jueves, 26 de febrero de 2015

Marchas 26 Febrero 2015 #AccionGlobalPorAyotzinapa


A cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas por parte de la policía municipal y el crimen organizado en Iguala, Guerrero, se realizará hoy jueves la novena jornada de Acción Global por Ayotzinapa.


Mediante redes sociales, familiares de los 43 y asociaciones civiles convocan este 26 de febrero a marchas y concentraciones que se llevarán a cabo en distintas ciudades de México y del mundo.


Las acciones se llevarán a cabo en varias ciudades del país y del extranjero:


En la Ciudad de México la marcha partirá hoy a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia hacia los Pinos.


En la capital de Durango se convocó en la Plaza de las Armas a las 17:00 horas.


En Guadalajara, la manifestación se hará en Arcos de Guadalajara al edificio TEPJF a las 17:00 horas.


En la capital de Guanajuato la reunión será en "Sospeso" café Vintage a las 20:00 horas.


En varias ciudades de Chiapas se esperan acciones. La principal será en la capital Tuxtla Gutiérrez, la marcha comenzará en instalaciones de la Escuela Normal Rural Mactumatza al Palacio de Gobierno Estatal, a las 9:00 horas.


En Mérida, Yucatán partirán del parque de San Juan a la Plaza Grande a las 16:00 horas.


También ciudades de Estados Unidos participarán en la novena jornada de Acción Global por Ayotzinapa.


En Houston, Texas, la reunión será en el número 5800 Main St. Mecom Fountain a las 17:30 horas.


En Nueva York, la reunión será frente al Consulado mexicano a las 17:00 horas

lunes, 23 de febrero de 2015

El proceso contra los Abarca, plagado de inconsistencias




México.- El caso que sigue la Procuraduría General de la República (PGR) contra José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda está plagado de contradicciones y basado en versiones de testigos desprestigiados, acusa una investigación periodística publicada este domingo por el semanario Proceso.

Al exalcalde de Iguala se le acusa de “delincuencia organizada” en la modalidad “contra la salud con fines de fomento” por presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo el pasado 3 de enero la PGR solicitó una orden de aprehensión en su contra por el delito de “secuestro” sin que el Ministerio Público presentara nuevas pruebas, según consta en la causa penal 1/2015 iniciada en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas.

Estas y otras irregularidades afloraron a raíz de una investigación efectuada por Proceso en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.

Respecto a Pineda Villa, luego de 40 días de arraigo sin encontrar elementos para incriminarla, en diciembre de 2014 la SEIDO recurrió a Sergio Villarreal Barragán, Mateo (alias que se le adjudicó como testigo colaborador; antes usaba el de El Grande), extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012, para que la incriminara tras más de cuatro años de no haberla mencionado en sus declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Leyva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa.

El testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal 105/2014 y el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad “contra la salud”, la PGR también solicitó orden de aprehensión en su contra en la causa penal 1/2015, y ya se dictó auto de formal prisión sin que haya sido notificada.

La PGR le imputa al exalcalde el homicidio de Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, en marzo de 2013. También se le responsabiliza del secuestro de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP), y otras seis personas el 30 de mayo de 2013.

Según las declaraciones ministeriales presentadas por la PGR al juzgado, la acusación se basa en testimonios “de oídas” y de presuntas víctimas que dicen haber atestiguado los mismos hechos pero dieron versiones diferentes.

Revista Proceso 1999 leer


Ayotzinapa, entre la ficción y el silencio



En 1969, el entonces presidente de Uruguay, Jorge Pacheco Areco, emitió un decreto que prohibía a todos los medios de comunicación publicar cualquier nota que contuviera la palabra “tupamaro”. Por esos años, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro no sólo crecía y se adjudicaba espectaculares golpes mediáticos, sino que también ponía en entredicho la legitimidad y el poder del anodino presidente y la clase empresarial uruguaya. [1] Con la idea de que si el sujeto no se nombra entonces no existe, se buscó eliminar la palabra para eliminar el problema, sin embargo los sinónimos saltaron por todos lados. Los tupamaros fueron conocidos por la población uruguaya como “los tucutucu”, “los que te dije”, “los innombrables”, y el decreto fue menos una prohibición que una afrenta para la sociedad, representando, al mismo tiempo, el reto y la posibilidad de nombrar aquello que se pretendía silenciar desde el poder.

Hoy en México, bajo el mandato de Peña Nieto, se busca con un decreto de hecho, eliminar del vocabulario de la población, y por ello del imaginario público, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De ahí que el plan mediático emprendido por el Estado mexicano busque, a toda costa, imponer una “verdad histórica”. La estrategia Estatal contiene algunos elementos en los que vale la pena reparar.


A) El cerco en los medios masivos de comunicación. Es obvio cómo han disminuido las notas en torno a Ayotzinapa. Hoy, especialmente en el duopolio televisivo, las noticias al respecto son mínimas por no decir inexistentes, así lo que no aparece en la pantalla de televisión no se ve, no es.


B) Cuando el caso se nombra es para silenciarlo de manera definitiva. Se explota al máximo la voz gubernamental, encumbrando la versión sostenida por la PGR y Murillo Karam, no obstante el cúmulo de inconsistencias contenidas en ella. Además, las denuncias de los padres, así como del equipo de peritaje argentino, son presentadas sólo para denostarlas. De tal manera, el gobierno aparece mostrando la “verdad histórica” y cualquier versión distinta a la suya es, desde luego, una mentira.


C) Eliminar, de una buena vez y para siempre, la responsabilidad del Estado en su conjunto reduciendo este horroroso acontecimiento simplemente al “crimen organizado”. En este aspecto, se bloquean a las voces que señalan la responsabilidad y la participación del Ejército en el operativo del 26 y 27 de septiembre en Iguala.


D) Inocular en la opinión pública que no hay más qué hacer pues, según la versión de Murillo Karam, los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados. Por lo tanto, no se abren más líneas de investigación y el caso está definitivamente cerrado.

La versión de los hechos dibujada desde el poder, no es simplemente la táctica constante de descalificación hacia los normalistas y quienes con ellos se movilizan, sino que representa la construcción de una ficción que muestre la “verdad histórica” moldeando así la realidad. En ese sentido, el Estado busca ostentarse como el poseedor de la vida y del destino de todos y cada uno de los mexicanos. De ese modo, enmascara los hechos y, sobre todo, oculta afanosamente los acontecimientos de septiembre pasado. El espaldarazo que los empresarios han dado al Ejército-institución a la que, en voz de Enrique Solana Sentíes, consideran como “las entrañas de la sociedad mexicana, lo más íntimo de nuestro ser”-, no deja lugar a dudas de lo que se pretende: eximir de cualquier participación y responsabilidad a los militares; eximir, por ello, al Estado de una participación directa en el operativo montado contra los normalistas. Desde luego, esta pelea por la presentación con vida de los estudiantes, significa conocer los hechos fielmente arrebatándole la verdad al Estado; demostrando, primero, cuán falaz es su construcción y, segundo, castigando a los responsables en todos sus niveles. Mientras la sociedad mexicana no conozca qué ocurrió, mientras no se castigue a los responsables materiales e intelectuales, la batalla ha de continuar y es, en suma, una batalla por la verdad, por deshacer la ficción del Estado, por nombrar a Ayotzinapa.

