martes, 31 de marzo de 2015

Revista Proceso 2004



Armamentismo en tiempos de Peña Nieto

Aun cuando México no se encuentra oficialmente en estado de guerra, como ocurría en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha comprado a Estados Unidos equipo bélico por más de mil 300 millones de dólares en menos de un año, al margen de la Iniciativa Mérida. Lo más reciente: un lote de helicópteros artillados provistos de la más nueva tecnología. Según documentos del Pentágono cuya copia tiene Proceso, este equipo ha sido abastecido por el Departamento de Defensa y sus contratistas privados. Jubiloso, lo celebra el Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadunidenses.

viernes, 27 de marzo de 2015

Ayotzinapa, el temor de Peña


MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones.
En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada; es decir, como un crimen de lesa humanidad; y, sobre todo, a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano.
El balance que presentó la procuradora justo seis meses después de la detención de los jóvenes por parte de policías municipales y su posterior desaparición atribuida a delincuentes, demuestra el empeño gubernamental de desasociar lo político y lo criminal.
En línea de lo hecho por su antecesor, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez dijo que hay 104 detenidos; 48 policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Todos, incluido el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como meros operadores, pero sin que se sepa hasta ahora que se está investigando la estructura política, económica y social que ha acompañado a ese grupo de la delincuencia organizada.
La procuradora mencionó también que hay 25 averiguaciones previas por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Pero no hay ninguna por desaparición forzada. Para justificarse, la PGR le cargó la responsabilidad al Poder Judicial.
Señaló la PGR en un boletín fechado el 26 de marzo: “En relación a las consignaciones por el delito de desaparición forzada esta Procuraduría se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta representación social están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional”.
En México, nadie más que el ministerio público tiene el monopolio de las averiguaciones previas y por ende esa instancia es la que consigna ante la justicia a los responsables de los delitos. El juez valora las actuaciones y la tipificación delictiva, pero sólo después de que el ministerio público le presente un expediente en el que sustente sus acusaciones. La PGR engaña y manipula.
El periódico La Jornada publicó el domingo 22 de marzo los argumentos de la PGR para no considerar la tragedia como un delito de lesa humanidad; es decir, un crimen contra la humanidad.
Según la información consignada, resultado de una solicitud de acceso a la información, la procuraduría aseguró que en el caso de Ayotzinapa “no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.
De nueva cuenta, es muy clara la distorsión de la PGR. Un delito de lesa humanidad no se tipifica sólo por su frecuencia. La Corte Penal Internacional lo define como las conductas o cualquier acto inhumano –como la desaparición forzada–, que cause grave sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien lo sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
La PGR pretende negar que la noche trágica de Iguala se ha convertido en emblema de la descomposición del Estado mexicano; una entidad ya no penetrada por la delincuencia, sino parte de ella, dispuesta a eliminar a quienes considera sus enemigos.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la desaparición forzada como un delito que se prolonga hasta que la víctima aparezca, viva o muerta.
Sin ser el directamente responsable, Enrique Peña Nieto y su gabinete están conscientes de que como jefe del Estado mexicano es él quien tiene que responder ante la tragedia porque agentes estatales –así fueran policías municipales y un alcalde– participaron en la desaparición de los normalistas.
Reconocer que se cometió un crimen contra la humanidad, implica reconocer la jurisdicción internacional en caso de que en México no haya justicia. Y los responsables ya no serían sólo los autores materiales e intelectuales de la desaparición, sino aquellos que nieguen la justicia, empezando por Peña Nieto y sus procuradores.
La preocupación es real porque esos delitos son imprescriptibles; es decir, perseguirían a Peña Nieto aún después de que salga de Los Pinos.


jueves, 26 de marzo de 2015

RT En los seis meses sin 'los 43', ¿qué hemos descubierto sobre México?



Han pasado seis meses desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los padres de los normalistas y otros mexicanos no se quedaron de brazos cruzados ante el descarado crimen y la impunidad, y con constantes protestas han reclamado justicia. Gracias a las voces del pueblo mexicano, se han ido revelando una por una escandalosas noticias sobre la situación en el país.




Tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, México ha vivido seis meses de fuerte conmoción social que ha desembocado en multitudinarias marchas por el país, así como en violentos actos de protesta en los que se ha exigido la renuncia del presidente Peña Nieto.



¿Qué es lo que hemos descubierto sobre el país en estos seis meses?

Hemos descubierto que los mexicanos creen cada vez menos en la justicia y en el Gobierno, en que los culpables serán castigados y pagarán por sus crímenes.

Es por eso que no creyeron en la versión oficial, presentada por la Procuraduría General de la República de México (PGR), que daba por muertos a los 43 estudiantes.

Los padres de los normalistas rechazaron el deseo de la PGR de cerrar el caso y prometieron seguir con su lucha hasta que haya pruebas científicas del paradero de sus hijos o hasta que les sean entregados vivos.

Es por eso que durante todos estos meses no cesan las protestas, cuyos participantes exigen la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, el castigo para los responsables de su desaparición y la renuncia inmediata del presidente Enrique Peña Nieto.

Es por eso que las familias de los 43 estudiantes han decidido tomar la justicia por su cuenta y han empezado una gira por ciudades estadounidenses con el fin de atraer la máxima atención posible a su causa. Una gira para presionar a varios organismos internacionales, incluida las Naciones Unidas, para que ayuden en el hallazgo de sus hijos y para denunciar las violaciones a los derechos humanos en su país.





Al mismo tiempo, otros familiares y amigos de los desaparecidos realizaron una "toma simbólica" de varias embajadas en el Distrito Federal para presentar ante las delegaciones diplomáticas extranjeras su preocupación por la falta de resolución del caso.

Los activistas utilizan cualquier medio para reclamar justicia. Incluso aprovecharon el rodaje de la última película de la saga '007' en la capital de México para pedir a James Bond 'ayuda' para hallar a los 43 normalistas desaparecidos.



Por su parte, el embajador mexicano en Rusia, Rubén Beltrán Guerrero, aseguró en exclusiva a RT que el peso de la Justicia mexicana caerá sobre a los culpables de haber perpetrado la tragedia de Ayotzinapa y reveló que actualmente existe más de un centenar de personas detenidas.

"Las autoridades de México están haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles por esclarecer [lo sucedido] y sobre todo, para que los culpables sean castigados con todo el rigor de la ley", ha declarado el jefe de la representación diplomática mexicana en Rusia.

Sin embargo, la falta de confianza sobre la competencia de las autoridades ha hecho que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre el caso.

Así, una de estas investigaciones, realizada por la revista mexicana 'Proceso', y basada en testimonios y documentos a los que tuvo acceso el periódico, sostiene que el asalto contra los normalistas fue orquestado y ejecutado no por policías municipales de Iguala y Cocula, sino por la Policía Federal, que "participó activa y directamente en el atentado", según lo cita Univisión.


Hemos descubierto que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y que la mayoría de ellas quedan impunes, según denunció en febrero de 2015 el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

"¿Cuántas desapariciones forzadas hay?: No lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas", comentó Rainer Huhle, miembro del Comité.

