La convicción libertaria del pueblo de Guerrero se yergue de pie frente a la ignominia de la clase política. Las luchas de ese valeroso pueblo que nos diera patria y Constitución han sido traicionadas a manos de un partido construido desde abajo y corrompido desde arriba: el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se equivocan, sin embargo, quienes buscan en esa entelequia al culpable de la ignominiosa masacre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La burocracia perredista no se compone sino de viles operadores de los peores intereses neoliberales. Hoy los verdaderos dueños de las rentas políticas y económicas del estado se encuentran en el príismo caciquil y mafioso gestado durante las décadas de los años 70 con la guerra sucia y hoy abiertamente coludido con el crimen organizado.
En Guerrero, los apellidos Figueroa, Aguirre, Ruiz Massieu, Juárez Cisneros y otros más evocan lo mismo que los apellidos Hank González, Montiel Rojas, Peña Nieto, Del Mazo y Chuayffet en el estado de México. Ambos conjuntos de familias, el grupo Atlacomulco y la cofradía de los caciques guerrerenses, nunca han respetado las reglas de la democracia y siempre han mostrado un profundo desprecio para el pueblo mexicano. Ambos grupos son los verdaderos culpables de esta barbarie.
Los heroicos estudiantes de Ayotzinapa representan el último reducto de quienes han defendido lo que consagra la Constitución: una educación pública, laica y gratuita. Frente al neoliberalismo y la privatización devastadora, los jóvenes guerrerenses han representado con esmero el espíritu de lucha revolucionaria, cardenista y campesina, esa superioridad moral de la educación humanista que está siendo hoy hostigada con la represión y la muerte.
Son risibles las cobardes declaraciones del Presidente de la República delegando la responsabilidad en el gobernador, y éste a su vez ofreciendo un millón de pesos para encontrar al alcalde de Iguala. En el ridículo juego a la papa caliente que Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero están escenificando, ambos repiten como loros el famoso ¿y yo por qué? foxista.
La pirámide de corrupción e irresponsabilidad parecería funcionar así: a. El presidente priísta le echa la culpa a b. el gobernador perredista, y éste a su vez responsabiliza a c., el alcalde narcotraficante. Eureka, parecen gritar los políticos corruptos: la casa de la corrupción pública se ha salvado porque la responsabilidad ha caído en el ámbito privado, en donde no habría necesidad alguna por rendir cuentas ni ofrecer justicia a nadie.
En eso consiste el verdadero proyecto neoliberal: el vaciamiento del Estado para convertirlo en una fábrica de empobrecimiento, desempleo, violencia y convulsión económica y social, y lo mejor de todo para ellos, sin ninguna necesidad de rendir cuentas. La entrega de pedazos del territorio nacional a los narcotraficantes constituye la contracara del reparto de las reservas petroleras a las trasnacionales rapaces.
Quien ya se frota las manos para recibir la corona neoliberal es el desprestigiado saltimbanqui de Armando Ríos Piter. Este antiguo funcionario foxista y ex asesor de Francisco Gil Díaz, a quien le encanta departir y convivir con Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón, tiene claros vínculos con los peores intereses del estado y una convicción neoliberal a prueba de todo. La llegada de una persona de este perfil a la gubernatura del estado solamente podría empeorar la situación.
El estado de derecho yace masacrado en nuestro país, no en una fosa clandestina, sino en la fosa común del neoliberalismo y el racismo. Es obligación de todos apoyar a los jóvenes de Ayotzinapa y al pueblo e Guerrero para exigir justicia y gritarle fuerte a este desgobierno entreguista: ¡Que se vayan todos!
Twitter: @Irma_Sandoval
Irma Eréndira Sandoval es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM donde coordina el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California, Santa Cruz, economista por la UNAM y Socióloga por la UAM, con estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y una segunda maestría en Ciencia Política por la Universidad de California. Es especialista en temas de corrupción, y de transparencia y rendición de cuentas.
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