Luego de varios meses de movilización en torno a la demanda de presentación con vida de los 43, en estos momentos hay una suerte de impasse para quienes, de diversas maneras, se sumaron a la demanda. Si bien el Estado mueve todas sus piezas con el objetivo de finiquitar la incomodidad que le ha representado la palabra Ayotzinapa, muy a pesar suyo, incluso a pesar del decreto de hecho, existe en el ambiente público la referencia a los normalistas. Las miles de personas que salieron a las calles en meses anteriores continúan allí, pero hasta el momento no hay una convocatoria fortalecida que las aglutine. Este segundo episodio, de una larga batalla, cuenta con el elemento adverso que representó el periodo vacacional decembrino, cuyo reflujo natural dispersó al contingente estudiantil. Sin embargo, eso no significa que no existen las condiciones para, nuevamente, poner en el centro de la discusión a nivel nacional la presentación con vida de los 43.

El próximo 26 de febrero es una oportunidad para demostrar que el caso no está cerrado. Que la ficción Estatal no puede superar la atrocidad real. Esta pelea por la verdad significa, en el fondo, una pelea por la transformación de este país. Nombrar a Ayotzinapa representa la posibilidad de que la mentira sea derribada y es, al mismo tiempo, la confrontación de dos narraciones diferentes de lo que México vive. A pocos días de cumplirse cinco meses de lo sucedido en Iguala, se abre una ocasión inmejorable para reabrir la discusión con la sociedad en general, para señalar la necesidad de lucha, la necesidad de movilizarse. Sólo con una sociedad organizada, y en pie de pelea, se puede narrar y nombrar más allá del silencio que el gobierno pretende imponer. Quizá, como en el Uruguay de 1969, es hora de buscar sinónimos para nombrar y romper el silencio.

José Arreola Rebelión

viernes, 20 de febrero de 2015

Confrontan eurodiputados a legisladores mexicanos; exigen veracidad para Ayotzinapa



Durante la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, los eurodiputados cuestionaron la respuesta que se ha dado a los familiares de las víctimas y demandaron a los legisladores de nuestro país ponerse de su lado.

Parlamentarios europeos confrontaron a legisladores de nuestro país por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y demandaron que se esclarezca lo ocurrido con veracidad.
Durante la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, los eurodiputados cuestionaron la respuesta que se ha dado a los familiares de las víctimas y demandaron a los legisladores de nuestro país ponerse de su lado.
La diputada italiana Pina Picierno destacó que ante casos como el de Iguala se requieren respuestas veraces y ciertas, asegurando a los padres y a las personas afectadas el acceso a la justicia, ya que, dijo, necesitan la seguridad de que no seguirá habiendo impunidad.
Pina Picierno manifestó su preocupación por el aumento de desaparecidos en nuestro país. Y es que, afirmó, a pesar de tratarse de un país democrático, se han cuantificado 13 casos por día (15 mil 772 casos oficiales al año), cifra mayor a las registradas durante la dictadura militar de Argentina.
En tanto, la diputada española Teresa Jiménez-Becerril señaló que si bien estos casos pueden ser manipulados, es importante hablar siempre con la verdad a las víctimas y mantener abierta la investigación.
Y es que, dijo, tan dañino es querer cerrar la investigación, como darles falsas esperanzas o intentar hablarles de un modo que no corresponde.
De igual forma, el alemán Thomas Mann destacó que los padres de los desaparecidos quieren saber la verdad y no que les salgan con excusas, por lo que es importante para ellos que en la investigación del caso intervengan expertos internacionales que no sean presionables.
Por separado, la italiana Giulia Moi cuestionó qué es lo que se hará en nuestro país para reducir el desfase que existe entre los buenos propósitos que se tienen en materia legislativa y lo que en realidad ocurre en las calles, donde no hay confianza ni en la política, ni en el gobierno, ni en la policía.
A los cuestionamientos se sumó la diputada alemana Gesine Meissner consideró positivas las reformas que se pretende impulsar, aunque cuestionó cuanto tiempo tardarán en traducirse en algo concreto para la ciudadanía.
Durante el encuentro, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Omar Fayad Meneses (PRI), defendió la investigación realizada por la Procuraduría General de la República sobre este caso, la cual, dijo, fue muy profunda y eficaz.
De igual forma, la senadora por el PRI, Blanca Alcalá, reconoció que el Estado mexicano se vio vulnerado por el caso Iguala, aunque, dijo, existe el compromiso de implementar una serie de medidas en materia de seguridad y justicia para evitar que esto se repita.
Finalmente, el senador por el PRD, Rabindranath Salazar, destacó que es necesario contar con mayor información sobre lo ocurrido, ya que si bien él mismo la ha solicitado a las autoridades, no ha tenido respuesta alguna.

lunes, 16 de febrero de 2015

JusticeMexicoNow Ayotzinapa United Kingdom



Petición para Buckingham Palace Her Majesty The Queen
Esta petición será entregada a:
Buckingham Palace
Her Majesty The Queen
Cancel the State Visit invitation to Mr. Enrique Peña Nieto to the United Kingdom from the 3rd to 5th of March 2015
Laura Morales
London, Reino Unido



Your Majesty,

We, the Mexican community in the UK, along with friends, family and everyone who is in love with Mexico and its culture would like to express their discontent with the invitation made to Mr. Enrique Peña Nieto to visit the United Kingdom in 2015. We see these state visits as a way to legitimise Mr. Enrique Peña Nieto’s status as president of Mexico, something we feel very strongly against.

We would like to invite you to analyse the current situation Mexican people are living in, the shameful and utter lack of human rights, violence and extreme poverty. Do you think the person responsible for all these atrocities should be welcome in your palace and in your country?

We feel the need to express our disapproval about this visit and we would like to ask you to cancel the invitation.

We understand that relationships with other countries are very important to the United Kingdom, however, please take into consideration the message this cancellation will give to the rest of the world. It’s important to let Mr. Enrique Peña Nieto know that the world is watching. It is important to let him know that the rest of the world is a witness of the suffering of millions of Mexican people under his regime.

We trust you to share the pain of Mexico’s current situation and we sincerely hope that you decide to cancel this state visit.
Yours faithfully,   
The Mexican Community in the United Kingdom and everyone else who wants to see the destruction of such a beautiful country and its people stopped.  

Event: Let’s talk about Human Rights in Mexico: Ayotzinapa’s 43 Disappeared Students

By Liberation on February 7, 2015




Liberation, Jeremy Corbyn MP, Cathy Jamieson MP, and Justice Mexico Now,are hosting an event at Portcullis House, on Human Rights in Mexico on the 24th of February 2015 at 7pm (please arrive 6.30 to pass security). This event takes place in the context of the dual year Mexico-UK 2015 which focus on trade, investment and culture, but largely overlooks the Human Right’s crisis in Mexico. The meeting aims to launch a Campaign for Human Rights in Mexico, called ‘Justice in Mexico Now’ to demand an end to impunity and to Human Rights abuses in the country.

