En la noche del 26 de septiembre, los estudiantes de la Enseñanza Colegio Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en México fueron atacados por la policía. 43 de ellos fueron desaparecidos forzadamente, 3 de ellos fueron asesinados junto con 3 personas presentes, y decenas más resultaron heridos. Este caso presentado por una ola de condena nacional e internacional, mientras que el esclarecimiento de una crisis más amplia sobre los derechos humanos en general y de las desapariciones forzadas en particular. Dos años después del ataque, y como parte de una serie de eventos que tienen lugar en Londres para conmemorar esa fecha, esta mesa redonda analizará una amplia gama de temas desde diferentes perspectivas con el fin de comprender el impacto del caso Ayotzinapa y la corriente humana situación de los derechos en México.
El Dr. Benjamin Smith (Warwick) preside este panel, con la participación de los siguientes ponentes:
La señora Leticia Hidalgo ( FUNDENL - Fuerzas Unidas para nuestros desaparecidos en Nuevo León ) compartirán su experiencia en la búsqueda de su hijo Roy Rivera Hidalgo, que desapareció en enero de 2011. Leticia Hidalgo junto con otros miembros de FUNDENL han dado un ejemplo de ciudadano llevado buscar y ejercer presión con el gobierno para poner fin a las desapariciones en el ámbito local y nacional.
El Dr. Thomas Rath (Historia UCL) se analizará el papel y las implicaciones del Ejército en el caso Ayotzinapa.
Ed Vulliamy (The Guardian, The Observer) hablarán sobre su experiencia de informes sobre cuestiones de derechos humanos en México.
Londres México Solidaridad dará una actualización sobre el caso Ayotzinapa.
Attendandance a este evento es gratuita, pero es necesario registrarse . NOTA IMPORTANTE sobre el acceso a 51 de Gordon Square : con el fin de garantizar el buen suministro de las conferencias o presentaciones, y para facilitar la logística, el acceso puede ser restringido después del inicio de la evento. Haremos todo lo posible para dar cabida a las llegadas tarde dentro de nuestras posibilidades, pero se recomienda llegar temprano para evitar decepciones.
El debate de la nueva ley contra la desaparición forzada de personas vuelve a ocupar lugar en el actual periodo de sesiones del Senado de la República. En el periodo anterior caminó a pasos de tortuga gorda a pesar de que diferentes organizaciones sociales, de Derechos Humanos, paterfamilias de personas desaparecidas y cierto sector de “izquierda” de la política institucional ejercieran presión para su aprobación.
Los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, los senadores Angélica de la Peña (del PRD) y Fernando Yunes (del PAN) aseguran se avanzará positivamente en los puntos que se habían evitado discutir: lo referido a la comisión nacional de búsqueda de desaparecidos y el del establecimiento de dos tipos penales, es decir, el de desaparición forzada –cometida por agentes del Estado o con la aquiescencia de éstos– y el de la desaparición de personas cometidas por “particulares”.
Esto último es el nudo gordiano que ha impedido la distención del debate en las sesiones pasadas, pues si se llegara a aprobar de tal modo se estaría negando la posibilidad de una seguridad legal mínima ante los crímenes cometidos por la múltiple colusión entre funcionarios, agentes del Estado, crimen organizado, “particulares” y anexos, en contra de los mexicanos y, por tanto, garantizaría la impunidad a los mismos al abrir la posibilidad de juzgar indebidamente una desaparición forzada cometida por los primeros y achacársela a los segundos. La preocupación se acentúa cuando se sabe que México no se caracteriza precisamente por su transparencia y buen proceder en materia de impartición de justicia, incluso en datos oficiales se lee que la mayoría de los casos no son propiamente investigados.
Antes de desplegar un análisis del problema en torno a las desapariciones forzadas, vale la pena hacer un epítome de cómo es que se llegó a la urgencia por crear una nueva ley en contra de las desapariciones forzadas, sobre todo a partir de la visita in loco a México por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que la desaparición forzada y la tortura son prácticas generalizadas en México. [1]
A lo que se enfrentó el Alto Comisionado fue algo que ya se venía señalando por organizaciones sociales, pero que su voz no había alcanzado la magnitud necesaria. Esto es que de 2006 a la fecha hay más de 150 mil muertos (de los cuales más 50 mil han sido bajo el mandato de EPN), 30 mil desaparecidos (de los cuales 9,790 desaparecieron en el último trienio), 150 mil desplazados forzados internos, mil 500 detenciones arbitrarias (sólo de 2013 a mayo de 2015), además de 2 mil denuncias de tortura (2014) y con una tasa de homicidios dolosos por arriba de 10 por cada 100 mil habitantes, es decir, estamos ante un caso epidémico, según la propia Organización Mundial de la Salud.
