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lunes, 30 de septiembre de 2019
lunes, 5 de agosto de 2019
El delincuente "Carrete" Santiago Mazari Hernandez
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En febrero de 2015, Santiago Mazari Hernández El Carrete se deslindó del caso Ayotzinapa, responsabilizó de la tragedia al empresario Federico Figueroa –hermano del cantautor fallecido Joan Sebastian– y aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto quería matarlo para evitar que los padres de los normalistas asesinados y desaparecidos conocieran la verdad.
Cuatro años después, El Carrete fue detenido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la sierra de Guerrero, lugar donde estaba escondido en el poblado de Corral de Piedra y cercado por el grupo armado de Tlacotepec con el que disputaba el corredor de drogas Chilpancingo – Cuernavaca.
El 18 de febrero de 2015, la agencia Apro publicó una nota donde se informó que en varios municipios de la zona sur de Morelos habían dejado mantas firmadas por El Carrete.
En ese entonces, Mazari Hernández se deslindó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y responsabilizó de esta barbarie a su adversario, Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, señalado como presunto líder de Guerreros Unidos.
Mazari Hernández advirtió que el gobierno pretendía matarlo para que no se conociera la verdad del caso y propuso hablar con los padres “para quitarles la venda de los ojos, que conozcan la verdad realmente que el gobierno es culpable de todas las injusticias del estado de Guerrero y Morelos”, indicó.
Un mes después, en marzo de 2015, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron ayuda a El Carrete para localizar a sus hijos, ante la falta de credibilidad en la versión del gobierno federal de Peña.
Incluso, dijeron estar dispuestos a reunirse con este personaje señalado por las autoridades federales como responsable de la violencia que se registra en el vecino estado de Morelos, ante la disputa que mantiene con miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.
El 31 de marzo de 2015, un grupo de padres de los normalistas desaparecidos acompañados por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, arribaron a bordo de dos autobuses al crucero que conecta Iguala con la cabecera municipal de Huitzuco.
En el lugar conocido como Rancho del Cura, ubicado sobre la carretera México-Acapulco, a tres kilómetros de la ciudad de Iguala, familiares y estudiantes repartieron información impresa entre los automovilistas para seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Enseguida, el grupo de padres colocó dos amplias hojas en un establecimiento comercial con el siguiente mensaje:
“Señor Santiago Mazari Hernández, nosotros los padres de familia leímos el mensaje en la manta. Le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad”.
Luego, agregan: “Los padres de los 43 alumnos desaparecidos siempre le exigiremos al gobierno que nos entregue vivos a nuestros hijos porque ellos se los llevaron y ellos saben dónde están”.
Los padres rematan enviando un mensaje directo a El Carrete:
“Háganos saber de alguna manera cómo puede ayudarnos. Estamos dispuestos a encontrarnos con usted si así lo desea. Gracias por su comprensión y esperamos le llegue este mensaje. Atentamente. Padres de familia de los 43 alumnos desaparecidos de la normal de Ayotzinapa” y concluyen dejando el número telefónico 7541031991.
La acción desesperada de los padres que pidieron ayuda al narco para encontrar a sus hijos duró aproximadamente 20 minutos. Enseguida abordaron los autobuses y regresaron por la misma carretera rumbo a la Normal de Ayotzinapa.
Hasta el momento, los padres de los normalistas desaparecidos no han fijado una postura sobre la detención de El Carrete, quien podría ser pieza clave para esclarecer el caso Ayotzinapa.
fuente
https://www.proceso.com.mx/595012/el-carrete-y-sus-nexos-con-el-caso-ayotzinapa
lunes, 24 de junio de 2019
Tortura vídeo de 2014 Caso Ayotzinapa difunde Aristegui en vivo 24 de Junio del 2019
Vídeo confirma que PGR incurrió en tortura en caso Ayotzinapa y la CNDH lo ocultó
Difunden en redes sociales video de la tortura a un detenido del caso Ayotzinapa, supuestamente se trata de Carlos Canto
La difusión de un video que muestra la tortura infligida a un hombre detenido por el caso Ayotzinapa confirma que la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos, como en su momento fuera señalado por los diversos organismos internacionales que revisaron el caso.
Así lo señalaron las organizaciones civiles que han acompañado el caso y a los familiares de los estudiantes desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014.
Agregaron que dicho material, que se subió a la plataforma YouTube y que fue difundido en medios el viernes pasado, expone que en las indagatorias se usó la tortura, acredita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "encubrió esta práctica con una recomendación (sobre el caso) que no es fiable"; reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el gobierno federal, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) -que en un informe confirmó que al menos 34 casos de tortura entre los detenidos-; "coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso"; y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad sobre esos crímenes.
