A nueve largos y angustiosos meses de la trágica noche de Iguala, las preguntas siguen siendo las mismas, ¿en dónde están los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, porqué no están tras las rejas los verdaderos culpables de esta barbarie humana, y la justicia para los seis muertos de Ayotzinapa, tres en el año 2012, y tres más en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014?
No somos ingenuos, como pueblo organizado hace mucho que dejamos de creer en las bondades de un sistema político que jamás ha respondido a los intereses de los más pobres de México, un sistema político y de gobierno en los que la justicia, combate a la impunidad y corrupción no son precisamente su sello de identidad y distinción.
La llamada verdad histórica que en su paso por la PGR esgrimió uno de los tantos ladrones priistas que ha gobernado a el empobrecido estado de Hidalgo, Jesus Murillo Karam, se ha caído a pedazos, y los caminos para esclarecer este crimen de Estado cada vez más nos llevan a las fuerzas de seguridad del gobierno federal, particularmente al 27 Batallón de Infantería asentado en Iguala. Nadie en la vida puede escapar a nivel personal o colectivo de lo que los conocedores del tema suelen llamar modus vivendi o modus operandi, y la forma de vivir y actuar de esta unidad militar en el estado de Guerrero desde los años 60s, ha sido siempre de represión y desapariciones forzadas para con quiénes se oponen al gobierno. Con la protección y cobijo político de la Presidencia de la República, el 27 Batallón de Infantería por décadas se ha distinguido en mantener una actitud de contrainsurgencia hacia toda manifestación social y organizada en las montañas de Guerrero,¿porqué tendría que haber actuado diferente en la cruenta noche de Iguala, si responde a los mismos patrones de conducta de quién espuriamente despacha en Palacio Nacional?
Si México fuera un país con leyes justas y las instituciones encargadas de procuración e impartición de justicia no sirvieran sólo a quienes tienen dinero para comprar sus favores, entonces nada tendría que estar haciendo en México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presencia en tierras de Guerrero de este organismo internacional, significa una derrota política y moral para el gobierno de Enrique Peña Nieto, es un escupitajo en la cara y entrañas de este gobierno de sicarios y ladrones, el mensaje es brutalmente contundente: El gobierno mexicano y sus podridas instituciones en todos los niveles no sirven más que a sus propios intereses, no pueden hacer ninguna investigación imparcial en el caso de Ayotzinapa por una llana y simple razón, el gobierno federal en la persona de Peña Nieto es parte del problema, entonces,¿cómo podría autoinculparse bajo esta lógica, cómo podría el ladrón reconocer públicamente que es ladrón, y el asesino aceptar que por más que comulgue y se santigüe no dejará de ser asesino?
Los medios de comunicación y los serviles voceros del gobierno mexicano hacen su trabajo, muchos de ellos también dicen defender Ayotzinapa, especialmente cuando las cámaras y micrófonos están cerca, pero a la primera de cambio inclinan la cabeza y cual dignos lacayos lustrabotas alegremente declaran que el gobierno de Peña Nieto es bueno, auténtico, dirán en la espera de que su prostitución política sea pagada con la respectiva toma fotográfica o si bien les va con la dádiva monetaria. Así Roma solía pagar la doble moral de quiénes un día decían defender a la República, y al día siguiente se postraban sumisamente domesticados ante el Imperio.
Con Ayotzinapa estaremos hasta el último momento por convicción misma, por ideales, porque sabemos y conocemos la historia y larga tradición de lucha de las Escuelas Normales Rurales.
Estamos y estaremos siempre con Ayotzinapa porque el Normalismo Rural es el último reducto educativo para los más pobres de México, porque en las Escuelas Normales Rurales están en juego los planes y programas de estudio en los cuáles la educación sea obligatoria, pública, laica, de calidad, científica y popular.
No solo son los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, el Narco-Estado mexicano quiere implantar mediante su represiva reforma educativa, planes y programas de estudio dictados desde el extranjero, quieren desclazarnos, robarnos hasta lo último que nos queda de mexicanidad, de nacionalismo. Con las llamadas reformas estructurales, quiere el gobierno mexicano aplastar a sangre y fuego a las Escuelas Normales Rurales, ¡no pasarán! Ayotzinapa no solo es la fosa del acéfalo gobierno de Peña Nieto, es también la fosa común en donde habrá de ser enterrado el neoliberalismo que tanto daño hace a la educación y a los pueblos originarios de México.
A 9 meses de la infamia cometida en contra de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, aquí estamos, dignos y combativos como siempre. La demanda central de los padres y estudiantes de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es nuestra demanda también: ¡Presenten con vida a los muchachos y lárguense al basurero de la historia!
Alberto Fierro. Cónsul del gobierno de Enrique Peña Nieto en Minnesota.
Una pieza clave en la versión que la PGR ha difundido tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es que los estudiantes fueron detenidos y llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala antes de ser entregados al cártel de Guerreros Unidos. Pero el juez de barandilla que debería haberlos recibido asegura que no fue así. En esta sexta entrega del reportaje realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, documentos y testimonios fortalecen la versión del juzgador, quien actualmente está solicitando asilo en Estados Unidos y teme por su vida.
La tarde anterior a los comicios del domingo 7, el Partido Verde Ecologista de México violó la veda de propaganda partidista: hizo contratar a personajes de la farándula y del deporte para crear en las redes sociales una ola de apoyo electoral. Ante la indignación que causó su maniobra, los dirigentes verdes y las televisoras replicaron que sus empleados sólo expresaron libremente su preferencia política… No fue así. Aquí se documenta cómo se planeó y se ejecutó la operación que convirtió a muchos “famosos” en delincuentes electorales.
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación contra la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) por impedir a los ciudadanos grabar con sus teléfonos celulares mientras policías realizan detenciones en la calle o el Metro de la Ciudad de México.
En la Recomendación 11/2014, el organismo documentó seis casos de ocho personas que –entre el 19 de junio de 2013 y el 3 de agosto de 2014– fueron amonestadas, detenidas y algunas hasta encarceladas por ejercer su derecho de expresión y acceso a la información al documentar acciones violentas de los uniformados contra manifestantes, vendedores ambulantes y hasta adultos mayores.
Las seis investigaciones fueron acumuladas en el expediente CDHDF/I/121/CUAUH/13/D4389 por tener el mismo común denominador.
Entre los casos que integran dicha Recomendación se cuenta el de Roberto Hernández, quien el 30 de junio de 2013 grabó con su teléfono móvil el forcejeo entre tres policías –dos hombres y una mujer– para someter a un hombre en aparente estado de ebriedad en la Alameda Central.
El policía auxiliar L. Juárez R. lo cuestionó por la grabación “que no le corresponde” y con el argumento de que “entorpecía” su trabajo lo jaló del brazo y le dijo que lo remitiría al Juzgado Cívico. Cuando el ciudadano alegó que grabarlos no era ningún delito, el uniformado desistió de su amenaza.
El 14 de diciembre de 2013, Aldo Sotelo Lázaro, identificado como periodista de Radio Nederland, grababa una manifestación sobre la avenida Juárez, donde hubo encapsulamientos y “acciones que pudieran considerarse ilegales y agresivas” de policías capitalinos.
Al realizar entrevistas con los participantes, observó que algunos uniformados lo señalaban directamente. Minutos después fue pateado por varios policías hasta que se alejó del lugar.
