Tortura vídeo de 2014 Caso Ayotzinapa difunde Aristegui en vivo 24 de Junio del 2019

Vídeo confirma que PGR incurrió en tortura en caso Ayotzinapa y la CNDH lo ocultó Difunden en redes sociales video de la tortura a un detenido del caso Ayotzinapa, supuestamente se trata de Carlos Canto La difusión de un video que muestra la tortura infligida a un hombre detenido por el caso Ayotzinapa confirma que la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas recurrió a prácticas violatorias a derechos humanos, como en su momento fuera señalado por los diversos organismos internacionales que revisaron el caso. Así lo señalaron las organizaciones civiles que han acompañado el caso y a los familiares de los estudiantes desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014. Agregaron que dicho material, que se subió a la plataforma YouTube y que fue difundido en medios el viernes pasado, expone que en las indagatorias se usó la tortura, acredita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) "encubrió esta práctica con una recomendación (sobre el caso) que no es fiable"; reivindica la actuación de organismos internacionales en su momento criticados por el gobierno federal, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) -que en un informe confirmó que al menos 34 casos de tortura entre los detenidos-; "coincide con lo detectado en la innovadora sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre el caso"; y abre nuevos caminos para alcanzar la verdad sobre esos crímenes. Subrayaron que se debe sancionar a los funcionarios que aparecen en los actos de tortura contra el detenido, como Carlos Gómez Arrieta, quien fue identificado a partir del video y que en octubre de 2014 -cuando se filmaron esos tormentos- fungía como comandante de la Policía Federal Ministerial. Hasta el viernes se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, cargo al que renunció tras la difusión del material, separación que para las Ong resulta insuficiente. "Lo que corresponde es que sea investigado y en su caso sancionado".

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Ayotzinapa: falsas verdades

I

Es común en estos tiempos, escuchar a personas de toda índole, afirmar que nuestra historia nacional está compuesta de mentiras arbitrarias, y no es para menos, la afirmación es cierta, la idea de nación y la identidad que pretende englobarnos a cada uno de los mexicanos, tiene su raíz en un sinfín de inexactitudes, o en muchos casos, de arteras manipulaciones de los acontecimientos, muy particularmente, los que están relacionados con hechos violentos generados desde las esferas del poder. Lo que hasta hoy en día llamamos “Historia Patria”, es en realidad una parte acotada y en buena media manipulada de nuestro pasado. La construcción de la nación se ha basado en una serie de mitos fundadores, que si bien, algunos tienen raíz prehispánica y son aproximación a la explicación que algunas de las culturas mesoamericanas daban a su origen, no pueden de ninguna forma ser la base de una historia cierta y aglutinante de todos los sectores que componemos el México del siglo XXI.

II

La enseñanza de la “Historia Patria” en la educación básica, media y superior, sigue contribuyendo a la conformación de un imaginario nacionalista, cuyo fin es la cohesión hegemónica en torno a la ideología del poder, base de nuestras diferencias y generadora de la marginación, exclusión y discriminación que se vive a diario en la sociedad mexicana. Es decir, la historia que hasta hoy se enseña, no responde a nuestra realidad histórica, responde al interés sesgado de fomentar una historia a modo, que contribuye a mantener el pensamiento, la conciencia y el imaginario a favor del régimen capitalista que nos gobierna. Otra sería nuestra identidad, nuestro pensamiento e imaginario sin los programas de estudio permitieran conocer de manera más acorde a la realidad nuestro pasado, y sí generaran de forma real la crítica como principio de la razón entre los estudiantes. La ruptura con la vieja enseñanza y sus contenidos, es una necesidad urgente, es la forma de contribuir a la generación de un pensamiento crítico y anti-hegemónico que ayude a desenmascarar la historia a modo que se imparte como única y absoluta explicación del México nuestro.

III

La conformación de la “Historia Patria” como historia verdadera, requiere la utilización del sistema de enseñanza básica y media superior, pero también, necesita su difusión y validación por los medios de comunicación masiva (televisión, internet, radio, prensa, etc.). La repetición y difusión masiva de forma permanente de la “Historia Patria”, es una de las herramientas del Estado para su legitimación, siendo los medios de comunicación medios eficaces de generación de consenso social, necesario para la consolidación de una mentira en verdad. El Estado cuenta con un sinfín de aparatos ideológicos que contribuyen a sesgar la opinión pública o abiertamente a manipularla, esto lo hemos observado en diferentes situaciones y acontecimientos, tanto históricos como contemporáneos, ejemplos sobran; Tlatelolco, Aguas Blancas, Oaxaca, Chiapas, Atenco, o en temas como el feminicidio, la homosexualidad, el matrimonio igualitario, la democracia, violencia, pobreza y explotación entre muchos, pero muchos otros temas. Es importante no perder de vista un detalle fundamental, el hecho de que la enseñanza y los medios de comunicación contribuyan a que en el imaginario social la “Historia Patria” sea considerada como verdadera, esto no implica que esa historia sea cierta. El grado de certeza para cualquier historia que se difunda únicamente se lo otorga el análisis riguroso de sus componentes, y es ahí, donde las verdades de Estado son desenmascaradas y expuestas. La Historia Oficial no logra sobreponerse al juicio de la mirada crítica, rigurosa y fundamentada.