En la misma línea, en marzo Amnistía Internacional declaró que las "torturas, golpes y humillaciones en México son generalizadas". 
"La Policía y los soldados han recurrido habitualmente a la tortura para castigar, extraer información, o confesiones falsas a los detenidos. Con frecuencia, se obliga a las víctimas a firmar declaraciones bajo tortura y, en muchos casos, se las condena únicamente sobre la base de tales declaraciones", lamentó la directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara-Rosas.
Según constata el Índice de Paz México 2015, que realiza el Instituto para la Economía y la Paz, la violencia costó a la economía mexicana aproximadamente 233.000 millones de dólares sólo el año pasado (un 17,3% del PIB del país). 
No obstante, la ONG destaca la ligera mejora del estado de la paz en 2014 (un 0,7% más). En los últimos dos años, el nivel de la delincuencia organizada y la tasa de homicidios han disminuido en más de un cuarto y los crímenes violentos han caído en un 12%, pero el número de crímenes con armas han aumentado en un 11%, agrega el informe.
A pesar de que esto supone una mejora notable respecto a los últimos cuatro años, un gran número de ciudadanos no percibe que ello haya sucedido, sostiene el Instituto para la economía y la paz, citado por la agencia Reuters.
Varias personalidades famosas en diferentes áreas han denunciado la injusticia y la impunidad en México.
"Creo que el nivel de insatisfacción, de injusticia, de corrupción, de impunidad, ha llegado a niveles insoportables", dijo en una entrevista a CNN el director del cine mexicano Alejandro González Iñárritu.
"Lo que me preocupa es que hemos pasado de la descomposición social a la absoluta vorágine. Es un momento en el que se vive una ley como del viejo oeste, de llegar con la pistola a la cantina, y ver. Pase lo que pase, no hay ninguna estructura que lo detenga",lamentó, a su vez, el cineasta mexicano Guillermo del Toro.
El destacado lingüista y filósofo de EE.UU., Noam Chomsky, ha expresado su apoyo y solidaridad a las familias de los normalistas desaparecidos en México a través de una fotografía difundida en la Red, en la que expresaba: "Nos faltan 43 y más…".

Sepa más: "No son solo 43": ¿Quiénes yacen en las fosas comunes en Iguala?

El caso de los 43 estudiantes ha puesto de relieve el drama de las desapariciones en México.

Durante los meses de la búsqueda de los normalistas, en Iguala han sido halladas varias fosas comunes con decenas de cadáveres, algunos de los cuales estaban severamente desfigurados.





Muchas personas, que antes se habían mantenido prácticamente en silencio por temor a represalias, han encontrado fuerzas para denunciar el terror impuesto por los narcotraficantes y policías corruptos.

Así, en el estado de Guerrero, cientos de personas empezaron a reunirse en una iglesia católica para dar testimonio sobre sus familiares desaparecidos e intentar catalogar los crímenes.

"Vivo pensando todo el tiempo: cuando estoy comiendo, me pregunto si mi hijo está comiendo. (…) No sé si está sufriendo, si tiene hambre. Me imagino muchas cosas", dijo Guillermina Sotelo Castañeda, cuyo hijo, César, desapareció en agosto del 2012.

Según un artículo de 'The Guardian', el caso Iguala resultó ser sólo una página de un grueso libro donde están 'inscriptas' cerca de 20.000 desapariciones ocurridas en los últimos años por acción de las bandas criminales, a menudo en connivencia flagrante con las autoridades estatales.

Por su parte, el diario 'The Telegraph' publica que en México, desde el año 2007, desaparecen 54 personas semanalmente. En ocho años, esa cifra ha alcanzado un total de 22.610 desaparecidos.




Hemos descubierto que ejercer un periodismo honesto puede ser difícil e incluso peligroso en México.

Así lo demuestra el ejemplo de Carmen Aristegui, una conocida periodista mexicana que reveló la existencia de una millonaria propiedad de la esposa de Peña Nieto, que llevó a cabo otras investigaciones sobre miembros del Gobierno, y que fue despedida la semana pasada de la emisora mexicana MVS Radio junto a dos de sus investigadores.

Es muy incómodo hacer periodismo desde la palestra de la oligarquía

La dirección de la emisora justificó la decisión por la colaboración de la comunicadora con el portal MexicoLeaks, una plataforma digital creada para que los ciudadanos puedan compartir información y documentos de interés público, relacionados con actos de corrupción, delitos y violaciones de derechos humanos, de forma anónima y segura.

Tras conocerse la noticia, cientos de personas salieron a las calles de la capital mexicana para protestar por la decisión de la radio MVS y denunciar la falta de libertad de expresión en el país.

Pedro Canché, un periodista encarcelado por criticar al gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, envió una carta de apoyo a Aristegui, en la que expresó que "es muy incómodo hacer periodismo desde la palestra de la oligarquía" y afirmó que "es hora y tiempo de que los nuevos vientos soplen en favor del viejo arte del periodismo honesto".

La propia Aristegui ha asegurado a los medios de comunicación que la decisión de despedirla viene "desde el más alto nivel posible", al tiempo que ha denunciado que en su país hay una "reinstalación muy acelerada de los viejos modos del autoritarismo mexicano".

El deterioro de la libertad de prensa es real, tangible y medible

"Estamos ante un presidente debilitado y su actuación está respondiendo a patrones autoritarios", ha rematado Aristegui.

La difícil situación de los periodistas en México se revela también en el informe 'Estado de censura', presentado este marte por la ONG Artículo 19 y dedicado a la situación de la prensa nacional el año pasado.

Lea también: En México cada 26 horas se produce una agresión contra un periodista

Según el documento, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cada 26 horas un periodista es agredido en México, lo cual representa una frecuencia 80% mayor que durante el mandato de Felipe Calderón. "El deterioro de la libertad de prensa es real, tangible y medible. El Estado es de censura generalizada", reza el informe, citado por los medios locales.

Entre las víctimas de estos crímenes se encuentran los periodistas Gregorio Jiménez, muerto en Veracruz en febrero; Nolberto Herrera, muerto en julio en Zacatecas; Octavio Rojas, muerto en agosto en Oaxaca; Atilano Román, muerto en Sinaloa en octubre; Antonio Gamboa, muerto en Sinaloa en octubre, y Juan Diego Benítez, hijo del periodista Indalecio Benítez muerto durante un ataque a Radio Calentana en agosto pasado.

No obstante, el embajador de México en Rusia, Rubén Beltrán Guerrero, afirmó a RT que"en México hay absoluta libertad de prensa" y "hay absoluto acceso de la prensa a las fuentes gubernamentales para poder proporcionar toda la información disponible".





Hemos descubierto que el problema de la corrupción está lejos de ser resuelto en México.

En febrero, la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF) comunicó que había detectado 1.300 casos de posible corrupción que podrían haber generado un quebranto de 50.000 millones de pesos en las cuentas públicas en 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

"México tocó fondo en materia de corrupción", dijo el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya al respecto de la 'desaparición' de dinero público, de irregularidades calculadas en 67.000 millones, del no ejercicio por cerca de 23.000 millones y el "perdón injustificado" de 1.123 millones a distintas empresas mediante el programa de condonación de impuestos.

A su vez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) solicitó en febrero a la Procuraduría General de la República congelar 4 cuentas bancarias de Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador del estado de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas, y quien es acusado de desviar más de 287 millones de pesos (18 millones de dólares) de los recursos del Gobierno hacia tres empresas en donde sus hijos aparecían como socios o ejecutivos.

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A todo esto hay que añadir las polémicas en torno a los bienes inmuebles de la primera dama de México, Angélica Rivera, del secretario de Hacienda Luis Videgaray y del propio presidente Enrique Peña Nieto.