Uno de los grandes problemas que enfrentamos al estar en frente de estas apabullantes cifras es la normalización de las mismas en el sentido común mexicano. Muchas de las veces se cree que son prácticas que han estado presentes desde siempre y, por lo tanto, seguirán pasando en el futuro pues es el curso inevitable de la historia.
Pero si tan sólo retrocederíamos medio siglo a la historia de México, encontraríamos el primer caso emblemático de desaparición forzada en el estado de Guerrero, enmarcado en el periodo de la Guerra Sucia –una “guerra” emprendida por el gobierno en contra de la sociedad militante organizada principalmente en los estados sureños del país–. Fue entonces en estos años que se empezaron a expandir estas prácticas, se focalizaron en los lugares donde pudiesen existir señales de subversión y el perfil era muy claro: de los mil 500 desaparecidos, todos estaban inmiscuidos en organizaciones sociopolíticas; incómodas para el Estado. Otros más eran albañiles, ingenieros civiles, arquitectos, campesinos, médicos, personas que necesitaba el crimen organizado de ese entonces. Tras media centuria pareciera difuminarse aquel perfil, sin embargo, no todos tenemos el mismo riesgo de ser desaparecidos, lo que pasa es que en ciertos estados, municipios y territorios bien identificados, o se ha expandido, en palabras de Raúl Romero, el capitalismo criminal [2] o bien, los megaproyectos han acentuado la represión hacia voces disidentes.
Es en este contexto que se inserta el debate legislativo y el rechazo por parte de la izquierda en México a la propuesta de ley.
Ante todo ello ¿qué podemos hacer, en el término de lo inmediato?
Para empezar, dejar en claro lo que es una desaparición forzada. Según la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, que México ha ratificado, las define como:
“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Una vez definido, podemos ver que las desapariciones tienen todo que ver con las clases políticas, empresariales y criminales tanto nacionales como internacionales, por tanto, la erradicación de estas prácticas se vuelve cada vez más difícil. Las herramientas jurídicas con las que contamos parecen no bastar, el Sistema Nacional para Prevenir y Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, la Reforma del Código de Justicia Militar de 2014 acerca de juzgar a militares como civiles con respecto a delitos del orden común son insuficientes. Es con ello que se tiene que exigir una ley que tipifique el crimen a nivel local y nacional que, entre otras cosas, tuviera que plasmar la obligación de una búsqueda efectiva y urgente de las víctimas, el derecho a la reparación del daño, el permiso para que se facilite la participación de allegados a los desaparecidos, garantizar una efectiva cooperación entre los órganos encargados de la investigación, la protección de las personas que denuncien y/o participen en las investigaciones y la creación de órganos que prevengan, sancionen y documenten agresiones, intimidaciones y amenazas en contra de defensores de los DDHH. Además, se tendría que robustecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que incluya todos los datos del desaparecido y así permita la generación de datos estadísticos.
Consideramos que antes de crear una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos se tendría que dotar de personal suficiente a la Fiscalía Especializada de búsqueda de personas desaparecidas, pues hasta ahora sólo tiene 29 agentes del Ministerio Público y 58 elementos para el trabajo de campo para buscar a los casi –según cifras oficiales– 30 mil desaparecidos a lo largo y ancho de nuestro país.
Por último, hace sentido que se exija el desmantelamiento del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), la apertura de archivos y cables secretos, el regreso de los militares a sus cuarteles y que se reforme el Código Penal conforma al Derecho internacional, o sea, que se elimine el fuero militar ante crímenes contra civiles; todo lo anterior para asegurar un piso mínimo de seguridad de la población en general.
Notas:
[1] ONU-DH México y CNDH (Coeds.) La tortura en México: Una mirada desde los Organismos del Sistema de Naciones Unidas. ONU-DH México y CNDH. México, 2015, 269 p.
[2] Cfr. Romero, Raúl. “Cinco tesis sobre la guerra en México”. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216136
Ricardo Hernández Ruiz, militante de Colectivo Ratio y periodista independiente de la Gaceta "Praxis".