El 19 de febrero de 2014, Luis Méndez Pérez, identificado como reportero del portal Somos el Medio, grabó una manifestación de personas con discapacidad visual en la estación del Metro Pino Suárez. Una policía le pidió dejar de grabar y otro le exigió que entregara las imágenes.
Como se negó a entregar su material, fue remitido, junto con otras 40 personas, a la Agencia 50 del Ministerio Público, donde fue liberado sin que se levantara constancia oficial de su traslado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia local.
El pasado 22 de abril, Andrés Landero, Lilian Hernández y Carlos Barrera participaban en la marcha contra la censura en internet y la llamada Ley Telecom, como integrantes del medio independiente Brigada Informativa Altavoz.
La joven grabó diferentes momentos de confrontación entre policías y manifestantes. Al terminar se fue con Andrés hacia la estación Pino Suárez del Metro, donde fueron agredidos por un hombre y una mujer vestidos con ropa y botas negras. “¿Ustedes sacaron unas imágenes?”, les gritaban.
Pocos minutos después, nueve policías del DF los detuvieron, los sacaron de la estación, los golpearon en la cara y el cuerpo y los subieron a una patrulla, pero nunca los pusieron a disposición de ninguna autoridad, sólo les quitaron las imágenes que grabaron durante la marcha.
El pasado 8 de junio, un hombre tomó fotografías de varios policías auxiliares que intentaban remitir al Juzgado Cívico a un vendedor ambulante en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. Una mujer uniformada pidió detener a una ciudadana bajo la acusación de que la había golpeado, pero el hombre –identificado como periodista– negó que existiera tal acción y aceptó ratificar su dicho.
Al llegar al Ministerio Público, los agentes le pidieron entregar las fotografías que tomó, él se negó y exigió que se le requiriera por escrito. Por su negativa le abrieron una averiguación previa por el delito de “ultrajes a la autoridad”. Al día siguiente fue consignado ante el juez Séptimo Penal de Delitos no Graves; cuatro días después fue liberado por “falta de elementos para procesar”.
El 14 de marzo de 2013, un hombre comenzó a grabar a dos policías de la Bancaria Industrial que reprimían verbalmente a dos adultos mayores en la estación del Metro Deportivo 18 de Marzo. La gente a su alrededor les decía que “esa no era la forma de tratar a los adultos mayores”.
Los policías se acercaron al de la grabación y le ordenaron dejar de hacerlo pues no tenía “su consentimiento”. Sin embargo, la presión de los demás pasajeros obligó a los uniformados a retirarse.
Las medidas
Según la Recomendación 11/2014 de la CDHDF, estas acciones de los policías de la SSP-DF constituyen violaciones a los derechos de libertad y seguridad personales, a la integridad personal –en particular a no ser sometido a actos de tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes–, y a la libertad de expresión y acceso a la información.
Por tales razones, el organismo recomendó a la SSP-DF dar vista de los casos mencionados a la Dirección General de Inspección Policial para que investigue y determine la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en las denuncias; así como reparar el daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado a las víctimas.
También le solicitó incluir en sus programas de capacitación del personal cursos especializados en materia de libertad de expresión y que el titular –Jesús Rodríguez Almeida– emita una circular entre todos los uniformados en la que enfatice “la obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y se prohíba la obstaculización de los mismos”.
Al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), como autoridad colaboradora, la CDHDF recomendó revisar “de manera exhaustiva” y adecuar la normatividad vigente respecto al apoyo que brinda la SSP-DF en sus instalaciones para tener las medidas de control pertinentes que prevengan violaciones a derechos humanos, como las acreditadas en la Recomendación 11/2014.
Además, pidió al titular, Joel Ortega Cuevas, difundir entre el personal de la dependencia una circular que hable de la “obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y de denunciar los abusos de las autoridades cuando limiten el ejercicio de los mismos”.
A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal /ALDF), la CDHDF pidió hacer del conocimiento de las comisiones encargadas de los temas de justicia y de derechos humanos dicha recomendación para que discutan sobre el tipo penal de “Ultrajes a la Autoridad”, sus alcances y el empleo que se le ha dado por parte de las autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia del DF.
Incluso, pidió que dicha recomendación se difunda entre los diputados que discutirán la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF en la actual legislatura, “toda vez que su contenido debe ser considerado tanto para medidas de protección, como en las políticas públicas que se diseñen en la materia”.
Filmar a un policía mientras realiza una detención o cualquier otra acción relacionada con sus facultades es totalmente legal. La razón es sencilla: se trata de un agente del estado cuyos actos son de carácter público. La razón se refuerza cuando los realiza en la vía pública.Lo anterior fue dado a conocer por el licenciado en derecho por la Universidad del Valle de México, Irving Campos. “Grabar a los policías en la vía pública es completamente legal, debido a que los policías son agentes del estado y por lo tanto sus actos son de carácter público, más aún estando en la calle o sitios públicos”. Esta información fue difundida durante los últimos días a través de múltiples medios de comunicación.Organizaciones como Artículo 19 han impulsado campañas para promover la documentación de arrestos y detenciones en video como una forma de protección a los derechos humanos.No hay ninguna sanción penal en ningún código ni está catalogado como delito por ninguna legislación.Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación en la que Instruye a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal a advertir a los elementos de todas las fuerzas de seguridad que impedir que un ciudadano filme una detención o cualquier otro acto relacionado con las funciones policiacas constituye un ataque contra la libertad de expresión siempre que tal grabación no impida el cumplimiento del deber. Además, la CDHDF instruyó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a hacer del conocimiento de las comisiones de justicia y relacionadas dicha recomendación.
Documentar no es delito
Organizaciones internacionales en pro de la libertad de expresión, como Article 19, han iniciado campañas para la concientización sobre la necesidad de grabar en las manifestaciones los abusos policíacos.
Hace unos meses #RompeElMiedo se presentó como una campaña de la organización en redes sociales para defender el derecho a la información de los ciudadanos durante los procesos en que son detenidos en manifestaciones y marchas.
Apenas en julio de este año, el director del documental Presunto Culpable, Roberto Hernández, fue detenido por “estar interrumpiendo las labores de un oficial” al grabar una detención que juzgó arbitraria en La Alameda, en la Ciudad de México.
Y es que en ningún reglamento de policía, código penal de un estado o ley del país se establece que un ciudadano tiene prohibido grabar a un servidor público realizando sus labores.
“Realmente tampoco aquí en México está prohibido filmar, en la vía pública o a un servidor público y como no está prohibido está permitido, entonces, pues hay que hacerlo”, indicó Miguel Ruiz.
De modo que cuando un oficial detiene a un ciudadano por grabarlo, está incurriendo en un abuso de autoridad, pues no hay motivo para una detención. El hecho de que la Policía de Guadalajara haya actuado del mismo modo en tres distintos casos, aislados uno del otro, habla de una política que ejercen los agentes de dicha corporación.
Juan Yves Palomar refiere que en su caso ni siquiera se levantaron cargos en su contra por estar vinculado al conflicto de los ambulantes, “yo salí libre sin que se me presentara ante un juez como marca la Constitución.
“Estoy preparando y visualizando por dónde puedo hacer que mi caso ejerza la mayor presión posible para que este tipo de situaciones, en la medida de lo posible ya no se repitan más en nuestra ciudad y en el país. Tristemente es algo que no sucede nada más en Guadalajara, ha sucedido en el Distrito Federal y en otros lugares del país y es una situación que se tiene que combatir y denunciar”.