IV

Ayotzinapa es una herida abierta, es la muestra del desprecio a la vida, a la educación y a la diversidad en nuestro país, es en sí, la muestra sumatoria de la degeneración política y social del Estado mexicano. Los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, son la coyuntura más álgida de los últimos años, han demostrado la sabida inhumanidad gubernamental, y a la vez, con toda su carga trágica están contribuyendo a que muchos ojos y pensamientos se habrán, juzguen, critiquen y desmitifiquen la construcción de la historia que el Estado realiza. Ayotzinapa es la última gran falsa verdad del Estado mexicano, es la evidencia de la manipulación y cinismo con que se pretende gobernar, imponer verdades y controlar a la sociedad manteniendo la hegemonía sobe las conciencias. La responsabilidad del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de 6 personas, va quedando cada vez más aclarada. La articulación de la mentira mediante una gran campaña en los medios de comunicación ha fracasado, todos podemos ver las evidencias de los acontecimientos. Los testimonios de los sobrevivientes, de los familiares y la documentación generada por las investigaciones dan luz ante la oscuridad oficial.

La reciente publicación del “Informe Ayotzinapa” elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para esclarecer los hechos, es una fuente fundamental para ir poco a poco dejando atrás la Historia Oficial y poder demostrar que las verdades del Estado no son verdades ciertas. De igual forma, abre la posibilidad de ir desmitificando muchas otras verdades falsas que se enseñan y difunden. Ayotzinapa es la muestra de la dignidad y resistencia, es ejemplo de la posibilidad de que a pesar del dolor, la rabia y la cerrazón oficial, es posible construir otra historia, una que tenga como base la certeza y la inclusión de quienes hasta hoy permanecen ocultos. Ayotzinapa es la esperanza ante las falsas verdades.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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El envilecimiento de las instituciones

El infierno que vive México es resultado de colusiones para que algunos se favorezcan del poder, en tanto la mayoría es flagelada por condiciones ominosas. En el México posrevolucionario terminaron por imponerse las facciones que se sirvieron de las instituciones gubernamentales y del Estado para enriquecerse demencialmente y atajar por cualquier medio a sus críticos.

Hubo algunas excepciones, el sexenio de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, pero en general y con distintas intensidades los sucesivos gobiernos del PNR/PRM/PRI elaboraron la simbiosis detentación del poder y beneficios económicos. Para el cabal funcionamiento de la simbiosis se hizo necesaria otra dupla: la corrupción y la impunidad. El principal agente corruptor fue la instancia que debería evitarla, el Estado y sus aparatos. La administración de la impunidad desde las altas esferas del poder fue el mejor aliciente para continuar perpetrando el círculo vicioso poder político-abuso en todos los órdenes.

Usar los mecanismos gubernamentales para envilecer fue la divisa de los gobiernos priístas. No se trataba, desde la óptica envilecedora, de servir a la ciudadanía, sino de cooptarla con toda clase de ofrecimientos, y si éstos no funcionaban entonces se desataban acciones represivas. La clase política priísta tomó muy a pecho la cínica, pero reveladora, frase de Carlos Hank González (pilar del grupo Atlacomulco, uno de cuyos retoños es Enrique Peña Nieto): Un político pobre es un pobre político.

En 1989 el Partido Acción Nacional (PAN) ganó con su candidato Ernesto Ruffo Appel las elecciones para la gubernatura de Baja California. Por primera vez había en México un gobernador que no era del PRI. A partir de entonces no nada más el PAN tuvo el gobierno de algunas entidades, sino que también accedieron a puestos de gobernador personajes postulados por el PRD y por distintas alianzas de partidos políticos. La alternancia llegó al poder federal, con la victoria electoral de Vicente Fox.

Con Fox hubo alternancia, pero no cambio de régimen. Las redes corruptoras quedaron intactas, y no sólo esto sino que, como lo documentaron sólidas investigaciones periodísticas, Fox y sus cercanos, particularmente su esposa Marta Sahagún, salieron de Los Pinos muy enriquecidos gracias a los negocios que gestaron desde el poder presidencial. Felipe Calderón decidió hacerse el distraído y los excesos del foxiato quedaron en la sombra de la impunidad. El calderonismo dejó también una estela de corruptelas e impunidad; en su sexenio se desató una ola violenta que todavía hoy continúa dando mortales dentelladas.

El regreso al poder de quien gestó el huevo de la serpiente, el PRI, puso énfasis en lograr reformas estructurales para tener mayor crecimiento económico, pero nada en el terreno de sanear el anquilosado y degradante sistema de impartición de justicia. La proclama peñista se ha ceñido a intensificar la modernización económica, pero ésta no puede ni debe estar desvinculada de reformas y acciones para limpiar el Poder Judicial, un poder que lacera cotidianamente a la ciudadanía y es reacio a respetar los derechos humanos.


Hoy la corrupción y la impunidad están democráticamente presentes en los gobiernos de todos los partidos políticos. En esto sí han logrado un democrático reparto; la descomposición los ha alcanzado a todos. No hay autoridad moral en prácticamente ninguno de ellos, que es la única autoridad que importa, sobre todo en momentos de crisis, como el que tiene en vilo a la nación.

La clase política de las distintas opciones partidistas existentes en México se niega a ver que la problemática del país es sistémica. Hemos llegado adonde estamos porque el sistema, apuntalado por intereses contrarios a los de la mayoría de la población, ha sido exitoso en su política del envilecimiento, porque hizo del envilecimiento una política.

