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sábado, 29 de agosto de 2015

Más de cien comunidades de la sierra nororiental de Puebla y Veracruz, en ejemplar resistencia contra el despojo



Los Brigadistas-UNAM

Crisis, Peña y el recrudecimiento del despojo

Mientras la crisis capitalista se profundiza, los dueños del dinero multiplican sus formas de despojo y de dominación. Lo vemos en Grecia, con el gran capital mundial encabezado por la Troika neoliberal, como zángano succionando hasta la última gota de la riqueza de este pueblo hermano. Lo vemos en las mismas entrañas del imperio, en Estados Unidos y Alemania, con la persecución, encarcelamiento, muerte y repatriación de miles de migrantes; en toda Europa con la eliminación de derechos sociales y laborales, y el desmantelamiento de lo poco que queda del Estado de Bienestar. Lo vemos también en América Latina, con la disputa de gigantes económicos como China y EU, peleando el territorio país por país.

Se trata de una guerra económica al seno del gran capital y contra los pueblos, contra sus trabajadores y por el dominio de sus recursos naturales; guerra recrudecida por la prolongada crisis económica capitalista, y México no es ajeno a este escenario. Vivimos un periodo inaudito de despojo y lucha inaudita por la ganancia, que ha generado un mar de violencia, desapariciones, asesinatos a luchadores sociales y periodistas, arrebatos, reformas neoliberales y privatizaciones. Prácticamente no hay comunidad o sector a salvo: maestros acosados día a día, médicos y enfermeros amenazados, estudiantes excluidos, petróleo y gas privatizados, energía eléctrica vendida al mejor postor, el agua con reformas privatizadoras que avanzan por debajo de la mesa, y hasta la UNAM en la mira de Peña Nieto para imponer a su próximo rector.

Todo lo que huela a resistencia social, es inmediatamente intervenido, con avalanchas de difamaciones mediáticas, y si no basta, ahí están los policías y militares puestos en la primera fila para enfrentar al pueblo, incluso más que a los narcos.

Pero en medio de tanto despojo, de tanto arrebato y despotismo, se encuentra la digna resistencia de los pueblos, abriéndose paso. Andando un camino difícil pero digno, y aún más, el único para defender lo que nos está siendo arrebatado; el camino de la lucha y la organización social.

Sierra norte de Puebla y Veracruz, en defensa de la vida y el territorio

Frente a este histórico despojo, han despertado en el país un sin número de resistencias dispersas, unas más grandes que otras; unas nuevas, y otras de mucho tiempo atrás, pero que juntas representan la esperanza de cambio, de que unidos, organizados y dispuestos a luchar, podremos frenar a este gobierno de corruptos, narcoterroristas de Estado, ladrones y asesinos, que están al servicio del gran capital.

Un ejemplo de esta resistencia popular, es la de los pueblos mazahuas, totonacas y mestizos de la sierra nororiental de Puebla y Veracruz. Pueblos y comunidades que se han organizado para detener los megaproyectos de grandes empresas mineras, petroleras, de la construcción, así como poderoso consorcios comerciales.

Cada vez más comunidades se suman a la resistencia y a la Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio que le da cuerpo. Al momento son 102 comunidades, de 21 municipios de Puebla y Veracruz, las que integran la organización. En la novena sesión de la asamblea, realizada el pasado domingo 9 de agosto, asistieron más de 3 mil personas, quienes ratificaron su decisión de no permitir los "megaproyectos de despojo y muerte".

No a las minas, no al fracking, no a las hidroeléctricas y no a los grandes consorcios comerciales

La lucha de estas comunidades, en su mayoría indígenas mazahuas, se centra en impedir la minería a cielo abierto, el establecimiento de 4 hidroeléctricas en sus ríos, el fracking que destruiría sus pueblos y a la naturaleza, y el establecimiento de grandes consorcios comerciales en la zona.

Minas a cielo abierto

Los proyectos mineros de la región fueron aprobados por el gobierno, las empresas a las que les fueron entregadas las concesiones son Minera Autlán, Minas Santa Martha y el Grupo Ferrominero. Los pueblos afectados interpusieron un amparo, señalando en primera instancia al gobierno federal y al Estado Mexicano en su conjunto, por dar concesiones mineras sin consultar a las comunidades afectadas (lo que viola tratados internacionales), y sin tomar en cuenta la gran contaminación que se produciría, principalmente en los diversos manantiales del lugar. Las autoridades directas señaladas por los pueblos son la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el poder legislativo que años atrás aprobó, sin el acuerdo de los pueblos, la Ley Minera de corte neoliberal. Todas estas dependencias y autoridades han respondido con arrogancia, y mostrando una profunda ignorancia del tema. Basta decir que la Secretaría de Economía "argumentó" que ellos no concesionaron el suelo "sino el subsuelo" de los municipios afectados, y que por tanto la demanda de las comunidades era inválida. Finalmente, en medio del creciente rechazo social a la minería a cielo abierto en la región, el pasado 19 de marzo el 2do juzgado de distrito en San Andrés Cholula, concedió la suspensión de plano a la solicitud de amparo presentada por las organizaciones de campesinos e indígenas de la región de Cuetzalan, Yaonahuac e Ixtacamaxtitlán, Puebla. Las empresas concesionarias no podrán realizar actividades en la zona mientras dure la suspensión.

