jueves, 14 de mayo de 2015

En mayo y todo el año, organizarse y luchar



Algunos se preguntarán, ¿por qué participar en las protestas si no se logra nada con ellas? ¿Cómo podemos aspirar a cambiar una sociedad controlada por intereses tan ruines como los de los burgueses y cuyos intereses son defendidos con tanta saña y violencia por las fuerzas represivas?
Mayo es una época importante para el movimiento obrero-popular, es el mes en el que más protestas se realizan, son muchos los sectores inconformes y son diversas sus demandas inmediatas, pero ¿qué tienen en común estas luchas? ¿hay elementos que nos permitan articular estos esfuerzos? Todo depende de que sepamos aprovechar todas las oportunidades que nos permitan organizarnos, unificando todas las luchas, dándonos la fuerza, porque la fuerza no está en la simple unión, sino en la articulación organizada de todos los esfuerzos.

El 1° de mayo representa las luchas ganadas por los trabajadores, por los derechos de jornada laboral de 8 horas, contrato colectivo, derecho a formar sindicatos, seguridad social; en la actualidad somos pocos los trabajadores que gozamos de alguno de estos derechos, las condiciones actuales de trabajo son de precariedad, explotación y miseria. Hemos sido traicionados por los líderes sindicales oportunistas y ahora debemos luchar una vez más por arrebatarles a los burgueses y sus gobiernos lo que antes conquistamos con la lucha legítima.

En mayo también el magisterio protesta, la lucha que inició por la democratización de su sindicato hoy trasciende lo laboral. La embestida neoliberal ha provocado el desmantelamiento de la educación para el pueblo, Ayotzinapa es un ejemplo claro de esta embestida. Los medios masivos han desatado una campaña difamatoria contra el magisterio, acusándolos de violentos y desestabilizadores, pero son ellos con sus mentiras quienes más desestabilizan, promoviendo en el seno del pueblo el miedo y el rencor. Debemos acompañar las protestas magisteriales, debemos entender que no se trata únicamente de un asunto que le competa a los docentes, las políticas neoliberales en la educación nos afectan a todos.

Desde hace cinco años las organizaciones que conforman la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada realizan una jornada de lucha durante la última semana de mayo, en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, denunciando y desenmascarando las acciones represivas del Estado contra los luchadores sociales, en particular contra la desaparición forzada de éstos como política de Estado, exigiendo verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. La Semana Internacional del Detenido-Desaparecido también es una oportunidad para dejar claro que no olvidamos y que no perdonamos los actos de represión, que exigimos al Estado que asuma su responsabilidad por los crímenes cometidos contra luchadores sociales.

Tenemos que salir a manifestar nuestro descontento, pero tampoco puede quedarse en la simple protesta, en hacer escuchar nuestra inconformidad, debemos estar seguros de que la solución a los problemas históricos de nuestro pueblo, pasa no sólo por la protesta, sino por la lucha ardua, una lucha que sólo podremos dar si estamos organizados y tenemos claro nuestro objetivo: la transformación de esta sociedad, en la que una minoría violenta explota a los trabajadores, en donde ser pobre es una sentencia de muerte, donde ser campesino es sinónimo de esclavo, en una nueva sociedad, más justa y libre, sin explotación, sin hambre, sin tortura, ni represión política.

Desde la OLEP nuevamente hacemos el llamado a organizarnos y luchar , participemos en las protestas populares, escuchemos lo que los contingentes del pueblo en lucha están diciendo, hay que organizarnos desde nuestras colonias, hablemos con nuestros vecinos sobre los problemas que nos aquejan como comunidad y qué podemos hacer para exigir o plantear soluciones, en el trabajo organicémonos para exigir el respeto a nuestros derechos, leamos FRAGUA y compartamos la información, informémonos unos a otros, mantenernos informados puede ser el principio para la acción organizada. Vayamos más allá, discutamos qué sociedad queremos construir, porque ese debe ser el objetivo de la lucha, construir un nuevo futuro.

