domingo, 23 de agosto de 2015

La militarización de Oaxaca y el magisterio



Luis Hernández Navarro
La Jornada

En Oaxaca, mil gendarmes cambiaron fusiles por brochas. En lugar de combatir al crimen organizado fueron enviados a pintar escuelas, arreglar tuberías y cortar el pasto; en vez de proteger a la población de la delincuencia se les ordenó remozar escuelas.
El pasado 12 de agosto, durante su primer día de actividades en la primaria Vicente Guerrero del municipio de Santa María del Tule, los uniformados no reportaron bajas, aunque sí algunos inconvenientes. Acostumbrados a manejar armas tuvieron dificultades para encender las podadoras y para distinguir qué punta de los rastrillos utilizar para barrer la hierba.

Sufrieron también un tipo muy peculiar de emboscada. Cuando se presentaron con los directivos de la secundaria federal 64 para ver sus requerimientos, éstos respondieron con una lista muy puntual: dos aulas nuevas, 30 computadoras, un salón de artes y cableado. La respuesta de la Gendarmería fue negativa. A pesar de que el gobierno federal anunció que destinaría mil millones de pesos para reparar la infraestructura, sólo puede ofrecer personal para podar los árboles, hacer limpieza y pintar paredes.

Para los estrategas gubernamentales la reacción de la secundaria federal 64 fue un inesperado fracaso. Comenzaron su campaña de remozamiento escolar en Santa María del Tule precisamente porque el movimiento magisterial es allí relativamente débil: la relación entre las autoridades locales y los maestros dista de ser tersa. Quienes laboran en las escuelas de esa localidad participan en las protestas de manera restringida, usualmente mediante comisiones, pues el municipio no les permite suspender actividades. Pero, a pesar de ello, en esa secundaria el plan de la Gendarmería no pudo avanzar.

No es el único caso. Lejos de suscitar la adhesión de los padres de familia, la llegada de los gendarmes a las escuelas causó malestar y desconfianza. Soledad del Rocío Ramos, vocera de la Coordinadora Estatal de Madres y Padres de Familia, advirtió: Los policías deben estar en las calles, buscando delincuentes, garantizando la seguridad. En nada nos interesa que estén adentro de las escuelas. Vamos a rechazar la llegada de los policías a las escuelas.

Para muchas comunidades oaxaqueñas, que padecen la precariedad y la falta de empleo, la labor de los uniformados en los centros escolares es una grosería. En sus pueblos hay jardineros, albañiles, plomeros, electricistas, balconeros, arquitectos e ingenieros. ¿Por qué no darles trabajo a ellos?

Las Jornadas de Dignificación de Escuelas en Oaxaca son la cara amable de la militarización de la entidad para tratar de doblegar la resistencia del magisterio a la reforma educativa. Son un eslabón más de una estrategia decidida en Los Pinos, inaugurada una semana antes de los comicios del 7 de junio, y que el gobierno estatal quiere disfrazar solicitando a los poderes de la Unión a posteriori, el patrullaje y vigilancia de elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.

En los hechos, el envío de tropas y las rondas en las calles han creado una especie de estado de sitio, sin tener autorización legal para ello. Lejos de proporcionar seguridad, la presencia de soldados y policías en centros comerciales, hoteles y lugares de convivencia colectivos ha generado una creciente irritación entre los habitantes de la ciudad de Oaxaca. Los uniformados alteran la convivencia diaria. Los incidentes entre ciudadanos de a pie y elementos castrenses que actúan con prepotencia, se emborrachan o consumen estupefacientes se multiplican día a día.

También forma parte de esta campaña la pretensión de movilizar a funcionarios del registro civil y a las autoridades municipales en la cruzada contra los profesores, en favor de la reforma educativa y en defensa del nuevo Ieepo. La maniobra no ha tenido éxito. Alcaldes y cabildos se niegan a enfrentarse contra los docentes.

Para aislar a los trabajadores de la educación de los padres de familia y las comunidades –sus aliados naturales–, el gobierno federal no ha dudado en utilizar los programas de combate a la pobreza. Bajo amenazas y presiones, madres beneficiarias del Progresa han sido acarreadas a reuniones en que Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ataca a los maestros.

Simultáneamente, en los encuentros contra los maestros democráticos, la secretaria, de la mano del priísta Héctor Pablo Ramírez Puga, aspirante a la gubernatura del estado y antiguo colaborador del ex mandatario local Ulises Ruiz, ha anunciado que la leche distribuida por Liconsa costará un peso.

El uso faccioso de los programas sociales por Rosario Robles ha sentado muy mal entre maestros y padres de familia. Algunas de las reuniones de la secretaria fueron canceladas por las protestas de los docentes; en otras, beneficiarias de Progresa denunciaron que fueron presionadas y amenazadas para asistir. Sin ambigüedad alguna, Soledad del Rocío Ramos, vocera de los padres de familia, dijo a la titular de Sedesol: Lástima que sea en voz de una mujer, que siendo madre no cuide de nuestros hijos, y se preste al anuncio perverso para servirle al gobierno federal y estatal en esta guerra que tienen contra los maestros.

Hasta hoy, la estrategia gubernamental de militarizar el estado y confrontar a padres de familia con maestros ha resultado fallida y contraproducente. A pesar de la presencia masiva de uniformados y helicópteros, decenas de miles de trabajadores de la educación marcharon con orden y disciplina, repeliendo provocaciones, tanto el 27 de julio como el 14 de agosto, en la ciudad de Oaxaca. No obstante el clima represivo en su contra, el movimiento conserva su disposición de lucha, unidad y capacidad de convocatoria.

Convertir un problema educativo en un asunto policiaco-militar, instigar la animadversión de las comunidades contra sus maestros y alimentar la crispación de la sociedad oaxaqueña no augura nada bueno. El mensaje que se manda al país es terrible. Como dicen cientos de pancartas en las manifestaciones: El Chapo no está en Oaxaca. Los profesores son un factor de gobernabilidad en la entidad. Si los humillan pueden transformarse en todo lo contrario.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/18/opinion/019a1pol

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