Hidroeléctricas

Por otro lado, son 4 hidroeléctricas las que el consorcio ICA pretende montar en el río Apulco, a pesar de las evidencias de que se provocaría una afectación social y ambiental de grandes dimensiones, incluyendo especies endémicas de sapos que correrían el peligro de desaparecer, o el daño al río Tecolutla que ya no recibiría las aguas del río Apulco. En suma: falta de agua para los pueblos, concentración de agua para entes privados, generación de electricidad que no sería para las comunidades, negocio redondo para unos cuantos (los beneficiarios de siempre), a costa de la degradación de vida de los pueblos y la destrucción de la naturaleza. La CFE ha prometido que, si las comunidades dejan construir las hidroeléctricas, les llegarán recibos de luz más baratos, los pobladores no se han tragado el cuento ni han aceptado el chantaje. Encabezados por el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), que forma parte de la Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio, se interpuso un recurso de revisión técnica a las manifestaciones de impacto ambiental ante la Semarnat. Sin argumento alguno y presionada por todas las comunidades en lucha, se logró detener el entubamiento del río y la construcción de las hidroeléctricas está detenida.

Fracking

En cuanto al fracking, los pueblos y comunidades que luchan por la defensa de la vida y el territorio, han dado una importante lección a todas las demás regiones del país, en un momento donde las petroleras privadas más grandes del mundo se prestan como buitres a apoderarse del gas y del petróleo de nuestro país, tras la aprobación de la reciente Reforma Energética peñanietista. Los mismos mapas de inversión de Pemex deben reconocer que en Cuetzalan y la región de la sierra norte de Puebla y Veracruz en resistencia, no pueden intervenir, ni puede haber extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fracking, pues dicen “el ordenamiento territorial no lo permite”. El manifiesto de impacto ambiental presentado por PEMEX, reconoce que el Ordenamiento Ecológico de la región, establece lineamientos y restricciones permitiendo únicamente la microindustria y pequeña industria. Se trata de un ejemplo para todas las demás zonas que están siendo devastadas por la fractura hidráulica, altamente contaminante y destructiva.

Consorcios comerciales

Una lucha más, de “importancia estratégica”, es la que da la COTIC y otras organizaciones de la zona en contra de los grandes consorcios comerciales como Walmart y Coppel. En 2010, Walmart pretendió instalarse en Cuetzalan, mediante un Aurrera de su propiedad; el dictamen fue revisado por la COTIC y se decidió no permitir su establecimiento. Sin embargo, Coppel sí está construyendo una sucursal en la cabecera municipal, a pesar de que el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan lo rechaza, y está dando la pelea legal y con movilización social para impedirlo. No se trata de algo menor, la lucha contra este tipo de empresas tiene que ver con la defensa de la forma de vida, de consumo, de producción y de intercambio de las comunidades de la región, que mayoritariamente viven del autoconsumo, de la fortaleza de su mercado interno, comprando y vendiendo productos locales, generados en sus propias parcelas. Walmart, Coppel y este tipo de empresas, representan una amenaza a este ordenamiento, “permitir su instalación significa sepultar lo que somos”, dicen los habitantes. “Nos quieren endeudar, nos quieren hacer comprar cosas que no necesitamos, que no producimos... se quieren llevar nuestra riqueza y destruir nuestra forma de vida. Lo que estamos haciendo es defender y resguardar la Economía y Cultura popular”.

Sigue la asamblea, todo lo que tenemos es el poder del pueblo

La novena Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio, no sólo fue de organización y de información, fue también de convivencia, de compartir el agua y los tamales, de obras de teatro y poesía, de música, dignidad y resistencia.

Miles de pobladores, de estas 102 comunidades organizadas, se dieron cita, nuevamente, para decirle a gobierno de Peña Nieto y a los grandes capitales petroleros, mineros, de la construcción y del comercio, que sus tierras, sus bosques, sus ríos, su forma de vida, su cultura no están en venta, y no lo estarán nunca.

Frente al poder de los mineros, de la Ley Minera, del despotismo de la Secretaría de Economía, tenemos el poder del pueblo.

Frente a las hidroeléctricas, el gran poder del capital, ICA, la Semarnat, nosotros tenemos la capacidad de organizarnos, de luchar.

Frente a Walmart, Coppel el poder de los acaparadores, explotadores y gobernantes que los protegen, nos tenemos a nosotros, nuestra dignidad y conciencia.

Frente a todos ellos, comandados por el Estado y por el gobierno de Peña Nieto, lo único que tenemos, es el poder del pueblo. Construyámoslo con unidad y resistencia.

¡Vivan los pueblos que defienden a la naturaleza, al territorio, la vida y la cultura!