Así, en diciembre salió a luz en la declaración patrimonial del presidente una enorme mansión de 560 metros cuadrados, adquirida por tan solo 13 dólares.

La irregularidad fue revelada unas semanas después de que se divulgara que su esposa, Angélica Rivera, poseía una mansión valorada en al menos 7 millones de dólares. La propiedad pertenecía al Grupo Higa, una empresa que se benefició de millonarios contratos con el Estado.

Sepa más: La supuesta examante de Peña Nieto habla sobre su 'casa blanca' y vínculos criminales

Un artículo de la revista británica 'The Economist', publicado en enero recuerda un mensaje de año nuevo en el que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se comprometía a "liberar" a su país de la delincuencia, la corrupción y la impunidad. "El mensaje era el correcto. Pero, por desgracia para Peña, los mexicanos son cada vez más cínicos hacia el mensajero", reza el artículo.

Sepa más: La 'Casa Blanca' de Peña Nieto: ¿De donde salió esta mansión de 7 millones de dólares?

"Sus críticos creen que Peña Nieto está esquivando la tarea más importante: castigar a los jefes políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio Gobierno está manchado por el escándalo", agrega.


"México se merece algo mejor", concluye la publicación.

Pasados seis meses desde la desaparición de los 43 estudiantes, su caso está lejos de ser olvidado. Aunque los padres de los normalistas todavía no han encontrado lo que buscan, han conseguido una cosa muy importante: atraer la atención del mundo hacia los problemas a los que se enfrenta su país.

Clic aquí para ampliar la imagen:
En la preparación del material se han utilizado los archivos multimedia de RT, agencias de fotografía de Reuters y AFP, así como del usuario de Twitter @_MiguelRm y del usuario de Facebook Atilio Alberto Boron.









miércoles, 25 de marzo de 2015

OSC envían documento sobre caso Aristegui a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH


- Organizaciones de derechos humanos mexicanas envían comunicación sobre Caso Aristegui a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- Solicitan que esa instancia pida informes al Gobierno Mexicano sobre posibles presiones a MVS por parte de agentes estatales.

- Las organizaciones externan su preocupación por la pretensión de acallar una voz crítica y por pretender imponer una línea editorial con base en la censura previa.

El pasado 21 de marzo 114 organizaciones de derechos humanos entre ellas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que integra 35 organizaciones, así como la Red “Todos los Derechos para todos y todas” que aglutina a 73 asociaciones civiles de 21 estados de la República, enviaron una comunicación a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner de su conocimiento el caso de la salída del aire del programa noticioso conducido por la periodista Carmen Aristegui.

En esa comunicación la organizaciones civiles solicitan a la Relatoría que pida informes al Gobierno Mexicano sobre la existencia de “posibles presiones o injerencias” hacia MVS Comunicación por parte de agentes del estado para que esta empresa diera por terminada de manera unilateral la relación contractual con la periodista y para despedir de manera injustificada a todo su equipo de trabajo.

Se expresa en el documento la preocupación sobre acciones de censura previa, sobre la utilización de medios indirectos para restringir la libertad de expresión y sobre la implementación de medidas de control editorial para eliminar la pluralidad informativa y la difusión de información crítica.

Señalan que es de llamar la atención la intención de MVS por querer imponer de manera unilateral una serie de lineamientos cuyo único objetivo era el de eliminar la libertad editorial de la periodista y de su equipo, pretendiendo que tanto las investigaciones críticas como los reportajes e informes de corresponsales fueran “autorizados previamente” por personal de la empresa de comunicación.

Se hace una cronología de los hechos ocurridos en los días recientes y se señala como éste conflicto ha ido escalando y subiendo de intensidad, ya que algo que inicio como un diferendo en el uso de una marca empresarial y que pudo haberse resuelto de manera sencilla, terminó siendo una acción directa para restringir la libertad de expresión con la imposición de los pretendidos Lineamientos por parte de MVS, redundando en la violación al derecho de información de millones de mexicanos y mexicanas.

El cierre del noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio representa la eliminación de un espacio mediante el cual diversos actores emitían sus opiniones y posturas respecto a un hecho relevante de carácter público en el país, representaba por ello, un medio para la transmisión de dichas posturas y opiniones. Además, mediante la labor de investigación en donde se colocaban asuntos sobre las actuaciones de nuestros gobernantes, cuya relevancia cobra mayor sentido en tiempos de elecciones, ya que se cierra una vía para la recepción de información a la sociedad mexicana respecto a estos asuntos, contraviniendo con lo manifestado por la Corte Interamericana en el sentido de que “para el respeto y garantía de la libertad de expresión, se requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”, señalaron las asociaciones civiles en su comunicación oficial.

Las organizaciones mexicanas saludan el reciente pronunciamiento del relator Edison Lanza en torno al caso y le reiteran su disposición para seguirle enviando información sobre este caso en el transcurso de los próximos días.

lunes, 23 de marzo de 2015

Frente Estado-partidos, unidad CNTE, Ayotzinapa, Aristegui, Tlatlaya, zapatistas



1. Las campañas políticas electorales en México tienen el compromiso de opacar o desviar las protestas sociales, por ello firman ante el Instituto Electoral los partidos políticos que, para no ser castigados con multas, deben ser “muy decentes y respetuosos con sus adversarios, sobre todo con el Estado”. Pero no ha habido necesidad de esas advertencias puestos que por lo menos nueve de los diez partidos –con excepción de Morena hasta hoy- son lamebotas o lame todo del gobierno. Así que en lugar de aprovechar las campañas electorales para hacer conciencia en el pueblo acerca de la miseria, el desempleo, la represión y el mal gobierno, así como de la necesidad de salir a protestar, los candidatos se dedican a hablar en abstracto; a ser oscuros.
2. Los millones de radioescuchas de Carmen Aristegui siempre han estado bien informados, por eso saben que todos los empresarios, como los de MVS, son interesados lamebotas de Peña y de todo gobierno. ¿Cómo dejarían en paz al equipo de Aristegui que denunció la “Casa Blanca” de Peña y su esposa, la construcción del ferrocarril a Querétaro, desenmascaró al dirigente del PRI-DF como “tratante de blancas” y seguía investigando fraudes de Estado? Por ello esos millones seguidores diarios del noticiero deben conjuntar sus fuerzas con los incansables profesores de la CNTE y los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos por el gobierno, así como con los zapatistas, los campesinos de Tlatlaya, mineros y otros, familiares de asesinados y sectores agraviados.

3. Espero que los 17 mil electricistas cesados (no los 44 mil de octubre de 2009, porque al parecer muchos han encontrado pequeños empleos) por el gobierno panista anterior de Calderón-Lozano, no bajen las banderas de lucha porque sus compañeros del CNTE en la Central de Trabajadores jamás dejarán el combate diario, tal como lo han demostrado en los últimos 35 años. ¿Puede ignorarse acaso que muchos de los estudiantes del “Yo soy 132” continúan en pie de lucha apoyando todas las manifestaciones de la ciudad de México y que también los del POLI siguen batallando en sus escuelas y en las calles? Urge agrupar a todos los contingentes para evitar masivamente que el gobierno de la República siga imponiendo políticas lesivas a la población.

