La Noche de Iguala el Derrumbe de la "Verdad Historica" #Ayotzinapa

La “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam –aquella que nos aseguró que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido incinerados en el basurero de Cocula– simplemente se derrumbó.

Paso a paso, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –con todos y cada uno de los datos soportados en información pública y oficial– mostró una realidad distinta a la presentada en octubre del año pasado por el entonces procurador General de la República.

Con una relatoría de hechos más completa –sin tantas lagunas como la de Murillo en la descripción de los sucesos acontecidos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27– y un análisis riguroso del expediente mismo, además de algunas declaraciones que ellos mismos obtuvieron, los expertos dejaron varias cosas en claro.

A saber, por principio:

–Ante la imposibilidad de entrar a Chilpancingo (patrullas impedían el paso), los normalistas eligieron enfilar hacia Iguala –para tomar autobuses con vistas a la celebración del 2 de octubre en el DF– por su cercanía con la Ciudad de México.

–Desde las 17:59 horas, vía el C4, todas las fuerzas (municipales, estatales, federales) y el 27 Batallón del Ejército estaban informados de que los jóvenes normalistas se desplazaban de Chilpancingo hacia Iguala.

–Cuando un grupo de 13-14 estudiantes llega a la Central de Iguala en uno de los autobuses (las 20:15 horas), el evento político en el que la esposa de José Luis Abarca rendía su informe había concluido.

–Ninguno de los muchachos portaba armas (se defendieron con piedras en un momento dado), ni agredieron a la población civil.

Es decir, no hubo posibilidad de confusión alguna. Todas las fuerzas policiacas sabían que se trataba de normalistas, y la razón de su actuación –el ataque a los jóvenes– no fue para proteger a Abarca, ni a la población civil.

En la investigación de la PGR, apuntan, “hay contradicción muy evidente” en las posibles motivaciones de los ataques a los normalistas.

OPERATIVO DIRIGIDO Y UN AUTOBÚS FANTASMA.- Algo muy importante: los expertos detectaron, por las declaraciones de varios y los sucesos mismos, que el operativo de las policías aquella noche infausta “fue dirigido por una persona aún no identificada”, que se encontraba en el centro de Iguala.

“Hay un nivel de coordinación, alguien impartía las órdenes desde Iguala”, sostienen.

El grupo de expertos del GIEI –Francisco Cox (Chile), Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beristáin (España), Claudia Paz (Guatemala), Alejandro Valencia (Colombia)– llamó la atención sobre un quinto autobús que no aparece en la investigación de la PGR.

Ponen énfasis en él porque piensan que ese autobús –que tomaron los jóvenes al azar en la Central– “puede tener que ver con los motivos de la agresión a los normalistas”, dado que encontraron otro caso, ocurrido en Iguala, en el que se utilizaron autobuses para el traslado de narcóticos.

IMPOSIBLE LA INCINERACIÓN EN EL BASURERO.- Esta fue la parte más dura y documentada de los expertos independientes. La que echa abajo la tesis de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Llevaron hasta el lugar a uno de los más importantes expertos del mundo en el manejo de fuegos, el peruano José Torero –graduado de la Universidad de Berkeley y actualmente miembro del Departamento de Ingeniería y Fuego de la Universidad de Queensland, Australia– para analizar la escena.

No entraremos en detalles, sólo apuntaremos algunas de sus conclusiones. Para incinerar a los 43 se requerían: 30 mil kilogramos de madera, 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y un tiempo de 60 horas. La llama se habría alzado siete metros y el humo alcanzado los 300 metros de altitud.

Nada de eso hubo. Por añadidura, en la vegetación adyacente el peruano no vio signos de quema de madera. De hecho, les expuso, por la composición geográfica del basurero, la llama tendría que haberse inclinado hacia el plástico que había y habría producido un incendio forestal. Los muchachos, pues, no fueron incinerados ahí.

GEMAS: Obsequio de la procuradora Arely Gómez tras la investigación de los expertos del GIEI sobre Ayotzinapa: “Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un grupo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”.

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Ayotzinapa: ¿qué sigue?

Con la presentación el pasado domingo del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca de sus investigaciones en el caso de Iguala, no sólo este expediente sino la defensa de los derechos humanos mismos han entrado en una nueva etapa. Si bien es cierto que el Informe Ayotzinapa, como lo denominaron los expertos, no llega hasta su propósito último, dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, sí logra desenmarañar la red de ocultamientos y falsificaciones en la que incurrieron diversas autoridades en torno a los sangrientos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Demostraron fehacientemente que, por la vía andada por la Procuraduría General de la República — primordialmente en el periodo de Jesús Murillo Karam—, no se encontraría la verdad.

La acción del grupo especial de expertos tiene pocos precedentes. Los que podemos rastrear más visiblemente se refieren a la búsqueda de desaparecidos y asesinados bajo gobiernos de dictadura militar en distintos países; pero no en regímenes pretendidamente democráticos, como corresponde al de México. Este solo hecho marca un hito en las luchas por los derechos humanos en el contexto internacional. En naciones como Uruguay, la Argentina, Guatemala y otros, las pesquisas han conducido a enjuiciar a altos mandos del ejército y aun a ex presidentes militares que actualmente purgan prisión. Hoy, la pregunta es si en México se podrá llegar, dada la densidad del tejido institucional desplegado en torno al caso, a una situación semejante.