The speakers will cover the recent case of the 43 students from Ayotzinapa and their enforced disappearance by the mayor and local police in Guerrero, Mexico, the extrajudicial killings by the military like those at the State of Mexico, violence against journalists and activists, impunity rates, and a preliminar report from one of the participants at the Misión de Observación Civil that took place in November last year.

Speakers:

Jeremy Corbyn MP (Chair of Liberation and Chair of the day)

Cathy Jamieson MP (Main Speaker)

Rupert Knox (Sheffield University – Former Amnesty International researcher)

Professor Amanda Hopkinson (Translator and Writer – English PEN)

Dr. Elvira Dominguez LLM (Part of the Misión de Observación Civil (MOC) in November 2014 and member of the Universal Human Rights Group)

Lupita Valdez (UCL – Mexican Student and Activist)

Laura Alvarez (Birkbeck University – Mexican Student and Activist)







Ayotzinapa 9/14: desaparecieron 43 estudiantes tras ataque policía en el que murieron 6 personas



¿Qué ocurrió en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014? Después de un ataque de la policia a los estudiantes de Ayotzinapa – Estado de Guerrero – murieron 3 de ellos y 3 personas que pasaban por el lugar. Y tan o más grave: desparecieron 43 estudiantes de los que aún no se sabe nada.
En el Estado de Guerrero las desapariciones resultan cotidianas. Se calcula que entre 2012 y 2013 desaparecieron más de 9 mil personas.
La desaparición de mujeres – feminicidios – se ha convertido en algo habitual en México. Sucede algo parecido con los estudiantes.
Reconstruimos los hechos. Vídeo realizado por Adrián Solana. @adrian_sin

domingo, 15 de febrero de 2015

Ayotzinapa: justicia, emergencias y transformación social



La indignación por el crimen de Estado cometido en Iguala contra 46 y más estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, han impulsado un nuevo ciclo de lucha que como pocos ha llenados las calles, generado diversos y creativos tipos de expresión popular y desencadenado múltiples formas de organización sectorial y territorial que buscan no solo justicia en el crimen contra los normalistas si no construir otra etapa en la vida del país.
La expresión popular ha dado la disputa narrativa al Estado y sus cómplices en los medios de comunicación, ha señalado culpabilidades – individuales, institucionales y estructurales – ha denunciado la emergencia nacional y ha puesto sobre la mesa la necesidad de pensar en cambios estructurales que modifiquen el modelo de nación, su pacto social y la posibilidad de una nueva constitucionalidad.
El salto de lo especifico, -expresado en las exigencias de justicia para Ayotzinapa-, a una lucha por el cambio de régimen, -que evolucionó de “Fue el Estado” a “Fuera Peña” y “que se vayan todos”-, refleja la necesidad de que las etapas venideras de movilización social conjuguen las miradas de corto con las de largo plazo. Se requiere proponernos todos continuar la lucha por resolver el caso Iguala, al tiempo que no se deje de mirar la agenda de emergencia del país y se fortalecen las plataformas de lucha estructural y transformación social que avanzan por diversos llamados a construir nuevos espacios para ese fin.
Ninguna propuesta de cambio estructural, por solida que sea, amerita el debilitamiento de la lucha por la justicia para los normalistas, sus familias y la sociedad entera. Por el contrario, las demandas de aparición por vida y contra la impunidad corresponden a toda la sociedad que ha mostrado, hasta ahora, gran capa de articulación en la acción.
Tras la gran farsa que significa la “verdad histórica” dada a conocer por el Gobierno Federal los principales retos de la lucha son 1) profundizar dicha disputa por la interpretación de los hechos, 2) encontrar las maneras de continuar la movilización y organización social y 3) intensificar la denuncia internacional.
Una manera de continuar con la lucha por justicia para Ayotzinapa sería identificando cuales son los ejes programáticos directamente asociados al caso y que pueden dar cabida y claridad a la movilización de los amplios sectores de la sociedad conmovidos e indignados. Entre las condiciones que debieran cumplir dichos ejes programáticos están la de ser aceptados por los padres de familia y la de ser susceptibles de reivindicarse mediante muy diversas formas de lucha y en el marco de las distintas perspectivas de transformación estructural.
Entre los ejes que pudieran significar dicha renovación programática directamente asociada al caso de Iguala están:
1) La aparición con vida de los 42 estudiantes desaparecidos
2) El establecimiento de una comisión de la verdad
3) Alto a la guerra y modificación de la estrategia de seguridad
4) Investigación de los vínculos financieros del crimen organizado con los funcionarios y actores políticos de todos los niveles
5) Saneamiento y rediseño integral del sistema de justicia
6) Rescate y fortalecimiento del sistema de educación normal de todo el país
Asumir estos u otros ejes de lucha, que pudieran conformar un pliego petitorio, no implica dejar de dar la lucha por cambios estructurales, sin embargo, por ahora está claro que estas perspectivas avanzan por diversos canales y con distintos actores en su reivindicación. Si bien es cierto que hay que insistir en la construcción de procesos de articulación en torno a una propuesta de cambio radical, también lo es que la solución del caso Iguala no puede quedar pendiente en función de dichos procesos.
Luego. El nivel de agresión del Estado hacia los sectores populares, hace que multipliquen los frente, las luchas y las perspectivas de transformación. Entre los temas que conforman la emergencia se encuentran: 1) La libertad de los presos políticos de la tribu Yaqui, Fernando Jiménez y Mario Luna, así como detener de manera inmediata y definitiva la construcción y operación del Acueducto Independencia que los despoja del agua que les corresponde. 2) La reversión de la reforma energética necesaria, ahora también, por el contexto internacional de caída de los precios y baja de la producción. 3) La lucha lo mejor coordinada posible, contra los proyectos de saqueo y despojo ambiental. 4)La liberación de todos los presos políticos del país entre los que se encuentras Nestora Salgado, Hipolito Mora, José Manuel Mireles, y muchos otros, resaltando los 46 casos del estado de Puebla. 5) Combatir la configuración de marcos legales que faciliten la represión y criminalicen la protesta social como de manera alarmante ha sucedido en el Distrito Federal. Entre otros temas.
En otra perspectiva, más allá de la electoral, y además de las que en los hechos construyen las propuestas autonómicas fundamentalmente de los pueblos indios, se configuran plataformas que reconocen a situación del país, no cambiará de fondo hasta que nos e modifiquen sus estructuras políticas y administrativas. Entre ellas se encuentran los acuerdos hacia la transformación social generados en la Convención Nacional Popular, la propuestas de constituyente ciudadana planteada por el Obispo Raúl Vera –que tiene como proceso previo la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y como esencia o el proceso de construcción de un nuevo proyecto de nación impulsado por Cuauhtémoc Cárdenas, basado en los múltiples esfuerzos de elaboración programática (Un México para todos), y en la pregunta urgente de ¿Hacia donde se quiere reconstruir el país?.
Para enfrentar la siguiente etapa de movilización y organización con base en estas u otras agendas y/o plataformas, habría que considerar que las diversas estrategias de lucha no son mutuamente excluyentes y que lo urgente es avanzar por todos aquellos resquicios, aún abiertos, para contener y revertir el avance de las derechas. Se trata, en todo caso, de hacerlo con ética implacable y con la tarea de construir consensos y procesos sociales amplios. Ninguna reconstrucción de la izquierda avanzará si no se logran colocar en el escenario los debates y las disputas necesarias sobre la cultura política y sobre los códigos de relacionamiento que lo haga posible.
Si algo ha descalificado el neoliberalismo es las diversas nociones de “lo publico”. A nombre de dicha descalificación no solo se han entregado las diversas áreas de desarrollo nacional a los actores del mercado si no que se ha estigmatizado a los grupos sociales que lo representan, como lo son los maestros, los normalistas, los indígenas, principalmente. Disputar la cultura política, entonces, puede pasar por reubicar dicha noción en las diversas dimensiones de la vida: la social, la comunitaria, y la institucional. Su transversalidad, más que hacer excluyente las formas de lucha, las puede hacer converger con base en la democracia, la solidaridad y el anti – autoritarismo.
En fin. La manera como las autoridades han pretendido cerrar el caso Iguala tiene un tufo a misterio y thriller que parecieran querer sembrar el miedo e inmovilidad entre la población. Ni se puede ceder ante ese miedo ni se puede asumir que el destino manifiesto de nuestro país está ligado a la corrupción y degradación endémica arraigada en la mayoría de sectas que acaparan los cargos políticos. Por el contrario, hay que insistir en que la potencia popular, expresada en múltiples organizaciones comunitarias que defienden su hábitat, sus derechos y sus identidades, la riqueza de bienes naturales, la sabiduría ancestral de los pueblos indios y las múltiples historias de luchas populares, brinda todos los elementos para pensar en una sociedad armónica e igualitaria.
Dicha certeza tiene que promoverse incorporando a los más en las luchas por la justicia y en las discusiones de proyecto de país, desencadenando múltiples espacios de dialogo donde se abra el debate político y se generalice la convicción no solo de la necesidad de cambios radicales si no de su viabilidad. El reto es ser estratégicos como para utilizar todas las formas de lucha – éticas y antiautoritarias- que puedan cerrar el paso a las derechas, potenciar las viabilidades y mantener los principios de realidad, al mismo tiempo que arriesgados para construir un nuevo proyecto societal basado en la libertad, la democracia y la solidaridad.
Por lo pronto: ¡Vivos los queremos!