La crisis de México es ancha y profunda. Ella demanda mucho, pero mucho más, que las mezquinas intentonas de ponerse a salvo que han puesto en práctica conspicuos políticos de todas las tonalidades partidarias. En tanto los señalamientos que se hacen unos a otros no incluyan una profunda autocrítica de cómo sus respectivos partidos colaboraron en la construcción del horror, y tomen medidas efectivas y transparentes para extirpar la metástasis que los consume, todo quedará en politiquería y reacomodos convenencieros.

En el PRI quieren continuar con su operación maquillaje, aplicación de bótox para presentar como rostro fresco lo que es en realidad la cara vieja del autoritarismo. Los del PAN se dicen dispuestos a impulsar una reforma anticorrupción, mientras convenientemente olvidan el reciente caso de la irregular, por decir lo menos, construcción de una costosa presa que mandó hacer el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en un rancho de su propiedad. La debacle del PRD, agudizada por el caso de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala coludido con el crimen organizado, alcanza niveles grotescos cuando la desmemoria convenenciera busca invisibilizar atrocidades previas, entre ellas la protección que dieron a Julio César Godoy para que pudiera tomar protesta como diputado federal a sabiendas de su cercanía con La Tuta. Los demás, los minipartidos, no están mejor.

La indignación ciudadana que inunda la nación y se moviliza es un golpe demoledor a la política envilecedora. Que los clamores levantados se conviertan en normas y ejercicios del poder respetuosos de la vida, que cese la promoción de la muerte.

Publicación de sdpnoticias.

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Centro Robert F. Kennedy USA un insulto a la inteligencia cerrar caso Iguala

Robert F. Kennedy Human Rights condena el fracaso de las autoridades mexicanas de investigar a fondo la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Guerrero

(29 de enero de 2015 | Washington, D.C.) Robert F. Kennedy Human Rights condena la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar su investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes, e insta a la Procuraduría General de la República a reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables de estos actos atroces.

“El gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”, declaró Kerry Kennedy, Presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights. “Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta—tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón—además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso.”

La Procuraduría General de la República (PGR) ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. La teoría operativa de la PGR es que el ex alcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula. Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos. Además, el Gobierno no ha aclarado el estatus de la investigación sobre el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala con respecto a los hechos de este caso, a pesar de su proximidad al lugar del crimen y registros de teléfonos celulares que indican que un estudiante había estado en la base en el momento en cuestión. También queda sin responderse si el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desempeñó algún papel, a pesar de los llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes. Estas y otras deficiencias en la investigación son particularmente preocupantes dado que la PGR ha decidido cerrar el caso.

De acuerdo con la PGR, se han interrogado a 380 personas, incluyendo 36 militares, y se han detenido a 99 personas. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la participación del Estado en la comisión de los delitos, ningún funcionario estatal, ni el alcalde y su esposa, ni las autoridades policiales u otros detenidos, han sido acusados del delito de desaparición forzada; en su lugar, sólo han sido acusados de secuestro y crimen organizado.

Omitir el cargo de desaparición forzada contribuye a desconocer el crimen como parte de un contexto más amplio de uso sistemático de la desaparición forzada en el país – contexto en el que se estima que más de 23 mil personas han sido desaparecidas durante los últimos ocho años – y aísla el crimen a una tragedia local.

“El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar todas las pistas posibles, incluyendo si la policía federal o las fuerzas militares participaron o no en estos crímenes”, expresó Santiago A. Canton, Director Ejecutivo de Robert F. Kennedy Partners for Human Rights. “México está obligado por el derecho internacional de derechos humanos a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, además de realizar una investigación efectiva para ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente y establecer la verdad sobre lo sucedido”.

Reiterando que es responsabilidad del Estado dar con el paradero de los estudiantes, así como investigar y sancionar a los responsables de este horrendo crimen, Robert F. Kennedy Derechos Humanos acoge con satisfacción el establecimiento reciente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un panel de expertos para investigar este caso. El panel fue designado a petición del Gobierno Mexicano y de los grupos de la sociedad civil que representan a las familias de los estudiantes y proporcionarán asistencia técnica en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, la investigación y las acciones adoptadas para sancionar a los responsables, así como la asistencia a las familias de los estudiantes.

Robert F. Kennedy Human Rights hace un llamado al despliegue rápido del grupo de expertos y subraya la necesidad de que la consulta sea transparente y que se lleve a cabo en coordinación con las víctimas, sus representantes y la sociedad civil. El grupo también deberá tener acceso absoluto a los archivos y los sitios de la investigación, así como el permiso para reunirse con todas las autoridades pertinentes.

Por último, Robert F. Kennedy Human Rights reitera su profunda preocupación por la situación de seguridad de alto riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas de estos terribles acontecimientos, especialmente aquellos basados en Guerrero, como es el caso de los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan y hace un llamado a que el estado mexicano garantice las condiciones de seguridad para llevar a cabo su labor

CONTACTODan CroninSenior Manager, Marketing and Communications(917) 284-6356 cronin@rfkcenter.org

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Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).– El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, fundado en 1968 en la memoria del ex Fiscal General de Estados Unidos, condenó “la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar su investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes”, e instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a “reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables de estos actos atroces”.