Y es que en el expediente destaca la existencia de ocultamientos de información importante en las pesquisas oficiales: el seguimiento en tiempo real a los autobuses en que se trasladaban los normalistas por el C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, a través del que se coordinan las acciones de las corporaciones federales y estatales de seguridad y el Ejército); la presencia, durante los ataques a los normalistas, de elementos de la Policía Federal, la Policía Militar, el Ejército y la Inteligencia Militar; la existencia de un quinto autobús, de la línea Estrella Roja, tomado por los normalistas pero excluido de la escena de los hechos y de las investigaciones de la PGR; también la intervención por la Sedena de las comunicaciones en el lapso después del primer ataque a los estudiantes y durante el segundo ataque, a las que al GIEI no se dio acceso; la destrucción de grabaciones hechas por las cámaras de seguridad en las carreteras aledañas; la presencia de personal militar la noche misma de los trágicos acontecimientos en el hospital a donde los normalistas llevaron a sus heridos; la imposibilidad de entrar a las instalaciones del cuartel de la 27ª. Zona Militar y de entrevistar a los militares involucrados.

Pero sobre todo se ha mostrado como una gran mentira oficial lo que la PGR, en sus informes públicos del 7 de noviembre de 2014 y enero de 2015 presentó como una “verdad histórica”: que los muchachos fueron asesinados por el grupo delincuencial Guerreros Unidos, al que los entregó la policía municipal de Iguala, sus cuerpos incinerados en una gran pira a cielo abierto, durante una noche lluviosa, en el basurero del municipio de Cocula, y los restos que quedaron, lanzados en bolsas de plástico a un río. Los expertos, auxiliados por el perito en dinámica de fuego peruano José Torero, llegaron a la conclusión de que ese escenario, descrito en su momento por Murillo Karam, es física y científicamente imposible.

En conclusión, no hay aún evidencias de qué pasó realmente con los 43 jóvenes, a pesar de que la misma PGR presentó en su momento un hueso calcinado que en los peritajes sí fue identificado por científicos austriacos como perteneciente a uno de ellos.

Pero con su opacidad, es el propio gobierno federal, particularmente, la PGR, el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional, Cisen, y la Sedena, ha quedado involucrado, al menos en el nivel de complicidad con los crímenes de Iguala. ¿Por qué la PGR llegó a conclusiones tan absurdas, reñidas con la evidencia científica pero que en realidad intentaban dar por cerrado el expediente del paradero real de los normalistas? ¿Por qué la obcecación de la Sedena en no abrirse a las indagaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como del grupo de la CIDH? ¿Qué pasa con la información de inteligencia recabada por el Cisen en torno al caso a través de sus complejos sistemas de detección y espionaje? ¿De dónde obtuvo la PGR un hueso quemado que sí perteneció a uno de los secuestrados?

E GIEI ha expuesto una nueva hipótesis, no investigada hasta ahora. Todo el operativo policiaco (y acaso militar) del 26 de septiembre pudo tener como motivación principal el impedir que salieran de Iguala los autobuses tomados por los estudiantes para usarlos el 2 de octubre en una manifestación, particularmente el quinto, pues según información de la DEA de Chicago, el cártel Guerreros Unidos usa esos vehículos para transportar cargamentos de cocaína que llegan hasta esa ciudad del norte de los Estados Unidos y para traer el botín obtenido. Pero en la macabra operación no participaron sólo, ni principalmente, los miembros del grupo delincuencial, sin una logística suficiente, sino las policías municipal, ministerial y federal, e incluso elementos militares.

El narcotráfico y el escarmiento a los estudiantes podrían haber sido las causas de la brutal agresión de los policías municipales de Iguala y sus posibles acompañantes de otras corporaciones, y de la saña desplegada no sólo en el acto de la desaparición forzada de los 43 sino también en la brutal tortura, asesinato y exhibición del cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes.

De investigarse y confirmarse dicha hipótesis, afloraría la corrupción de los cuerpos policiales de elite y al de las propias fuerzas armadas y su vinculación con el trasiego de drogas al que supuestamente combaten. Pero no sólo eso; de las indagaciones del GIEI también se derivan las consecuencias de un régimen amoldado y habituado a la complicidad con las violaciones a los derechos humanos. En el caso de Iguala, aun las más altas esferas del poder político parecen apegarse a ese patrón de ocultamiento y aun de tergiversación de la información para evitar señalar responsabilidades.

Como se desprende de la presentación de un resto óseo verdadero por la PGR, los responsables de ésta saben con certeza dónde fueron a parar los 43 estudiantes desaparecidos, y probablemente muchos elementos más, claves para el esclarecimiento de las causas, el desarrollo y ocultamiento de los hechos.

No en balde las más importantes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han demandado al gobierno mexicano llevar ante la justicia a los funcionarios y ex funcionarios que condujeron la fallida investigación de Ayotzinapa. Un mínimo de congruencia con la nueva posición anunciada por Enrique Peña al dar instrucciones a “las dependencias” del gobierno mexicano de analizar y tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el GIEI —que, por su parte, la OEA de inmediato ha hecho suyas a través de su secretario general Luis Almagro en un significativo mensaje ante el Senado de la República—, indicaría que así debe ser. A la impunidad de los criminales —o de una parte de ellos— no debe sumarse la impunidad de sus encubridores.

El viraje dado al caso Ayotzinapa no se debe sólo a la dedicación y profesionalismo de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: Carlos Beristáin (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Ángela Buitrago y Alejandro Valencia (Colombia). Mucho debe también a la abnegada e inquebrantable decisión de los padres de los asesinados y desaparecidos ese 26-27 de septiembre, de sus compañeros de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” y de las numerosas redes de apoyo que en el país y en el extranjero se han formado para que este oprobioso caso no se olvide ni sea tratado con menosprecio o ignorado como tantas otras violaciones graves a los derechos humanos por las instancias encargadas de protegerlos. Nunca más, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-12124

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