“No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente; sino de establecer una nueva”
Karl Marx
I. La crisis mundial
El mundo se encuentra al borde del colapso, nos encontramos en medio de una nueva crisis mundial; un escenario en el que las profundas crisis estructurales del capitalismo abren en la historia un tiempo de definiciones.
En medio de un escenario bélico mundial (originado por la disputa entre las grandes potencias hegemónicas por el saqueo de territorios y sus recursos naturales) el planeta se encuentra en un momento crítico que se origina desde la crisis económica mundial del 2008, y que hunde sus raíces en profundas contradicciones que se arrastran desde la caída del dólar en 1966.
La llegada del neoliberalismo trae consigo el agotamiento del discurso capitalista; el acumulado insurreccional de los pueblos y los grandes procesos revolucionarios del siglo XX han puesto en entredicho el papel hegemónico de los estados unidos como centro capitalista, hoy, la crisis del capital cobra un papel desenmascarado, un escenario de guerra abierta en el que la clase trabajadora mundial, y las clases subalternas, cobramos un papel secundario y prescindible para los procesos de acumulación originaria.
Esta disputa y pérdida de legitimidad ética de los Estados Unidos de Norteamérica , propició desde finales del siglo XX un escenario de ascenso de grandes sectores populares y de luchas abiertas en la construcción y disputa por el poder, particularmente en Latinoamérica, el ascenso entrado el siglo XXI de gobiernos progresistas y revolucionarios que cuestionan el modelo neoliberal, y en algunos casos, pugnan por la construcción del socialismo, ha modificado el tablero geopolítico mundial, trazando las coordenadas de una alternativa viable y capaz de frenar la barbarie neoliberal.
Sin embargo, la profundización de la crisis y el reordenamiento del capital ha construido a la par, una política de rearticulación y reacomodo, en el que el ascenso del fascismo y la ultra derecha ha recuperado, por medio de la imposición, el control de algunos puntos estratégicos en Latinoamérica.
El golpe a Dilma en Brasil, la caída del Kichernismo en Argentina, el control del poder legislativo en Venezuela, la negación del referendo a Evo Morales en Bolivia, la primavera simulada en Guatemala y la imposición de gobiernos abiertamente neoliberales en México, Colombia, Perú y El Salvador, todos, financiados y controlados por La Casa Blanca, han situado un panorama histórico parecido al de la Operación Cóndor en los 70’s.
La firma del TPP y el TTIP es el claro ejemplo de cómo los E.U.A. buscan recuperar el control territorial en América Latina, y a final de cuentas, consolidar un bloque económico en la región, aliado con la Unión Europea y algunos países de Oriente, capaz de hacerle frente al notable crecimiento de potencias como Rusia y China.
La crisis económica mundial ha desatado un periodo de inestabilidad política y social, que encuentra un mayor auge en los países económicamente dependientes; basta con observar las recientes movilizaciones en Guatemala en contra de la privatización del agua, los procesos organizativos en Brasil en contra de las privatización de los servicios públicos y la defensa de la tierra, las movilizaciones estudiantiles y magisteriales en Chile, y las recientes movilizaciones, abanderadas por la CNTE en nuestro país, pero que agrupan a múltiples sectores populares en contra de la imposición de la reforma educativa.
Inclusive, algunos proyectos Constituyentes formulados desde los movimientos sociales cobran fuerza como una apuesta política viable para dar salida a la crisis degenerativa que hoy padece el mundo.
Aunado a esto, el decrecimiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora, y la imposición de megaproyectos alimentan un clima de desesperación en el que nuestra sobrevivencia necesariamente tiene que plantear una alternativa popular que frene y rompa el proceso de despojo y acumulación que el capitalismo impone.
II. México, al borde del colapso
Las crisis políticas del régimen que se vienen gestando desde 1988, son producto de un acumulado histórico y un asunto pendiente que es epicentro de la lucha de clases en el país, esto es: la disputa por la conducción de la nación.
La historia reciente de nuestro país nos muestra que la victoria de los sectores empresariales que impulsan el modelo de desarrollo neoliberal en el país ha sido una victoria manchada de sangre.
Desde la imposición de Carlos Salinas de Gortari en 1988, la nación mexicana entró abiertamente en una nueva fase de desestabilización y destrucción de los pocos elementos residuales provenientes de la Revolución de 1910.
La instauración de un Derecho neoliberal ha promovido una nueva legalidad encaminada a legitimar el saqueo de nuestras fuerzas productivas en manos de capitales transnacionales, legalidad que se sobrepone a los intereses vitales de las clases populares, se legaliza el despojo, el saqueo de territorios, la precarización de la sobrevivencia, legalidad sin retorno, que se encamina directamente a un estallido monumental.