El Centro Robert F. Kennedy es una de las más activas e influyentes organizaciones de defensa de las libertades civiles y los derechos del hombre en el mundo.

Ayer dos padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, llegaron a la Ciudad de México donde abordaron un avión con destino a Ginebra, Suiza, donde expondrán su caso ante el Comité de Naciones Unidas contras las Desapariciones Forzadas.

En tanto, Kerry Kennedy, presidenta del Centro, en un comunicado, declaró: “El gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”.

“Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta, tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón, además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso”.

La organización dijo que la PGR ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. “La teoría operativa de la PGR es que el ex Alcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula”.

“Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos”.

El Centro Robert F. Kennedy agregó:

“El Gobierno no ha aclarado el estatus de la investigación sobre el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala con respecto a los hechos de este caso, a pesar de su proximidad al lugar del crimen y registros de teléfonos celulares que indican que un estudiante había estado en la base en el momento en cuestión. También queda sin responderse si el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desempeñó algún papel, a pesar de los llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes. Estas y otras deficiencias en la investigación son particularmente preocupantes dado que la PGR ha decidido cerrar el caso”.

“De acuerdo con la PGR –continuó la organización–, se han interrogado a 380 personas, incluyendo 36 militares, y se han detenido a 99 personas. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la participación del Estado en la comisión de los delitos, ningún funcionario estatal, ni el Alcalde y su esposa, ni las autoridades policiales u otros detenidos, han sido acusados del delito de desaparición forzada; en su lugar, sólo han sido acusados de secuestro y crimen organizad”.

“Omitir el cargo de desaparición forzada contribuye a desconocer el crimen como parte de un contexto más amplio de uso sistemático de la desaparición forzada en el país – contexto en el que se estima que más de 23 mil personas han sido desaparecidas durante los últimos ocho años – y aísla el crimen a una tragedia local”.

“El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar todas las pistas posibles, incluyendo si la policía federal o las fuerzas militares participaron o no en estos crímenes”, expresó Santiago A. Canton, Director Ejecutivo de Robert F. Kennedy Partners for Human Rights. “México está obligado por el derecho internacional de derechos humanos a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, además de realizar una investigación efectiva para ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente y establecer la verdad sobre lo sucedido”.

LISTO EL GRUPO INDEPENDIENTE DE LA CIDH

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció hoy que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará su primera reunión el 11 y 12 de febrero de 2015, en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México.

Dijo que los miembros del Grupo, compuesto por Carlos Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa, se reunirán en la sede de la CIDH, en Washington, D.C. “El propósito de la reunión es plantear y adoptar las reglas y los procedimientos internos y adoptar un plan de acción para el cumplimiento de su misión”.

En esta reunión, el grupo también determinará las fechas de su primera visita a México.

El acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los normalistas, estableció las actividades del Grupo: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Victimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“La Comisión Interamericana destaca la importancia que tendrán las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada”, informó.

Murillo Karam, ayer, al presentar lo que llamó “la verdad histórica”. Foto: Cuartoscuro

Hoy, en Ocoyoacac, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, invitó a las organizaciones no gubernamentales a conocer la indagatoria del gobierno mexicano en el caso Iguala, en la que participan más de 100 peritos del país. Sostuvo que las investigaciones llevadas a cabo por la PGR sobre los normalistas desaparecidos han sido “abiertas y transparentes”.

Dijo que ninguna de las organizaciones que han criticado se han acercado a la dependencia a su cargo para solicitar información y sólo han expuesto lo que dice una de las partes. La investigación sobre el caso es abierta “porque no hay nada que ocultar”, dijo. Manifestó su disposición a escuchar las inquietudes de quienes critican el trabajo científico de los peritos mexicanos.

Murillo Karam también confirmó que se invitará al director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández, a declarar de manera voluntaria sobre los señalamientos de uno de los detenidos, aunque está en su derecho de comparecer o no.

Robert F. Kennedy Human Rights condena el fracaso de las autoridades mexicanas de investigar a fondo la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Guerrero

(29 de enero de 2015 | Washington, D.C.) Robert F. Kennedy Human Rights condena la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar su investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes, e insta a la Procuraduría General de la República a reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables de estos actos atroces.

“El gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”, declaró Kerry Kennedy, Presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights. “Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta—tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón—además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso.”

La Procuraduría General de la República (PGR) ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. La teoría operativa de la PGR es que el ex alcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula. Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos. Además, el Gobierno no ha aclarado el estatus de la investigación sobre el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala con respecto a los hechos de este caso, a pesar de su proximidad al lugar del crimen y registros de teléfonos celulares que indican que un estudiante había estado en la base en el momento en cuestión. También queda sin responderse si el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desempeñó algún papel, a pesar de los llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes. Estas y otras deficiencias en la investigación son particularmente preocupantes dado que la PGR ha decidido cerrar el caso.

De acuerdo con la PGR, se han interrogado a 380 personas, incluyendo 36 militares, y se han detenido a 99 personas. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la participación del Estado en la comisión de los delitos, ningún funcionario estatal, ni el alcalde y su esposa, ni las autoridades policiales u otros detenidos, han sido acusados del delito de desaparición forzada; en su lugar, sólo han sido acusados de secuestro y crimen organizado.