En mayo demos un nuevo empuje a la lucha popular, recuperemos nuestra memoria y nuestros referentes, desde las luchas sindicales hasta la lucha por la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos, y organicémonos, debemos crear referentes de organización permanente en todo lugar donde asome la cabeza la burguesía y sus políticas de despojo contra el pueblo trabajador. El presente es de lucha, hace falta sacudirnos el miedo en ser los primeros en empezar, debemos también aprender a continuar por los caminos que vamos trazando en las luchas cotidianas. Luchemos cada quien desde su trinchera, pero siempre tendiendo puentes entre nuestras luchas, organizando a cada paso, para que podamos impulsar nuestras acciones más allá de nuestras reivindicaciones inmediatas, con la mirada puesta sobre el objetivo final, la construcción del socialismo.

¡Contra el despojo neoliberal y la explotación capitalista; resistencia, organización y lucha por el socialismo!


NOTA: Este artículo fue publicado como EDITORIAL del No. 7 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 29 de abril de 2015.

El pueblo mexicano convocado a la emancipación después de Ayotzinapa



En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente de México. En materia económica, su agenda estaba orientada, en esencia, a profundizar el capitalismo neoliberal mediante la privatización de la industria petrolera y llevar adelante la destrucción de la economía popular.

De espaldas a la sociedad mexicana, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), llamaron a sus legisladores a cerrar filas en torno al Pacto por México y aprobar, cuanto antes, el paquete de reformas estructurales impulsado desde el exterior por las corporaciones multinacionales.

Hasta la fecha, el dinamismo de la economía mexicana brilla por su ausencia. En 2014, la tasa de crecimiento fue de apenas 2.1 por ciento, medio punto porcentual por debajo de la tendencia de largo plazo de 2.6 por ciento. Sin embargo, apenas hace 1 año, el gobierno de Enrique Peña Nieto pedía tiempo y paciencia frente a las voces críticas de su gestión: la ejecución adecuada de las reformas estructurales llevaría, a la brevedad, a una fase de expansión de la actividad económica.

En unas cuantas semanas, sin embargo, el panorama optimista se transformó radicalmente. La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 puso de manifiesto, entre otros elementos, la vigencia del terrorismo de Estado.

Pese a los esfuerzos de los poderes fácticos nacionales (Televisa, Tv Azteca, Milenio Tv, etcétera) por ocultar el carácter putrefacto de sistema político, las ocho columnas de la prensa internacional dieron cuenta de la extrema debilidad del sistema de administración y procuración de justicia.

De manera escandalosa, el caso Ayotzinapa desnudó las redes de corrupción y complicidad, así como los pactos de impunidad que imperan en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). La euforia empresarial alrededor del “Momento de México” se cayó a pedazos.

Para colmo de males, un par de meses antes de la masacre del Estado de Guerrero, el gobierno mexicano comenzó a sentir las consecuencias de la caída sostenida del precio del petróleo. De acuerdo con el diario británico The Financial Times, las expectativas de alta rentabilidad puestas en el proceso de privatización empezaron a perder fuerza.

La mezcla mexicana se ubica en la actualidad en 44.30 dólares por barril y, al menos en el corto plazo, difícilmente alcanzará los niveles de principios de la década de 2000. ¿Quién se animará a colocar sustantivas sumas de capital en una industria víctima de la deflación (caída de precios) en el plano internacional?

Las consecuencias de que el presupuesto público dependa de los ingresos petroleros saltan a la vista. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció a principios de año recortes al gasto por un monto de 124 mil millones de dólares, cifra que representa alrededor de 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Los ámbitos de la educación, ciencia y tecnología, salud, vivienda, entre otros, resultaron los más afectados en materia social.

Por añadidura, en medio de una mayor incertidumbre en los mercados financieros, la divisa estadounidense ha repuntado de manera inédita frente a las monedas de América Latina. Es indudable: la depreciación del peso mexicano repercute de manera negativa sobre el poder de compra de los salarios y aumenta la concentración del ingreso en el 1 por ciento de la población. Al mismo tiempo, la caída de la moneda disminuye el consumo de las familias y las perspectivas de inversión de las empresas.

Ante la fuga de capitales de corto plazo, el Banco de México se prepara para aumentar la tasa de interés de referencia y, con ello, ofrecer mayor rendimientos a los grupos de capital financiero trasnacional al costo de estrangular el financiamiento orientado a las actividades productivas en el plano interno.