Víctor García Zapata. Miembro de la Fundación para la Democracia. / victorgarciazapata@yahoo.com

Los 43, la salida mediática desde los Pinos


Urgente, así lo quiere el gobierno de Peña Nieto. Ni verdad “histórica” ni “científica”. Las versiones oficiales no soportan ni lo uno ni lo otro. Se nota la prisa por abandonar el caso de los 43 desaparecidos, estudiantes de Ayotzinapa, al pasado. Que nadie lo recuerde. “Colorín colorado”.
Pero el gobierno de Peña Nieto no tiene en cuenta la historia. Olvida que tamañas ofensas no pasan de largo y se quedan. Como el 2 de octubre en Tlatelolco para la memoria. Fue el recurso de Díaz Ordaz. Y le falló. Porque la ofensa, la indignación, y la exigencia de justicia persisten con el tiempo.
Craso error de los gobiernos. Del mismo modo el de México no quiere ir al fondo. Entrega resultados sin soporte. La “verdad” de Murillo Karam se queda, como en el teleprompter. Y no soporta las preguntas. Por eso es la “verdad oficial”.
Del reclamo de los padres de los estudiantes desaparecidos, nada. Que hagan ruido. “Ni los veo ni los oigo”, asentaría Carlos Salinas. Igual Peña Nieto. Como Karam, que no quiere saber nada de las osadías de los peritos forenses argentinos. O los descalifica.
Quieren tapar el sol con un dedo. Todos somos ingenuos. La jurisprudencia dice que las pruebas periciales están por encima de las testimoniales, incluso confesionales. Y las evidencias de PGR están basadas en estas últimas. Se apresuró a desconocer a las primeras, las de los argentinos. Es el soporte “científico”. El riesgo, dicen los peritos; “la investigación no puede darse por concluida”.
A que sí, dice el gobierno. A que no, los peritos. No estuvieron presentes durante el hallazgo de la bolsa con los restos, cuando llegaron al lugar. La PGR dice que no se quisieron bajar.
Pero los restos enviados a Innsbruck —coinciden tanto los argentinos como Amnistía Internacional— pueden no corresponder a los estudiantes. Las conclusiones evidencian graves deficiencias, prontas, emitidas sin la conclusión del forense; los testimoniales son autoinculpatorios; los perfiles genéticos enviados a Austria eran erróneos; el basurero de Cocula no tuvo custodia entre el 7 y 28 de noviembre. Además, el gobierno ya cortó a los padres, no escucha a los sobrevivientes de la tragedia, como tampoco indaga “la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada”, revelan los padres.
Pero Karam se justifica con que los especialistas extranjeros solo dominan “antropología, criminalística y genética”, por lo que “sus alcances en conocimientos de otros dictámenes no son válidos como expertos”. Que el equipo argentino no estuvo presente cuando se reportó la bolsa con fragmentos del río, aunque se les avisó la noche anterior. Ellos prefirieron darle prioridad a Cocula. Descalifica, el equipo “no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético”.
Es más, fuera de lo señalado, sus opiniones “parecerían” más especulaciones que certezas. Corolario de descalificaciones, el caso es que la verdad “histórica y científica” es una coladera. Adolece de la urgencia por cerrar el caso, más que de ir al fondo, como lo reclama la sociedad.
La mentira sea dicha. La verdad que espere. Mientras, nadie le cree a la ciencia “oficial”. Tiene razones electoreras. Verdad mediática. Qué más da.

Salvador González Briceño

viernes, 13 de febrero de 2015

La ONU lo reconoce: el caso de los 43 normalistas fue una desaparición forzada



El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una muestra de cómo en México se vive en un contexto de “desapariciones generalizadas” en las que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada, concluyó este viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en su informe final sobre México.

El Comité insistió en que lo ocurrido el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero -cuando policías municipales atacaron a estudiantes normalistas tras la orden del alcalde, José Luis Abarca- no sólo es un caso de desaparición forzada si no que “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.

México se sometió el pasado 2 y 3 de febrero a evaluación ante este Comité, que tras analizar el informe del Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el país y escuchar la posición de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes de la sociedad civil, emitió este viernes sus observaciones finales, que son las siguientes:

-Es preocupante que México no cuente con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”. Al Comité le preocupa que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con el que cuenta el país no incluya información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada -es decir, que participan agentes del Estado en el delito-; por lo que recomienda adoptar medidas para tener un registro confiable.