4. Si la periodista Aristegui no regresa con todos sus derechos y los de su equipo –así como cualquier luchador social- regresará con pies, manos y cabeza, atados; lo que sería un golpe definitivo a su independencia y correcto pensar. Si tuviera Aristegui un comportamiento de arrastrado y obediente al estilo López Dóriga de Televisa, Gómez Leyva de Tele Fórmula o Alatorre de TV Azteca, sería la designada para las entrevistas y la conducción impulsada para ser estrella en programas internacionales. Confío en que su ideología de defensa a los sectores mayoritarios y explotados no se debilite y que sus seguidores continúen exigiendo con firmeza su reinstalación sin dar ningún paso atrás. ¿Se dará cuenta Carmen de que ella –junto a otros sectores en lucha- está representando una alternativa independiente frente al despotismo?

5. En “Fórum” Ortiz Santillán señala muy bien: Aristegui (superando a los partidos de izquierda vendidos) se ha convertido en más que una conductora en MVS Noticias en estos años, porque detrás de sus análisis y opiniones, ha expresado su posición crítica sobre la conducción de un país al cual todos tratan de saquear y donde la llegada a los puestos de elección popular se ha convertido en el mejor medio para enriquecerse, no para servir a los ciudadanos y atender sus necesidades. Las posiciones asumidas por Carmen Aristegui nos ha llevado a muchos de sus radioescuchas a preguntarnos más de una vez: ¿Cuándo nos despertaremos con la noticia de que Aristegui tuvo un accidente, que se resbaló en su bañera o que sufrió una depresión y decidió cortarse las venas con “una hoja de papel”? El lunes se despertó Ortiz con el despido.

6. Se supone que la mayoría de los seguidores de López Obrador y Morena, de la CNTE, que los electricistas cesados, muchos mineros, trabajadores de Mexicana de Aviación y muchos más trabajadores, escuchaban el programa de Carmen Aristegui por ser el único programa que se podía oír por ser independiente. (Recuerdo que desde 2006 los escuchábamos el noticiero de Carmen con bocinas abiertas en el plantón del Zócalo, mismo que le dio mucha fuerza y presencia a Carmen y a López Obrador). ¿Cuántos millones podrán agruparse en las protestas si hiciéramos un buen trabajo de convencimiento a partir de coordinar esfuerzos? Urge aprovechar este descontento desatado por las medidas contra los profesores, la desaparición de los 43 estudiantes y el fulminante despido de Aristegui. ¿No es acaso la coyuntura para profundizar las luchas?

7. Carmen, al declararse solidaria con su equipo de investigadores y, más aún, después de ser despedida, demostró que no está dispuesta a venderse ni a transigir; sabe que no es un problema de “chamba” o dinero, sino de dignidad y de prestigio. Si fuera un asunto de trabajo, no le han faltado ofertas de radios universidades abiertas para ella; y para tener dinero como Slim, Azcárraga, Salinas Pliego o Rockefeller, el pueblo sabe que no se necesita ser inteligente y mucho menos honrado o bondadoso; basta con tener sagacidad y sangre fría para consumar explotación, robos, saqueos y asesinatos con el objetivo de acumular poder y más poder. Esta es una buena coyuntura para pensar nuevamente en estrategias de unidad en las luchas, en las batallas de masas en las calles que son las únicas que pueden vencer el despotismo.



jueves, 19 de marzo de 2015

Fue desaparición forzada de normalistas de #Ayotzinapa: CIDH


“Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada y sobre esa base es que la insistencia permanente de que se haga caso a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas y se trabaje sobre la base de la convencionalidad para tratar estos temas como tal”, explicó Ángela Buitrago, una de las especialistas del grupo.
Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron a los jueces mexicanas a tratar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como un delito de desaparición forzada.
los integrantes del grupo expusieron que al calificar el delito de esta manera, el caso adquiere una relevancia internacional porque entonces se convierte en un crimen de lesa humanidad y se establece una connotación distinta en comparación con el resto de los delitos.

En conferencia de prensa, los integrantes del grupo expusieron que al calificar el delito de esta manera, el caso adquiere una relevancia internacional porque entonces se convierte en un crimen de lesa humanidad y se establece una connotación distinta en comparación con el resto de los delitos.

“Los otros delitos son delitos especializados o comunes, pero no con las características de protección a la vida, a la integridad y sobre todo a la dignidad de la condición humana”, añadió Buitrago.

Francisco Cox dijo que al hablar con el licenciado de la Procuraduría General de la República (PGR) que lleva el caso, les aseguró que había intentado clasificar los hechos como desaparición forzada, pero el juez fue quien desestimo dicha clasificación.

“Nosotros, respetando la independencia del poder judicial, pedimos que los jueces juzguen estos hechos como desaparición forzada. Desde el punto de vista de la PGR, en ese aspecto concreto, tenemos una sincronía en cuanto a la calificación de desaparición forzada”, apuntó Cox.

En este tema, las autoridades se han contradicho. En un primer momento, el ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que sólo se podía imputar este delito a los funcionarios públicos involucrados –los policías municipales y el ex alcalde Iguala, José Luis Abarca–, porque así lo establece el Código Penal.

En el caso de la esposa del presidente municipal, María de los Ángeles Pineda, y los otros particulares consignados, la legislación no permite acusarlos de este crimen.

Pero en un informe enviado a la Cámara de Diputados, a mediados de febrero pasado, rechazó que el caso de los normalistas pudiera ser calificado como desaparición forzada. El gobierno argumentó que hasta ahora no existe “ningún medio de prueba suficientemente sólido que justificara dicha afirmación”.

Sin embargo, en la reunión del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, celebrada en marzo pasado, el gobierno mexicano reconoció que el caso de los normalistas sí era desaparición forzada”.

A la fecha, no se ha dado a conocer si alguno de los detenidos ya fue consignado por este delito, pues ninguna ley mexicana está homologada con las convenciones internacionales que establecen el concepto de desaparición forzada como un delito.

PIDEN ENTREVISTA CON EJÉRCITO

Durante la presentación del primer informe de actividades, el grupo de expertos de la CIDH informó que ya solicitaron una entrevista con los miembros del 27º batallón de Iguala, a través de la Cancillería.

Ángela Buitrago explicó que ya hay declaraciones de algunos miembros del batallón, por lo que es necesario confrontarlas con la información que puedan dar otros miembros del ejército, que no han declarado porque estaban de vacaciones o se encontraban en otras actividades.

Además, los especialistas dijeron que se solicitó al gobierno mexicano no cerrar el caso y continuar con las investigaciones, pues a seis meses se desconoce el paradero de los estudiantes.

A pesar de que en enero pasado, Murillo Karam mostró un video con lo que había sucedido a los jóvenes y determino la verdad histórica, Carlos Beristaíncomentó que se reunieron con la nueva procuradora, Arely Gómez para revisar el caso y ella les aseguró que todavía no estaba cerrado.

El grupo de expertos regresará a México el próximo 6 de abril para continuar con los trabajos.

El primer informe también contiene una serie de evaluaciones y recomendaciones a las actuaciones, entre las que destacan el resguardo de la evidencia recogida por la PGR y el registro del movimiento; brindar atención médica a los familiares de los desaparecidos; y realizar una evaluación neurológica urgente para Aldo Gutiérrez, que se encuentra en coma por las heridas de bala que recibió.

También solicitaron una copia digital de todo el expediente del caso, así como de las fotografías que tienen los satélites de otras naciones del basurero de Cocula y de los alrededores.

“Al final de nuestra misión, que son seis meses y que se pueden prolongar, va a ser cuando demos nuestra convicción jurídica y fáctica respecto de lo que ocurrió sobre este hecho, si es que logramos arribar a dichas conclusiones”, puntualizó Francisco Cox.