El dólar estadounidense ronda ya en alrededor de 15 pesos y, no se descarta que las próximas semanas pueda sobrepasar la barrera de los 16. Luis Videgaray Caso, el titular de la SHCP, minimiza los efectos de la depreciación cambiaría con el argumento de que México gana competitividad frente al resto del mundo en los ámbitos del turismo y la manufactura.

En su diagnóstico, Videgaray Caso soslaya la dependencia de México a la economía estadounidense, así como el alto componente importado de los productos manufacturados en territorio nacional. Son los resultados de más de 3 décadas de apertura comercial indiscriminadas.

En definitiva, los costos de la fluctuación de la moneda pesarán, otra vez, sobre los trabajadores, ya sea a través de la disminución de los salarios o el aumento de la jornada laboral, es decir, un incremento de la plusvalía absoluta en términos de Carlos Marx. En cuanto a la división internacional del trabajo, una mayor subordinación a las exigencias del mercado mundial y reproducción ampliada de la dependencia.

Las protestas sociales van en aumento. Los casos de corrupción de la familia de Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano de colaboradores prenden fuego a la hoguera del autoritarismo. La sociedad mexicana, que padece crecientes dificultades económicas en medio de la crisis, no está dispuesta a seguir tolerando el uso indebido del ejercicio de la función pública.

Para llevar a cabo transformaciones de fondo, las izquierdas en México deben orientar sus esfuerzos a fortalecer sus vínculos con los movimientos sociales. Es urgente establecer alianzas que privilegien la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones. La batalla hay que ganarla en todos los frentes y no sólo en el ámbito electoral.

Privilegiar los diálogos horizontales sobre la verticalidad que pretenden imponer las estructuras partidistas edificadas alrededor de los caudillos. Hay que promover los círculos de estudio y reflexión, los cursos de formación política para jóvenes militantes: poner énfasis en el desarrollo de la conciencia de clase.

En conclusión, hay que adherir vitalidad a la lucha de clases que atraviesa la región latinoamericana. Después de los acontecimientos trágicos de Ayotzinapa, el pueblo mexicano está convocado, de manera urgente, a luchar por su emancipación…



Ariel Noyola Rodríguez es Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

lunes, 4 de mayo de 2015

Ayotzinapa: la digna rabia de un pueblo



Siete meses se han cumplido de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, y del artero asesinato de 6 personas (3 estudiantes normalistas). Hasta la fecha el Estado no proporcionado más que diferentes mentiras, ha pretendido montar diferentes escenarios con el fin de engañar a la sociedad y distraer la atención del hecho fundamental: la desaparición de los estudiantes normalistas es un crimen de estado.
Las historias casi fantásticas con que el gobierno ha intentado cubrir su responsabilidad, se han acompañado en todo momento con el incremento de la violencia represiva, el hostigamiento y persecución de quienes no aceptan quedarse sentados esperando que la justicia se establezca por mandato divino. Los padres de familia, el magisterio disidente organizado en la CETEG, la sociedad civil guerrerense y millones de mexicanos y ciudadanos del mundo, han mantenido vigente el reclamo y exigencia de la pronta aparición con vida de los estudiantes normalistas. Siete largos meses transcurridos y aún se ve lejos la posibilidad de establecer la justicia, en un claro caso más de impunidad por parte del Estado mexicano, en el que se encubre la verdad y se protege a los culpables materias e intelectuales cerrando el pacto entre el gobierno y el crimen organizado.

El estado de Guerrero esta marcado de forma particular por la violencia represiva de los gobernantes, en las décadas de 1960 y 1970 la guerra sucia desapareció a centenares de personas cuyo destino difícilmente se logre saber con certeza. En 1995 fueron masacrados campesinos desarmados en Aguas Blancas y en 1998 tuvo lugar un hecho similar en el Charco. En las últimas fechas recordemos que el 12 de diciembre de 2011, fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa, por parte de elementos de la Policía Ministerial en Chilpancingo, todo esto junto a un sinnúmero de casos de ejecuciones y de desapariciones forzadas. Estos casos son ejemplo del carácter estructural de la violencia de Estado. En Guerrero la presencia del ejército en las comunidades rurales e indígenas es común y forma parte de la vida cotidiana, representa claramente la impunidad en que se siguen reproduciendo diversas formas de violencia como el racismo y la transgresión sistemática de los más elementales derechos humanos, la existencia de cacicazgos es otro ejemplo de la complicidad entre gobierno y crimen organizado.