Omitir el cargo de desaparición forzada contribuye a desconocer el crimen como parte de un contexto más amplio de uso sistemático de la desaparición forzada en el país – contexto en el que se estima que más de 23 mil personas han sido desaparecidas durante los últimos ocho años – y aísla el crimen a una tragedia local.

“El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar todas las pistas posibles, incluyendo si la policía federal o las fuerzas militares participaron o no en estos crímenes”, expresó Santiago A. Canton, Director Ejecutivo de Robert F. Kennedy Partners for Human Rights. “México está obligado por el derecho internacional de derechos humanos a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, además de realizar una investigación efectiva para ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente y establecer la verdad sobre lo sucedido”.

Reiterando que es responsabilidad del Estado dar con el paradero de los estudiantes, así como investigar y sancionar a los responsables de este horrendo crimen, Robert F. Kennedy Derechos Humanos acoge con satisfacción el establecimiento reciente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un panel de expertos para investigar este caso. El panel fue designado a petición del Gobierno Mexicano y de los grupos de la sociedad civil que representan a las familias de los estudiantes y proporcionarán asistencia técnica en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, la investigación y las acciones adoptadas para sancionar a los responsables, así como la asistencia a las familias de los estudiantes.

Robert F. Kennedy Human Rights hace un llamado al despliegue rápido del grupo de expertos y subraya la necesidad de que la consulta sea transparente y que se lleve a cabo en coordinación con las víctimas, sus representantes y la sociedad civil. El grupo también deberá tener acceso absoluto a los archivos y los sitios de la investigación, así como el permiso para reunirse con todas las autoridades pertinentes.

Por último, Robert F. Kennedy Human Rights reitera su profunda preocupación por la situación de seguridad de alto riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas de estos terribles acontecimientos, especialmente aquellos basados en Guerrero, como es el caso de los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan y hace un llamado a que el estado mexicano garantice las condiciones de seguridad para llevar a cabo su labor

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La “verdad histórica” se cae a golpes versión incorrecta de PGR

Lo que la PGR no pudo demostrar con pruebas periciales y científicas lo armó con testimonios de policías de Iguala y Cocula y del presunto radiocomunicador igualteco David Hernández Cruz que “confesaron” mediante tortura física y psicológica su presunta participación en el arresto de los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que posteriormente entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los desaparecieron. La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam no se sostiene, según se desprende de los documentos consultados por Proceso.

MÉXICO, D.F. (Proceso) La Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Uno de ellos es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el procurador Jesús Murillo Karam identificó como radio-operador de Iguala. Él fue el testigo estrella para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión a los normalistas.

Durante los interrogatorios a los que lo sometieron efectivos de la Policía Federal (PF), Hernández Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó por radio el ataque. Y aunque el declarante admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados por Proceso.

Las averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por uniformados de la PF y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, responsable principal de la investigación.

Los reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.

En sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos. También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.

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En el propio expediente de la PGR, las huellas del Ejército en caso Ayotzinapa

De acuerdo con las declaraciones ministeriales que forman parte del expediente de la PGR sobre el caso Ayotzinapa –a las que tuvo acceso Proceso-, en la trama de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre en Iguala se entrelazan acciones de mandos y tropas del Ejército que contribuyeron a crear el clima de impunidad criminal que desembocó en los asesinatos y las desapariciones forzadas de los normalistas guerrerenses. Los testimonios muestran que la PGR conocía incluso la actividad delictiva de los Abarca y la red de corrupción de la cual aún trata de zafarse, ante la opinión pública, el procurador Murillo Karam.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, está empecinado en atribuir toda la responsabilidad de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa al crimen organizado en colusión con autoridades municipales, a fin de salvar la imagen de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tiene elementos para considerar la presunta responsabilidad de mandos militares en la tragedia que puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El expediente del caso (más de 50 tomos) contiene declaraciones ministeriales rendidas por los testigos e inculpados ante agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde se advierte que por lo menos los comandantes de los batallones de infantería 27 y 41, de Iguala y Teloloapan, así como de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, estuvieron al tanto del poder corruptor y de la capacidad de fuego del cártel Guerreros Unidos, al que la PGR atribuye la tragedia.

La penúltima semana de 2014 el presidente municipal de Cocula, el priista César Miguel Peñaloza, permaneció en instalaciones de la SEIDO para rendir su segunda declaración ministerial. La dependencia pretendía inculparlo, pero el Juzgado Primero en Procesos Penales con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó su liberación por falta de pruebas.

“Altos funcionarios” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejercieron presión sobre Peñaloza, desde que llegó al cargo en octubre de 2012, para que designara titulares de la Dirección de Seguridad Pública municipal al teniente Tomás Bibiano Gallegos y el mayor Salvador Bravo Bárcenas, ambos retirados, según publicó el pasado 30 de diciembre el diario La Jornada.

El primero fue asesinado en noviembre de ese año y el segundo está libre bajo reservas de ley, tras declarar como testigo el pasado 15 de octubre ante la SEIDO.

(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1992, ya en circulación)

Gloria Leticia Díaz 

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Iguala Informe PGR 27 Enero 2015

México, D.F. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ratificó hoy la versión de que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y sus cadáveres se incineraron en el basurero municipal de Cocula.