1. Miles de maestros de la CNTE siguen batallando en las calles en defensa de sus derechos. El miércoles, junto con los apoyadores que recordaban la Matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, marcharon unos 10 mil maestros de varios estados. Las campañas de los medios de información (Televisa, TV Azteca, Telefórmula y Milenio) –con finanzas millonarias de gobierno y empresarios- contra los maestros, no han parado las 24 horas del día, desde el primero de junio. Entrevistas tras entrevistas pagadas pidiendo que sea expulsada la CNTE de la ciudad de México.
2. Mientras discute la CNTE su nueva estrategia para reagrupar a los 400 mil profesores del DF y de unos 10 estados, mantiene su plantón en el Monumento a la Revolución del DF para hacer asambleas, recoger ideas y continuar con sus masivas protestas. Entre tanto en varios estados se observa un proceso más amplio de participación provocada por la cerrazón gubernamental. Es probable que al cerrar las puertas de Gobernación se abran las de la secretaría de Educación encabezada por Chuayffet y el INEE infestado de oportunistas y arribistas.
3. Se ha publicado que el tal Miranda Nava, subsecretario de Gobernación –uno de los dueños de grandes y lujosas residencias en Las Lomas y quien ha estado encargado de las “mesas de diálogo” con los maestros de la CNTE- es una cuña clavada por el presidente Peña Nieto en esa secretaría de Interior, para controlar a Osorio Chong, secretario del ramo. Parece que a medio sexenio han comenzado a desentrañarse los “golpes bajos” entre los personajes del PRI que buscan la sucesión presidencial para 1918. ¿Qué otros movimientos se esperan?
4. La estrella de Osorio comenzó a apagarse con el desplome del Procurador de la República, el tal exgobernador de Hidalgo Murillo Karam a pesar del cuento fantástico que inventó para enterrar las protestas de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. A pesar del cargo de contentillo que recibió, Murillo está muy inquieto. Sin embargo Chuayffet Chemor, exgobernador de Edomex –quien fue acusado de asesino de indígenas de Acteal y es un perfecto ignorante en educación- sigue tan sólido en su cargo en la SEP cometiendo mil barbaridades.
5. La bronca es que en la carrera de los búfalos salvajes para la Presidencia suelen llevarse a entre las patas a los muchos que encuentran en su camino. ¿Quiénes serán más salvajes y asesinos en esa carrera entre los del Estado de México y del estado de Hidalgo? Revisando la historia de aquellos territorios me encontré que todavía a mediados del siglo XIX el Estado de México dominaba la región y de él salieron el DF, los estados de Morelos e Hidalgo; en él quedaron las mejores zonas que décadas después se transformarían en grandes centro productivos.
6. Los padres del grupo Atlacomulco, Estado de México, fueron Isidro Fabela en los 40 y Hank González a partir de los 60. En un libro escrito por Montiel Cruz: El Grupo Atlacomulco, se dice que “en 1940, doña Francisca Castro Montiel, vidente del pueblo de Atlacomulco, reunió a los notables del municipio para profetizarles con voz de arcano mayor: «Seis gobernadores (del Estado de México) saldrán de este pueblo. Y de este grupo compacto, uno llegará a la Presidencia de la República». La señora vidente Francisca ha tenido la razón en todo.
7. El Estado de México sigue siendo el estado más poderoso del país en política, economía, número de habitantes, de electores y legisladores; actualmente cuenta con 19 millones de habitantes, seguido por 10 millones del DF, por 9 millones de Veracruz, 8.5 de Jalisco y 6 de Puebla. De ese poderío se ha aprovechado el Estado de México para imponer sus “reformas estructurales” y amenazar con brutalidad a los maestros de la CNTE. Pero los profesores estamos seguros de que nuestras luchas en beneficio de la población trabajadora, más temprano que tarde, se consolidarán.
Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com
El jurista judeo-polaco Raphael Lemkim en 1939 utiliza por primera vez el término y nos dice que “genocidio es la puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento”.
Aunque no estamos formalmente en guerra, nos gobierna un gobierno civil y supuestamente vivimos en democracia; sin embargo los ciudadanos de este país pareciera que estamos gobernados bajo un gobierno fascista comandado por militares asesinos de la peor calaña. Se supone también que el congreso y el senado son el contrapeso para evitar el poder desmedido del ejecutivo y que al existir partidos de izquierda que son de oposición al gobierno luchan por el beneficio de la gente. Pero la memoria nos recuerda que Felipe Calderón nos metió en el Plan Mérida, que no es otra cosa que la guerra neoliberal del poder imperial contra los ciudadanos de este país para despojarnos de nuestras riquezas naturales y que los dizque partidos de izquierda son tan corruptos y entreguistas como los partidos de derecha. Enrique Peña Nieto siguió el mismo camino emprendido por el ilegítimo y fascista de Felipe Calderón, continuaron los asesinatos, los secuestros, las desapariciones forzadas y las extorsiones, cometidos por delincuentes, paramilitares pagados o financiados por autoridades, empresarios o el gobierno norteamericano a través de la DEA y la CIA contando con la autorización y protección de las autoridades mexicanas. Con Enrique Peña Nieto son ya 17 mil 160 las personas que han sido asesinadas por el crimen organizado (Excélsior 17 febrero 2015) y 10 mil 836 personas desaparecidas (Flor Goche. Más de 25 mil personas... www.rebelión.org, 1 mayo 2015), comparando estos datos con los del sexenio anterior, con Peña Nieto disminuyeron los asesinatos pero aumentaron a más del doble las personas desaparecidas (13 diarias) . Un dato que llama la atención que aparece por primera vez es que uno de cada 10 desaparecidos (11.3%) es un niño de entre 0 y 4 años de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), desde luego que estamos hablando de casos denunciados porque de acuerdo con datos del INEGI el 94% de los delitos no son denunciados (Amnistía Internacional pide cambios... El Economista 5 mayo 2015).
El relator Juan E. Méndez de la ONU visito nuestro país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y elaboró un reporte que presentó el 9 de marzo del 2015, ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra Suiza, reunido en su vigésimo octava sesión ordinaria, en donde afirma que recogió cientos de casos para la elaboración del informe en donde expone que México es un país en donde se practica la tortura y los malos tratos de una manera generalizada y que existe una alarmante impunidad. Un ejemplo de esto es que de 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos ante la CNDH entre 2006 y abril de 2014 solamente se resolvieron 5 casos condenatorios; se quedaron sin investigar o sancionar 11 mil 603. En el mismo documento da a conocer que existe coordinación y coalición entre autoridades policiales, ministeriales, algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces para que impere la impunidad (La Jornada 10 de marzo 2015).
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) con sede en Londres, ubicó a México en el tercer lugar de todos los países del mundo con más muertos en el 2014 como consecuencia de conflictos armados, siendo superado por Siria que se encuentra en guerra civil con poco más de 70 mil muertos, Irak con 18 mil y México con 14 mil (La Jornada 21 de mayo 2015).
Los casos conocidos internacionalmente de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán de desapariciones, masacres o ejecuciones realizados por las fuerzas federales en contra de ciudadanos desarmados ocurridos recientemente, abre la posibilidad de la intervención de la Corte Penal Internacional para que “pueda afirmar que en México se están cometiendo delitos de lesa humanidad y en su caso crímenes de guerra” (Proceso. No. 2008 pagina 24).
