos y de 120 años en el caso del primero.

Parecía, y no era para menos, que el objetivo se había cumplido. Pero desde los primeros días que sucedieron a la incursión policiaca surgieron nuevos liderazgos, especialmente de mujeres que tomaron el mando de la nueva etapa de la resistencia. Poco a poco, vencieron el miedo y las movilizaciones por la libertad de los presos y el castigo a los responsables se hicieron visibles. Quedó claro que el FPDT no fue derrotado y que, pese a la brutalidad de un operativo hasta entonces no visto en el país, venció tanto a la administración de Felipe Calderón como a la de Enrique Peña Nieto. Luego de cuatro años en el frío, [2] tras una intensa campaña nacional e internacional por la libertad de los presos políticos, que unió al más amplio espectro de las fuerzas sociales en el país, la libertad de los atenquenses selló la derrota de Peña Nieto y Felipe Calderón.

IV

El FPDT ha enfrentado hasta el momento a tres administraciones priistas a nivel estatal (Arturo Montiel, Peña Nieto y Eruviel Ávila en la actualidad), a dos panistas a nivel federal (Vicente Fox y Felipe Calderón) y a la que hoy encabeza Enrique Peña Nieto. Todas están marcadas por la rapacidad y el amplio despojo de los derechos elementales del pueblo mexicano recrudecido por el proyecto neoliberal que defienden. Todas han insistido, de diversos modos, en que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México debe ser, pase lo que pase, construido en las tierras atenquenses. Todas, y en eso se hermanan, han sido vencidas por la valentía y la entereza campesina.

Sin embargo, la ofensiva contra Atenco no se detiene. Los ejidatarios han denunciado las distintas estrategias seguidas por el actual gobierno federal para alcanzar el añorado despojo. La intimidación, la compra de terrenos a precios “razonables”, las promesas de cooperativas, las irregularidades en las Asambleas para cambiar “legalmente” la posesión de los terrenos y la violación a los amparos obtenidos son, grosso modo, elementos para llevar a cabo la construcción del aeropuerto. Las recientes agresiones contra miembros del FPDT en el campamento de resistencia, instalado en los terrenos donde se desarrollan obras de construcción, representan una muestra más de la desesperación al no concretar el arrebato. Los campesinos de San Miguel Tocuila que fueron golpeados, y prácticamente secuestrados en su domicilio, señalaron que pase lo que pase no bajarán los brazos.

V

En quince años el FPDT se ha repuesto de los golpes más duros. Se crece al castigo. Lo ha logrado gracias a su fe inquebrantable en el pueblo, a su visión amplia de construir, sin sectarismos pero sin perder la independencia ante las instituciones del Estado, la solidaridad en los hechos.

Para la defensa de la vida han puesto su sangre. Las tierras de Atenco tienen el eco de José Enrique Espinoza Juárez y la solidaridad encarnada en Alexis Benhumea. La valentía de las 27 mujeres, su deseo de justicia, es un ejemplo imborrable para todos los que deseamos un mejor país.

El movimiento social de México tiene mucho que aprender de estos largos quince años en los que machetes, paliacates y solidaridad han hecho del FPDT un digno representante del México bravío.

Para las mujeres y los hombres de Atenco, agradecimiento eterno por su lucha constante y por su amor a la tierra.

Notas:

[1] Una revisión valiosa al respecto del operativo es la que realizó el Canal 6 de julio en el documental Romper el cerco, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=qY1VwjT9wiI

[2] Véase la entrevista realizada por Alejandro Almazán a Ignacio del Valle, disponible en http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/233/22.pdf

El EZLN sexenal



El anunció del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre su voluntad de impulsar a una mujer indígena como candidata independiente para el proceso electoral del 2018, es a la vez un asombro y a la vez un anuncio que ya se esperaba.
En los últimos dos procesos electorales para elegir al presidente de la república, el EZLN en voz del Subcomandante Marcos, han anunciado estrategias y acciones que tienen el objetivo de hacerse notar en la vida política nacional, estas iniciativas siempre han tenido un sello particular, el rechazar los procesos electorales como medio para cambiar la situación del país, y con base en esto, criticar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, único candidato de izquierda que ha tenido la posibilidad real de disputar el poder político a los neoliberales. Así fue la iniciativa de la “Otra Campaña” en el 2006, así fueron las críticas hacia AMLO en el 2012.

Un pronunciamiento que buscara crear eco a nivel nacional por parte del EZLN, era ya de esperarse, lo que asombra de éste pronunciamiento rumbo al 2018, es que ahora el subcomandate Marcos (o Galeano como dice llamarse ahora) ha dado una vuelta de ciento ochenta grados en su estrategia de participación política, ahora ve viable las elecciones para luchar por sus demandas, y en este sentido consultarán a su bases y a las organizaciones adherentes a su movimiento para impulsar la candidatura “independiente” de una mujer indígena.

Ante esto es preciso manifestar que en una democracia la participación política tanto en la emisión del voto como en la búsqueda de una candidatura por parte de cualquier sector (indígena, migrante, géneros, etc.), es totalmente plausible, así lo dicta el razonamiento más simple y acotado sobre participación política y democracia; pero la realidad es amplia, cambiante y sumamente influenciada por todos los elementos de que se compone, por lo que para entender éste pronunciamiento del EZLN es necesario tener en cuenta las condiciones que articulan el actual escenario rumbo al 2018.

Como sabemos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) ambos de corte neoliberal, están ya posicionando a sus candidatos para la elección presidencial, aunque parecen que van separados, los une en esencia los mismos intereses de la oligarquía nacional y transnacional, tanto así que en estas próximas elecciones federales pueden ir en alianza de facto para impulsar a Margarita Zavala, como ya se entrevé desde ahora.

Por el otro lado López Obrador -que con ésta sería su tercera candidatura- es el único candidateable que se opone a las privatizaciones y a los recortes presupuestales a las instituciones públicas, él único que enarbola, por esto, un programa antineoliberal. Esta postura lo pone en contradicción directa con los representantes del PRI y del PAN, un reflejo de las profundas contradicciones de interés entre la mayoría del pueblo mexicano y la oligarquía local.