Bajo este contexto de no retorno y de profundización de la crisis social, política, económica y cultural, la lucha antimperialista y por la liberación nacional entra en una nueva coyuntura en el que la crisis de gobernabilidad y de sostenimiento del modelo económico entran en contradicción y abren la posibilidad de una transformación radical.
Sin embargo, hay también una falta de claridad sobre cuál es la vía que permitirá en verdad el ascenso de un gobierno de las clases populares.
El conflicto radica pues en la formulación de una propuesta que realmente cuestione las bases del modelo de desarrollo neoliberal y ponga al centro del debate un nuevo proyecto de nación que integre los elementos complejos que articulan la forma comunidad de nuestros pueblos (que no sólo son de puro carácter económico/formal, sino de una rica mezcla entre cosmovisión y re entendimiento del ser humano) y posibilite, de una vez por todas, la superación y supresión de las relaciones capitalistas de producción.
El problema entonces se centra en la recuperación de la nación (entendiendo a esta como una fuerza productiva) por parte de las clases populares, no sólo en el aparato de dirección, sino desde el fortalecimiento de un sujeto social capaz de conducir y producir su propia humanidad, es decir tanto los elementos materiales y espirituales que nos constituyen.
Esto, desde la nación mexicana, sólo puede provenir de rebelarse a partir de lo que somos ¿y qué somos? Somos un pueblo negado desde hace más de 500 años, que ha generado un acumulado histórico de necesidad de liberación que viene manifestándose en distintos momentos de nuestra historia, la Revolución de Independencia en 1810, las Guerras de Reforma en 1857 y la Revolución Mexicana de 1910, son claros ejemplos de esto, sin embargo, el aplastamiento y encauzamiento de la voluntad nacional por grupos criollos y burgueses nos muestran que la insurrección popular y la formulación de un nuevo proyecto de nación dirigido por las clases nacionales es aún un asunto pendiente en nuestra historia. Para enfrentar la crisis del estado nación y los problemas del pueblo mexicano se precisa una transformación radical de la política, la economía y la cultura, la construcción de una nueva mayoría que sea capaz de conducir a la nación hacia su liberación total y que parta de grandes procesos de democracia popular.
Provenimos de una serie de procesos de insurrección popular en el que nosotras y nosotros históricamente hemos sido traicionadas y traicionados por grupos criollos y burgueses; hoy es tiempo de replantear la disputa por la nación desde un proyecto integral que nos afirme como sujetos históricos y que detenga los procesos de despojo y sometimiento. Ante esto, la lucha por la nación es también una lucha por nuestra identidad y nuestra historia, por la recuperación de nuestros símbolos y tradiciones que se nos han arrebatado y se nos han falseado.
No es una lucha de partidos políticos, ni de intereses mezquinos de protagonismo o “vanguardismo”, es una lucha que tiene y debe ser abanderada por los grandes sectores oprimidos de nuestra nación, es una lucha de las y los oprimidos contra el capital y que pugna por la construcción del socialismo y la liberación total de la humanidad.
La desaparición forzada de Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala (220 km al sur de la ciudad de México) persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al sureste de Iguala). En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 41 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos.