Podría presentar más casos lastimosos que vivimos en nuestro país, estamos descendiendo aceleradamente al fondo de una descomposición descabellada, en una guerra que, no nos quepa la menor duda, tiene la finalidad de desaparecer a miles de personas que al sistema no le sirve o lo pone en peligro, pero podemos afirmar que no todo está perdido, al haber una reacción de oposición a este absurdo descubrimos a seres que luchan por diferentes caminos para cambiar este estado de cosas como: Los jornaleros de San Quintín luchando para dejar de ser esclavos de sus patrones exigiendo salarios justos, el EZLN convocando al seminario “El pensamiento crítico y la hidra capitalista” en la búsqueda de acciones para la extinción del sistema capitalista, los maestros de la CNTE en combate por la derogación de la nueva ley educativa, Raúl Vera y la propuesta por la creación de un nuevo Constituyente, Carmen Aristegui en su lucha por el derecho a la libertad de la información para todos los mexicanos, comunidades indígenas y campesinas en contra de la destrucción de sus territorios y la privatización del agua, los grupos de autodefenzas y policías comunitarias defendiendose de los delincuentes- autoridades, los padres de desaparecidos exigiendo su regreso, en estos momentos la rabia y el coraje son mayores que el dolor y esto es lo único que puede salvar a la humanidad; México en su tragedia está multiplicado en todo el mundo, en todos lados ocurre lo mismo ojalá que esté cerca el fin de este sistema de muerte.
Quiero agradecer a Eduardo Galeano (3 sep. 1940-13 abril 2015) por haber sido un gran promotor de la utopía y del pensamiento crítico, permitiéndonos soñar aún teniendo los pies puestos en la tierra. Les recomiendo leer sus libros, verlo y escucharlo en uno de muchos videos que nos dejó en YouTube “Eduardo Galeano es tiempo de vivir sin miedo”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediant
La violencia y la criminalidad en México no son fenómenos inéditos. Tienen larga raigambre histórica en el país. Pero esa violencia y criminalidad muta al compás de las transformaciones y reformas de Estado. Es decir, las modalidades de violencia y criminalidad que definen el presente nacional están orgánicamente entretejidas con los contenidos de la “situación” estatal. Es casi imposible no advertir la correlación entre el aumento de la violencia y criminalidad, o las formas específicas de esa violencia y criminalidad, y los procesos de despojo patrimonial en curso. El agua, el gas, el petróleo, las tierras y todo el conjunto de recursos naturales, materiales y humanos domésticos están puestos solícitamente a disposición de los múltiples capitales foráneos golondrinos. Las políticas de Estado condenan a la población al subempleo informal sin prestación, al trabajo alienante estandarizado y precariamente remunerado, y en no pocos casos al autoempleo en la industria criminal. En ese desierto de aspiraciones y horizontes cercenados, la violencia y la criminalidad cobran un rol definitorio en la construcción de materialidades e imaginarios colectivos. La guerra contra el narcotráfico es una política de Estado que dota de direccionalidad y coherenciaa esa sórdida trayectoria nacional. No es un asunto circunstancial que los controles de seguridad reporten un relajamiento obstinado, mientras que la violencia y la criminalidad (humanamente inenarrables) se extienden por toda la geografía nacional con absoluta impunidad.
La guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico. En este espacio se sostiene reiteradamente esta tesis. Y no es por un mero capricho teórico. La realidad provee evidencia extensa para sostener con hechos esta conjetura. Las pruebas arrojan una conclusión categórica: que la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra la población. Las principales notas de la semana son un muestrario de esta realidad. México es un catálogo de vandalismo institucional, crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad. La masacre, que fue una táctica de exterminio utilizada rutinariamente por las juntas militares latinoamericanas, es una modalidad de asesinato cada vez más extendida en el país. En México la masacre es rutinaria. En casi todos los casos el Estado es el victimario, por acción u omisión. A continuación, un inventario de las más recientes masacres, y una recapitulación de otros asesinatos masivos que enlutan e indignan al país en estos años aciagos de la guerra.
1. En Villa Purificación, Jalisco, testimonios y familiares de desaparecidos coinciden en señalar que el Ejército abatió a decenas de civiles después de los enfrentamientos ocurridos el 1 de mayo en el marco de la Operación Jalisco. Algunas familias reclaman la entrega de los cuerpos. Otros ni siquiera se atreven a reclamar por el temor que produce la presencia de efectivos militares en la región. En la zona hay aproximadamente 11 mil elementos. Las autoridades hacen caso omiso a los reclamos. El Ejército no permite a la gente reconocer a los muertos. Hasta el viernes 22 del mes en curso, “el número de ‘víctimas fatales’ de la Operación Jalisco sumaban al menos 104, incluidos los civiles de Villa Purificación…” (Proceso 24-V-2015).
2. Entre el 9 y el 14 del mes en curso se reportó la desaparición de al menos 15 personas en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Otras fuentes señalan que la cifra de personas desaparecidas asciende a 30. La prensa atribuye la autoría del crimen a las policías comunitarias. Pero algunos líderes de las CRAC-PC insisten en señalar que se trata de una falsa acusación. Hasta ahora la información está envuelta en un manto de opacidad. Algunos medios registran el hallazgo de un cadáver, presumiblemente de una persona que estaba entre el grupo de desaparecidos.
3. En el municipio de Heliodoro Castillo, en la región sur de la Sierra Madre en Guerrero, se reportó la semana pasada una balacera entre presuntos grupos de la delincuencia organizada. El enfrentamiento dejó un saldo de al menos 10 personas muertas y 20 lesionadas. Las autoridades locales y federales se enfrascan en una querella por imponer su respectiva versión acerca de la cifra real de decesos. La averiguación pericial del crimen no es un asunto prioritario. El gobierno apuesta al olvido. Algunos municipios contiguos se vaciaron. Los habitantes abandonaron sus hogares o huyeron por la violencia en la región.
4. Elementos de la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República abatieron a 43 presuntos delincuentes en el municipio de Tanhuato, Michoacán, que se presume son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades hablan de un choque o enfrentamiento entre narcos y fuerzas federales. Pero el saldo de la supuesta “confrontación” hace suponer que se trató de una masacre equiparable a Tlatlaya, pues la cifra de “criminales” caídos se estima en 43 mientras que en el bando de los elementos federales tan sólo hubo una baja. Las declaraciones oficiales de las autoridades están plagadas de inconsistencias. Según el gobierno, los hechos se produjeron tras un “operativo de investigación luego de que presuntos delincuentes armados invadieron un predio”.