Eje Central 


miércoles, 18 de marzo de 2015

Ayotzinapa: ¿Quién debe estar avergonzado?



La doble moral de la prensa burguesa

Cuando una mujer maltratada denuncia al marido que la golpea, la humilla o la viola, nadie en sus cabales se atrevería a decir que no debió denunciar; nadie debería atreverse a acusarla por “desprestigiar la institución del matrimonio” con su denuncia; sin embargo, existen personas que culpan a la víctima de la agresión sufrida, porque “algo malo hizo”, “seguramente se lo buscó”; en fin, hay gente sin escrúpulos que utiliza su opinión para dañar a los demás. Utilizando argumentos parecidos, los portavoces del gobierno en la prensa nacional, quiere hacernos pensar que son las víctimas de la violencia estatal quienes desprestigian al Estado mexicano en el extranjero.

Pasan los días y aun no se resuelve satisfactoriamente el caso de la desaparición forzada de los 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ante las muestras de descontento y la presión internacional, el Estado mexicano ha tenido que reconocer que existen 26 mil casos de desaparición forzada en nuestro país, en un informe presentado ante el Comité contra la Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según la ONU, el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala es ejemplo de un contexto generalizado de desapariciones forzadas en México.

Algunos “periodistas” consideran que la denuncia hecha por los padres de los normalistas ante instancias internacionales es motivo de vergüenza; incluso han utilizado la frase “la ropa sucia se lava en casa”, y vaya que la ropa del Estado mexicano está más que sucia. Muchos de estos paladines de la “información” han vertido sus opiniones sobre el caso, lanzando una campaña de infamias contra las familias y los compañeros de los normalistas. Se ha dicho que los padres son “aviadores” de la SEP; que la Normal Rural de Ayotzinapa es un “semillero de guerrilleros”; que con las protestas de apoyo se desestabiliza al país; que llevando ante el extranjero la denuncia se deshonra al país. Hay incluso quien exige que “se detengan los regaños” contra el Estado terrorista mexicano, como si los crímenes de lesa humanidad fueran una especie de “travesura” de los reaccionarios.

La campaña de desprestigio ha llegado más allá, se ha acusado al equipo de peritos argentinos que llevan a cabo investigaciones sobre el caso, señalándolos como desestabilizadores y mentirosos, acusándolos de tener intereses ocultos en el caso.

Otra forma de ataque, que se presenta veladamente, hace eco a las versiones policíacas, según las cuales los estudiantes habrían quedado en medio de un pleito entre gangsters, a la vez se habla con lástima de los “manipulados” padres de las víctimas, como si ellos fueran incapaces de darse cuenta de la situación. Se hacen llamados a no “politizar” el caso, sin embargo, cabe hacer las preguntas: ¿no se trata de, precisamente, una agresión basada en motivaciones políticas? ¿No es un manejo político el que está haciendo el gobierno respecto al caso de desaparición forzada?

A nadie le debe caber la menor duda de que el ejército mexicano fue partícipe de la desaparición forzada de los compañeros normalistas, por ello, es natural que los padres de Ayotzinapa traten de encontrar a sus hijos en las cárceles clandestinas dentro de los cuarteles militares. Pero para estos “periodistas” se trata de provocaciones, se trata de “provocar más víctimas”, es decir: para estos redactores de propaganda gubernamental, la búsqueda de justicia implica un ataque al “prestigio” del ejército.

Estos paramilitares de la pluma se rasgan las vestiduras cuando en el extranjero se hacen llamados al Estado mexicano para que resuelva esta injusticia, y así reconozca su responsabilidad en las violaciones contra los derechos del pueblo trabajador, entonces gritan a todo pulmón: ¡intervencionismo! Sin embargo, no dicen una sola palabra acerca de los acuerdos militares que el gobierno sostiene, con los ejércitos extranjeros, para recibir armas y entrenamiento, para que los asesinatos, las golpizas, la tortura y la desaparición forzada sea más eficiente y llevarla a cabo con las “herramientas” más modernas. Cuando se trata de reforzar al régimen represivo, la intervención de los extranjeros es “un apoyo solidario”, cuando en el extranjero se denuncian los abusos y las injusticias cometidas por el Estado mexicano, se trata de “injerencia en asuntos de política interior”. Ésa es la doble moral de la prensa burguesa.

Ante esto cabría preguntarse: ¿quién debe sentirse avergonzado? ¿Los padres que exigen justicia en todas las instancias necesarias? ¿Las personas que apoyan la lucha contra la desaparición forzada mediante manifestaciones, peticiones? ¿Quiénes, con toda razón, exigen la renuncia de Peña Nieto? No, quienes se organizan y luchan no tienen nada de qué avergonzarse. Deben avergonzarse quienes reprimen al pueblo, los que asesinan, torturan y desaparecen a quienes no están conformes con la situación de miseria en la que vivimos. Quienes deben avergonzarse son esos “periodistas” que tratan de engañarnos y defienden a capa y espada al indefendible Estado mexicano.

NOTA:


Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 6 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 7 de marzo de 2015.

lunes, 16 de marzo de 2015

Despiden a Carmen Aristegui Injustificadamente MVS


Peña cree que con represión podrá superar su descrédito, se equivoca
Martín Nolasco marzo 15, 2015 In Noticias destacadas




GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA
Twitter : @fernandeznorona

Que el actual poder político no pueda resistir ni siquiera a una periodista seria, veraz y profesional como Carmen Aristegui demuestra su absoluta vulnerabilidad y que sus días están contados.