Estas son las dos posturas que en el 2018 se enfrentarán por la conducción del país; los tres grandes partidos PRI, PAN Y MORENA, desde ahora analizan sus posibilidades; como es de todos sabido, Andrés Manuel López Obrador presidente del partido MORENA tiene por mucho, más posibilidades de ganar las elecciones.

Ante un posible escenario de la derrota de los neoliberales en el 2018, todas las fuerzas de la oligarquía, de uno u otro partido, se organizan y buscan desde ahora estrategias para restarle fuerzas a AMLO, en su momento los partidos pequeños a nivel nacional, como siempre, se sumarán formalmente o de facto a las fuerzas neoliberales; ante esta acción conjunta y coordinada de la derecha, le queda a la izquierda organizarse y avanzar en unidad.

La propuesta del EZLN bajo estas condiciones, parece más apostarle a restar votos a AMLO que a fortalecer un frente nacional antineoliberal.

Al EZLN podemos reconocerle sus excelentes obras literarias, poéticas, en todos los comunicados que emite, reconocer su gran talento en el manejo de símbolos y comunicación internacional, pero no se olvida que en la aprobación de la reforma energética, laboral, hacendaria y demás ataques de la oligarquía al pueblo mexicano, guardó silencio y calló.

Todas las expresiones de inconformidad y lucha son respetadas, pero tenemos que ser sensatos y justos en nuestros análisis rumbo al 2018, AMLO es el único con capacidad real para disputar el poder a los neoliberales. Asumir posturas divisionistas dentro de la "izquierda", llamar a no votar o impulsar candidaturas indendientes de "izquierda", sin duda alguna, es una estrategia que ayuda más a la Derecha, que a un pueblo con esperanzas reales.

martes, 18 de octubre de 2016

Entrevista a Témoris Grecko, guionista de “Mirar morir. El ejército en la noche de Iguala”




Entre el 26 y el 27 de noviembre de 2014 se perpetró un crimen de estado –cuya denuncia todavía está en la calle- del que fueron víctimas un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala (Guerrero). Murieron asesinadas seis personas y otras 43 resultaron desaparecidas. Oficialmente se atribuyen los hechos a la policía local, pero las organizaciones sociales apuntan más alto en la escala de responsabilidades: a la policía estatal, federal y al ejército mexicano, entre otros actores. Estrenado en octubre de 2015, el documental “Mirar Morir” rastrea en 99 minutos las lagunas de la investigación, los encubrimientos del aparato estatal, otros episodios de violencia en Iguala, el rol del ejército, las redes de narcotráfico y su vinculación con la política y las corporaciones. Además, el audiovisual dirigido por Coizta Grecko B y producido por “Ojos de Perro vs. la Impunidad” y “Cuadernos doble Raya” ha sido galardonado en 2016 con el premio “LASA Award to Merit in Film” que otorga la Latin American Studies Association y en el X Festival de la Memoria celebrado en Cuernavaca.  
El guión y la investigación de “Mirar Morir” corren a cargo del periodista independiente Témoris Grecko, quien en septiembre de 2016 ha publicado el libro “Mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de Estado” (Ediciones Proceso) con la información actualizada de las pesquisas. Grecko ha escrito crónicas y reportajes en 91 países y territorios, además de libros como “Canás. Francotiradores en la Siria rebelde”, “La Ola Verde” (en torno al conflicto de 2009 en Irán), “Asante África” (sobre el sida y el racismo en África del Este y del Sur) y “El Vocero de Dios”, sobre la extrema derecha católica mexicana. En 2016 participó asimismo en el proyecto multimedia “Los 12 mexicanos más pobres. El lado B de la lista de millonarios”, realizado por Cuadernos Doble Raya, Oxfam México y Ojos de Perro. El documental “Mirar Morir” se presentó el 26 de septiembre en el Aragó Cinema de Valencia, en un acto organizado por Antimilitaristes-MOC.

-El 26 de junio se proyectó el documental “Mirar Morir” en diez ciudades europeas. El 26 de julio se llevó a cabo la proyección latinoamericana, en Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Santiago de Chile y San Cristóbal de las Casas, entre otras ciudades. El 26 de agosto, en América Central y América del Norte; y el 26 de septiembre se realizó un “pase” global en 105 ciudades de 26 países. ¿Ha contribuido la presión internacional a que el gobierno de Peña Nieto diera algún paso respecto a los crímenes de Iguala? ¿Cuáles?

Fue a causa de su crisis de credibilidad, de la inminencia de elecciones legislativas y de la presión internacional que el gobierno mexicano se vio obligado a aceptar la asesoría técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para supervisar la investigación oficial y hacer recomendaciones y señalamientos. En dos informes, el GIEI desmontó que dicha investigación estaba plagada de manipulaciones, fabricación y ocultamiento de evidencias y de escenarios del crimen, destrucción de evidencias, hipótesis sostenidas en declaraciones arrancadas bajo tortura, peritajes incorrectos o inexistentes, marginación de líneas de investigación, etcétera. Es por eso que el gobierno, con la ayuda de la prensa servil, maniobró para crear en la opinión pública el ambiente que justificara la expulsión de facto del GIEI, que ocurió en abril de 2016. Sigue siendo vital, sin embargo, que la opinión pública internacional presione a sus gobiernos para que los organismos internacionales, a su vez, continúen con la vigilancia sobre las acciones del gobierno mexicano, hasta que acepten llevar a cabo una investigación seria, honesta, completa, transparente y creíble.

-¿En qué han consistido las investigaciones oficiales? ¿A quién se ha tratado de encubrir? En el documental se hace referencia al 27º Batallón de Infantería del ejército mexicano…

Como argumentamos en el documental y en mi libro (“Mentira histórica”), los crímenes de Iguala pudieron cometerse porque las autoridades de todos los niveles, incluidos el Ejército y la Marina mexicanos, y las distintas policías y servicios federales, permitieron -con pleno conocimiento de lo que ocurría- que se impusiera un imperio criminal en la región de Iguala, que a su vez era una pieza clave de una red de tráfico de heroína con valor potencial de 10 mil millones de dólares, sólo por lo que pasa por Iguala. Todas estas corporaciones permitieron –de nuevo, con pleno conocimiento de lo que pasaba- que un grupo armado de criminales conocidos atacara a civiles pacíficos, asesinara a seis y condujera a 43 hacia la desaparición forzada. Después, se han rehusado a colaborar con las distintas investigaciones y han operado para ocultar información.