Desaparición forzada de Iguala de 2014 - Wikipedia, la enciclopedia libre
La desaparición forzada de Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala (220 km al sur de la ciudad de México) persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al sureste de Iguala). En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 41 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos.[3][4]
La escuela normal de Ayotzinapa, siempre ha sido marcada por tener una fuerte tendencia de izquierda y un conocido historial de violencia callejera.[5][6][7] , derivado de ello, es conocida como semillero de luchadores sociales y disidentes.[8] El 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, capital de Guerrero, un enfrentamiento entre normalistas y la policía federal y estatal, conocido como el conflicto de Ayotzinapa, dejó un saldo de dos estudiantes muertos. Un trabajador falleció por quemaduras cuando los estudiantes intentaron incendiar una gasolinera en ese mismo episodio.[9][6]
Iguala vista desde el asta bandera
Como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre del 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, los estudiantes habían estado secuestrando autobuses y combustible a lo largo de una semana,[10] para concentrarlos en la escuela. El día 22 de septiembre, las fuerzas de policía federal y estatal impidieron que los estudiantes robasen combustible en la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre los estudiantes habían ido a Chilpancingo en dos autobuses, de los que previamente se habían apoderado, e intentaron apoderarse de otros vehículos, pero la policía local les impidió lograrlo,[11] sin arrestarles y/o confiscarles las unidades en que iban. Frustrados en su intento, los estudiantes pasaron a la cercana ciudad de Iguala en la tarde del día 26 para buscar más vehículos en al menos tres autobuses robados; uno de la línea Costa Line (num. 2513) y dos de la línea Estrella de Oro (nums. 1531 y 1568).[12][13] Al llegar a la central camionera de Iguala se apoderaron de tres autobuses más; dos de la línea Costa Line (nums. 2510 y 2012).[13] y uno de la línea Estrella Roja (num. 3278), asimismo hubieron de abandonar el Costa Line 2513 al escapar el chofer con las llaves del vehículo.[13][14] El chofer del Costa Line 2510 se resistió a la toma al ser abordado por los estudiantes en la central camionera[15] , y logró notificar a sus superiores y a la policía antes de ser superado y obligado a llevar el autobús a Ayotzinapa con algunos estudiantes como pasajeros.[16] De casi cien estudiantes de Ayotzinapa que iban repartidos en los cinco autobuses, solamente dos eran de tercer año y seis de segundo año. El resto era en su totalidad bisoños de primer año que iniciaban apenas esa semana sus estudios en la escuela rural. Antes de salir de la escuela para efectuar estas actividades ninguno de este grupo de primer año sabía a dónde iban ni por qué.[12]
Por su parte, en la ciudad de Iguala, era alcalde desde 2012 el perredistaJosé Luis Abarca Velázquez, ex comerciante de joyería, al cual se le acusa de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes aparentemente pagaba protección.[17] Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, quien sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Varios hermanos de Pineda fueron miembros del desaparecido Cártel de los Beltrán Leyva.[8] Asimismo, Pineda era directora local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En México se acostumbra que la esposa del alcalde en turno sea quien dirija la oficina municipal correspondiente del DIF. A pesar de que la pareja había sido acusada de participar en varios delitos y de que diferentes ramas del gobierno estatal tenían conocimiento de estas acusaciones, no había acción legal alguna en contra de ellos.[17]
La noche del 26 de septiembre, el DIF de Iguala dio una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de María de los Ángeles Pineda. Se dice que se planeaba lanzar en ese mismo evento la candidatura de Pineda a la alcaldía (Abarca terminaba su periodo en 2015).[18]
Tras el robo de los últimos tres autobuses en la central camionera de Iguala, cuatro de los autobuses formaron una caravana y debido al denso tránsito vehicular en las calles tomaron rumbo hacia el norte, con el Estrella de Oro 1531 a la cabeza, seguido de los Costa Line 2012 y 2510 en ese orden y finalmente el Estrella de Oro 1568.[12] Iban hacia el anillo periférico de Iguala, para de allí enfilar hacia Ayotzinapa. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo.[16] El Estrella Roja 3278 salió el último de la estación, con suficiente retraso como para encontrar el tránsito hacia el sur despejado, por lo que enfiló en esa dirección para llegar a la carretera a Chilpancingo.[12]
De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas,[19][20] cuando la policía logró interceptar el paso de los cuatro autobuses encaminados al norte mediante una camioneta que bloqueó su avance[16] en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte.[21] Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, y se enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando el estudiante Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriendo gravemente a Gutiérrez Solano[16] y matando a su compañero Daniel Solís Gallardo.[22]
La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores; sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses.[16] La mayor parte de los arrestados provenía del último autobús en la fila (el Estrella de Oro 1568).[12]
Durante el ataque varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 126 km de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados en Iguala.[16]
Los estudiantes en el autobús Estrella Roja 3278 fueron alertados por celular del primer ataque ocurrido; al enfilar el vehículo hacia el lugar del incidente para auxiliar a sus compañeros atacados, el autobús quedó atascado en medio del el tránsito vehicular y localizado e interceptado por la policía. Detenido el autobús, los estudiantes fueron obligados a bajar y encañonados con armas de fuego.[23] Confiscado el autobús sin disparar un tiro, la policía en lugar de arrestar a los estudiantes, les permitió huir del lugar por su propio pie.[24]