El 3 de febrero del 2011 iniciaba el periodo ordinario de sesiones. El PRI y el PAN, la cópula, sus cúpulas, pretendían acallarnos a los diputados de oposición. No encontraban la manera de frenar nuestra energía y decidieron hacer un nuevo reglamento en que pretendían que hasta sacar mantas en las sesiones estaría prohibido. Era un absurdo, si algo cubre el fuero del legislador es su libertad de expresión. Pretendían con un reglamento pasar por encima del marco constitucional como lo han hecho en tantas otras ocasiones y en tantas otras materias.
A mí se me ocurrió protestar en la primera sesión con una manta que tendría una foto del entonces usurpador de la presidencia-Felipe Calderón- donde estuviera bebido. Pedí a mi equipo que la foto no fuera trucada y que en ella dijera: ¿Tú permitirías que un borracho condujera tu auto? No, verdad. Entonces ¿por qué le permites conducir el país? En la sesión, sin haber visto cómo había quedado la manta -que por cierto tenía faltas de ortografía- les pedí a Jaime Cárdenas, a Rosendo Marín y a Mario Di Costanzo que me ayudaran a sostener la misma.
La desplegamos y nos fuimos hacia la zona donde estaban los legisladores panistas. Se armó un pandemónium. Cuando observé la reacción de los diputados panistas me di cuenta que la manta había tocado en el nervio. No me detendré a contar todos los detalles de lo sucedido, sólo diré que la sesión se tuvo que suspender.
Los medios masivos mantenían una apoyo incondicional hacia el usurpador y por ende, yo era centro permanente de sus ataques, descalificaciones y tergiversaciones sobre mi actuar. Ya se imaginarán la ofensiva que se desató en mi contra en esa ocasión. Carmen Aristegui, conductora de un noticiario en MVS noticias dio un pequeño matiz a la información, además de informar lo sucedido en la sesión de marras, planteó que había versiones insistentes sobre este tema (sobre el alcoholismo de Calderón) y que la presidencia de la República debería informar al respecto. Considerándolo un tema de interés nacional, Aristegui sostenía que la presidencia debería atajar esas versiones informando cabalmente sobre el particular.
Ese simple hecho bastó para que Carmen Aristegui fuera sacada del espacio en MVS noticias. El repudio popular a esa medida represiva no se hizo esperar y la cadena de radio citada tuvo que restablecer en su espacio a la conductora.
Hoy, cuatro años después, Carmen Aristegui vuelve a sufrir una embestida de la misma o mayor magnitud a la antes reseñada. Pero esta vez, fue su equipo de reporteros quien presentó una sólida investigación sobre un monstruoso caso de corrupción de Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca de Sierra Gorda 150.
A quien ocupa la presidencia nada le ha irritado tanto como el que le desnudaran mostrando que es dueño de una casa de cien millones de pesos que es producto de la corrupción de su desgobierno. Ni siquiera que lo acusen de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de ser responsable de ese crimen de Estado le irrita y le hace tanto daño.
La Casa Blanca de Sierra Gorda 150 se ha convertido en un emblema de la corrupción de su desgobierno. Poco a poco, Enrique Peña Nieto ha pretendido vengarse de quienes lo exhibieron en su corrupción. Ha desarrollado una fortísima campaña contra Marcelo Ebrard pues se sostiene que fue quien dio la información inicial sobre el citado inmueble supuestamente propiedad de la señora Angélica Rivera.
Ahora, ha enderezado todas sus baterías para lograr que Carmen Aristegui sea sacada del aire en la cadena de radio de MVS noticias. De entrada, Peña ha logrado que Daniel Lizárraga e Irving Huerta sean despedidos de su trabajo por ser serios y profesionales al grado de ponerlo en evidencia.
Las razones que el dueño de MVS ha dado para su despido son lo que sigue de absurdas. Y el siguiente objetivo es que Carmen Aristegui deje de transmitir en esa cadena de radio. La campaña histérica en la mayor parte de los medios de comunicación contra Carmen Aristegui es infame y brutal. Es evidente que el desgobierno de Peña Nieto pretende que todos los medios sean falsos, fatuos y tergiversadores de la realidad que vive el país. Pero por más que se esfuerce su desgobierno no hay cosa más terca que la realidad y la verdad sale a flote por todos lados.
Inclusive en el caso de que Peña Nieto lograra su vendetta, no se quitará en toda su vida la mancha monumental que la Casa Blanca de Sierra Gorda 150 significa. Pasará a la historia como un corrupto voraz cuando menos.
Por nuestra parte, debemos hacer toda la presión social necesaria para que Daniel Lizárraga e Irving Huerta regresen a su puesto de trabajo. No debemos tolerar esta represión que ahoga y busca acobardar al pueblo de México.
Que el actual poder político no pueda resistir ni siquiera a una periodista seria, veraz y profesional como Carmen Aristegui demuestra su absoluta vulnerabilidad y que sus días están contados.
El tiempo de Peña Nieto se agotó, su canción es “Reloj no marques las horas…”.

“El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz”.

Gerardo Fernández Noroña. México D.F. 14 de marzo de 2015


viernes, 13 de marzo de 2015

Entrevista Paco Ignacio Taibo II. Movimientos sociales



Político, activista sindacal, profesor universitario en la Facultad de Historia y Antropología, periodista, director de revistas, novelista, presidente del AIEP (Asociación Internacional de Escritores Policíacos), director de la Semana Negra. Es así que decriben a Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, las breves notas biográficas que acompañan sus libros.

Ninguna exageración: Taibo II es, o ha sido, todo esto. Pero sus actividades pueden ser reunidas en dos fulcros, la política y la escritura, que parecen constituir su patrimonio genético. 

Su abuelo paterno, Benito Taibo, pertenecía a la dirección del Partido Socialista. Participó a la insurrección del ’34 y a la Guerra Civil del ’36; el hermano de su abuela paterna fue director del diario socialista “El Avance” y ambos fueron prisoneros en las cárceles franquistas por sus actividades e ideologías políticas. 
Su abuelo materno proporcionaba armas de contrabando a los anarco-sindacalitas y durante la guerra civil, armó un pesquero y combatió su guerra contra el franquismo, hasta que murió con todo su equipaje, cuando sus enemigos hundieron su imbarcación.

Luego su padre, Paco Ignacio Taibo, escritor y periodista, quien tuvo que añadir un “I” después del apellido cuando el hijo empezará a publicar libros.

Es muy difícil vivir en un país fascista para una familia con semejantes raíces, así que la familia Taibo decidió de marcharse de España para instalarse en México, país que siempre había acogido a los desterrados y los perdientes de muchas revoluciones. 
Es el año 1958, y el pequeño Paco Ignacio todavía no tiene 10 años de 
edad, ya que nació en Gijón (Asturias) el 11 de enero de 1949.

En México, su padre trabaja como periodista de televisión hasta 1968 cuando, frente a la represión sangrienta del Movimiento Estudiantil, decide dejar su trabajo en la televisión, porque allí se está limitando su libertad de expresión, y vuelve a su viejo amor, la prensa. 
Paco Taibo jr. se dedica mientras tanto intensamente a la actividad política en movimeintos estudiantiles, pero su futuro de ecritor no queda muy lejos.

Se dedica también al periodismo, una profesión que ama y que nunca abandonará; así como no abandonará su querida ciudad, Ciudad de México, donde se desarrollan muchas de sus novelas. 
En 1971 se casa con Paloma Saiz que le dará una hija, Marina.

Su carrera como escritor puede ser resumida en pocas cifras: más de 50 títulos publicados – novelas, libros de cuentos, cómics, reportajes periodísticos, ensayos de historias – publicados en más de veinte países; numerosos premios literarios entre los que figuran el Premio Grijalbo de Novela 1982 por "Héroes convocados: manual para la toma del poder", el Premio Café Gijón (1986) por “De Paso”, el Premio Nacional de Historia INAH (1986) y el Premio Francisco Javier Clavijero (1987) por "Bolsheviquis. Historia narrativa de los orígenes del comunismo en México 1919-1925"; tres Premios Internacional Dashiell Hammett para la mejor Novela Policiaca en lengua castellana por "La vida misma" (1987), "Cuatro manos" (1991) y "La bicicleta de Leonardo" (1994), el Premio Latinoamericano de Novela Policíaca y Espionaje por “Cuatro manos"; el Premio Internacional de Novela Planeta-Joaquín Mortiz (1992) por “La lejanía del tesoro” y el Premio Bancarella 1998 por "Ernesto Guevara, también conocido como el Che

martes, 10 de marzo de 2015

“La violencia es parte de la desigualdad”



La periodista y escritora, ganadora del Premio Cervantes, señala en esta entrevista con Página/12 que la fuente de la violencia en México radica en que no hay oportunidades. Asegura que el gobierno no está a la altura de las circunstancias. 