-El documental (presentado en 2015) señala que en la zona de Iguala se han planteado más de 350 casos de denuncia por personas desaparecidas. ¿Resulta una excepción lo ocurrido con los seis estudiantes “normalistas” asesinados y 43 desaparecidos en septiembre de 2014?

Es la norma. Cientos de personas fueron desaparecidas a lo largo de años, muchas asesinadas en las calles, muchas secuestradas en filtros de tráfico del Ejército o distintas policías, o asesinadas allí mismo.

 -¿Se ha tratado de proteger al ejército? ¿Qué relevancia tiene el “Pentágono de la Amapola” y personajes como José Luis Abarca?

El Pentágono de la Amapola es la mayor región productora de amapola en el continente americano, con un 42% del total de México y un 40% del total continental, y es por lo tanto la principal abastecedora de heroína para el mercado estadounidense. Abarca era una pieza importante de uno de los cárteles involucrados, el de Guerreros Unidos, pero los jefes son otros tanto a nivel regional como nacional, y no han sido molestados por la fiscalía. En particular, el gobierno ha hecho cuanto ha podido para ocultar el involucramiento de policías y personajes del vecino municipio de Huitzuco, base del poder del clan caciquil más conocido del estado de Guerrero, el de los Rubén Figueroa, que jugaron un papel importante en la introducción del cultivo de la amapola a la sierra guerrerense en los años 70, cuando era gobernador estatal el ya finado patriarca del clan, Rubén Figueroa Figueroa.

-Además de las proyecciones globales, el audiovisual tiene un fin solidario y militante. ¿A qué se destinan las donaciones recibidas? 

La mitad se divide entre el comité de padres y madres de los 43 y el grupo de búsqueda de Los Otros Desaparecidos, de Iguala; la otra mitad va al fondo de producción de documentales de Ojos de Perro.

-¿Cómo ha recibido la opinión pública mexicana, más allá de los círculos militantes, el documental? ¿Se ha roto el “cerco” del que son objetos las producciones independientes?

La inquietud de amplios sectores de la opinión pública por el caso Iguala ayudó a romper y hace cenizas dicho cerco. Evitando los circuitos de distribución comercial, grupos ciudadanos han organizado proyecciones de manera independiente en todo el país, y en otros 30 países del mundo (26 sólo en la #ProyecciónGlobal #Ayotzinapa2años). La televisión ignora la película pero en prensa y entre columnistas y articulistas ha tenido una acogida sensacional.

-¿Qué diferencia de trato has percibido respecto a otros audiovisuales que abordan la misma cuestión, como “La noche de Iguala? ¿A qué lo atribuyes?

Un videohome que utilizó actores de telenovela para acusar a los 43 desaparecidos de criminales, fue exhibido por dos semanas en circuitos comerciales, también en octubre de 2015, y desapareció de la historia. #MirarMorir, en cambio, está por cumplir un año y seguimos recibiendo peticiones para exhibirlo en México y el mundo. Pronto estará también en Nueva Delhi, por ejemplo. Y además, ya está en Netflix, en España, América Latina y Estados Unidos.

-¿Habéis recibido algún tipo de presiones o amenazas los colectivos de comunicadores “Ojos de Perro vs. La impunidad” y “Cuadernosdobleraya.com”?

Preferimos ser muy cuidadosos con los temas de seguridad.

-Por último, en agosto comenzaste a impartir en México un taller titulado “El periodista en combate. A la guerra sin fusil: despliegue, desempeño, ética y supervivencia”; también has escrito un artículo, “Anti-Manual del Joven Periodista”, en el que desmontas viejos mitos y te desmarcas radicalmente del periodismo oficial. ¿Cómo resumirías tu idea del oficio periodístico?

Servicio a la sociedad, desnudaje del poder, compromiso con la verdad y la justicia.

Sin avances caso de los normalistas de Ayotzinapa


Autoridades siguen sin dar con paradero de los 43 estudiantes desaparecidos hace dos años


“Si usted tuviera un hijo desaparecido, ¿se quedaría sentado o saldría a buscarlo por años?”, es la pregunta que el 22 de setiembre reiteró en rueda de prensa Mario González, padre de César González, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecido junto con otros 42 compañeros el 26 de setiembre del 2014 en Iguala, en el estado suroccidental de Guerrero.

A dos años del crimen, en que miembros de las policías locales de Iguala y Cocula asesinaron a seis personas, hirieron a decenas y secuestraron a 43 estudiantes normalistas para luego entregarlos a un grupo de narcotraficantes, el gobierno y la Procuraduría General de la República (PGR), encargada de la investigación, no han podido dar con el paradero de los jóvenes.

En 26 y 27 de setiembre, en más de 100 ciudades del mundo se realizaron actos de protesta, marchas y actividades demandando verdad y justicia para los 43 estudiantes y sus familias, las que han encabezado un movimiento social incansable y en el último año han realizado caravanas en Europa, EEUU y Sudamérica.

“Reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo”, sentenciaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) en un comunicado previo a las movilizaciones.

En unos 30 países se proyectó el documental “Mirar morir. El Ejército en la noche de Iguala”, dirigido por el cineasta mexicano Coizta Grecko con guión de Témoris Grecko, quienes destacan el papel de las Fuerzas Armadas en varios momentos clave del ataque contra los normalistas.

“¿Dónde están? ¿Qué les pasó? El no saber es el castigo más cruel. Recuerde que toda vida humana es sagrada; no sólo la de sus amigos”, dijo el fundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, en un concierto que dio el 28 de setiembre en la capital mexicana, dirigiéndose al presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

“Verdad histórica” Según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), entre el 2007 y diciembre del 2015 la cifra acumulada de desaparecidos a nivel nacional alcanza a 27,887, de ese total 48% corresponde al mandato de Peña Nieto.