Subrayaron que se debe sancionar a los funcionarios que aparecen en los actos de tortura contra el detenido, como Carlos Gómez Arrieta, quien fue identificado a partir del video y que en octubre de 2014 -cuando se filmaron esos tormentos- fungía como comandante de la Policía Federal Ministerial. Hasta el viernes se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, cargo al que renunció tras la difusión del material, separación que para las Ong resulta insuficiente. "Lo que corresponde es que sea investigado y en su caso sancionado".
miércoles, 24 de abril de 2019
Educación y Cuarta Transformación
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ido fijando los objetivos de la Cuarta Transformación (4T) poco a poco. No hay, hasta el momento, un documento oficial que dé cuenta de las principales características de su propuesta. El mandatario anunció su propósito en plena campaña electoral y ha ido precisando algunas de sus peculiaridades sobre la marcha.
Entre otros elementos que la componen, se encuentra el de concebirse como la siguiente etapa de las tres grandes transformaciones políticas y sociales anteriores: la Revolución de Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910-17. Sin embargo, a diferencia de ellas, este nuevo trayecto histórico será pacífico y gradual.
Los componentes esenciales de este cambio son la lucha contra la corrupción, la separación del poder económico del político y la redistribución del ingreso por la vía de apoyos directos a los más necesitados. Adicionalmente, decretó el fin del neoliberalismo y apuesta por la soberanía energética, sin modificar el actual marco legal.
Si es difícil precisar en qué consiste la 4T en lo general, más lo es en el terreno educativo. AMLO ha hecho declaraciones sobre este tema en sus conferencias mañaneras, envió al Congreso una propuesta de reforma educativa y elaboró un memorando dirigido a sus secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda, girando instrucciones sobre este asunto. Pero no ha presentado un proyecto educativo acabado.
Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha adelantado algunas ideas generales. Se entiende que lo ha hecho con el aval de su jefe. Pero algunas de esas propuestas, como el de la nueva escuela mexicana, son iniciativas sin contenido preciso.
A pesar de ello, puede inferirse que sus preocupaciones para la educación responden a los lineamientos generales de la 4T. Es el caso de la corrupción. Su propuesta para enfrentar la lacra en el sector consiste en la recentralización de la nómina magisterial y del fin de la venta de plazas. “La SEP –escribió en el memorando– administrará las plazas sindicales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.”
La recentralización de la nómina magisterial es el reconocimiento oficial del fracaso de la descentralización educativa pactada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992.
No es algo nuevo. La nómina magisterial comenzó a recentralizarse en 2015, en plena reforma educativa del Pacto por México. Con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), la SEP pasó a hacerse responsable del pago a 950 mil trabajadores de la educación. Sin embargo, el pago de decenas de miles de mentores más siguió siendo responsabilidad de los estados. De manera que miles de maestros que no cuentan con plazas presupuestales avaladas por la Secretaría de Hacienda laboran en las entidades. Eso no significa que esos profesores hayan comprado sus plazas, o las hayan obtenido por medio de prácticas corruptas.
AMLO pudo acercarse a lo que significa esta bomba de tiempo, a raíz del paro magisterial y el bloqueo de las vías de ferrocarril en Michoacán de comienzos de este año. El FONE dejó allí fuera de sus listas a 18 mil 500 maestros. Lo mismo sucede en muchos otros estados.
Adicionalmente, existen diferencias salariales importantes entre maestros de distintos estados e incluso de la misma entidad. Los días de aguinaldo y distintos tipos de compensaciones varían en todo el país. ¿Qué va a hacer la autoridad con estas diferencias salariales al recentralizar la nómina? ¿Dejarlas como están? ¿Homogeneizarlas? Y si lo hacen ¿será a partir de lo que obtienen los que ganan más o los que ganan menos?
La recentralización puede ser una medida en la dirección correcta para ordenar el sector, siempre y cuando reconozca la antigüedad y el trabajo de esos miles de docentes no considerados en el FONE actual, y no implique que los maestros pierdan conquistas que ya tienen.
Es correcto terminar con la venta y el tráfico de plazas. Así lo ha demandado la CNTE una y otra vez. Quienes dicen lo contrario, mienten. Pero el control de las plazas por parte de la SEP, sin otros mecanismos adicionales, no garantiza el fin de la corrupción en el sector. En 2010, la SEP, a través de la UPN, encargó la encuesta Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa. El sondeo concluyó que 28.1 por ciento de los docentes obtuvieron su plaza por intermediación de la SEP o la autoridad educativa (https://bit.ly/2Xyf7TE). Un porcentaje mayor al que lo hizo a través del SNTE.
En el memoramdo, AMLO establece que la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. Todos estos ejes son claves, excepto el de calidad. Aunque es una palabra bonita, calidad fue el concepto articulador de la reforma educativa de Peña Nieto. Lo fue, por una razón: es un término proveniente del mundo de los negocios, que, en el terreno educativo, sirve a la política neoliberal, y a las mediciones estandarizadas en el propósito de la educación.
Otra historia es el dictamen de reforma educativa aprobado en la Cámara de Diputados. El documento no tiene nada que ver con una transformación pedagógica progresista de largo aliento. Es, en lo esencial, la misma gata del Pacto por México, sólo que revolcada.
Twitter: @lhan55
Fuente: http://www.jornada.com.mx/2019/04/23/opinion/013a2pol