-El Estado mexicano debería redoblar esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.

-México deberá adoptar las “medidas legislativas necesarias” para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que se trata de “extrema gravedad”.

-El Comité llamó a que al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) exista una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.

-El Estado mexicano debería aprobado “a la mayor brevedad posible” una ley general sobre desaparición forzada. En la construcción de ésta deberán participar las víctimas, organizaciones de sociedad civil y la CNDH.

-Uno de los puntos en los que sociedad civil insistió más durante la evaluación de México ante el Comité fue en que éste pueda recibir y examinar casos individuales de desaparición forzada, es decir, presentados directamente por los ciudadanos. En ese sentido, en las recomendaciones se “alienta enérgicamente” al Estado a reconocer esta facultad para que los expertos de la ONU puedan revisar casos.

-Otra de las recomendaciones es que se adopten medidas para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un militar queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por autoridades civiles.

-El Comité también incluyó una recomendación para que México coopere con otros países, víctimas y la sociedad civil en la prevención e investigación de las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los testigos, denunciantes y defensores.

Guerra Sucia

Durante la evaluación de México, se trató el tema de la Guerra Sucia, conocido así en México el periodo entre 1960 y 1980 en el que ocurrieron diferentes medidas de represión militar y política.

Al respecto, el Comité mostró su preocupación porque a pesar del tiempo transcurrido “no hay avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas”.

Además, los expertos de la ONU hacen énfasis en que la reparación del daño a las víctimas ha sido lento.

“El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos con miras a: a) Asegurar que todos los casos de desaparición forzada que hubiesen sido perpetrados durante el período conocido como “guerra sucia” sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; b) Localizar, y en caso de fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante ese período; c) Garantizar el derecho a la verdad respecto de lo ocurrido; d) Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género”.

Tras la evaluación de México el pasado 2 y 3 de febrero el Estado se comprometió no sólo a recibir y analizar las observaciones y recomendaciones del Comité, si no a que para a más tardar junio de este año habría una Ley General sobre Desaparición Forzada que sería procesada en el Congreso durante el actual periodo ordinario de sesiones.

Puedes leer el reporte completo de la ONU aquí. Por Tania L. Montalvo-Animal Político


jueves, 12 de febrero de 2015

La lucha por la verdad y la credibilidad


Miguel Ángel Adame Cerón
Situación después de 4 meses de los normalistas muertos y desaparecidos.