La historia de la Escuela Normal de Ayotzinapa se inscribe en la historia de lucha de las Escuelas Normales Rurales, que si bien fueron creadas como parte de la política de Estado, los años posrevolucionarios trajeron poco a poco enormes contradicciones entre su existencia y su supervivencia, pues las políticas educativas fueron alejándose cada vez más de su origen social, para dar paso a la actual realidad neoliberal. El proyecto educativo ruralista se ha visto amenazado desde décadas atrás, con el fin de diversos programas, el cierre de muchas Escuelas Normales y la tensión agudizada con el modelo político que privilegia la ganancia en detrimento de la comunidad y los aspectos sociales.

Después de más de cien años de que fueron creadas las Escuelas Normales Rurales, nuestro país cambio de un modelo de Estado de bienestar, a un Estado controlado con por poderes fácticos, el narcotráfico y la violencia organizada. Se paso de la defensa de la soberanía nacional a la entrega de los recursos naturales a los monopolios transnacionales. Se transitó de la reforma a la contrarreforma agraria y demás reformas estructurales que van sepultando toda herencia de la Revolución de 1910. La agresión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa es una paradoja, pues las Escuelas Normales Rurales fueron creadas precisamente para defender lo que representan y ahora son criminalizadas. Ayotzinapa representa la organización colectiva, el autogobierno y la lucha campesina. Los valores eminentemente sociales son los que se persiguen por el Estado y es Ayotzinapa un ejemplo de ellos, cuyo origen se encuentra en los ideales del socialismo mexicano.

La rabia que en estas fechas siente el pueblo de Guerrero es compartida por millones de mexicanos, que han sufrido en diferentes formas la explotación, marginación y represión que el modelo económico impone. Su rabia es digna pues es la que siente todo aquel que ve sus derechos pisoteados, y que sin embrago, no desiste, no se entrega y no permite que pasen sobre su dignidad. Ayotzinapa es ejemplo de resistencia. El no aceptar que se efectúen las elecciones no es más que reflejo de esa rabia acumulada. La farsa que significan las campañas políticas, las promesas y el despilfarro de recursos públicos, no puede ni dará solución al dolor de un pueblo que ha visto ser asesinados y desaparecidos sus hijos, hermanos y amigos. Votar o no votar no es una disyuntiva para quien ha perdido todo. La disyuntiva es como dar cauce a esa rabia de forma organizada y colectiva.

Familiares de desaparecidos regresaran a la oficina del senador Marco Rubio

El viernes pasado, 24 de abril, quince activistas de derechos humanos liderados por una representante de los familiares de los desaparecidos en México, llevaron a cabo una protesta en el interior de la oficina del Senador y candidato presidencial Marco Rubio en 284 Russell Senate Office Building, y presentaron una carta (texto completo más abajo) con dos peticiones. El personal del Senador Rubio prometió que el senador Rubio respondería personalmente a la carta antes del 1 de mayo de 2015. Los activistas pretenden volver a la oficina del senador Rubio mañana, 01 de mayo a las 10 de la mañana y permanecen allí hasta que reciban una respuesta a las demandas de la carta, incluyendo la demanda por una audiencia en el Subcomité que el Senador Rubio lidera en el Senado.

La carta fue escrita por Nansi Cisneros, en nombre de Ciencia Forense Ciudadana y Voces Contra el Olvido, dos organizaciones que representan a los familiares de los desaparecidos en México. Sra. Cisneros, un ciudadano estadounidense que reside en Los Ángeles, y su familia han estado buscando respuestas y justicia ya su hermano Javier fue desaparecido por la fuerza en México por un grupo de hombres vestidos con uniformes de la policía en 2013.