5. Michoacán es un compendio de masacres. En 6 años se contabilizan al menos 8 masacres. (Quadratin 23-V-2015). El estado es un tiradero de cadáveres. En Uruapan y Lázaro Cárdenas, es habitual el hallazgo de cuerpos abandonados en vialidades públicas concurridas. A las 43 víctimas de la más reciente masacre en la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, se suman 72 personas más que perdieron la vida en ocasiones de crimen análogas. La última que acaparó la atención de la prensa nacional e internacional fue la ocurrida el 6 de enero de 2015 en Apatzingán. Según fuentes extraoficiales, en el acto fueron ejecutadas 16 personas. La evidencia sugiere que participaron policías federales y personal del Ejército Mexicano del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar. La revista Proceso registra: “De acuerdo con declaraciones ministeriales, a las 2:30 horas de ese día, un convoy de la Policía Federal irrumpió por el costado sur del Palacio Municipal. Momentos después un destacamento militar lo secundó por el costado norte. Dichos testimonios describen una operación de pinza en la cual federales y militares dispararon al plantón de 70 rurales y autodefensas que, armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio” (Proceso 24-V-2015). En el parte oficial los militares arguyen que intervinieron en respuesta a un “reporte ciudadano”. Pero testigos coinciden en destacar que escucharon a policías y elementos castrenses gritar repetidamente: “¡Mátenlos! ¡Mátenlos!”. Pero acaso más ilustrativa de la inacción institucional de la autoridad o su connivencia con el crimen en Michoacán es la masacre que tuvo lugar en Los Reyes, durante una marcha organizada por un grupo de autodefensa para protestar por la complicidad de agentes estatales con la delincuencia organizada, en la que un comando armado disparó contra el contingente en frente de la presidencia municipal. Cinco personas resultaron muertas. Los responsables del crimen siguen prófugos.
6. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, una madre de familia presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por la presunta ejecución extrajudicial de su hija, de tan sólo 21 años de edad. De acuerdo con testigos, efectivos militares del decimosexto regimiento de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon sin motivo contra un grupo de jóvenes. En el acto, mataron a la joven de 21 años e hirieron a una más.
7. Hay quienes piensan que la equiparación de México con Irak es una exageración. Pero acaso la única diferencia es que allá, en Irak, se reconoce públicamente que el país está en guerra, o bien que está involucrado en un conflicto armado. En México el poder constituido y consortes heráldicos insisten en alimentar la ficción de la normalidad democrática. El reciente informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres advierte que Siria, Irak y México son los países que reportan más muertos por conflictos armados en 2014. De acuerdo con el informe, en México hubo cerca de 15 mil muertes relacionadas con la narcoviolencia. Acerca de la situación nacional, el reporte estima: “El país sigue sufriendo altos índices de violencia debido a bandas criminales... En todo caso, el Estado mexicano siguió dependiendo sobre todo de sus fuerzas armadas para combatir a pandillas criminales. La violencia en México sigue distribuida de manera irregular, con 70 por ciento de las incidencia de violencia concentrada en diez estados ubicados en las principales rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos” (La Jornada 21-V-2015).
8. Las masacres referidas se suman al acervo de asesinatos colectivos y ataques contra civiles que ensangrientan en suelo nacional en el marco de la guerra. Destacan los siguientes episodios de una secuencia criminal con visos de genocidio: Masacre de Villas de Salvárcar (2010), con un saldo de 16 jóvenes asesinados y 12 heridos; Masacre de Chihuahua (2010), que dejó un saldo de 19 muertos; Masacre del 27 de octubre, con un saldo de 15 jóvenes muertos (2010); Las dos Masacres de San Fernando, Tamaulipas (2010-2011), que conjuntamente suman cerca de 265 muertos; Masacre de Torreón, que arrojó un saldo de 18 muertos y 18 heridos; Masacre de Durango (2011), cuyos datos todavía son inexactos, pero se calcula que el número de muertos encontrados en fosas comunes oscila entre 250 y 340; Masacre de Monterrey (2011), que ocurrió en el Casino Royale, y que produjo la muerte de 52 personas; Masacre de Boca del Río, Veracruz, donde fueron abandonados 35 cuerpos sin vida en la zona turística de ese municipio; Masacre de Cadereyta, con un saldo de 49 personas asesinadas, cuyos cuerpos fueron dejados a los largo de la carretera en Nuevo León; Masacre de Tlatlaya, donde elementos castrenses ejecutaron a 22 civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón; Masacre y Desaparición Forzada en Iguala, cuyos hechos dejaron un saldo de seis personas fallecidas, 27 heridos, y 43 normalistas desparecidos. El crimen sigue impune.
Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2015/06/la-guerra-contra-el-narcotrafico-en.html
Sin más protocolo, somos la familia de Julio Cesar Mondragón Fontes. Tristemente para nosotros las víctimas, nuestro ser amado fue asesinado, desollado vivo la madrugada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en la represión de Iguala, como se conoce el caso en el plano nacional e internacional. A siete meses del crimen de Estado, la impunidad es el ganador principal pues hasta el momento no hay una investigación científica por parte de las autoridades pertinentes a nivel entidad guerrerense; aclaramos que por desgracia la PGR no ha tomado directamente el caso pese a que públicamente siempre pedimos su intervención por la naturaleza del crimen en un estado de derecho. Lo que sabemos hoy en día es por la investigación de periodistas interesados en el caso. Dentro de lo más destacado por parte de las autoridades y gobierno mexicano, fue la reunión con Murillo Karam, hasta ese entonces procurador de la república, así como la reunión con el Lic. Enrique Peña Nieto, la única; ese día hizo compromisos que al menos para nuestro caso no han sido cumplidos, destaco uno en especial: el 29 de octubre de 2014 Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y los padres de los normalistas desaparecidos y los ejecutados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa firmamos un acuerdo de 10 puntos. En esa reunión estuvo presente Marisa Mendoza, viuda de Julio César Mondragón Fontes.
En el punto de acuerdo número 2, el gobierno federal se comprometió a:
“Se establecerá una Comisión Mixta de seguimiento e información integrada por personal a cargo de la investigación dentro de la Procuraduría General de la República, y de la Secretaría de Gobernación, a fin de establecer mecanismos ágiles para proporcionar toda la información necesaria a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles, con el objeto de respetar su derecho de coadyuvar en la investigación que se realiza por los hechos. Ninguna dependencia del Gobierno Federal dará información a la prensa sobre el avance de la búsqueda y de la investigación, sin notificar previamente a esta Comisión de seguimiento e información, por conducto, de la persona que para este efecto se designe.”
Precisando, se trataba de que una vez que hubiera avance sobre el caso la familia seriamos primeramente notificados antes que a los medios masivos de comunicación, esto pintaba para que se dejara de politizar el caso, pero no fue así. Con el comunicado de prensa número 35 de fecha 26 de febrero de 2015, emitido por la Secretaria de Gobernación y el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) intitulado “POLICÍA FEDERAL DETIENE A EXPOLICÍA DE IGUALA PRESUNTAMENTE VINCULADO AL ATAQUE AL AUTOBÚS DE "LOS AVISPONES" Y AL HOMICIDIO DE UN ESTUDIANTE DE LA NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS", sale en las noticias que agarraron al policía sin que nunca hasta el día de hoy se nos notificara como familia, el caso jurídicamente hasta hoy está en varios expedientes, uno de ellos por homicidio calificado junto con los otros cinco asesinados ese día por crimen organizado, sin embargo los expedientes al menos para el caso de Julio Cesar Mondragón Fontes son muy escuetos dado las características y la información que se tiene, gracias a la valentía de la sociedad civil que ha aportado información, a sabiendas que es peligroso debido a cómo se sigue procurando la justicia en México.
