El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su último informe sobre la investigación del brutal ataque del 26 de septiembre de 2014 en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el cual dio como resultado 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos, seis ejecutados extrajudicialmente y más de veinte heridos.
El informe del GIEI confirma la falsedad de las supuestas investigaciones e informes de la Procuraduría General de la República (PGR) ; con esto se desmorona la versión según la cual los estudiantes normalistas fueron confundidos con un grupo del narcotráfico y posteriormente fueron quemados en el basurero de Cocula. El teatro mediático se cae una vez más.
Los miembros del GIEI mostraron que la supuesta “verdad histórica” sobre el caso de Ayotzinapa no es más que otra de las tantas mentiras históricas a las que recurre el Estado para deslindarse de su responsabilidad en los crímenes que comete contra estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales y el pueblo en general.
En sus más de 500 páginas, el Informe de Ayotzinapa señala las diversas inconsistencias, omisiones, deformaciones y ocultamientos que sostuvo el entonces procurador Jesús Murillo Karam en el informe que dio sobre el caso Ayotzinapa. El Informe describe la participación, como observadores o perpetradores, de policías municipales de Iguala y Cocula, policías ministeriales, policías federales, soldados del 27 batallón de infantería y militares del servicio de inteligencia. Es decir, en los hechos del 26 de septiembre del 2014 participaron de manera activa y coordinada todas las estructuras policiacas y militares del Estado.
También el Informe señala que hubo comunicación entre los diferentes cuerpos policiacos y militares durante el ataque y que las transcripciones de dicha comunicación se encuentran en archivos a los cuales el GIEI no ha tenido acceso. Ante esto, el informe sostiene la necesidad de entrevistar a los militares del 27 Batallón; sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso a la petición, dando respuesta negativa para que los expertos no entrevisten a los militares. El GIEI refutó la tesis principal del Estado, defendida como “verdad histórica” por Jesús Murillo Karam, la cual sostenía que los 43 normalistas detenidos-desaparecidos habían sido quemados en el basurero de Cocula por sicarios del cártel de Guerreros Unidos y que no había quedado rastro de los estudiantes ni posibilidad de encontrar sus restos.
José Torero, uno de los investigadores del GIEI y experto en ciencias del fuego, aseguró que el evento que narró Murillo Karam no pasó, ya que científicamente es imposible. Las conclusiones que ofrece parten de un estudio científico que apela a ciertos hechos como, por ejemplo, que para quemar un cuerpo a la intemperie se necesitarían 700 kilos de madera o 310 kilos de llantas a lo largo de 12 horas, por lo que para incinerar 43 cuerpos requerirían 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 llantas durante un tiempo de 60 horas. El informe de la PGR señala que el fuego en el basurero de Cocula sólo duró seis horas.
Otro dato que mencionó Torero es que el fuego hubiera generado una columna de humo de 280 metros, lo que significa que los habitantes de Cocula se hubieran percatado, lo cual no sucedió. El informe del GIEI menciona éstas y más contradicciones, irregularidades y omisiones de la versión oficial del Estado sobre la masacre de Iguala, por lo que sostenemos nuevamente que la “investigación” de la PGR ofende a las familias de los normalistas y la inteligencia del pueblo.
La investigación del GIEI evidencia una vez más las mentiras que sostiene el Estado para ocultar su responsabilidad directa en los hechos de Iguala. Como podemos observar y recordar, casi todas las contradicciones que encontró el GIEI durante su investigación ya habían sido señaladas por diversos reporteros, investigadores, organizaciones sociales y algunos de los normalistas sobrevivientes. Ante este escenario, es pertinente recordar que el objetivo de la desaparición forzada es paralizar al pueblo, organizado o no, para que no proteste contra el despojo y la explotación capitalista que, por medio de reformas neoliberales, se ha venido profundizando en nuestro país.
Sin embargo, lo que el GIEI no se “anima” a decir y no dirá, dado que la delimitación de sus funciones y los intereses a los que sirve no se lo permiten, es que la masacre de Iguala es a todas luces un crimen de Estado, crimen cometido para aterrorizar, cuyas víctimas son ejemplo de organización y lucha contra las medidas neoliberales. No es que los estudiantes tuvieran “mala suerte” al agarrar el “camión equivocado” y si no lo hubieran hecho nada hubiera pasado; no, que nadie se confunda. El Estado mexicano es un Estado burgués (de eso no debe cabernos la menor duda) que ejerce la violencia contra las clases explotadas y desposeídas para imponer la voluntad de la clase burguesa sin importar el dolor y la sangre que derrame en el pueblo. Quienes esto escribimos rechazamos toda la demagogia del Estado y de los medios de comunicación, los cuales se esfuerzan por deformar la verdad de los hechos. Nosotros seguiremos impulsando la organización popular para enfrentar el terrorismo de Estado.
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 11 de FRAGUA
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