Después de cumplidos cuatro trastocadores meses desde que en la madrugada del 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados 4 jóvenes y secuestrados/desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotizinapa, se hicieron sentir nuevamente en las calles de la ciudad de México y de todas las ciudades importantes de México y del mundo las manifestaciones populares por la presentación con vida de los 43: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, que conformaron parte medular de la 8ª Jornada nacional/mundial por Ayotzinapa (La Jornada 27 de enero de 2015). Dichas manifestaciones fueron combativas e insistentes, vale decir de resistencia y esperanza. Lo cual anuncia y presagia que no pararán y que por tanto pueden mejorar-potencializar dichas resistencias y esperanzas.
Mientras, por el lado de los representantes de la burguesía y el capital nacional e internacional, tanto el titular de la presidencia, Enrique Peña Nieto, como uno de sus secundadores, el rector de la UNAM José Narro, se afanaron por insistir en que no se debe quedar atrapado en el episodio trágico de Iguala y que hay que seguir la “normalidad” democrática de México. Igualmente para machacar la versión oficial fabricada ex profeso por sus asesores, el procurador Jesús Murillo Karam, insistió en que los 43 estudiantes desaparecidos fueron secuestrados por la policía municipal por órdenes de los Abarca y llevados a los sicarios de “Guerreros Unidos” para ser masacrados y quemados en el tiradero de Cocula. Dicha versión se quiere imponer como supuesta “verdad histórica” (La Jornada, 28 de enero, p. 1).
Por el lado del proletariado y los sectores oprimidos, empobrecidos, marginados y precarizados, los familiares y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (y todo el movimiento social que los acompaña) no han aceptado el garlito de la PGR de la muerte y calcinamiento de sus hijos y compañeros y han mantenido su exigencia por la presentación con vida de los jóvenes. Pero no sólo eso, sino que han sabido, a lo largo de todos estos meses, especialmente en el último mes en el cual el gobierno apostaba por el desvanecimiento de las protestas, cuestionar esa pseudo verdad con datos, evidencias y planteos alternos que han sostenido con pruebas y con acciones. Manifestándose sobre el terreno (en uno de los lugares claves de los hechos, la sede del 27avo batallón en Iguala donde se enfrentaron contra soldados y policías federales cuando les impidieron entrar para que revisaran esa sede) y señalando líneas de investigación que van directamente contra los verdaderos responsables mayores (y no sólo los menores y secundarios como son los 99 detenidos y en proceso de juicio y el matrimonio de los Abarca): oficiales del ejército, el ex-gobernador Ángel Aguirre y el propio Murillo Karam por encubridor y desviador.
Y obviamente con ello los familiares y normalistas, por un lado, impiden los intentos jurídicos, judiciales y discursivos constantes y ahora reiterados por dar carpetazo al asunto; y, por otro, ponen en evidencia el carácter sesgado, mañoso y burlesco de la tesis de la cremación de los 43 en el basurero de Cocula. Que, como señalamos, así como la presenta la Procuraduría Federal y mediante su titular es un montaje y en la que se han abarricado el gobierno peñanietista y a la que apuestan y “rezan” todas las fuerzas reaccionarias, conservadoras y neoliberales nacionales y trasnacionales. Ello porque creen que esa dizque “verdad histórica” les garantiza salvar el descrédito nacional e internacional del ejecutivo y su gobierno, y con ello mantener cierta legitimidad a las acciones gubernamentales en curso (como resucitar una secretaría de la función pública a cargo de un colaborador del ejecutivo para que investigue al ejecutivo mismo, a su esposa y su secretario de Hacienda) y las próximas (como las elecciones intermedias de julio). En efecto, tenemos el ejemplo perfecto con el espaldarazo dado el 28 de enero, el mismo día de las declaraciones de Peña Nieto, Narro y de Murillo, por parte del Consejo Coordinador Empresarial al presidente de México (es decir a su políticas); sin embargo, se trata de un respaldo condicionado a cambio que el ejecutivo “de facilidades y seguridad para las inversiones”. Empero lo más ilustrador fueron las palabras emitidas por el empresario de 95 años y co-fundador de la empresa Bimbo, Lorenzo Servitje, que llamó a “cerrar filas, pues Peña Nieto está en su peor momento” y eso “es muy peligroso, no podemos aceptar esto” (La Jornada, 28 de enero, p. 25). En fin, se trata de liberar de toda responsabilidad al Estado y concretamente a las instituciones como el ejército, la policía federal y los gobiernos estatales.
Pero esa tesis salvavidas a la que se aferran ha sido no sólo fuertemente cuestionada, sino en los hechos reales ha sido ya des-construida por los Somos Ayotzinapa (padres, madres, normalistas, estudiantes, sectores sociales y populares, intelectuales, etc.). Y no se trata de una des-construcción al estilo posmodernista, que genera confusión y descentramiento, sino que a semejanza de lo que se ha sabido del caso Tlatlaya (reconstrucción del escenario y tendido de cerco por los militares implicados tras la matanza para camuflagearla), aprovechando sus debilidades, insuficiencias, desaseos e inverosimilitudes. Se ha ido construyendo firmemente una verdad alterna con fundamentos aportados colectivamente.
Científicos, abogados, familiares, peritos, intelectuales, periodistas y hasta el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) comprometidos con su oficio y con la verdad han aportado y han alzado sus voces para protestar por el intento de cerrar el caso Iguala-Ayotzinapa. No bastan los 85 tomos de la averiguación previa de la PGR, los 487 dictámenes periciales y las declaraciones de los casi cien detenidos si esa información es parcial, sesgada y contiene verdades prefabricadas; es decir, pseudo-verdades y en el total se quiere presentar como supuesta verdad histórica y por tanto una presunta verdad política, pero en realidad ambas son falaces: debido a que las indagatorias y las presentaciones (por ejemplo videos musicalizados y editados a manera de shows) son intervenidas desde los Pinos, desde los poderes fácticos, desde la PGR, desde el estado necropolítico; una verdad histórico-política distorsionada e incompleta, “oficial”, o sea falaz. Por tanto es falso lo que fue a declarar el enviado del gobierno, el subsecretario de la Secretaria de Relaciones Exteriores, al Comité Contra Desapariciones Forzadas dependiente de la ONU en Ginebra el pasado 2 de febrero (La Jornada, 3 de febrero); de que ha habido por parte del Estado mexicano “determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y la justicia”. No hay tales, lo que ha predominado es la negligencia y la manipulación y como resultado de ello las dudas, las sospechas, la incredulidad, no sólo en los familiares de los jóvenes o de una buena parte de la llamada opinión pública nacional e internacional sino de la propia Comisión de la ONU que planteó con claridad que se agoten «todas las líneas de investigación» necesarias “para llegar a la verdad” (La Jornada, 4 de febrero, p. 7).
La disputa por la verdad histórica y política
Y continúa vivamente la disputa por la verdad histórica y política, la verdad objetiva, digamos crítico-científica y no sólo científica al estilo sólo de Thomas Kuhn que la delega al final de cuentas al consenso de la “comunidad científica académica”. En efecto, creemos con Imanol Ordorika y Adolfo Gilly (“Ayotzinapa: una comisión de la verdad”, en La Jornada, 29 de enero, p. 18) que esa verdad tiene que ser establecida “en los tiempos de la historia y con sus métodos”. Y esos tiempos y métodos no son abstractos, no sólo están en el futuro sino están en la historicidad presente-futuro-pasado, y por ende no es excluyente que también participen las acciones, las voluntades y los dichos de los protagonistas; pues éstos, precisamente, la disputan y la tejen en el presente-futuro con esas “armas”, cada bando de protagonistas la disputa con sus propios métodos y aliados. Pero la verdad objetiva crítico-científica es sólo una, compleja sí, pero es un todo, íntegra y completa. No hay, pues, verdades a medias y tampoco dicha verdad es “sin adjetivos” ni es mera aspiración, ni es excesiva, ni es una utopía como cree Javier Flores (“Demostraciones científicas”, en La Jornada, 3 de febrero, p. 3a). Más bien, insistimos, el camino que conduce a ella está lleno de apariencias y pseudoconcreciones, de obstáculos y de trampas. Es un campo de batalla que tiene sus modos que suelen ser sinuosos y sus tiempos que pueden ser más o menos largos, pero que para el caso Iguala-Ayotzinapa es crucial que sean definitorios en lo inmediato y mediato. Las demostraciones científicas y políticas actuales que se han acumulado apuntan hacia el tinglado de la verdad “oficial” del gobierno-Estado (que ni el parlamento europeo cree, vgr. La Jornada, 6 de febrero, p. 3) y hacia verdadera verdad histórico-política del “somos Ayotzinapa”.
Veamos las demostraciones científicas que contradicen la versión oficial: a) datos satelitales no registran evidencias de incendios mayores en la zona de Cocula en la madrugada del 26 de septiembre de 2014, sino que hay registros de incendio significativo en la zona de Chilapa a más de 100 kilómetros de distancia, además de que en la zona de Iguala-Cocula esa noche hubo lluvia intensa; b) peritos argentinos han rechazado avalar la versión de la PGR de que los restos mandados a la Universidad de Inssbruck estaban en el río de aguas negras San Juan en Cocula; c) a pesar que en esos laboratorios hayan identificado el perfil genético (ADN) de uno de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa a partir de un molar y de un hueso de la mano no es prueba científica suficiente para afirmar que dicho joven este muerto y menos para afirmar que los 42 estudiantes restantes hayan sido calcinados; d) científicos de la UNAM (que han sido amenazados de muerte) han desmentido la versión del jefe de la PGR Murillo Karam de que los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, debido principalmente a la inverosimilitud de que en ese sitio pudieran utilizarse la inmensa cantidad de combustibles necesaria para hacer cenizas los cuerpos (leña, llantas, etc.), además de que los residuos de los huesos y cenizas pesarían más de 300 kilos, igualmente han observado los científicos (principalmente Jorge Montemayor del Instituto de Física) que el procedimiento de la incineración no es usual en los cárteles, que “prefieren” el descuartizamiento (p.e. descabezamiento) o el ahorcamiento (previa tortura) de sus “enemigos”; d) los datos que demuestran que se alcanzaron altas temperaturas en algún punto del basurero son insuficientes para afirmar que éstas fueron homogéneas y que redujeron a cenizas los 43 cuerpos en el sitio señalado; e) los datos biológicos sobre el crecimiento de algunas plantas o entomológicos sobre el desarrollo de algunas especies en el sitio aludido revela incendio y crecimiento biológico pero no dice nada acerca del sacrificio de los 43; f) la acumulación multidisciplinaria de pruebas no logran dar un sustento científico a las conclusiones de la PGR, pues la certeza no depende del número de disciplinas involucradas (los 3 últimos incisos son planteados por el científico Javier Flores, ídem); g) los estudiantes sobrevivientes y los padres de los normalistas desaparecidos han insistido que los GPS de celulares de algunos éstos marcaban que estuvieron en el cuartel del 27 batallón de infantería de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre y eso no se ha querido para nada investigar.
En la lucha por la verdad objetiva (no por verdades relativizadas como meras interpretaciones) de ese episodio clave se juega y se posibilita la lucha y el triunfo de la credibilidad. Y la credibilidad conlleva e implica la conciencia y la politización en crescendo, en el imaginario y en la creencia subjetiva de la población mexicana.
Las iniciativas políticas y la confrontación de fuerzas
Ese triunfo dialéctico y complementario a favor de la verdad objetiva y la credibilidad subjetiva significaría más fuerza no sólo a las protestas y resistencias sino a todas las iniciativas políticas nodales. Tenemos dos importantes ejemplos recientísimos de ellas. Primero las impulsadas por la Convención Nacional Popular (CNP) que se reunió el 5 de febrero en Ayotzinapa, con la participación de delegados de 244 organizaciones sociales y asistencia de 2 mil personas. La Convención busca sobre a base de construir una estructura de un referente nacional y un programa político busca generar aglutinar y unificar a todas las fuerzas políticas en lucha para crear un gran frente único para que el movimiento Somos Ayotzinapa no se quede en lo coyuntural. (La Jornada 6 de febrero, p. 2). Segundo es la reunión en el mismo día en el Centro Universitario cultural de la Ciudad de México de la Constituyente Ciudadana-Popular (sin la presencia de los partidos políticos) que tiene el propósito de dar a México una nueva Carta Magna surgida del pueblo con el propósito de Refundar el Estado y la nación (ibidem, p. 22). En ambas iniciativas participan familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
Todo ello en vistas en avanzar en la relación de fuerzas y la lucha de clases. Para ilustrar una de las más importantes está el boicot a las elecciones de Guerrero, pues recientemente y en este 2015 dichas elecciones se han convertido en una importantísima pieza clave de la disputa política de los dos bloques político-históricos que se han venido conformando a raíz de la coyuntura Iguala-Ayotzinapa. El Estado-gobierno mexicano (y los partidos registrados) le están apostando a su adecuada realización como tabla inmediata de recuperación de su legitimidad para enderezar un poco su estrepitosa caída en el descrédito.
Por consiguiente el Estado mexicano está empeñado a como dé lugar a poner orden en Guerrero contra “los radicales” y ha mandado a miles de soldados, gendarmería y policías a reforzar la militarización para reprimir y desalentar las acciones de protesta y de autodefensa de las organizaciones y pueblos de Guerrero. Más que controlar la inseguridad y enfrentar a los criminales, se ha dedicado a labores contensivas y disuasivas al grado que ha habido enfrentamientos cara a cara entre las fuerzas policíaco-militares del gobierno y las organizaciones populares que han sabido re-agruparse y responder sin llegar a las armas. La reciente marcha de más de 15 mil personas en Chilpancingo el 5 de febrero demandaron la presentación con vida de los 43 jóvenes, el retiro del ejército de la entidad y rechazaron la realización de las próximas elecciones.
Al tiempo que desde la Secretaría de gobernación y la PGR se reciclan versiones como la de que los padres están siendo manipulados por extremistas o de que en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa se infiltró un grupo del cártel de “Los Rojos” y por todo ello se está tratando nuevamente de criminalizar su lucha, quieren detener sus voces y asfixiar a la Normal misma (y a las demás normales rurales). La supuesta declaración de uno de los jefes sicarios de los “guerreros unidos” presuntamente recién detenido por la PGR (al parecer con montaje mediático de por medio): el “cepillo”, está sirviendo de coartada para esta ofensiva del gobierno peñanietista y sus aliados. Repetimos, uno de los objetivos mediatos es la normalidad electoral en Guerrero.
En suma se trata, pues, de una fuerte lucha por la verdad y la credibilidad en el marco de un reavivamiento nacional de la lucha de clases en esta coyuntura crucial del 2015. Y si el movimiento “somos Ayotzinapa” logra imponer una “Comisión de la verdad” independiente y autónoma del Estado bienvenida, pero considero que ello no es crucial, sino lo son las movilizaciones y las acciones, los acompañamientos políticos e intelectuales. En fin, como dice una muy puntual consigna: ¡Querían enterrarlos pero están germinando en la nación! Y para que siga dicha germinación se hace necesaria hoy más que nunca más solidaridad y resistencia y la unidad frentista de todas las fuerzas antisistémicas, populares y opositoras al neoliberalismo feroz que el régimen encabezado por el gobierno de Peña Nieto sigue implementando a nivel económico y político con sus medidas de distracción, simulación y de contención