La versión oficial del caso Iguala-Ayotzinapa, formulada en enero del 2015 por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, quien incluso la elevó al rango de “verdad histórica”, afirma que integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos se habrían encargado de incinerar a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, después de que los policías municipales, coludidos con los delincuentes, se los habían entregado. En la tarde del 27 de setiembre, los criminales habrían guardado los restos de los normalistas en bolsas de plástico y las habrían tirado al cercano Río San Juan. La PGR no ha establecido responsabilidad de los integrantes de la Policía Federal y del Ejército que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.

Sin embargo, las investigaciones realizadas en el 2015 y 2016 por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), por grupos de periodistas independientes y por los miembros del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), han cuestionado substancialmente el informe de la PGR y han contribuido a abrir nuevas hipótesis y a evitar que el caso fuera cerrado antes del tiempo.

Según el informe final del GIEI de abril pasado, en la “noche de Iguala” se realizó un verdadero operativo de persecución en contra de los estudiantes durante varias horas, en el que actuaron no sólo las policías locales, sino también la federal, la estatal, la ministerial y las Fuerzas Armadas en “perfecta coordinación” e informadas “en tiempo real” de los ataques.

“Los indicios van a salir poco a poco pero lo que se sabía desde el inicio es que la documentación por contexto nos permite afirmar que el Ejército tuvo el papel de contención para que se realizaran el operativo y las violaciones”, explica a Noticias Aliadas Francisco Cerezo, defensor de derechos humanos del Comité Cerezo México.

“La documentación de contexto es cuando no tenemos los elementos directos, como un testigo que lo haya visto, pero por la forma del operativo podemos reconocer patrones de comportamiento en violación a derechos humanos”, precisa Cerezo.

Numerosos testimonios de presuntos delincuentes detenidos en el 2014 por los hechos de Iguala, de los cuales 130 aún quedan encarcelados sin sentencia, fueron obtenidos mediante tortura e invalidaron los resultados de la investigación.

Conspiración del silencio Distintos estudios han demostrado que es imposible calcinar 43 cuerpos según las modalidades descritas por los detenidos y contenidas en el expediente oficial. El GIEI señaló que la PGR dejó a lado una línea de investigación importante sobre uno de los autobuses que habían tomado los estudiantes y que, sin que ellos supieran, pudo haber estado cargado de heroína y haber desatado la cacería de policías corruptos y narcotraficantes contra los normalistas.

Finalmente, de las actas del expediente oficial resulta que el celular del normalista Julio César Mondragón —uno de los seis asesinados en Iguala— le fue robado y hasta abril del 2015 fue utilizado para hacer llamadas. Es lo que descubrió Francisco Cruz, autor del libro La guerra que nos ocultan sobre el caso de los 43 junto con los periodistas Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado.

Según Cruz, los rastros de ese teléfono llevan a las oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y al Campo Militar Nº 1, en Ciudad de México. Existe una “conspiración del silencio” para proteger a las Fuerzas Armadas, asegura.

Crecen, entonces, las presiones hacia la PGR y el Ejecutivo. El pasado 21 de setiembre, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, insistió que el caso no se cierre.

“No puede quedar impune, el caso no está esclarecido, no hay garantía de que todos puedan ser castigados”, manifestó.

Tras la negativa del gobierno a renovar el mandato del GIEI en abril, la CIDH anunció la implementación de otro mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de los expertos a las autoridades mexicanas. Desde el 9 de setiembre, vigila la aplicación de las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados como desaparecidos.

“Es positivo porque pese a que el Estado mexicano incluso corrió al GIEI, se mantiene la vigilancia por parte de una instancia internacional para que trate de cumplir las recomendaciones”, precisó Cerezo.

Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7360

Padres y alumnos defienden con fuerza a sus maestros



1. Durante más de media hora he escuchado la trasmisión en directo por “El Universal TV”, acerca del enorme apoyo que los padres de familia están dando a los 11 (once) maestros y trabajadores cesados por el gobierno en la SEP. Esta relación maravillosa de padres de familia, alumnos y maestros es sin duda un ejemplo en todo el país para demostrar el verdadero contenido de la educación que descansa en el servicio y la solidaridad entre los componentes esenciales del proceso educativo. ¿Para qué sirven las autoridades tontas cuando sus funestas intervenciones sólo sirven para descomponer esa relación humana ejemplar?
2. Se trata de la escuela primaria Leonardo Bravo bajo la dirección de Fco. Nicolás Bravo Herrera, dirigente también de la Coordinadora (la CNTE) y, hasta hace dos años, secretario general de la Sección Novena Democrática. ¿Qué se podría esperar de un maestro como Francisco que durante más de tres años estuvo al frente de la Novena trabajando doble turno: de 8 a 16 horas en su escuela y de 17 horas a 24 horas atendiendo a los maestros en la sección sindical sin gozar de comisión, sin compensación alguna y sólo con la convicción de servir? Pude estar varias semanas en varios meses ayudando en las guardias nocturnas, observando el trabajo de Francisco.

3. La realidad es que así deberían ser los padres de familia en todo México: estar muy ligad@s a las escuelas de sus hijos, reconocer a los maestros que son realmente de conciencia de trabajo, y padres y maestros estar muy bien informados de lo que sucede en nuestro país. ¿De qué educación democrática se puede hablar en la historia de los últimos 70 años en este país cuando autoridades nacionales y estatales de la SEP y dirigentes del sindicato espurio de la SNTE han hecho lo que han querido usando a la mayoría de los maestros en personeros del gobierno del PRI y del PAN? Los únicos destructores de la educación han sido gobierno y sindicato.

4. Por ello los maestros más conscientes y honestos han defendido, hemos batallado junto a la CNTE desde 1979, para acabar con la manipulación educativa que tanto daño ha hecho a la enseñanza nacional. La escuela Leonardo Bravo, ubicada en la Calzada de los Misterios, popular colonia Peralvillo, de la ciudad de México, goza de un magnífico prestigio por la atención permanente de sus profesores a la comunidad. En ese video puede escucharse opiniones de padres de familia entrevistados por la reportera del El Universal reconociendo el trabajo de los profesores y desconociendo a las autoridades de la SEP que se negaron a recibirlos.