El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía, entre ellos los que bajaron del Estrella Roja 3278.[25] Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes a la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar a cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo, daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaba ráfagas en su contra.[26] En este ataque fallecieron dos estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes;[22] mientras que el resto huía en desbandada y se ocultaba en los cerros circundantes o en las azoteas de las casas de Iguala.[16]
Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El equipo de futbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala.[27] En este ataque perecieron tres personas: David Josué García Evangelista (de 15 años de edad, uno de los futbolistas), Blanca Montiel Sánchez (pasajera de un taxi que pasaba por el lugar) y Víctor Manuel Lugo Ortiz (chofer del autobús que conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo). El director técnico del equipo resultó herido y fue internado grave.[28][29]
La mañana del día 27 de septiembre elementos del Ejército Mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado.[30][31] Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala.[32] El 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos.[33] Ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre.[34] El 29 de septiembre, Abarca dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, a quienes acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa, María de los Ángeles Pineda, era la presidenta.[35]
La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la Fuerza Estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes.[36]
El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos.[37]
El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al día siguiente la PGR encontró otras 4 fosas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos.[38] Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, informó el 13 de octubre de 2014 que aparentemente elementos de la Policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la Policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos.[39]
De acuerdo a testimonios de los hermanos Ríos Sánchez, Ángel Casarrubias Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente en la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos del cártel rival de Los Rojos.[38]
Según declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos, los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de Cocula hacinados en dos camionetas. Al arribar, quince de los estudiantes habían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y las ataduras. Una vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca. Después los tiraron a la parte baja del basurero donde incineraron los cuerpos, haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas arrojando combustible a los cuerpos. Al terminar se ordenó a los vigilantes del fuego que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan.[40]
Informe de la Procuraduría General de la República[editar]
La Procuraduria General de la República confirmó el día 7 de noviembre de 2014, que existen indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el Estado de Guerrero. Según el testimonio de tres nuevos detenidos que confesaron cometer el crimen.[41]
El procurador Jesús Murillo Karam, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en cadena nacional. Indicó que las personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los entregaran al grupo criminal «Guerreros Unidos». Sus cadáveres fueron quemados, después se depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados en un río cercano.[42]
El 27 de enero de 2015, la PGR notificó del avance de las investigaciones de la desaparición, aclarando que era prácticamente un hecho que el grupo Guerreros Unidos, vinculado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había secuestrado, asesinado, incinerado y desaparecido en un río, las cenizas de los 43 normalistas. De acuerdo a la versión oficial, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos: Los Rojos junto con el Director de la Normal, habían alentado o apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala 6. En la confusión de esa noche de si eran estudiantes o del grupo rival Los Rojos o una mezcla de ambos, el cartel de Guerreros Unidos tomó la decisión de ejecutarlos como normalmente lo hacía con grupos antagónicos y apoyado por las autoridades de Iguala, ante el agravio constante por los normalistas y sus frecuentes protestas, como aquella donde incendiaron una gasolinera en un bloqueo a la autopista del Sol, donde murió por quemaduras el empleado de la gasolinería.
Los padres de familia y acudientes de los estudiantes y víctimas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa rechazaron la información brindada por las autoridades federales mexicanas sobre las muerte de sus hijos y acudidos por que carecía de un sustento científico y técnico y dijeron que sus hijos están vivos hasta que no haya una certeza de su deceso. También en la conferencia de prensa criticaron al presidente Enrique Peña Nieto que se disponía a realizar un viaje a la República Popular China y a Australia cuando la crisis política por las desapariciones se mantiene en el país.[cita requerida] El excandidato presidencial del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador dijo: «El gobierno mexicano quiere dar carpetazo al crimen para que México regrese a la normalidad como si fuese un asunto menor».[43]
El partido conservador, Partido Acción Nacional exigió que el gobierno trabajara sin descanso hasta que se esclarezca el asunto ante los padres de los desaparecidos, así como con la sociedad mexicana.[cita requerida]
Frente a estas críticas el Presidente mexicano salió al paso señalando que mantendrá las investigaciones del crimen hasta que se aclare los hechos y se castigue a los responsables del hecho criminal.[44]
Marcha en la Ciudad de México en el primer aniversario de los hechos, 26 de septiembre de 2015.
Quema de la puerta del palacio nacional de México.
Según el fiscal del estado de Guerrero, el 27 de septiembre fueron detenidos 280 agentes de la Policía Municipal de Iguala, de los cuales quedaron en calidad de indiciados 21 por su presunta participación en los hechos.[26] Tras los ataques, el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, declaró que no tenía conocimiento de los hechos ocurridos al instante, ya que cuando pasaron él se encontraba en un baile tras el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. Rehusó a renunciar y se dijo dispuesto a que lo investigaran.[51]
Bandera de luto en la marcha del 20 de noviembre de 2014.