En una conferencia de prensa este martes, Murillo Karam dijo que esa conclusión se desprende de las confesiones de policías y los responsables materiales, 386 declaraciones en total, además de otros elementos.

“Esa es la verdad histórica de los hechos”, concluyó.

Murillo Karam también expuso que los resultados que dieron positivo para Alexander Mora Venancio (uno de los normalistas, cuyos restos fueron identificados en el laboratorio de Innsbruck), demuestran la versión.

El procurador subrayó que “no hay ni una sola evidencia” de la participación del Ejército en los hechos.

Asimismo expuso que el Instituto de Biología de la UNAM participó en las investigaciones y certificó que el incendio de los cadáveres afectó la biología de la zona y que el crecimiento de la flora en el lugar ocurrió durante 30 días, antes de la fecha del hallazgo.

El área total de fuego, abundó, fue de 140 metros cuadrados, en una superficie de 15 por 9 metros cuadrados.

La detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, es clave para la investigación, consideró a su vez Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Rodríguez Salgado, miembro de Guerreros Unidos, detenido el pasado 15 de enero, “participó en el secuestro, homicidio y desaparición” de los jóvenes, señaló Zerón.

Agregó que El Cepillo era jefe de sicarios para Guerrero Unidos en Iguala, y realizaba con César Nava, subdirector de policía de Cocula, el trasiego de droga y acciones para evitar que grupos antagónicos entraran a esa zona.

Su detención, precisó, es importante, ya que los testimonios lo identifican como el líder y confiesan que fue él quien ordenó el homicidio y desaparición de los estudiantes.

Felipe Rodríguez, dijo Zerón de Lucio, recibió una llamada en la que le dijeron que un grupo antagónico estaba atacando Iguala y que se trasladara a Loma del Coyote.

Zerón citó un extracto de la declaración ministerial de Rodríguez Salgado, en la cual el detenido dice: “El Chuky me llamó por teléfono y me dijo que iba a entregar paquetes (como les decían a rivales en el negocio de drogas) que eran de Los Rojos y me los entregó en Loma del Coyote. Allí dice que a los estudiantes se les interrogó, se les asesinó y se les incineró.

“Llegando al basurero de Cocula bajamos a los estudiantes de la camioneta percatándome que unos ya estaban muertos creo que por asfixia, siendo que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente entre 15 y 18 estudiantes.

“Al llegar al basurero me percaté que todavía estaba prendido el fuego y muchas cenizas... me dan la orden de Gil que fuera a recoger las cenizas para tirarlas al río, por lo que ordené al Pato que fuera a comprar bolsas de plástico y nos regresamos al basurero para recoger las cenizas con una pala que llevaba en la camioneta”.

Tomás Zerón señaló que por ello se solicitará una pena de 140 años de prisión para Rodríguez Salgado, ya que está acusado por secuestro agravado.

Añadió que lo ocurrido en el basurero de Cocula se trató de un “crimen atípico”, porque el nivel de participación que jugó cada uno de los involucrados era diferenciado. Los que detuvieron a los estudiantes no supieron lo que posteriormente ocurrió.

Durante la conferencia fueron presentadas imágenes aéreas y satelitales de la zona que fue quemada. Los estudios “corroboran los daños causados por el fuego radiante”, el cual pudo haber alcanzado en el centro hasta mil 600 grados centígrados, dijo Zerón.

En la conferencia de prensa se presentó en video parte de las declaraciones de Rodríguez Salgado, en las cuales señala que policías de Iguala y Cocula le entregaron a los normalistas: “Los iban acomodando como costales”.

Según las declaraciones de Murillo y Zerón, María de los Ángeles Villa Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, está acusada de lavado de dinero como una forma de asegurar que estuviera en prisión, mientras concluía el resto de la pesquisa.

Añadieron que no puede ser acusada por desaparición forzada porque no era funcionaria; sin embargo para Abarca sí se está integrando la averiguación.

Asimismo, se cuenta con un retrato hablado de El Chuky y ya se encuentran trabajando en la zona para lograr sus detención. También refirieron que un hombre identificado como El Fercho, habría actuado como secretario de El Gil, y fue el enlace con El Cepillo.

Hasta el momento, señaló Tomás Zerón, quedan cinco órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en este caso.

Murillo aseguró que los peritos argentinos sí estuvieron durante la elección de restos que se enviaron a Innsbruck, y se cuenta con videograbaciones de tales sesiones.

Agregó que aunque aún hay responsables por detener, la investigación se tiene que cerrar porque hay que castigar a los culpables.

Como parte de la indagatoria ya hay 99 detenidos, entre ellos más de 50 policías municipales, así como Abarca y su esposa, considerados autores intelectuales de los hechos.

Los familiares de los estudiantes han señalado en las últimas semanas que los jóvenes pudieron estar detenidos en instalaciones militares y han rechazado la versiones sobre el asesinato masivo y la incineración de cadáveres.

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Iguala-Cocula la hipótesis oficial "es absolutamente imposible"

Alemania ofreció ayuda a México, mientras en Innsbruck, Austria, se hace un último intento para identificar a los estudiantes de Ayotzinapa. Científicos mexicanos cuestionan la versión oficial sobre lo sucedido.