5. Estoy seguro de en Iztapalapa, Tláhuac y otras colonias de la CDMX han surgido protestas parecidas y defensas destacadas a los maestros. Compañeros me han escrito que no tratan mal a los jóvenes maestros que la SEP ha enviado como sustitutos, pero éstos tienen que comprender que nuestro trabajo los vamos a defender con todo lo que tenemos pues de ello depende nuestra familia, además que no tenemos ninguna culpa. ¿Acaso en la Ley Federal del Trabajo no dice que cuando los trabajadores están en huelga o paro los trabajadores conservan todos sus derechos hasta no concluir el movimiento con acuerdos de ambas partes?

6. Pero los gobiernos de México siempre han actuado unilateralmente: jamás consultan nada y cuando dicen que consultaron, la realidad es que lo hacen sólo con sus amigos e incondicionales. Muchas veces los tontos somos nosotros que les creemos, que vivimos esperanzados en que algún día cambiaran; nunca nos damos cuenta de la siempre puerca cola que arrastran. Todos los gobiernos del PRI y sus acólitos del PAN se han pasado aliándose a los funestos dirigentes del SNTE, llámese Robles Martínez, Jongitud Barrios, Esther Gordillo o el Charro Díaz. Desde que se fundó el SNTE en 1943 todos esos dirigentes han sido agentes incondicionales del gobierno.

7. La realidad es que en estos últimos cuatro años nunca propusimos la toma del edificio del Sindicato Nacional (el SNTE) de las calles de Venezuela. Hemos estado en la Plaza Tolsá, en el Zócalo, en el Monumento de la Revolución, en la calle de Bucareli, en la Ciudadela; a pesar de que el local del SNTE se ha convertido en fortaleza, fácilmente pudimos o podemos adueñarnos de él, pero no hemos querido. Por lo menos, de entrada, deberíamos: ¡Obligar al Charro Díaz a reconocer a la sección IX y sus dirigentes encabezados por el profesor Enríquez, a reconocer a 50 comisionados a gestiones y a pagar todos los gastos del edificio, pero ya!.

8. En la sección Novena he observado el trabajo, la inteligencia, la capacidad de por lo menos un centenar de compañeras y compañeros que durante los últimos 10 años acuden todas las tardes a realizar gestiones (sin pago o compensación alguno) a favor de todos los compañeros que tarde y noche de lunes a viernes llenan el edificio de Belisario Domínguez 32 (edificio donde funcionó el Comité Ejecutivo Nacional durante décadas hasta principio de 1972) El día en que la lucha logre su reconocimiento esta sección será el inicio de los días de liberación nacional del magisterio. Por ello el sindicato charro o espurio pone todas las trabas para no convocar otro congreso. ¿Ánimo maestros y padres de familia!



Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

lunes, 10 de octubre de 2016

La falsa izquierda



Las apariencias siempre engañan y siempre confunden. Sin embargo, señalar las contradicciones y la esencia de las cosas implica reconocer el contexto en el que se enmarcan. Implica, además, pensar a fondo qué intereses se mueven, quiénes se mueven y por qué se mueven.
EL SNTE, quien pidió aplicar a rajatabla la reforma educativa y “ejercer todo el peso de la ley” en contra de los maestros de la CNTE de Oaxaca y Chiapas, es el sindicato que aglutina a la mayor parte de los trabajadores del IPN. En su transcurrir dentro del IPN han forjado una inmensa red de corrupción con el beneplácito de las autoridades ligadas, todas ellas, al PRI y al PRD. Desde el solapamiento de aviadores que están en nómina y jamás pisan el centro al que están adscritos, hasta la conformación de redes de prostitución de alumnas, pasando por la venta de calificaciones, cambios de turnos ilegales, venta de libros “hechos” por los profesores y vendidos en 400 pesos como condición para inscribirse a las materias; defensa del personal señalado como acosadores sexuales, y un largo etc, son algunas de las actividades de las que fluye dinero ilegal.

El CECyT 5 es popular por este tipo de prácticas. Por ello, desde que inició el movimiento del 2014 en el IPN, los alumnos organizados empezaron a señalar todo tipo de irregularidades que existían en dicho plantel. Entregaron listas de profesores que acosaban a las alumnas, profesores que no daban clases y que pedían a cambio de calificaciones, dinero, regalías o que les “presentaran” a ciertas alumnas. También señalaron al PAAE (Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación) como el responsable de venta de calificaciones, cambios de turno, venta de dictámenes, etc. Denunciaron el porrismo solapado por profesores, por el PAAE y en contubernio con las autoridades que no sólo permitían, sino que alentaban y pedían la cuota correspondiente por el ejercicio de las actividades ilegales que se realizaban.

Con el movimiento de 2014 se removieron autoridades, pero los profesores y los PAAE permanecieron y siguieron con sus prácticas. Hasta la fecha se han cambiado a 4 gabinetes de gobierno y la problemática sigue sin resolverse. ¿Por qué?, ¿Son todas las autoridades ineficientes?, ¿o el problema será que persisten ciertos grupos que al ver en peligro su nido de corrupción saltan a defender la hez que han producido?

En este contexto hay que entender la sistemática labor del SNTE y del grupo COAGI (Colectivo de la Asamblea General Interna), comandado por los conocidos perredistas, oportunistas y socialdemócratas del CLEP, por encubrir a los grupos corruptos del CECyT 5, generando un clima de desestabilización en todo el plantel para impedir que la escuela expulse a la casta corrupta y empiece un verdadero proceso de democratización y transparencia.