Para nosotros, los familiares los términos legales se nos dificultan pero alcanzamos a entender perfectamente por sentido común que se trató de una ejecución extrajudicial con tortura, pues fue desollado vivo, y como ciudadanos que vivimos en un país demócrata, en el cual constitucionalmente existe el estado de derecho, pero que en este caso no se está aplicando y no hay muestras claras de voluntad, pues con una campaña mediática desinformadora tratan de hacer creer al pueblo mexicano y a los países del mundo que ya se hizo lo necesario y que los familiares somos los necios e incluso que la misma ONU está exagerando. Públicamente el Presidente de la República ha dicho que en México no existe la tortura, entonces ¿qué calificativo le da a este crimen de lesa humanidad?
Por medio de otras fuentes sabemos lo que hicieron con nuestro familiar, por ello nos mueve el sentimiento de que no se vuelva a repetir por ningún caso estas prácticas en ninguna de sus modalidades, por ello se debe de prevenir con leyes que estén a la altura de las circunstancias; por lo anterior compartimos lo que plantea el Parlamento Europeo, quien hace la sugerencia a la cámara de diputados y senadores mexicanos a que se sumen al apoyo. De nuestra parte hacemos un llamado a la unidad, no nos mueve el ansia de venganza, pero sí de justicia. Tenemos derecho a conocer la verdad, castigo a los autores intelectuales y materiales, reparación del daño con base a los estándares internacionales. Si hoy se cerrara el caso estamos hablando de la continuidad de la impunidad, el reto es transformar al país en un estado de derecho y que se haga justicia, como una forma de prevenir que se vuelva a repetir, pues ningún ser humano y familiares merecen que les pase lo mismo, por ello nuestro sentir es hacia nuestra demás familia, deseamos que para la bebé que dejaron huérfana sepa que así como hay quien se opone o justifica los hechos de barbarie, muchas veces por ignorancia y otras por que le conviene a sus intereses la impunidad, también hemos visto tanto en el país como en el mundo entero gente bien nacida que se solidariza, organizaciones civiles, valientes periodistas honestos, estudiantes, campesinos, obreros que tienen familia y saben que luchar contra la injusticia, nos trae a la larga un país pacífico, culto, que aprenda a vivir y a convivir respetando ideologías y creencias, que reconozcan a las distintas estructuras sociales heterogéneas, pero con una coincidencia de gozar de gobiernos que actúen con ética, honestidad, justicia y sabiduría.
Sólo con congruencia se logrará recuperar la credibilidad hacia las instituciones y leyes mexicanas que garanticen un desarrollo armónico con equidad progresista en todos los aspectos, una sociedad íntegra que llegue a ser ejemplo del mundo, sólo de esa manera la familia encontraremos la paz, así como la muerte de nuestro amado Julio Cesar Mondragón Fontes tendrá un sentido así como una misión en esta vida. Quienes hacen mal a nuestros semejantes en cada una de las variantes y en este caso para los que han aplicado la tortura y son cómplices de ella en todas las religiones y culturas del mundo, ¡malditos sean por toda la eternidad! Dios es justo y nadie lo engaña, él vio todo y observa quiénes se afanan en tapar o salvarse quizá logren vivir impunemente, pero lo pagaran por los siglos de los siglos, tal como le dijo Samuel Belibet a los que lo torturaron, malditos como su descendencia.
Cuitláhuac Mondragón es maestro rural egresado de la Escuela Normal Rural de Tenería, “Lázaro Cárdenas del Río”. Tío del normalista Julio César Mondragón Fontes, torturado y asesinado la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, México.
Solo la inocencia de un pueblo despolitizado podría pensar que la agresión a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, fue un caso fortuito. Conforme pasa el tiempo queda claro que fue un acto premeditado y selectivo. Se trataba de parar en seco la resistencia a la Reforma Educativa que había puesto en marcha el gobierno de Peña Nieto. Rompiendo todo protocolo del régimen republicano (división de poderes), ya que mediante un pacto con los partidos políticos del régimen, el gobierno logró el consenso legislativo, mediante dadivas y componendas, reformando la Constitución General de la República, imponiéndole al pueblo once reformas estructurales, entre ellas la educativa.
Desde 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se inició la agresión al magisterio con la descentralización de la educación, transfiriéndola a los estados, aunque claro está que, desde antes (1989), había despejado el camino mediante una política gansteril en contra de líderes sindicales de su propio partido (PRI). Primero contra el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia a quien acusó de homicidio, posesión de armas exclusivas del ejército, lavado de dinero y delincuencia organizada y, mediante un dispositivo militar exagerado y mediático, lo sacó de su casa y lo hizo prisionero, para luego imponer a un hombre de su confianza al frente del sindicato petrolero, a un neo-charro Sebastián Guzmán Cabrera y posteriormente a Carlos Romero Deschamps.
Esta acción era un claro mensaje a los líderes sindicales corporativistas, o se disciplinaban al nuevo gobierno y a la nueva política de Estado o se atenían a las consecuencias. Así, el 23 de abril de 1989 el gobierno hacia renunciar al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Refugio Araujo Del Ángel y a su líder vitalicio Carlos Jongitud Barrios. Éste último ya había echado sus barbas a remojar y no opuso resistencia para salvarse de la cárcel. Elba Esther Gordillo sustituiría a ambos, por determinación del gobierno. Así se despejaba el camino para avanzar en dos frentes: desmantelar al sindicato y privatizar la educación. El primer trabajo sucio que le impuso el régimen a la Gordillo fue el de cooptar a la disidencia magisterial llamándola a la unidad y a compartir carteras de dirección, algunos se fueron con la finta, pero la gran mayoría la ubicó como lo que era, un vil instrumento del Estado.
La corrupción en el gobierno de Salinas de Gortari trajo consecuencias trágicas para el pueblo trabajador. Aún con la venta de las empresas paraestatales se saquearon las arcas del Estado y se cometieron magnicidios entre la clase política del PRI, trayendo como consecuencia en la siguiente administración de Ernesto Zedillo, una devaluación del peso frente al dólar de más del 100% y la fuga de capitales, entrando en una crisis económica que se le cargó al pueblo, mientras que a los banqueros se les salvaba de la quiebra mediante el FOBAPROA. Más aun así, la clase política neoliberal se consolidaba en el gobierno, bajo los auspicios de los Estados Unidos de Norteamérica.
Desde el gobierno de Miguel de la Madrid los tecnócratas subieron al poder con una clara posición neo-liberal y para 1989 asumían con fervor los 10 puntos del consenso de Washington que pusieron en práctica aun en contra de la opinión pública y de fuerzas políticas de dentro y fuera del gobierno. El consenso de Washington es el cambio hacia la política de libre mercado, que enrumba las políticas de los Estados Nación a la privatización de las empresas y los servicios. Así, el gobierno de Zedillo, en aras de seguir a pié juntillas los ordenamientos del imperialismo norteamericano, trató de privatizar la energía eléctrica y la educación superior, con un rotundo fracaso por la movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, sociales que lo obligaron a dar marcha atrás a reformas estructurales que apuntaban a la modificación de la Constitución General de la República.