Narrar la vida, la realidad, darles voz a quienes no la tienen a través de la ficción, narrar la historia de un país y su gente, narrar como un corazón que late, como un río que transporta historias y revela profundidades, narrar más allá de la misma vida. La periodista y escritora mexicana Elena Poniatowska lleva bastante más de medio siglo narrando un México estremecedor. La escritora mexicana defiende al periodismo como una fuente vital y a la ficción como un modo de darles voz y piel a seres excéntricos o comunes, pero siempre excepcionales. En 2014, Poniatowska recibió el Premio Cervantes. El jurado de la más alta distinción otorgada en las letras españolas señaló que “su obra se destaca por su firme compromiso con la historia contemporánea. Autora de obras emblemáticas que describen el siglo XX desde una proyección internacional e integradora, Elena Poniatowska constituye una de las voces más poderosas de la literatura en español de estos días”. Su voz es tan fuerte que, cuando se nombra una fecha y un lugar, 2 de octubre de 1968, Tlatelolco, el nombre que surge en ese momento de la historia de México es el de Elena Poniatowska y su libro La noche de Tlatelolco. Han pasado muchos años, pero resulta imposible no volver a ese libro publicado en 1971 y en el cual la autora narra el movimiento estudiantil que cambió la historia de México así como la brutal represión que le puso fin. Por medio de centenas de testimonios, de artículos de prensa, de slogans y de voces testimoniales, Poniatowska plasmó una reconstrucción cronológica alucinante. Periodismo puro y honesto como ya casi no hay.

Su vida puede ser incluso como los personajes de algunas de sus novelas. Elena Poniatowska nació en París en 1932 y emigró a México a los diez años junto con su mamá y su hermana Kitzia, quienes huían de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Con el francés como idioma materno, Poniatowska hizo del español la lengua de sus historias. En 2011 ganó el Premio Biblioteca Breve con la novela Leonora y tres años más tarde, el Premio Cervantes. Su obra es extensa, pero en ella siempre se combinan el trabajo testimonial, la narrativa histórica y la biografía novelada. En esta entrevista de Página/12, realizada en su casa de México, Poniatowska aborda de frente los dramas que sacuden a México, en particular el asesinato, en Iguala, de los 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa. La periodista y novelista mexicana considera que es la desigualdad la que produce toda esta violencia.

–México acaba de vivir uno de los tantos dramas ligados a la violencia, que se vienen produciendo desde hace varios años. Esta vez, sin embargo, con lo que ocurrió en Iguala en septiembre del año pasado, una forma de conciencia colectiva se volvió a plasmar en torno de ese asesinato colectivo.

–El 26 de septiembre vivimos aquí el asesinato, en Iguala, de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Es un lugar turístico porque allí está Acapulco, a donde llegan todos los multimillonarios de los Estados Unidos que quieren pasar un buen tiempo en la playa. Pero la realidad es otra: es la miseria, la droga, el narcotráfico. También es la realidad de unos jóvenes normalistas cuya única oportunidad era ser maestros. Eran 43 y se encontraron de pronto metidos en una historia de asesinatos y de corrupción por parte del Estado y a nivel gubernamental, en la policía, en el ejército. Este es un gobierno incapaz de resolver los problemas de los mexicanos más pobres y abandonados. Se puede decir también que estas escuelas normalistas tienen como finalidad preparar maestros y en Iguala son consideradas como cunas de guerrilleros. De allí salieron Genaro Vázquez Rojas, un líder sindical guerrillero, y otro también muy importante, Lucio Cabañas, un maestro rural de Ayotzinapa, líder de un grupo armado en el estado de Guerrero. Ambos escogieron la guerrilla porque, como maestros, nunca tuvieron respuesta a los problemas sociales que aquejan a estados como el de Morelos o el de Guerrero, ambos muy conflictivos. Esas escuelas rurales siempre han sido maltratadas, rechazadas. Son escuelas muy pobres y no hay más que ver las fotos de las casas donde estaban los muchachos para darse cuenta del vacío terrible, total. Se ve que duermen en cartones y sólo comían arroz y frijoles.

–Para usted, la situación global de México está atravesada por la problemática de la desigualdad. Es ésa la clave de toda la violencia.

–Efectivamente. En México hay un precipicio entre una clase social y otra. La fuente de la violencia radica en que no hay oportunidades, no hay escuelas. La fuente de cualquier violencia es siempre la falta de educación y, desde luego, el hambre. Pero en nuestro caso la falta de educación es tremenda. Hay muchas circunstancias que se combinan, pero México es un país muy desigual, como lo son en general los países petroleros. La imagen de México en el extranjero está muy deteriorada justamente porque tenemos un gobierno que no está a la altura de las circunstancias. México es un país de grandes desigualdades y de grandes injusticias sociales. Para mí, la violencia es ahora parte de la desigualdad. Muchas veces se cree que sólo a través de la violencia se van a resolver los problemas de México.

–¿Usted siente que se ha llegado a un límite de todas las cosas?

–Yo siento que México nunca ha estado tan mal como ahora. Lo está desde el mes de diciembre, lo está desde el 26 de septiembre y lo está desde que hay como una impunidad absoluta. Hay muchísimos jóvenes que son asesinados, eliminados. Todos tenemos que levantarnos y decir con mucha rabia que esto no puede seguir en nuestro país. Hay que decir que en México ha habido marchas admirables con gente que se juega la vida y su propia seguridad para participar en ellas. Los jóvenes están dispuestos a salir a protestar, a salir para decir la verdad y enfrentarse al poderoso, al cacique. Yo no creo en los partidos políticos. Para mí, los partidos políticos no funcionan. Yo creo en la gente y en su reacción. Los partidos políticos deberían ir a buscar candidatos entre los jóvenes limpios. Hay que ir a las universidades, al politécnico, a la UNAM (Universidad Autónoma de México), a las escuelas de ciencias políticas. Ahí se debe buscar a gente joven con ideas nuevas. En México recurrimos siempre a la misma gata revolcada. Son siempre los mismos nombres hasta que se mueren y los cambios no llegan. De hecho, en México ha habido muy pocos cambios.

–¿Usted cree que puede haber en México como una suerte de convergencia entre lo que aún persiste del movimiento zapatista, lo que se genera como movimiento por la paz con el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y toda esta indignación y protestas que se dan ahora con lo que ocurrió con los 43 estudiantes de la escuela normalista? México protagoniza desde hace varias décadas poderosos movimientos de protesta civil.

–Bueno, hay una suerte de unión, pero el problema está en que esas fuerzas de protesta no son simultáneas, van pasando. Son fuerzas que se inician en distintos años, con diferencias de diez, 20 o 30 años entre unos movimientos y otros. Lo que hicieron los zapatistas en Chiapas con el Subcomandante Marcos fue poner en el tapete de las discusiones el terrible problema de diez millones de indígenas que parecían parias o pordioseros en su propio país. Vivían en un estado como el de Chiapas, que es muy rico, y no tenían luz, agua ni nada. Haber puesto el problema de los indígenas en la mesa ha sido muy importante. Eso se logró en 1994 con un levantamiento y la guerra. Yo veo muy seguido a los estudiantes, a los jóvenes, y ellos están muy conscientes del problema indígena y siguen pidiendo que se cumplan los acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno y los zapatistas. Yo creo que hoy, en el país, hay muchísima indignación. La hay en universidades privadas, como la Universidad Iberoamericana, donde hay estudiantes con posibilidades económicas. Sin embargo, de allí salió el grito de rebelión y el grito de rechazo a una imagen de corrupción y contra la impunidad total. Allí surgió el movimiento estudiantil de rechazo al hoy presidente Enrique Peña Nieto. Yo sueño con que los jóvenes tengan las oportunidades que no tienen hoy y que todos los mexicanos vayan a dormir habiendo comido bien y más o menos lo mismo.

–Su obra literaria recoge a personajes entrañables, muchas veces con una identidad común que los torna como modelos de un sector de la sociedad o como emblemas de la historia contemporánea.