A raíz de que una jefa de departamento del referido CECyT hiciera pública la queja de los estudiantes y de algunos profesores indignados por la corrupción en el plantel; aunado a la exigencia de una auditoria general por 5 años del centro educativo en contra de quienes resultasen culpables, el PAAE comenzó un “paro de brazos caídos”, obstaculizando las labores administrativas y culpando a las autoridades interinas de ineficiencia. El PAAE y los profesores del CECyT 5 forman parte, en su mayoría, de los sectores más reaccionarios y pusilánimes del SNTE. Son ellos los que se aliaron con COAGI para encubrir la red de corrupción que había sido descubierta. He aquí las verdaderas razones de un paro que jamás fue votado por la comunidad estudiantil, sino una decisión unilateral del grupo COAGI junto al sector corrupto del PAAE y de los profesores que generan ingresos por traficar calificaciones, becas, cambios de turno, venta ilegal de libros, viajes, drogas, etc.

Resulta incoherente que una organización de “izquierda” se alíe con los mismos que llaman a masacrar a los maestros disidentes de Oaxaca y de Chiapas. Sólo en la historia de los movimientos oportunistas de “izquierda”, como el CLEP, puede observarse la alianza de estos con la parte más putrefacta y reaccionaria de la derecha, todo para conservar su coto de poder a expensas de la sangre del movimiento social y desde una lógica de alianza sin principios.

A partir de la calumnia y la desinformación, estos grupos que navegan con la bandera del movimiento estudiantil y de izquierda hacen uso de un discurso manipulador en donde ocultan los verdaderos motivos de su accionar una vez que han sido señalados. Resulta curioso que entre sus líderes se encuentren personajes ligados a las mafias del PRD y a grupos porriles del mismo partido. Para ello, se valen de los métodos más rancios y pusilánimes, desde la mentira y la manipulación, hasta la amenaza, la represión selectiva y el chantaje. Sus métodos son la manipulación de la información y la constante victimización para que el movimiento social empatice con ellos y así poder legitimarse como organización sin declarar sus verdaderos intereses reaccionarios.

Habría que recordar que el CLEP es la organización que ha corporativizado el movimiento de estudiantes no aceptados a la educación superior en las escuelas del IPN, negociando con las autoridad lugares para el ingreso de aspirantes a cambio de cuotas dinerarias -altísimas- a los padres de familia y la obligación de ir, cual acarreados, a sus eventos políticos para “crecer” como organización y para poder negociar puestos académicos, administrativos y políticos dentro del IPN.

El CECyT 5 es nuevamente el caballito de batalla desde donde el CLEP quiere manipular al movimiento social y hacer creer que, desde el discurso de la victimización, puede articular a ciertos sectores del movimiento social para usarlos inconcientemente a su favor. La presunta “represión” del día sábado 1 de Octubre fue planeada y articulada por ellos mismos, pues con ayuda de gente de otras escuelas y externos al IPN, bajo el influjo de drogas y armados, montaron una confrontación con personas que se encontraban afuera del CECyT, para después culpar a la autoridad. Métodos ruines y manipuladores que tienen la finalidad de victimizarse para generar empatía y, con ello, llevar a cabo un proceso de desestabilización del IPN en contra del Congreso Nacional Politécnico emanado democráticamente del movimiento de 2014. Pues, en última instancia, los únicos que no ven con buenos ojos la democratización del IPN son las mafias priístas y perredistas que se han adueñado de la misma y que ahora se alían. ¿Qué pasaría si un proyecto de transparencia, democratización real, de purga de la corrupción reinante y de construcción de pensamiento crítico se empezara a gestar en todo el IPN?

Es extremadamente delicado que en el movimiento social haya organizaciones que se disfrazan de “izquierda”, pero que son, en última instancia, agentes y operadores del PRI gobierno. En los tiempos que corren y frente a las coyunturas que se avecinan es necesario desenmascarar a este tipo de organizaciones y no caer en la serie de engaños, mentiras y difamaciones que sólo benefician a la mafia que se ha visto amenazada. La maquinaria estatal ha afilado y desarrollado métodos sofisticados de manipulación, ha financiado y armado a grupos de pseudoizquierda para realizar el trabajo sucio.

El miedo y el oportunismo sólo acabarán si las luchas sociales en las calles se incrementan



1. Pensando acerca de las luchas sociales aguerridas de los maestros de la Coordinadora (la CNTE) en la República, en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, así como reflexionando por qué hay muchas otras entidades como Colima, Nayarit, Yucatán, Campeche, (incluso Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro) donde no hay luchas sociales trascendentes, llegué a la idea de que todas dependen de la historia de por lo menos sus últimos 50 años. La realidad es que nada, o muy poco, se ha publicado y sabido de protestas, manifestaciones, bloqueos, contra los gobiernos y empresarios en esos estados a pesar de que la mayoría de los pobladores viven en condiciones de desempleo, miseria, y abandono.
2. El 80 por ciento del pueblo mexicano vive en la pobreza y miseria económica, por ello cualquier descontento indígena, campesino, obrero, ciudadano, tiene como base esas condiciones; pero también hay estados y regiones que aunque vivan en la miseria y el hambre, no se levantan a protestar y luchar porque no existe conciencia social para ello. Es decir, aunque la miseria es la base indiscutible de las batallas sociales de descontento, hay pueblos y estados que prefieren morir de hambre antes que salir a la calle a gritar su descontento y desesperación. Poseo la convicción de que es la creencia religiosa y los medios de información tramposamente dirigidos, los que tienen atarantado a la mayoría de la población.

3. Soy partidario de encontrar muchas causas, además de la economía, en la historia y la ideología. Pienso que en estados y regiones donde los españoles y el capitalismo barrió con la cultura original de los pueblos imponiendo todo el modelo de producción que llegó de la Europa conquistadora, se registró un acomodamiento y supeditación al modelo impuesto; por el contrario, donde los pueblos resistieron a la conquista, se enfrentaron a los europeos y durante décadas y siglos evitaron la dominación e imposición –por ese hecho- conservaron su dignidad, sus costumbres y formas de vivir y pensar que hoy los hacen diferentes. Para el capitalismo y la “modernidad” son los estados o pueblos “atrasados”; la realidad es que son los más dignos.