Las organizaciones pidieron senador Rubio (1) para utilizar su cargo de Presidente del Subcomité de la Cámara de Senadores el Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Mundiales de la Mujer, de convocar una audiencia sobre las violaciónes de los derechos humanos y desapariciones forzadas cometidos por el Estado mexicano, y (2) a "pronunciar su posición sobre la continuación del financiamiento, entrenamiento y armamento de las fuerzas de seguridad mexicanas por el gobierno de Estados Unidos."

El 24 de abril, el personal del senador Rubio dijo que ni el senador Rubio ni su asesor de política exterior estaban disponibles para hablar con la señora Cisneros y los otros activistas. Ellos, sin embargo, aceptar la carta, obtener información de contacto de la señora Cisneros, y garantizan que la señora Cisneros, y las organizaciones que representa, recibirían una respuesta del senador Rubio para el 1 de mayo de 2015. A partir de esta tarde, la señora Cisneros , integrante de Ciencia Forense Ciudadana, y fundador de Voces Conta el Olvido, no ha recibido ninguna comunicación del senador Rubio o su personal. Por lo tanto, la Sra Cisneros volverá a la oficina del senador Rubio mañana, 01 de mayo a las 9 AM. Sra. Cisneros no tiene intención de abandonar hasta que recibe una respuesta del senador Rubio a ambas demandas de la letra, como se ha garantizado por su personal la semana pasada.

"Mi familia y las familias de los desaparecidos en México merecen una respuesta del senador Rubio, que no sólo es un funcionamiento latino para el presidente, pero en la actualidad ocupa una posición importante en la aplicación de la guerra contra las drogas en México", dijo Cisneros. "Si obtenemos ninguna respuesta a la carta, yo sólo voy a sentar en su oficina y esperar hasta que lo hagamos. No me importa esperar ya he esperado un año y medio para las noticias de mi hermano."

Lo siguiente es el texto de la carta presentada al Senador Rubio, a través de su personal, el 24 de abril:
"Senador Rubio,

Le estamos entregando esta carta a nombre de Ciencia Forense Ciudadana y Voces Contra el Olvido, dos organizaciones compuestas de familiares de los desaparecidos forzosamente en México. Como uno de los primeros candidatos latinos a la presidencia de los Estados Unidos, y como presidente del subcomité del Senado sobre el hemisferio occidental, el crimen transnacional, la seguridad de los civiles, la democracia, los derechos humanos, y los temas globales de la mujer, le rogamos que reconozca públicamente el tremendo dolor que actualmente afecta a las comunidades mexicanas y centroamericanas en los Estados Unidos debido a la violencia de la guerra contra las drogas. También le pedimos que haga un pronunciamiento acerca de su posición sobre la continuación del financiamiento, la formación y el armamento de las fuerzas de seguridad mexicana por el gobierno norteamericano.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 ha enfocado la atención a los cientos de miles de otros actos de violencia y violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en México desde el 2006, cuando los gobiernos de los Estados Unidos y de México intensificaron la guerra contra las drogas. Los EE.UU. se han gastado más de 3 mil millones de dólares desde el año 2008 en la guerra contra las drogas en México solamente, y le han vendido más de 5 mil millones de dólares en armas a México durante este período. Más de 100.000 personas han sido asesinadas en actos de violencia relacionados con la guerra contra las drogas, y más de 25.000 han desaparecido forzadamente, cientos de miles obligados a huir de sus hogares, muchos de ellos huyendo a los EE.UU. como refugiados, y muchos de ellos se encuentran encarcelados en centros de detención por el lucro. Dado que tantos estadounidenses mexicanos y otras personas que viven en los EE.UU. están pidiendo que se corte toda la ayuda para la seguridad de México, debido a la participación de las fuerzas de seguridad en violaciones de derechos humanos, estamos deseosos de entender su posición sobre el tema



De acuerdo con el sitio web del Comité de relaciones exteriores del Senado, el subcomité sobre el hemisferio occidental, el crimen transnacional, la seguridad de los civiles, la democracia, los derechos humanos, y los temas globales de la mujer se ocupa de todos los asuntos con respecto a las relaciones de los Estados Unidos con los países del Hemisferio Occidental. Las responsabilidades regionales de este subcomité incluyen todos los asuntos en el área geográfica, incluyendo los asuntos relativos a: (1) el terrorismo y la no proliferación; (2) la delincuencia y las drogas ilícitas; (3) los programas de ayuda exterior de los Estados Unidos; y (4) la promoción del comercio y las exportaciones de los Estados Unidos ".