Estos tres periodos gubernamentales (De la Madrid, Salinas y Zedillo),por medio de la corrupción, y la represión, crearon la casta divina que hoy gobierna a México, pero sometida a los monopolios globales y claro, entre esos ricachones, se encuentran ellos, mientras que el pueblo cayó en una profunda pobreza. En esas condiciones surge la derecha tradicional, condenando los setenta años de PRI gobierno y mediante la demagogia, ofrece acabar con la corrupción, la impunidad y la pobreza y solucionar los conflictos sociales y el levantamiento de los zapatistas. Llega Vicente Fox a la Presidencia de la República por el partido Acción Nacional (PAN) y solamente da más de lo mismo, utilizando los mismos métodos priistas continuando con la fragmentación de la educación mediante el Programa Nacional de Educación, utilizando el corporativismo de Elba Esther Gordillo para romper la disidencia del magisterio democrático. Siguiendo con los lineamientos del exterior trata de hacer el negocio de su vida (ampliar el aeropuerto de la ciudad de México), mandando un decreto para enajenar los terrenos ejidales de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, pueblos que se unen y crean la organización Frente De Pueblos En Defensa De La Tierra, que machete en mano, van a echar para atrás a ese proyecto. Fox termina su mandato con una gran opacidad. Los imperialistas gringos esperaban más de Fox, a quien le financiaron su campaña presidencial, con fondos del Partido Republicano y en la siguiente sucesión presidencial son los que van a decidir la candidatura de Felipe Calderón, ya que en las urnas no le favorecieron los votos y fue la Gordillo el instrumento del fraude electoral, así jala el corporativismo en México.
Felipe Calderón, que no contaba con las bases populares para gobernar, sabía que la única forma para mantenerse en el poder era mediante una guerra, se viste de soldado y le declara la guerra al narcotráfico y con la fuerza del ejército desarrolla su gobierno. En el 2008 trata de imponer la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) acordada con la cúpula del SNTE, encabezada por Elba Esther Gordillo, que exigía la evaluación del magisterio por medio de un órgano autónomo (eruditos profesionales en la privatización de la educación) que ocasiona el levantamiento de las bases magisteriales en Morelos y después en todo el territorio nacional. Felipe Calderón termina su gobierno con esa lucha y no pudo lograr nada.
Se venía la elección del 2102 con un PAN y un PRI desprestigiados, con miseria, desempleo, recesión, narco gobierno y un repudio general del pueblo. La izquierda institucional que había crecido en el 2006, negociaba la próxima contienda. De ahí que una mano santa surgida del norte de nuestro continente unió a todas estas fuerzas en un “Pacto por México” y decidió la candidatura de Enrique Peña Nieto, con el compromiso, de ahora si, lograr todos los objetivos que no se pudieron alcanzar en treinta años de neo-liberalismo, las anheladas reformas estructurales, para legitimar todos los actos anticonstitucionales que se cometieron en ese periodo tan aberrante para nuestro pueblo. Al acordar esas fuerzas el Pacto por México se convertía en Constituyente ya que las reformas cambiaban el espíritu y el contenido de la Constitución. Concretamente ejercieron un golpe de Estado, así que no les importó que Peña Nieto no ganara en las urnas electorales y lo legitimaron como Presidente de la República mexicana en el Congreso de la Unión manchando para siempre esa institución republicana.
El dictador Peña Nieto lleva a la práctica los mandatos de los fascistas, ángeles de la guerra, protectores de los monopolios globales del imperialismo norteamericano y de la OCDE en materia educativa, que ven en la educación privada un banco de recursos económicos para su beneficio, ya que representa 6 trillones de dólares a nivel mundial y de estos el 2% en el mercado mexicano. Así la educación se convierte en un jugoso negocio, sin importar sus contenidos antinacionales y reaccionarios. Ya se prepara Bill Gates, director de Microsoft y Val Silicón, para mediante la alta tecnología, implementar los programas modernos educativos. Por eso el gobierno dictatorial está desesperado por que entren esos capitales, y para eso quiere terminar con las normales, sobre todo las rurales, las universidades públicas y el Politécnico Nacional; deshacerse de la planta de maestros y, claro, tener maestros “profesionalizados”, escuelas privadas (patito) y alumnos dóciles y que asimilen la nueva tecnología.
Todo aquel que no se adapte a esta modernidad, que no la asimile, pasará a ser población sobrante. Por eso llevaron a cabo la agresión a la normal rural de Ayotzinapa, que consideran su primer objetivo, luego van por lo demás. Esta normal rural desde 1926 imparte a sus alumnos una formación socialista. En el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas (1934-1940) se decretó constitucionalmente la educación socialista, de ahí que esta normal rural alcanzara un gran prestigio y junto con las demás normales rurales crearon la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Además los maestros ahí formados destacan en la lucha social y sindical como Genaro Vázquez Rojas, quien organizó el primer sindicato independiente de maestros de Guerrero. Fue fundador de la Alianza Cívica Guerrerense, de la Central Campesina Independiente. Como luchador social fue perseguido y encarcelado, liberado por un comando armado en 1968, pasando a la lucha guerrillera clandestina, muere en 1972. Otro maestro formado en esa normal fue Lucio Cabañas, quien va a ser dirigente de la FECSM, que va a militar junto con Genaro en el magisterio disidente, que va a organizar a los campesinos por sus derechos contra los caciques y crear el Partido de los Pobres. Y quien por estas cualidades va a ser perseguido hasta su muerte. Con estos dos ejemplos bastaría para aseverar que esta normal es un santuario revolucionario, pero también podemos decir que cada maestro que es egresado de esta normal, cumple con los objetivos ahí trazados. Los alumnos que son pobres y entienden la necesidad de la lucha, desde ahí se preparan para luchar.
Queda claro pues porque el gobierno dictatorial de Peña Nieto ubicó a esta normal para agredirla y desaparecer a los 43 normalistas, utilizando todos los factores creados por el propio gobierno, como el caciquismo, la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada y la impunidad. Quería crear un conflicto mayor con el objetivo de acabar con las normales rurales que quedan, no solo con la de Ayotzinapa; dividir al magisterio; enfrentarlo con la fuerza pública; encarcelar a sus dirigentes y crearles cargos de sedición para que mueran en las cárceles; crear un estado de terror para disuadir al pueblo de la necesidad de la lucha organizada y la unidad de clase, única forma de repeler la agresión del gobierno.
Esta es la estrategia del gobierno para promover la reforma educativa. Que cinismo. Esta actitud del gobierno solo nos conduce al Fascismo.