El pasado 20 de enero, el jefe de la diplomacia alemana, Frank Walter Steinmeier ofreció en Berlín a su par mexicano, José Antonio Meade, la ayuda de Alemania en la identificación de los restos de los estudiantes de Ayotzinapa supuestamente asesinados el 26 de septiembre pasado. Un portavoz del ministerio alemán de Exteriores destacó que “se busca apoyar proyectos concretos para el fortalecimiento del Estado de derecho en México, entre ellos se considera posibilidades para apoyar una reforma al Sistema Penal, así como para la identificación de las víctimas”. El portavoz del ministerio, que pidió mantenerse en el anonimato, señaló a DW que ya tienen lugar conversaciones bilaterales al respecto.

Entretanto, en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, el científico Walther Parson, que dirige las investigaciones para identificar a los estudiantes del magisterio desaparecidos, informó que no puede especificar las posibilidades de éxito ni el tiempo que durará el último intento de esa institución por identificar a las víctimas.

Los científicos austríacos propusieron a las autoridades mexicanas la utilización de una novedosa tecnología llamada “secuenciación paralela masiva”, (massive parallel sequencing o MPS) para identificar los restos óseos de 16 cadáveres hallados en un basurero de Cocula, México. Los investigadores hicieron su propuesta después de que los análisis de ADN mitocondrial no lograran la identificación de los restos enviados por las autoridades mexicanas.

“Los resultados sugieren que el calor excesivo destruyó el ADN nuclear y mitocondrial en los restos a tal grado que los métodos convencionales no arrojarán ningún resultado”, dijo Parson a DW. El método “MPS” conlleva el riesgo de que puede consumir el material genético restante sin obtener ningún resultado. Hasta el momento el único identificado por los científicos austríacos ha sido el joven Alexander Mora Venancio de 19 años, que cursaba el primer año en la escuela normal de Ayotzinapa.

Tiradero de basura en Cocula.

Científicos mexicanos cuestionan la versión oficial

El físico mexicano Jorge Antonio Montemayor sostiene que es imposible que una muela y un hueso del joven, a partir de los que fue identificado, hayan podido sobrevivir a la cremación. “Eso es imposible. O se tiene una situación en la que no es posible identificar a ninguno, o se tiene una situación en donde habría información genética que hubiera permitido la identificación de por lo menos un 60% de los estudiantes”, afirma Montemayor en conversación con DW. El científico del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lideró la investigación que lo llevó a él y a otros especialistas a asegurar que la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR) no es plausible.

En diciembre pasado, Montemayor publicó una investigación, a la que tuvo acceso DW, que cuestiona la línea de investigación de la PGR, basada en las declaraciones de tres detenidos que confesaron haber recibido y ejecutado a los 43 normalistas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula.

El pasado 7 de noviembre el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció que los estudiantes, según declaraciones de uno de los detenidos, fueron llevados en un camión de tres y media toneladas al basurero de Cocula. Quince de ellos ya estaban muertos. Los tres acusados mataron a los sobrevivientes y los arrojaron a la parte baja del basurero. Hicieron una pila con leña y llantas, y arriba acomodaron los cadáveres, a los que rociaron con diésel y quemaron hasta las tres de la tarde del día siguiente. Luego recibieron la orden de fracturar los restos, que arrojaron al río San Juan en ocho bolsas. Algunas de ellas se rompieron.

"Absolutamente imposible"

“Escuchando la conferencia que dio el procurador nos quedó claro que esa tesis sobre lo sucedido era altamente improbable”, recapitula Montemayor, que ha sido perito en casos en los que no hay claridad sobre la responsabilidad de un accidente o crimen. “Nos basamos en las declaraciones verbales del señor procurador y las imágenes publicadas del basurero de Cocula. Analizamos el área calcinada y demostramos que era absolutamente imposible la hipótesis que todavía maneja Murillo Karam. Hay una especie de autismo”.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

“Encontramos que con leña no podía haber sido porque hubieran sido necesarias 33 toneladas de leña de 4 pulgadas de diámetro, que tenía que estar seca. Con llantas hubieran necesitado 995 llantas que hubieran dejado 2.5 toneladas de alambres. Demostramos que era imposible que los estudiantes hubieran sido calcinados de esa manera según las leyes de la física y de la química, en el marco de la termodinámica”, afirma Montemayor.

El científico que inicialmente ofreció su disposición a ayudar, supone que si los estudiantes fueron quemados “tendrían que haberse utilizado crematorios modernos, ya sea funerarias particulares, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) o crematorios de las fuerzas armadas”.

Los padres de los estudiantes desaparecidos insisten al gobierno mexicano para que abra otras líneas de investigación, una demanda que hasta ahora ha sido desoída. “Es necesario que la PGR abra una nueva línea de investigación para poder acceder a estas instituciones, verificar las actas de defunción, los gastos de consumo de gas y otras cuestiones. “No soy parte del equipo que asesora a los padres de los estudiantes, pero ejercemos una presión ética y moral desde el seno de la sociedad mexicana”, insiste Montemayor.

El científico no descarta la posibilidad de que los normalistas se encuentren aún con vida. “El miércoles pasado encontraron a 23 muchachos vivos, hombres, mujeres y niñas, que permanecían secuestrados desde hace más de un mes en una cueva en Arcelia, Guerrero”. Incluso en el caso del joven Alexander Mora Venancio, el único identificado de Ayotzinapa, Montemayor afirma que podría estar vivo: “Fue identificado a partir de fragmentos calcinados de un diente y una mano, posiblemente de un dedo, pero eso no prueba que haya muerto”.

dw

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Urge dar ‘carpetazo’ al Caso Iguala, PGR se ‘lava las manos’

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Detienen a posible autor de desaparición de normalistas

Se logró la captura de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo” o “El Terco”, identificado como uno de los autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas.