Usted ha presidido en dos audiencias como presidente del subcomité hasta ahora, una sobre los derechos humanos en Venezuela, y la otra sobre los derechos humanos en Cuba. Si los derechos humanos y las cuestiones de la mujer en el hemisferio realmente le preocupan, le pedimos que mire en forma responsable la catástrofe de derechos humanos en México al lado nuestro. Le instamos a que celebre una audiencia sobre las violaciones de derechos humanos, específicamente las desapariciones forzadas en México llevadas a cabo por el Estado mexicano.

De acuerdo con todas las medidas imaginables - la disponibilidad de las drogas, el encarcelamiento masivo, la detención de inmigrantes en masa, y el uso efectivo del dinero de los impuestos en los EE.UU.; las tasas de homicidios y violencia, la corrupción, el poder global de los carteles del narcotráfico, y las tasas de migración forzada en Centroamérica - la "guerra contra las drogas" ha sido un fracaso absoluto y costoso. Es hora, hace ya rato que es hora, de que el gobierno de los Estados Unidos asuma la responsabilidad verdadera por su papel en las causas fundamentales de la migración de México y Centroamérica. La región nunca se "curará" de sus males sin una re-evaluación honesta y basada en los hechos y una re-implementación de la política exterior de los EE.UU. como resultado.

En lugar de preocuparse por el cruce de la frontera sur por ISIS, se debería preocupar por los miles de refugiados, incluyendo a muchas familias, mujeres y niños, que están huyendo de México y de la América Central debido a las amenazas contra sus vidas por la violencia desatada por la guerra contra las drogas.

Usted también en el pasado ha declarado que es ofensivo el dividir a los cubanos del resto de la población latina en los Estados Unidos. Asumir públicamente una posición sobre la financiación continua por los EEUU de la guerra contra las drogas en México y América Central y convocar a una audiencia sobre violaciones de los derechos humanos y desapariciones forzadas por el Estado mexicano demostrará que usted también está tomando las violaciones de los derechos humanos en el hemisferio occidental y las opiniones de la mayoría de los latinos muy en serio.

Atentamente.
Nansi Cisneros

Más de 25 mil personas se encuentran desaparecidas, un 40% de las cuales con el actual gobierno



Flor Goche 

Hasta marzo de 2015, en el país se en-listaron oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De éstas, 10 mil 836 desaparecieron en lo que va del actual gobierno. El resto, es decir la mayoría, data de la administración de Felipe Calderón. Por su metodología, la base de datos gubernamental podría ocultar centenas de desapariciones, señalan organizaciones civiles. Esta realidad constituye “una verdadera tragedia nacional”, considera Santiago Corcuera, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

En agosto de 2014, el gobierno mexicano reconoció la existencia de 22 mil 611 personas “no localizadas”. Siete meses después, a marzo del año en curso, ya son 25 mil 821.

Más del 40 por ciento de las personas que a la fecha se encuentran en calidad de “no localizadas” (10 mil 836) desapareció en lo que va del actual gobierno: de enero de 2013 a marzo de 2015. Mientras que el 54 por ciento (13 mil 996) fue durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de personas que hasta el momento permanecen en calidad de desaparecidas, es decir, que no han sido encontradas vivas o muertas.

Estas cifras constan en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), que se alimenta de las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero federal como del común. El instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza únicamente a las personas que aún no han sido localizadas.

El 72 por ciento de las personas que actualmente se encuentran desaparecidas (18 mil 536) son varones. En tanto, el 59 por ciento (15 mil 294) están en edad productiva, y el 25 por ciento (6 mil 467) son menores de 19 años. Estos indicativos sobre el perfil de las 25 mil 821 “no localizadas” se desprenden de la estadística oficial.