–Yo escribo novelas, pero no tengo una regla o personajes estructurados. Piense que yo soy periodista desde el año 1943, cuando me inicié en el diario El Excelsior. Voy a cumplir 83 años y finalmente lo que yo he hecho es trabajar, ser reportera desde muy joven. Es un trabajo duro, difícil, porque el reportero siempre es maltratado. Los reporteros son tratados como moscas que están estorbando. Hay que esperar mucho. Yo he hecho muchísimas antesalas.

–La antesala, la espera eterna del reportero, sería como el lugar de gestación de la literatura.

–La antesala es una forma de aprender a ser paciente y modesto. Los escritores creen que han inventado la pólvora, pero son los periodistas quienes recogen la pólvora. Pero de ese trabajo cotidiano a veces surge una idea y uno se dice “esto que acabo de vivir sería un cuento o la base de una novela”. Mi obra es producto del trabajo a lo largo de los años. Yo leo y escribo ficción con mucho placer, pero lo que he hecho durante toda mi vida, el centro de mi vida, ha sido el periodismo. Nunca he pretendido conquistar nada. Lo único que he querido es darle voz a gente que ni siquiera sabe leer y que, en general, no aparece en los periódicos. La narración es ocuparse de gente que, a mi juicio, es fascinante por inesperada, por original. La narración es recoger las voces, plasmar ciertas expresiones. Seguramente en mis libros hay idealismo, porque hay mucha gente que me resulta más atractiva que otra por lo que hace. A mí siempre me gustaron los personajes apocalípticos, siempre me gustan Rasputín y la gente que sale fuera de lo común.

–Frente a realidades tan fuertes como la de México, ¿la ficción no le resulta a veces un lujo?

–No, porque la ficción es también parte de la vida.

Petición de la familia del normalista Julio Cesar Mondragón Fontes



A la Comunidad Internacional

Al Gobierno Federal

A la Procuraduría General de la República

A los movimientos sociales

A las organizaciones de la sociedad civil

A la opinión pública

Nosotros, la familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, repudiamos la forma en que la Procuraduría General de la República ha manejado las investigaciones en torno al homicidio de nuestro familiar. La PGR detuvo el 26 de febrero del 2015 al policía municipal de Iguala Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. Esta versión ha sido ya difundida por medios de comunicación, que han tomado los dichos de la PGR como ciertos e incontrovertibles, a pesar de desconocer el cauce legal que sigue el caso.

Para nosotros ha pasado una eternidad desde que nuestro querido Julio César fue asesinado. Hemos esperado, pacientemente, respuestas por parte de la PGR y de las autoridades correspondientes, pero esas respuestas nunca han llegado. Nos damos cuenta de inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica imparcial. La autoridad federal, por ignorancia o mala intención, y la tardía intervención del Poder Ejecutivo, han entorpecido las investigaciones. Por tanto, los hacemos corresponsables por participación u omisión en el homicidio. Turbiedades e incongruencias a lo largo de cinco meses nos han demostrado que no se cumple el Estado de Derecho que tanto pregona el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Acusamos a la PGR de cortar todo contacto con nosotros, los principales afectados, relativo a los avances de la investigación sobre el asesinato de Julio César, y de preferir a medios masivos de comunicación para anunciar los resultados de sus pesquisas, contraviniendo el Punto de Acuerdo Número Dos, pactado directamente con el Ejecutivo federal mexicano el 29 de octubre del 2014.

La PGR, con toda intención, nos ha hecho a un lado y ha dado un sesgo político al caso de Julio César para conseguir que sea cerrado lo más pronto posible. El modelo de actuación elegido por las autoridades está plagado de inconsistencias y sólo se alcanza a vislumbrar una respuesta al vapor vertida a la opinión pública aprovechando, incluso, el cambio de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR.

Nosotros, Marisa Mendoza, esposa de Julio César; Lenin Mondragón, hermano de Julio César; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César y la familia y amigos que representamos, hacemos del conocimiento público que la investigación se encuentra de la siguiente manera:

1. Su expediente está incompleto.

2. En Guerrero sólo existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza de los sucesos.

3. Estas dos averiguaciones previas, para colmo, no tienen investigación ni seguimiento jurídico ético, serio y científico por parte del Estado y los familiares no hemos recibido una respuesta fundamentada.

El Gobierno Federal insistió hace un mes en dar por resuelto el caso Ayotzinapa, ante lo que los familiares de los normalistas ejecutados y de los desaparecidos ofrecimos diez razones por las que no podía cerrarse, siendo una de ellas “Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.”

Luego de 5 meses sin prestar la menor atención al esclarecimiento de la tortura y ejecución de Julio César Mondragón Fontes, ahora la PGR pretende dar por resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático y, por tanto, dejar sin sustento una de las “Razones por las que no se puede cerrar el caso Ayotzinapa”. Sin embargo, esta pretensión es débil por cuanto las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio de su rostro son enseñadas, mecanizadas y planificadas. Hay un entrenamiento en ello. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona.

La familia de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa asesinado el 26 de septiembre del 2014, exigimos a la PGR; a la Presidencia de la República; al presidente de México, Enrique Peña Nieto y a las autoridades involucradas en la investigación del homicidio, lo siguiente:

1. Que la PGR respete los acuerdos del 29 de octubre del 2014 y nos informe, primero que a nadie, sobre los resultados de sus investigaciones. Reiteramos nuestra inconformidad por la divulgación de esta información sin haberla puesto antes a nuestra consideración así como que la investigación se realice por el delito de homicidio calificado, cuando se trata de un acto de tortura y ejecución extrajudicial.

2. Que la PGR retome el caso de nuestro querido Julio César, pero esta vez lo haga con la técnica y la ciencia que hasta la fecha no ha querido o no ha podido aplicar en este desarrollo. La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, quien se desempeñaba como policía municipal de Iguala no resuelve el crimen cometido contra Julio César Mondragón. Es la investigación seria y profunda así como el enjuiciamiento y la aportación de pruebas en el proceso penal, lo que llevará al esclarecimiento de los hechos y del grado de responsabilidad y participación que esta persona tiene en ellos.

3. Que acepte las observaciones de relatores y juristas de la Organización de las Naciones Unidas, que en concreto señalan la falta de ética, improvisación y desinterés de la justicia mexicana para los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa.

4. Que la justicia aplicada observe los estándares de los tribunales internacionales vigentes.

5. Que el daño sufrido por nuestra familia sea puntualmente reparado.

6. Que en nuestras leyes mexicanas sean revisadas de manera exhaustiva, clara y amplia los conceptos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas. Y que cuando un gobierno cometa una violación a los derechos humanos sea castigado.

Lanzamos un llamado para que todos pongamos la mayor de las voluntades para formar un verdadero Estado de Derecho Mexicano, como lo establece la Constitución Política Mexicana. Sólo de esta manera se logrará la Concordia Nacional y con ella el progreso de todos. Justicia para todos los mexicanos víctimas, para Julio César Mondragón y sus dos compañeros ejecutados; para los heridos y los afectados por la desaparición de los 43, de quienes exigimos su aparición con vida.

Por último, exigimos que otras personas no sufran lo que nuestro joven enfrentó, pues de seguir con el mismo modelo, la impunidad permanecerá para siempre.

Que nunca más suceda.

Atentamente:

Marisa Mendoza, esposa de Julio César Mondragón Fontes; Lenin Mondragón, hermano de Julio César Mondragón Fontes; Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César Mondragón Fontes y la familia y amigos que representamos.