MÉXICO, DF.-En el estado de Morelos un grupo especial de inteligencia conformado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal, logró la captura de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo” o “El Terco”, identificado como uno de los autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El inculpado es interrogado en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y fue detenido la madrugada de este viernes en la colonia Deportiva de Tejalpa en el municipio de Jiutepec, Morelos.

De acuerdo con la línea de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), “El Terco” fue quien dio la orden de fracturar los restos de huesos calcinados en el basurero de Cocula para luego depositarlos en bolsas.

De acuerdo con las declaraciones de algunos de los detenidos, las bolsas negras bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas.

A quien también se identifica como “El Cepillo”, presuntamente dio también la instrucción de que los que habían participado en la inci-neración de los cuerpos tenían que quemar su ropa para no dejar rastro sobre el crimen colectivo.

Entre los 98 detenidos hasta el momento se encuentran el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, identificados como autores intelectuales de los ataques a los estudiantes.

La CIDH se une a búsqueda de 43

Con una inversión de un millón de dólares comenzará a operar el equipo de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participará en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero; los especialistas de Chile, Guatemala, Colombia y España prestarán asistencia técnica en una misión de seis meses —que pondrán extenderse—, como se acordó en noviembre de 2014 con familiares y el gobierno mexicano.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, criticó que las acciones que realiza el Estado mexicano para afrontar el caso Ayotzinapa y en general, las desapariciones forzadas de personas, son insuficientes, y consideró que ante la crisis que hay en el país “no podemos esperar más tragedias” para cambiar la situación.

En el estado de Morelos un grupo especial de inteligencia conformado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal, logró la captura de Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo" o "El Terco", identificado como uno de los autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El inculpado es interrogado en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y fue detenido la madrugada de ayer viernes en la colonia Deportiva de Tejalpa en el municipio de Jiutepec, Morelos.

De acuerdo con la línea de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), "El Terco" fue quien dio la orden de fracturar los restos de huesos calcinados en el basurero de Cocula para luego depositarlos en bolsas.

De acuerdo con las declaraciones de algunos de los detenidos, las bolsas negras fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas.

A quien también se identifica como "El Cepillo", presuntamente dio también la instrucción de que los que habían participado en la incineración de los cuerpos tenían que quemar su ropa para no dejar rastro sobre el crimen colectivo.

Entre los 98 detenidos hasta el momento, se encuentra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, identificados como autores intelectuales de los ataques a los estudiantes.

También está Sidronio Casarrubias Salgado, líder de "Guerreros Unidos"; Isaac Patiño Vélez, persona cercana a Sidronio; el exsubdirector de la policía de Cocula, César Nava González, señalado como integrante de la organización criminal.

Así como Patricio Reyes Landa "El Pato", Jonathan Osorio Gómez "El Jona" y Agustín García Reyes "El Chereje", estos últimos tres confesaron haber participado en la ejecución de los normalistas en una improvisada hoguera en el basurero municipal.

 SABÍAN APODOS

Por su parte, los autores materiales de la desaparición y presunta muerte de 43 estudiantes mexicanos mencionaron en sus declaraciones a la fiscalía apodos de algunos de los jóvenes, reveló aye el director del centro de derechos humanos que representa a familiares de las víctimas.

En el video del interrogatorio divulgado por la fiscalía en noviembre pasado, los testigos "hablan de que empezaron a interrogar a algunos muchachos y que, preguntando quién era el que los coordinaba, allí apareció un sobrenombre, un apodo de un estudiante", dijo el director de Tlachinollan, Abel Barrera.

En este video tres miembros del cártel Guerreros Unidos detenidos en noviembre pasado confesaron que habían asesinado e incinerado a los jóvenes en un basurero de Cocula, un municipio vecino a Iguala.

Las autoridades mostraron el video completo a los abogados de los familiares de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes pidieron al Gobierno que se omitieran, a la hora de hacer público este documento, los sobrenombres por respeto a los padres.

"Cuando nosotros escuchamos esos sobrenombres les pedimos que lo más conveniente era que no se escucharan así, los sobrenombres, que más bien se bajara el volumen", explicó.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, contó ayer en una entrevista radiofónica que hay cosas sobre el caso que "no se habían comentado públicamente" a solicitud de los abogados.

CIDH se une a búsqueda

Con una inversión de un millón de dólares comenzará a operar el equipo de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que participará en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero; los especialistas de Chile, Guatemala, Colombia y España prestarán asistencia técnica en una misión de seis meses -que pondrá extenderse-, como se acordó en noviembre de 2014 con familiares y el gobierno mexicano.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, criticó que las acciones que realiza el Estado mexicano para afrontar el caso Ayotzinapa y en general, las desapariciones forzadas de personas, son insuficientes, y consideró que ante la crisis que hay en el país "no podemos esperar más tragedias" para cambiar la situación.

Horas después los nombres de quienes integran el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos. El grupo estará conformado por Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos; Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas.

Asimismo, por Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud y Alejandro Valencia Villa (Colombia).

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