La otra trampa son las elecciones, de que el gobierno quiere valerse para ejercer la represión ya que los padres de los 43 y los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, han declarado el boicot a las elecciones del 7 de junio, después que el INE se negó a suspender las elecciones en Guerrero a exigencia de éstos por las condiciones políticas del estado y la exigencia de esclarecer los hechos que conduzcan a la aparición de los normalistas. La sección 14 del magisterio de guerrero se unió al boicot, al igual que la secciones de Michoacán (18), Oaxaca (22), Chiapas (7) y millones de mexicanos no iremos a votar en solidaridad con los padres de los desaparecidos y los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Las comunidades indígenas mexicanas han padecido acoso desde hace muchas décadas, pero desde poco antes del 2005 están siendo acosadas por el Ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. Los gobiernos e inversionistas nacionales e internacionales están empecinados en mercantilizar la tierra y el territorio de los pueblos originarios. Es por ello que los pueblos están haciendo frente al despojo desde las comunidades indígenas que se resisten a ser cómplices de los proyectos de inversión que favorecen la producción de agrocombustibles, la concesión y explotación de proyectos mineros, las represas, la reactivación de planes de infraestructura del Proyecto Mesoamérica y el impacto de la reforma energética como plataforma para legalizar el saqueo territorial, ya que todo ello traerá como consecuencia la destrucción de la diversidad humana y biológica de los territorios ancestrales, describe el Movimiento Civil Rostros del Despojo. Afirmando que las políticas gubernamentales de las últimas décadas han mercantilizado los recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas, los cuales forman parte de la negativa histórica por parte del Estado mexicano al reconocimiento pleno de derechos colectivos de los mismo. Las comunidades indígenas mexicanas han padecido acoso desde hace muchas décadas, pero desde poco antes del 2005 están siendo acosadas por el Ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En aquel año, el Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió 500, 000 dólares, de fondos del Departamento de Defensa, para mapear tierras comunales indígenas en los estados mexicanos de San Luis Potosí y Oaxaca, explica el activista y ecónomo Simón Sedillo. Por medio de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de los Estados Unidos (FMSO, por su sigla en inglés), los profesores Peter Herlihy y Jerome Dobson construyeron desde aquel año el proyecto “México Indígena”. El investigador de la FMSO asignado fue el Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, quien expuso que el único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el de la privatización de las tierras comunales pertenecientes a indígenas. Asegurando, “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra”, explica Sedillo. Demarest aseguró en un ensayo que “la misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos, es decir ejércitos guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos en México”. El proyecto ‘México Indígena’, se describe como una estrategia político-militar, la cual dio inicio en el momento en que se otorgó al país un paquete de financiamiento militar por parte de los Estados Unidos, conocido como la Iniciativa Mérida. “El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales”, afirma Sedillo. Demarest, al tomar en sus manos el mapeo de comunidades indígenas, aseguraba que era preciso identificar pueblos y grupos, ya que era ahí donde se situaba la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México, en zonas indígenas donde se exigía autonomía y auto-determinación. “Los indígenas siempre han estado dispuestos a morir luchando por su tierras, más de lo que cualquier gobierno ha estado dispuesto a matarlos y arrebatárselas. Para las comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y territorio es por lo tanto una reivindicación sumamente urgente de su identidad”, comenta Sedillo. Hasta 2010, en México poco más de 170 mil personas habían sido desplazadas de sus lugares de origen, colocando al país en el segundo lugar en el número de afectados por la construcción de megaproyectos en Latinoamérica. Hoy las cifras podrían haberse incrementado hasta en un 10 %. Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, son reconocidas de manera gubernamental como territorios en donde empresas extranjeras mantienen algún tipo de proyecto. Sobre el tema, el Obispo Raúl Vera López afirma: “la militarización no es una cuestión nada más de América Latina, es una situación que se da a nivel mundial, y puntualmente en México, los hermanos de los pueblos originarios fueron desplazados hacia espacios en donde no contaban con medios de subsistencia, tampoco habían procesos de desarrollo que les permitiera a ellos ser sujetos de su propia historia, pero con esfuerzo y sufrimiento lograron sobrevivir y vivir”. “Sin embargo, hoy las nuevas tecnologías satelitales han localizado recursos que pueden generar altas sumas de dinero, los cuales existen en territorios indígenas. Esto ha sido el principal detonante de la invasión que padecen quienes vivían en paz en espacios con pocas carreteras, nulos medios de comunicación, con innumerables carencias, pero subsistían, ahora otros han descubierto las zonas de mayor diversidad, donde están los yacimientos de petróleo, los recursos acuíferos, provocando así el desarrollo de libre comercio y la libre competencia que han llevado a los grandes empresarios y a los grandes consorcios de producción industrial, a incursionar en manufacturas que nunca se creyó que fueran de interés para ellos, hasta que descubrieron que se podía obtener grandes ganancias por medio de explotación”, comenta Vera López. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “los proyectos de obras públicas a gran escala y las iniciativas de extracción de recursos (denominados megaproyectos) tales como represas, autopistas y minas, se están multiplicando en México. Si bien el gobierno mexicano declara que estos proyectos de desarrollo se llevan a cabo para beneficio de la población, los megaproyectos tienen consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el medioambiente, y suelen beneficiar a los poderosos a costa de las comunidades más empobrecidas, rurales e indígenas”. El obispo afirma que dichas empresas, a la par del gobierno, han desarrollado estrategias que les permiten obtener beneficios y facilidades para la explotación de los recursos naturales por medio de mecanismos que los han llevado a penetrar las tierras de los indígenas, provocando que nuevamente dichos grupos sean desplazados para dar paso a mega proyectos que van desde los acueductos, oleoductos, hasta gasoductos, sin dejar de contar los corredores industriales. “Como ejemplo tenemos el corredor industrial que se han querido abrir desde hace años los norteamericanos, vía México-Centroamérica, en un principio por medio del famoso Plan Puebla Panamá (PPP). Otro de los principales motivos por los cuales los indígenas son objeto de agresiones terribles y desplazamientos humanos, es la apropiación ilícita de los mantos acuíferos; extranjeros junto al gobierno despojan a los dueños de esas zonas, dañándolos física y moralmente, al robarles el agua, para uso de las grandes hidroeléctricas”, plantea Vera López. Los ataques contra los indígenas, en la lucha por explotar cuanto se pueda en sus territorios, según el Obispo Raúl Vera, se han afianzado por medio de un control del territorio a través de las fuerzas militares, quienes han penetrado las zonas para oprimirlos y agredirlos, incluso hasta el homicidio, es por ello que “en las comunidades se están levantando y están tomando la fuerza, defendiendo sus propiedades y su integridad física”. Y sentencia que, “esa deshumanización en contra de los grupos vulnerables es producto de la ambición que hoy existe, y es desatada por un mercado no controlado que se hace llamar ‘libre mercado’ y que se mueve a la par que la nueva metodología del capital neoliberal, en donde los grandes comerciantes del mundo, a la par de los grandes productores y los grandes consorcios, tienen de rodillas a los políticos, a quienes ya han comprado y corrompido para darles seguridad a sus proyectos”. Puntualizando que, “dentro de los enemigos de los indígenas se encuentra la industria extractiva. México tiene más de la tercera parte de su territorio ocupado en esta actividad, y ahora con la Reforma Energética los extranjeros que extraigan metales también van a absorber lo que encuentren a su paso. No solamente afectando a los dueños legítimos de las tierras, sino también contribuyendo al cambio climático y al famoso calentamiento global por medio de una sobreexplotación de la tierra”. El sociólogo Jorge Mercado Mondragón sentencia que “la ausencia de un mecanismo para cuantificar de manera objetiva el número de desplazados es, sin duda, uno de los retos más significativos en México para poder visualizar dicha problemática, y se suma el no reconocimiento explícito por parte del Estado mexicano de la existencia de un número importante de desplazados en el territorio nacional”. “El Estado mexicano debería poner atención a esa situación antes de que se convierta en una crisis humanitaria de alcances inusitados, como aparece apuntar, donde pareciera que el dinero es más importante”, afirma. “El gobierno mexicano es responsable de las violaciones a derechos humanos de indígenas, pero también lo son las empresas canadienses, americanas y europeas que invierten proyectos en México, son cómplices, aprovechando la disposición del gobierno mexicano a pasar por alto los problemas ocasionados por sus representantes, implementan en el país prácticas perjudiciales que serían inaceptables en sus países de origen. Algunos empleados de estas compañías han estado implicados en agresiones físicas e intentos de asesinato dirigidos contra indígenas y activistas sociales y ambientales… pero la justicia no llegó”, asegura el Centro PRODH.
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección:
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