¡Viva la resistencia de los pueblos de la sierra norte de Puebla y Veracruz!

lunes, 17 de agosto de 2015

Nadia y Rubén: “Nos están aniquilando”



Arsinoé Orihuela
La digna voz


No asombra. Duele e indigna a rabiar. Veracruz es una historia sin fin de agresiones contra la población, señaladamente contra lo más admirable de esa población: activistas, académicos, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos. Con Digna Ochoa (egresada de Derecho por la Universidad Veracruzana) se inaugura una usanza atroz en Veracruz: matar y hacer notar que acá en la costa del Golfo se mata sin reparos (aún cuando los crímenes se ejecuten fuera de su terruño). Transcurrieron algunos años y no pocos muertos (recuérdese el otro caso mediático de Regina Martínez, egresada de Periodismo por la Universidad Veracruzana) para que el país y el mundo descubrieran que Veracruz es un calabozo, cuidadosamente orquestado desde las estructuras formales del poder público. Todavía algunos incautos prefieren creer que se trata de hechos aislados o penosas coincidencias. Tomar conciencia de que una autoridad agrede por deporte, oficio o vocación es anímicamente insoportable. El subterfugio de la “coincidencia” es un antídoto que alivia la angustia provisionalmente. Pero Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso, excompañero de Regina Martínez) y Nadia Vera Pérez (egresada de Antropología por la Universidad Veracruzana) –las más recientes víctimas de ese leviatán veracruzano– no son casos judiciales inconexos: murieron por el fuego criminal de un poder público que no admite siquiera una contestación o réplica palabraria. Hasta la palabra sin fines de lucro es inaceptable para ese poder. 

La denuncia no derroca gobiernos ni remueve estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una fuente de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente acompañan al ejercicio de poder. Pero en Veracruz esa práctica básica es una herejía meritoria de persecución, tortura, y no pocas veces la muerte. El mensaje es claro: no se tolerará ni un connato de crítica, y el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. No sin razón alerta Julio Hernández: “El modelo Veracruz se extiende, agravado”. Tampoco exageraron Nadia y Rubén, cuando sostenían en foros públicos que en Veracruz “nos están aniquilando”. Ellos salieron huyendo del clima de violencia, hostigamiento e inseguridad que priva en el estado. La violencia homicida los alcanzó en su fallido refugio. La razón les asistía: “nos están aniquilando”

La práctica crítica, a través del activismo o el periodismo, es un quehacer con altos contenidos de letalidad en Veracruz y en México. Rubén y Nadia tenían en un rasgo común con otras figuras de la resistencia: no recularon ante la disyuntiva intimidatoria de “plata o plomo”, que es la fórmula de alineamiento más socorrida por el poder y sus esbirros. Además que esa formación ético-política maduró durante su estancia en Xalapa. En esa ciudad capital veracruzana, Rubén y Nadia condenaron resueltamente la barbarie institucional, y acompañaron con compromiso firme el largo ciclo de protesta que arrancó con la movilización en contra del alza a la tarifa del transporte público, y que en su curso recorrió varias luchas (movimiento por la paz con justicia y dignidad, marchas anti-EPN, movimiento #Yosoy132, movilización popular magisterial, jornadas de acción por Ayotzinapa) hasta arribar a la consolidación de una asamblea-movimiento estudiantil que tanto incomodó e incomoda a la camarilla de poder en turno, y en cuya incomodidad presumiblemente se incuba la fuente explicatoria de los últimos atentados criminales contra ese grupo de estudiantes activistas: a saber, el brutal ataque a ocho alumnos de la Universidad Veracruzana el pasado 5 de junio (peligrosamente equiparable con el modus operandi de la represión en Ayotzinapa), atribuido a una banda parapolicial “presuntamente al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública”, y el reciente multihomicidio en la colonia Narvarte, en la ciudad de México, que acabó con la vida de Rubén y Nadia. 

No basta con denunciar la corrupción e impunidad que campea a sus anchas en el país. Ya casi no es noticia la obstinada presencia de esos flagelos virulentos. Esa situación impresentable no cejará por una mera cuestión de voluntades institucionales. Urge más bien alertar acerca de cuan inerme está la población civil, y de cuan imperioso es desarrollar anticuerpos con base en la organización para frenar la espiral de violencia, crimen e inseguridad que desde el poder y las instituciones formales se cultiva entusiastamente. 

Que la investigación pericial escamotee el elemento político de la ecuación indagatoria es sintomático de esa indefensión de la sociedad ante un poder embriagadamente tiránico. Por la memoria de Rubén y Nadia, corresponde demandar organizadamente que el crimen no se trate como un asunto judicial desprovisto de motivaciones políticas. No es una tarea menor. Del resultado de esa asignatura política depende el futuro de nuestra generación. No se debe minimizar la advertencia de Rubén y Nadia: “nos están aniquilando”. 

Mis condolencias a las familias de Rubén y Nadia. Ejemplares personas, en cuyo admirable camino tropezaron con el brazo homicida de un poder criminal. 

Fuente: http://lavoznet.blogspot.com/2015/08/nadia-y-ruben-nos-estan-aniquilando.html