Investigación de Ayotzinapa continúa en observación ante llegada de CIDH: Santiago Aguirre



Santiago Aguirre, abogado del Centro ProDH dijo que el boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) trata de minimizar el resultado del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sin embargo aseguró que los familiares reiteraron que la investigación seguirá en observación ante llegada de expertos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos.no pueden vincularse a los 43 normalistas, específicamente como una prótesis dental que no coincide con historias dentales de los muchachos.


martes, 10 de febrero de 2015

Revista Proceso 1997 8 Febrero 2015




Nunca como en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día. Uno cada hora con 52 minutos. Y 40% de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años… Dos bases de datos –una elaborada por el gobierno de Felipe Calderón, otra por el de Peña Nieto– arrojan cifras y tendencias estremecedoras en torno a los desaparecidos en México. La maestría en periodismo y asuntos públicos del CIDE y Proceso presentan, con los auspicios de la Fundación Omidyar Network, esta amplia investigación sobre el tema, que está en el centro de la agenda nacional y expone la profunda crisis de justicia y derechos humanos que sufre el país.




sábado, 7 de febrero de 2015

Omar García "Porqué nos tienen miedo" Vídeo Entrevista





Omar García responde a sus propias interrogantes con la intensidad del momento: “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años. Ojalá no la dejemos escapar”.


viernes, 6 de febrero de 2015

Sistema agotado



Las viejas estrategias del régimen priísta para la desactivación de las protestas sociales ya no funcionan como antes. Hoy, cuatro meses después del surgimiento simultáneo de dos poderosos movimientos –uno desde la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el otro en el Instituto Politécnico Nacional–, ambos se mantienen más fuertes que nunca. Tanto el movimiento urbano como el levantamiento rural continúan con gran iniciativa imponiendo a los de arriba las reglas de los de abajo.

El ingreso de civiles desarmados a las instalaciones del 27 batallón en Iguala, el pasado lunes 12 de enero, en busca de sus hijos y colegas desaparecidos, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de México. Evidenció el contundente avance del poder popular en Guerrero y en todo el país. Después de meses de haber insistido en el ingreso a los cuarteles militares y recibido solamente evasivas de las autoridades, los padres de familia terminaron unilateralmente la espera e ingresaron directamente sin pedir permiso a absolutamente nadie.

Aquella valiente acción no constituyó de ninguna manera unaprovocación o un reto a la autoridad, sino que fue simplemente la materialización del enorme poder y legitimidad social que ha acumulado el movimiento desde el pasado 26 de septiembre. La policía comunitaria de Guerrero cuenta con armas de alto poder y se encuentra aliada plenamente con el movimiento de Ayotzinapa. Si lo que buscaban era provocar a la autoridad hubieran podido hacerlo sin problema, pero en lugar de disparar optaron por la vía de la acción social.

Lo mismo ha ocurrido con la instalación de decenas de concejos populares a lo largo y ancho de Guerrero. En lugar de tomar el poder con las armas, en municipios como Tecoanapa y Ayutla de los Libres, el movimiento social ha logrado desplazar a las autoridades formalmente constituidas con la fuerza de la razón y la legitimidad social.

