Siete meses se han cumplido de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, y del artero asesinato de 6 personas (3 estudiantes normalistas). Hasta la fecha el Estado no proporcionado más que diferentes mentiras, ha pretendido montar diferentes escenarios con el fin de engañar a la sociedad y distraer la atención del hecho fundamental: la desaparición de los estudiantes normalistas es un crimen de estado.
Las historias casi fantásticas con que el gobierno ha intentado cubrir su responsabilidad, se han acompañado en todo momento con el incremento de la violencia represiva, el hostigamiento y persecución de quienes no aceptan quedarse sentados esperando que la justicia se establezca por mandato divino. Los padres de familia, el magisterio disidente organizado en la CETEG, la sociedad civil guerrerense y millones de mexicanos y ciudadanos del mundo, han mantenido vigente el reclamo y exigencia de la pronta aparición con vida de los estudiantes normalistas. Siete largos meses transcurridos y aún se ve lejos la posibilidad de establecer la justicia, en un claro caso más de impunidad por parte del Estado mexicano, en el que se encubre la verdad y se protege a los culpables materias e intelectuales cerrando el pacto entre el gobierno y el crimen organizado.
El estado de Guerrero esta marcado de forma particular por la violencia represiva de los gobernantes, en las décadas de 1960 y 1970 la guerra sucia desapareció a centenares de personas cuyo destino difícilmente se logre saber con certeza. En 1995 fueron masacrados campesinos desarmados en Aguas Blancas y en 1998 tuvo lugar un hecho similar en el Charco. En las últimas fechas recordemos que el 12 de diciembre de 2011, fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa, por parte de elementos de la Policía Ministerial en Chilpancingo, todo esto junto a un sinnúmero de casos de ejecuciones y de desapariciones forzadas. Estos casos son ejemplo del carácter estructural de la violencia de Estado. En Guerrero la presencia del ejército en las comunidades rurales e indígenas es común y forma parte de la vida cotidiana, representa claramente la impunidad en que se siguen reproduciendo diversas formas de violencia como el racismo y la transgresión sistemática de los más elementales derechos humanos, la existencia de cacicazgos es otro ejemplo de la complicidad entre gobierno y crimen organizado.
La historia de la Escuela Normal de Ayotzinapa se inscribe en la historia de lucha de las Escuelas Normales Rurales, que si bien fueron creadas como parte de la política de Estado, los años posrevolucionarios trajeron poco a poco enormes contradicciones entre su existencia y su supervivencia, pues las políticas educativas fueron alejándose cada vez más de su origen social, para dar paso a la actual realidad neoliberal. El proyecto educativo ruralista se ha visto amenazado desde décadas atrás, con el fin de diversos programas, el cierre de muchas Escuelas Normales y la tensión agudizada con el modelo político que privilegia la ganancia en detrimento de la comunidad y los aspectos sociales.
Después de más de cien años de que fueron creadas las Escuelas Normales Rurales, nuestro país cambio de un modelo de Estado de bienestar, a un Estado controlado con por poderes fácticos, el narcotráfico y la violencia organizada. Se paso de la defensa de la soberanía nacional a la entrega de los recursos naturales a los monopolios transnacionales. Se transitó de la reforma a la contrarreforma agraria y demás reformas estructurales que van sepultando toda herencia de la Revolución de 1910. La agresión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa es una paradoja, pues las Escuelas Normales Rurales fueron creadas precisamente para defender lo que representan y ahora son criminalizadas. Ayotzinapa representa la organización colectiva, el autogobierno y la lucha campesina. Los valores eminentemente sociales son los que se persiguen por el Estado y es Ayotzinapa un ejemplo de ellos, cuyo origen se encuentra en los ideales del socialismo mexicano.
La rabia que en estas fechas siente el pueblo de Guerrero es compartida por millones de mexicanos, que han sufrido en diferentes formas la explotación, marginación y represión que el modelo económico impone. Su rabia es digna pues es la que siente todo aquel que ve sus derechos pisoteados, y que sin embrago, no desiste, no se entrega y no permite que pasen sobre su dignidad. Ayotzinapa es ejemplo de resistencia. El no aceptar que se efectúen las elecciones no es más que reflejo de esa rabia acumulada. La farsa que significan las campañas políticas, las promesas y el despilfarro de recursos públicos, no puede ni dará solución al dolor de un pueblo que ha visto ser asesinados y desaparecidos sus hijos, hermanos y amigos. Votar o no votar no es una disyuntiva para quien ha perdido todo. La disyuntiva es como dar cauce a esa rabia de forma organizada y colectiva.
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