Pese a la declaración anterior, el edil acudió al Ayuntamiento de Iguala el 30 de septiembre para solicitar una licencia que le permitiera ausentarse del cargo por un mes, tras lo cual desapareció junto con su esposa. Al día siguiente, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció la emisión de una orden de presentación en contra del exalcalde y el Secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, primo de José Luis Abarca. Por su parte, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció a los medios de comunicación la decisión de que José Luis Abarca quedara expulsado definitivamente del partido.[52]
El 4 de octubre, se dio a conocer que la Procuraduría General de la República atraería el caso de los normalistas desaparecidos, tras lo cual personal de dicha entidad se trasladó a Guerrero para iniciar las investigaciones.[53] Tras este anuncio, se decidió también que la seguridad en el municipio de Iguala corriera a cargo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, quienes se encargaron de confiscar las armas de los elementos de la policía municipal.[54] Por su parte, la Cámara de Diputados instaló una Comisión Especial con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones del caso.[55]
Los hechos del 27 de septiembre generaron diversas expresiones de repudio nacional hacia el presidente Enrique Peña Nieto, manifestaciones en diferentes universidades de la República Mexicana evidenciando la incapacidad del Presidente para dirigir la nación y sobre todo, dando la impresión de un desconocimiento total de los hechos sucedidos en Iguala.
En el ranking de las personas más poderosas del mundo del año 2014 de la revista Forbes, el presidente Enrique Peña Nieto descendió de la posición número 37, que ocupaba en el 2013, a la 60; justificando el descenso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el descubrimiento de fosas comunes.[56]
A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto trató de tomar medidas contra el crimen organizado en su país, un grupo de 43 estudiantes desaparecieron en septiembre de éste año. La probable participación del exalcalde de Iguala [detenido el martes 4 de noviembre de 2014], y el descubrimiento de fosas comunes, ha enfurecido a los mexicanos, lo que provocó una campaña masiva exigiendo la renuncia del Presidente...
Durante las primeras investigaciones, el gobierno federal dio a conocer un vínculo del gobierno y la policía municipal con el grupo criminal Guerreros Unidos, una organización de narcotraficantes surgidos luego de la desarticulación del Cártel de los Beltrán Leyva y que llevaba 4 años operando en los estados de Morelos y Guerrero. Según versiones, los normalistas habrían sido secuestrados por policías municipales y trasladados en camionetas hasta un punto en donde fueron entregados al cártel [58] .[59]
El 14 de octubre de 2014, autoridades informaron sobre la muerte de Benjamín Mondragón, líder de Guerreros Unidos en el municipio de Jiutepec en el estado de Morelos. Según la versión oficial, Mondragón se disparó en la cabeza al sentirse acorralado por las fuerzas federales.[60] El 7 de noviembre se hicieron públicas las declaraciones de algunos miembros detenidos del cártel, quienes confirmaron haber perpetrado el crimen conjunto con las fuerzas municipales.[61]
Licencia indefinida de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero[editar]
El 23 de octubre de 2014, un día después de la solicitud de José Luis Abarca a renunciar a su puesto, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero solicitó también licencia para separarse de su cargo como gobernador, argumentando que de esa forma esperaba apaciguar el clima político y favorecer las investigaciones. La solicitud del mandatario fue aceptada el 25 de octubre.[62] Al día siguiente, tomó posesión en el cargo Rogelio Ortega Martínez, quien hasta entonces fungía como secretario general de la Universidad de Guerrero.[63] Era la segunda vez que Aguirre gobernaba el estado, debido a que en 1996 fue nombrado «gobernador sustituto» luego de la salida del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien renunciaría luego de la denominada Matanza de Aguas Blancas.