4. Los estados más marginales del capitalismo son los que han aprendido a “rascarse con sus propias uñas”, sin aspirar o desear entrar a la loca competencia capitalista. Lo que he visto en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Michoacán es que -aunque viviendo en las ciudades- es la gente muy sencilla sin preocupaciones por la “modernidad” que domina en las clases medias altas y altas. Obvio, en las grandes ciudades existe alguna preocupación por parecerse al modelo yanqui o europeo, pero hay resistencia al disfraz para no verse en el ridículo. Por el contrario, no han faltado entre los conquistados, personajes de clases medias que quisieran ser gringos o europeos porque México es un país muy “atrasado en todos los aspectos”.

5. Toda esa formación ideológica que tiene mucho de sumisión a las clases dominantes lleva de manera automática al miedo al individualismo y al oportunismo acomodaticio. Por el contrario, quienes han vivido en la resistencia continua tienden a seguir por el mismo camino de la dignidad, el colectivismo y de la lucha contra cualquier forma extraña de dominación. Así me explico el comportamiento de muchos estados de la República ante la dictadura o dictablanda que por lo menos durante el último siglo ha ejercido la gran burguesía en México. Entre los maestros esto ha sido muy claro: unos tienden a vivir con los modelos de las clases altas, pero la mayoría es de maestros honestos que se integran a la vida de las comunidades.

6. El miedo y el oportunismo en la participación política, sindical, en los movimientos ciudadanos, sólo se acabará cuando las batallas vanguardistas se multipliquen arrastrando y enseñando a las demás entidades y pueblos. Por ello he propuesto durante décadas poner el acento principal de nuestras batallas en aquellos estados muy significativos en la historia de sus luchas. Si lográramos concientizar, mover, concentrar por ejemplo la CDMX –con historia de luchas, concentración de poderes, de centros educativos, instituciones y fábricas- se facilitaría el trabajo de concientización en todos los estados. Es lo que he llamado mover el “motor grande” junto al Estado de México y Veracruz, que son entidades claves que jalarían a las regiones de poca participación.

7. Hay muchos estados que no se mueven “ni con grúa” porque tienen que ser remolcados, dado que no tienen historia. La guerra de Independencia se inició religiosa en Guanajuato y Centro del país; la revolución burguesa mexicana de 1910 en el Norte, pero fue en el Sur donde se desarrolló el movimiento campesino antiburgués; la guerra cristera (religiosa) se desarrolló en el Centro del país; pero el movimiento ferrocarrilero vallejista y las guerrillas de Jenaro y Lucio se iniciaron en Oaxaca, DF, Chihuahua y Guerrero. Los movimientos estudiantiles se han desatado en Guerrero, Puebla, Sinaloa, Michoacán, pero el más grande, el de 1968 (que hoy conmemoramos los 48 años de la masacre de Tlatelolco) tuvo como único centro el DF (hoy CDMX).

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

sábado, 1 de octubre de 2016

Estado de emergencia


El libro de Carlos Fazio Estado de emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto (Grijalbo, 2016), constituye un impresionante y detallado diagnóstico de la trágica realidad mexicana contemporánea; un hilvanado, documentado y meticuloso recuento de las condiciones de exponencial violencia, crímenes de Estado y lesa humanidad, así como violación generalizada, sistemática y permanente de los derechos humanos, que hacen de México el paradigma de una mundialización capitalista con base en el desvío de poder de un Estado delincuencial al servicio de un proceso de recolonización y ocupación integral del territorio. La obra de Fazio es una fundada denuncia, e incluso, de existir un estado de derecho en el país, podría ser el alegato de una imaginaria fiscalía para juzgar de esos graves crímenes de guerra, de Estado y lesa humanidad a las autoridades mexicanas de todos los ámbitos y niveles, incluyendo, sobre todo, a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad pública.
Coincido plenamente con Fazio en considerar el crimen organizado como parte consustancial del capitalismo actual, esto es, “las mafias y los grupos de la economía criminal se han instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos (…) vivimos en una era de capitalismo criminal; en democracias criminales y mafiosas”. Asimismo, estamos de acuerdo en que, en este modelo de acumulación, el despojo de territorios, recursos naturales y estratégicos, lo que Harvey denomina acumulación por despojo, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio, en la cual se establecen estados de excepción o de emergencia, que tienden a considerarse normales y a extenderse.

Esto se relaciona estrechamente con los planes estadunidenses, puestos en práctica particularmente después del 11 de septiembre de 2001, de apropiarse de territorios para ponerlos al servicio de las corporaciones trasnacionales, a partir no sólo de guerras de conquista coloniales, como en el caso de Irak, sino también de guerras encubiertas y de ocupación neocolonial, como la puesta en marcha por Felipe Calderón.

Precisamente, la noción: dominación de espectro completo, acuñada por el Pentágono, “abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes (… que) implican la formación y manipulación de una ‘opinión pública’ legitimadora del modelo de dominación (…) se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación”. Fazio sostiene que “a partir de la implantación larvada de un estado de excepción que se fue convirtiendo en regla, Estados Unidos instituyó en México –como antes en Colombia– un modelo donde la administración de la política se convirtió en un ‘trabajo de muerte’ que permite el control de amplios territorios para la explotación de los recursos geoestratégicos, laborales, de manufacturación o de paso para la circulación de mercancías (…) En ambos países la institucionalización del nuevo modelo de exterminio combinó el accionar de la estructura del Estado con el de corporaciones trasnacionales y grupos de la economía criminal”. De esta manera, como es posible observar en nuestro país: la guerra y el terror son instrumentos claves al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de paraestados donde operan formas de poder paralelas, pero articuladas al marco institucional. Estas formas paralelas pueden ser paramilitares o grupos del narco, que actúan en complicidad y complementariedad con las fuerzas armadas y los aparatos de seguridad.