El Rnped permite, asimismo, ubicar las entidades con los más altos índices de desaparición. Se trata, en primer lugar, de Tamaulipas, con 5 mil 479 casos. Le siguen Jalisco, con 2 mil 248; Estado de México, con 2 mil 74; y Nuevo León, con 2 mil 21.

En febrero pasado, México fue examinado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como parte de sus observaciones finales, éste advirtió un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.

“Una verdadera tragedia nacional”, así se refiere Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a la dimensión que ha alcanzado el fenómeno de la desaparición de personas en México.

En entrevista con Contralínea, y bajo la aclaración de que los comentarios que emite son a título personal, el maestro en derecho por la Universidad de Cambridge dice que, en aras de desarrollar las medidas adecuadas y efectivas para la erradicación de las desapariciones, el Estado mexicano debe reconocer la dimensión del problema, tal como se lo recomendó, en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.

Sin embargo, a la fecha, el gobierno mexicano sigue sin reconocer la magnitud de la problemática en cuestión, además de que le ha faltado voluntad para resolverla, señala Corcuera Cabezut.

A decir del exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, el origen de la tragedia de las desapariciones en territorio mexicano data de 2006, luego del “espiral de violencia” que desató la “guerra contra el narcotráfico”, política de seguridad ejercida por Felipe Calderón a través del empleo de las Fuerzas Armadas.

Registro oficial podría ocultar cientos de desapariciones

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no reflejaría la totalidad de las desapariciones que ocurren en el país. Las razones son diversas: no incluye a las personas que ya fueron localizadas; no da cuenta de los casos que carecen de denuncia ante la autoridad; respecto de los hechos que constan en el fuero federal, sólo contempla las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2014 y 2015.

Un ejercicio realizado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila permite entrever las desapariciones en México. De un total de 147 casos que tienen averiguación previa en la PGR, la organización civil encontró que tan sólo 23 constan en el Rnped. De acuerdo con este parámetro, en ese caso la base de datos oficial ocultó el 84 por ciento de los casos de desaparición.

A este subregistro habría que adherir los casos que no constan en los expedientes judiciales porque, como explica Corcuera Cabezut, los familiares o seres queridos de la persona desaparecida no siempre denuncian. Esto ocurre, precisa el experto, principalmente por temor o por el trato de “hostigamiento terrible” que reciben en su intento de exponer los hechos ante la autoridad ministerial.

Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, comenta que la base de datos gubernamental no es “muy confiable”, dada su falta de rigor técnico y su “rudimentaria metodología” de recopilación de información. Es así, asegura, que dicho registro no refleja el número real de desaparecidos a nivel nacional.

Derivado de un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en 2011 el gobierno mexicano empezó a construir una base de datos de personas no localizadas basada en información de las procuradurías y fiscalías locales. Al 30 de noviembre de 2012, es decir, en vísperas del fin del sexenio de Felipe Calderón, ésta llegó a acumular un total de 26 mil 121 registros.

De acuerdo con información difundida por la PGR, la base de datos oficial sería depurada y actualizada por la administración de Enrique Peña Nieto a partir de la eliminación de los nombres de las personas ya localizadas y de la identificación de homonimias o registros duplicados. Es así que, a marzo del año en curso, constan en el registro gubernamental 25 mil 821 casos de personas no localizadas.

A principios de 2012 se expidió la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual regula la operación, funcionamiento y administración del Rnped. La aplicación de la misma corresponde al Ejecutivo federal, a través del Secretariado Ejecutivo, quien tiene la obligación de publicar el registro actualizado en su página electrónica.

En febrero pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU externó su preocupación por la falta de reglamentación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y por el hecho de que el Rnped no diferencia entre las desapariciones perpetradas por particulares y las forzadas, es decir, aquellas que son obra de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.

“Mientras toma nota de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al Comité le preocupa su falta de reglamentación, así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada.”

Los expertos de la ONU recomiendan al Estado mexicano contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que, como mínimo, refleje de forma exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, al contemplar datos como sexo, edad, nacionalidad, así como lugar y fecha de desaparición; incorpore información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de un hecho sin participación alguna de agentes estatales; permita generar datos estadísticos respecto de los casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; sea completado con base en criterios claros y homogéneos, y actualizado permanentemente.