Detención del Alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa[editar]
En la madrugada del 4 de noviembre de 2014 fue anunciada la captura de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. La Policía Federal los arrestó dentro de una casa ubicada en Iztapalapa; Distrito Federal, en una casa que daba la impresión de estar abandonada y que labores de inteligencia localizó.[64]
El 11 de noviembre, el sacerdote Alejandro Solalinde denunció que Abarca y Pineda Villa habrían sido capturados realmente en el estado de Veracruz y sembrados en el Distrito Federal por la misma Policía Federal. La intención de este movimiento, serían meros fines electorales, ya que en 2015 se lleva a cabo la elección federal de diputados. La detención de Abarca ayudaría al gobierno a desprestigiar al Partido de la Revolución Democrática en Iztapalapa, la zona con más militantes de este partido en la Ciudad de México.[65]
El caso del ex-Alcalde de Cocula César Miguel Peñaloza Santana[editar]
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El alcalde priísta de CoculaCésar Miguel Peñaloza Santana fue detenido por la PGR el 13 de octubre de 2014 y trasladado a las instalaciones de la SEIDO para su declaración y liberado dos días después.[66]
El 19 de diciembre de 2014, fue presentado por segunda ocasión a la PGR para declarar[67] prolongándose su declaración hasta el 27 de diciembre de 2014, presentando la PGR las pruebas que lo relacionaban con protección al grupo delictivo "Guerreros Unidos"[68] siendo liberado por un juez federal luego de que la Agencia del Ministerio Público Federal no pudiera obtener una orden de aprehensión en su contra.[69]
El 20 de febrero de 2015, César Miguel Peñaloza Santana interpuso un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra ligada al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, habiendo cubierto una garantía de tres mil pesos, siendo admitido dicho recurso,[70] pero al no probar el acto reclamado contra las autoridades responsables, el juicio se sobresee el pasado 8 de abril de 2015, por lo que la PGR abre la posibilidad de seguir indagando y robustecer las pruebas en su contra.[71]
El 24 de septiembre de 2015, días antes de dejar su fuero municipal César Miguel Peñaloza Santana, un diario digital señaló: ¿quién protege al alcalde de Colula?, ya que son muchas las evidencias que lo acusan pero hasta ahora la PGR no ha logrado que un juez federal libere una orden de aprehensión en su contra.[72]
El día 16 de diciembre de 2015, fue detenido por tercera vez, ahora por elementos de la Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la SEDENA. La PGR informó ese mismo día por la noche, que quien fuera presidente municipal por el PRI en el periodo 2012-2015, enfrentará cargos como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada, bajo la hipótesis de cometer delitos contra la salud, en su modalidad de fomento.[73]
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes[editar]
El 6 de septiembre de 2015 fue presentado[74] en la Ciudad de México el «Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa».[75] En esta investigación por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se presentan pruebas científicas que contradicen a la Verdad Histórica presentada por la PGR; sustentando su propia investigación, aportando nueva evidencia, ofreciendo nuevas líneas de investigación y expresando recomendaciones.[cita requerida]
Estos eventos han causado gran indignación tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Diversos colectivos, ONGs, mandatarios de diversos países, la CIDH y ciudadanos de diversas nacionalidades se han expresado por el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.
↑ abEn los primeros dos meses se informó de 43 estudiantes desaparecidos, pero en un basurero del municipio de Cocula fueron localizados restos de un cuerpo, y el 6 de diciembre de 2014 el análisis de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que el cadáver era de Alexander Mora Venancio (uno de los 43 desaparecidos), que por lo tanto dejó de ser un desaparecido e ingresó en la lista de "formalmente" asesinados.
Pasaron un puente, adelante del cual había un retén de la Policía Federal; un retén militar vestido de Policía Federal, mejor dicho. Pasaron, los seguían empujando; luego llegaron a otro retén que estaba enfrente del cuartel del 27.º Batallón de Infantería. Y ahí fue donde pasaron todos los detalles.
Los estudiantes dijeron: «Aquí está el Ejército, nos va a ayudar». Pero no los ayudaron. Fueron a las clínicas a pedir auxilio; tampoco los ayudaron, en ningún lado los ayudaron. No fue omisión: el Ejército es cómplice. En un Estado democrático las armas no apuntan hacia dentro, apuntan hacia fuera. Simón Bolívar dijo que un soldado que apunta sus armas a su pueblo es un soldado maldito.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera "desaparición forzada" el caso de los 43 estudiantes de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, según su representante adjunto en este país, Jesús Peña Palacios.
Fuentes oficiales dijeron a El Universal que mañana se dará información detallada sobre los resultados de los exámenes de ADN que practicó el Equipo Argentino de Antropología Forense.
43 reporteros (2015). Ayotzinapa. La travesía de las tortugas. Proceso.|fechaacceso= requiere |url= (ayuda)
Universidad Jesuita de Guadalajara (2015). Los 43 que marcan a México. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. p. 234. ISBN9786079361716. Consultado el 1 de octubre de 2015.