Los estrategas estadunidenses llaman guerras asimétricas a aquellas que no se dan entre dos poderes similares, sino mediante enemigos difusos. El papel que jugaba antes el comunismo lo ocupan ahora el narcotráfico y el terrorismo. La ocupación de países requiere empezar una guerra, con actores locales, en este caso un gobierno, como el de Calderón, que le da inicio, y continuada por Peña Nieto, con el auxilio de Estados Unidos por medio de la Iniciativa Mérida. En este sentido, el narcotráfico no es sólo un negocio, su tarea política es instalar el terror y servir de excusa para militarizar el país y criminalizar las luchas. Justifica el despliegue de un aparato represivo que sirve para el control de población, trabajadores y territorios para la penetración del capital. Fazio explica que, bajo un régimen de excepción, la laxitud del concepto de enemigo suele ser muy amplia. Asimismo, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no toma en cuenta que el objetivo primario de las mismas es ganar la guerra por cualquier medio. En esta dirección, me parece muy importante la utilización del concepto de terrorismo de Estado para analizar la situación mexicana. Sobre todo, cuando el terrorismo de Estado también se pone en práctica en el ámbito planetario, mediante el cual Estados Unidos impone su guerra sucia contrainsurgente por medio de sus aparatos militares y de inteligencia, en operaciones abiertas y clandestinas.

Los relatos de las dos partes que conforman la obra, narrados con la maestría del periodista de investigación que caracteriza a Fazio, son estremecedores, como Morir en un retén, o El caso de los niños Almanza, en los que se describen los ataques letales a familias indefensas por el Ejército, y en los que la Sedena pretende proteger a sus soldados, tergiversando los hechos, manipulando las escenas de los multihomicidios y sembrando evidencias. El caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey es presentado por Fazio como falsos positivos a la mexicana, ya que no sólo fueron ejecutados por los militares a mansalva y sin justificación, sino que también se pretendió manchar la memoria de los dos alumnos de excelencia, a quienes, incluso, se les colocaron fusiles para aparentar que estaban armados. A lo largo de las 613 páginas de la obra, Fazio va develando el rosario de ejecuciones extrajudiciales, torturas brutales, masacres, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, violación sistemática y generalizada al debido proceso, encubrimiento, escuadrones de la muerte, en suma, una catástrofe humanitaria en la que reina la impunidad y la violación de los derechos humanos en toda la cadena de mando, que va desde los comandantes en jefe hasta los grados inferiores de unas fuerzas armadas y aparatos de seguridad intocables e intocados.

A dos años de la noche de Iguala: ¡Fue el Estado! ¡Nos faltan 43!

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/30/opinion/023a1pol

Masacre de Iguala, dos años después


El 26 de septiembre del 2014 será recordado como una fecha que simboliza el México bárbaro del siglo XXI: esa noche una nueva masacre recorrió la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de la capital del país.

Ese día estudiantes de la normal de Ayotzinapa —escuela rural de maestros cuyos miembros se han caracterizado históricamente por sus movilizaciones contestatarias— recibieron un atroz ataque encabezado por policías municipales que tuvo como resultado 6 muertos y 43 desaparecidos.

La imagen difundida del cuerpo sin vida, con signos de tortura y con la cara desollada, del normalista Julio César Mondragón hizo estallar de indignación al pueblo mexicano que rápidamente exigió justicia y la inmediata aparición con vida de los desaparecidos.

Con los familiares de las víctimas a la cabeza, la sociedad civil se movilizó a millones y logró despertar la atención de buena parte de la comunidad internacional. Las jornadas globales por Ayotzinapa y la consigna “Fue el Estado” aglutinaron el descontento mundial y pusieron contra las cuerdas al Gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto.

La estrategia del Presidente para salirse de la escena fue dar una versión de los hechos donde los responsables se circunscribían exclusivamente a las autoridades locales. De esta manera, para la Procuraduría General de la República (PGR) la culpabilidad cayó sobre el alcalde de la ciudad, la policía local y el cártel Guerreros Unidos, mientras dejaron de lado el rol de instituciones de mayor alcance. Por ejemplo, “olvidaron” investigar el papel jugado por el principal poder del estado de Guerrero: el Ejército.

La “verdad histórica” —como fue llamada por el propio Gobierno— planteaba que por iniciativa del presidente municipal la policía atacó y capturó a los estudiantes para luego entregarlos al mencionado grupo delictivo, quienes en un basurero en Cocula incineraron hasta convertir en polvo los cuerpos de los 43 estudiantes.

Pero la investigación avalada por los padres de los jóvenes desaparecidos y realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmintió terminantemente dicho relato. Su pesquisa concluyó que el fuego desatado en el basurero no fue de la magnitud requerida para incinerar 43 individuos, y también que los restos humanos encontrados no correspondían con los de los estudiantes. Por otro lado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de afirmar la insostenibilidad de la versión de la PGR, propuso investigar al Ejército, amparándose en el monitoreo que la institución armada hizo de los hechos. Hasta el momento su solicitud no ha sido procesada.

Que la clave para determinar el destino de los 43 normalistas desaparecidos se encuentra en el Ejército no solo reside en el poder que dicha institución tiene, sobre todo, lo que pasa en el estado de Guerrero o en lo que se sabe de su acción y omisión el 26 de septiembre, sino también, en su larga trayectoria violatoria de los derechos humanos. Por ejemplo, el 30 de junio del 2014 (menos de dos meses antes del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa) el Ejército ejecutó en Tlataya (estado de México) a 21 personas desarmadas, argumentando que las bajas fueron producto de un feroz enfrentamiento contra un grupo narcotraficante. Aunque muchas evidencias apuntan al mismo lado, la cerrazón de las autoridades civiles y militares con respecto a interrogar soldados ha sido terminante.

La masacre de Iguala visibilizó a nivel mundial la dramática situación de violación de los derechos humanos que sufre el país gobernado por Peña Nieto. Desde el 2013 (su mandato inició en diciembre del 2012) hasta abril del presente año las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dan cuenta de 13 mil 156 desapariciones, escalofriante número que habla de la violencia estructural que recorre la nación.

Al igual que la incansable búsqueda de las Madres de Plaza de Mayo fue un símbolo de la resistencia contra la última dictadura militar argentina (1976-1983), ahora lo está siendo contra la impunidad en México la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A dos años de la masacre, ellas y ellos convocan a movilizaciones en el país y en el mundo exigiendo justicia. Su principal consigna será: ¡Hasta encontrarlos!

Mariano Casco es graduado de Sociología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, y Máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, México.

Fuente: http://www.trabajadores.cu/20160927/masacre-de-iguala-dos-anos-despues/