La decisión del movimiento popular en Guerrero de optar por la vía desarmada es digna de reconocimiento. Marca una diferencia histórica radical con los movimientos guerrilleros de los años setenta.

Los verdaderos provocadoresentonces no son quienes buscan por todos los rincones del país a sus hijos desaparecidos, sino otrora luchadores sociales, como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes cínicamente se han pronunciado contra la liberación de presos políticos, como Nestora Salgado. Otro provocador sería el fundador del Grupo Bimbo, Roberto Servitje, quien se ha quejado de que al caso de los desaparecidos de Ayotzinapa se le ha dado una dimensión que no tiene. El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, también se ha sumado al juego de la descalificación y la división al llamar promotores de la violencia a quienes luchan por limpiar al narcogobierno en el estado.


Los estudiantes del Politécnico también han podido evitar tanto la ingenuidad como la radicalización. El levantamiento del paro no ha implicado de ninguna manera el fin de la movilización, sino apenas el inicio de la lucha estudiantil. La renuncia de 24 de los 44 directores de escuelas del IPN la semana pasada dejó en claro que los alumnos mandarán y las autoridades tendrán que obedecer durante la nueva etapa de la institución. Tal y como señaló la vocera de los estudiantes en la clausura de la mesa de diálogo con las autoridades el pasado 8 de diciembre: “No venimos a pedir nada. Hemos venido a tomarlo todo. Porque los derechos no se piden, se exigen. No se mendigan, se toman…. Nuestra trinchera es el Politécnico, pero nuestro objetivo es el cambio nacional” (http://ow.ly/HwGfi).

Mientras, en el caso Ayotzinapa el gobierno federal busca superar la crisis política anunciando que ya se agotaron todas las líneas de investigación y que pagará la exorbitante suma de un millión de dólares a un equipo de cinco expertos para limpiar la imagen internacional del gobierno. También ha invitado alombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a realizar un paseo en un solo cuartel del Ejército.

Estas medidas mediáticas no cambiarán nada mientras no se atienden las raíces de impunidad estructural que todos los días genera más de una docena de desaparecidos en el país. Tal y como ha aclarado el siempre lúcido Omar García, en entrevista con Sanjuana Martínez en La Jornada: “El brazo armado del Estado es el Ejército, y como tal es lo más podrido que hay dentro del Estado mexicano. Mientras no se toquen las estructuras del Ejército de nada sirve que cambie el gobierno…. El tiempo siempre trae la verdad. Si están vivos nuestros compañeros o están muertos, fue el Estado”.

Con su típico coctel de promesas vacías, represión, e infiltración, el régimen busca fomentar el cansancio, la radicalización y el olvido entre la sociedad. También espera lavar sus fechorías en el torbellino electoral que ya se acerca. Pero los nuevos líderes sociales, en Guerrero, Distrito Federal, Puebla, Sonora, Morelos y en todo el país han demostrado que se encuentran un paso adelante del poder. El guion autoritario se ha hecho añicos y la nueva historia ya empieza a escribirse.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman


Videochat de La Jornada con Luis Hernández Navarro sobre Ayotzinapa



En este videochat, Luis Hernández Navarro, quién es Coordinador de Opinión en el diario, habla sobre el caso de Ayotzinapa.


Los integrantes del Sindicato único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon la Autopista del Sol a la altura del Parado del Marques en Chilpancingo, Guerrero. Esta mañana, alrededor de 800 maestros marcharon por las principales calles de Chilpancingo en exigencia del pago de sus salarios y aguinaldos. De manera simultánea, un contingente de alrededor de 800 profesores se movilizaron por las principales calles del puerto de Acapulco, con la misma exigencia. El bloqueo es parte de las acciones para ejercer presión a las autoridades para que realicen los depósitos correspondientes. Al logar arrobaron elementos antimotines de la Policía Federal. Hasta el momento no se ha registrado algún enfrentamiento entre los elementos de la Policía Federal y los docentes. Además un helicóptero sobre vuela la zona. Previamente el gobierno del estado emitió un comunicado en el que responsabilizó al gobierno federal de no haber liberado los recursos para realizar el pago a los profesores. “Por tal motivo, la dependencia estatal manifiesta que ha insistido una y otra vez, ante la Secretaría de Educación Pública y la de Hacienda, para que cumplan con esta obligación y con los compromisos que se hicieron durante el proceso de conciliación de nómina. No obstante, la Federación, desde que centralizó el pago a los trabajadores del sector educativo de todo el país, no ha radicado los recursos financieros para cubrir las percepciones del personal administrativo y de confianza que labora en la Secretaría de Educación Guerrero”, señaló el gobierno local en un comunicado en su página web. CETEG Y SNTE se enfrentan Dos manifestaciones de trabajadores de la educación en Acapulco se politizaron cuando simpatizantes de la disidencia magisterial agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se enfrentaron con integrantes de la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a quienes acusaron de protestar por “otras consignas”. El pleito inició poco antes de las 12:00 del día en el marco de una manifestación de trabajadores del SNTE quienes reclamaban que no se habían efectuado los pagos de las dos primeras quincenas de enero y la segunda parte del aguinaldo de 17 mil profesores y personal de apoyo de la Educación. Cuando avanzaban sobre la costera Miguel Alemán se sumaron a su manifestación profesores de la disidente CETEG quienes también reclamaban el retraso en el pago de su salario, de acuerdo con información del portal Novedades de Acapulco; sólo que estos también reclamaban por la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y se dirigían hacia la Secretaría de Finanzas. Al final se encontraron los dos contingentes y de las palabras y los reclamos, pasaron a los golpes.


Desde Ayotzinapa hasta La Haya



Tras la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, la comunidad internacional se preocupe por las violaciones de los derechos humanos en México. En Holanda, un grupo de Mexicanos y otros intentan quedar con el embajador. Al no recibir respuesta, se presentan el 10 de diciembre 2014 en la embajada Mexicana en La Haya, Países Bajos con una carta firmada por más de 200 personas, exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes. Un mes después todavía no se ha recibido ninguna respuesta oficial, por lo cual vuelven a presentarse en la embajada.


miércoles, 4 de febrero de 2015

Ayotzinapa: claves de un holocausto



No es fácil caracterizar los eventos del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala (Guerrero, México), tan terriblemente onerosos para los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa.

Hasta hace poco, se pensaba que la brutal cacería de alumnos de esa institución –saldada con el asesinato de tres de ellos más un deportista, un chofer de autobús y un taxista que tuvo la desventura de ponerse en la trayectoria de las balas disparadas por las llamadas 'fuerzas de seguridad'– y la subsiguiente desaparición forzada de 43, para ser entregados a un grupo del crimen organizado, habían sido actuaciones imputables en exclusiva al alcalde de la ciudad de Iguala y a su esposa. Hoy, tras una serie de datos difundidos por algunos periodistas, es dable pensar que fue un hecho en el que también pudieron haber intervenido fuerzas federales. leer completo pdf

Josu Landa (Rebelión)