jueves, 14 de septiembre de 2017

Ayotzinapa Cartografía de la Violencia



La agencia de investigación Forensic Architecture con sede en la Universidad de Londres, en colaboración con el Centro Prodh, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), presentan una plataforma cartográfica interactiva visual, que por primera vez detalla los ataques que llevaron a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 




viernes, 14 de abril de 2017

30 meses de Ayotzinapa entre la inmoralidad y el cinismo




Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Una vez más el ahora aprendiz de secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y su séquito de lacayos en el Senado de la República, junto a otros países de la Organización de Estados Americanos(OEA), todos caracterizados por su obsceno servilismo al gobierno de Estados Unidos. Violan los principios de soberanía y autodeterminación que tienen los pueblos al ir una vez más a meter sus narices en Venezuela para exigirle elecciones “democráticas”.
Las declaraciones de la presidenta de la comisión de relaciones exteriores para América Latina y el Caribe, Mariana Gómez del Campo, no dejan lugar a dudas los niveles de inmoralidad que tienen los senadores de la República al no solo atacar al primer país en el mundo que manifestó su solidaridad incondicional frente a los ataques de Donald Trump, “si se meten con México se meten con Venezuela”, expresó en su momento el presidente Nicolás Maduro, sino que encima le exige la liberación de “presos políticos” en momentos en los que las violaciones a los derechos humanos en México son el deporte nacional.

Mientras esa clase política de pasarela y aprendices mediocres de política exterior, pero sobre todo alumnos de primera del imperialismo, sigue avergonzando a los mexicanos, la realidad es contundente y concreta: en México hay crímenes de Estado. Son miles y miles los desaparecidos, miles de feminicidios, miles de crímenes contra el pueblo, cientos de presas y presos políticos y cientos de dirigentes sociales perseguidos y asesinados que señalan como autores intelectuales y materiales de esa violencia dantesca desde el crimen organizado (brazo armado no oficial del estado), hasta las Fuerzas Armadas, quienes hoy se lavan las manos retando al pueblo a presentar “pruebas” de sus crímenes.

Son ya 30 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los mismos 30 meses en los que el gobierno mexicano sigue inventándose artimañas sociales y legales para evadir su responsabilidad en el crimen. Hoy los empleados de la Secretaría de Gobernación tienen la asombrosa y erudita “hipótesis” de que la “verdad histórica” es la única respuesta (la “verdad histórica” dice que los estudiantes fueron quemados en un basurero). Una “verdad” desechada incluso científicamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al no encontrarse evidencias forenses que probaran que 43 cuerpos pudieran ser incinerados en el basurero de Cocula. Una “hipótesis” que regresa la investigación al principio y en donde el gobierno mexicano insiste en lavarse las manos.

Hoy, lo cierto es que el dolor y la rabia de madres y padres de los normalistas desaparecidos, de los tres asesinados y los dos heridos, que exigen justicia y verdad, se va diluyendo en la respuesta de la sociedad con el pasar del tiempo. Aquellas organizaciones que en su momento se volcaron en grandes muestras de solidaridad, han ido poco a poco abandonando la lucha por la presentación y justicia para los 48 normalistas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido profético cuando manifestó que de 100 solo quedaría uno acompañándolos, los demás buscarían otro movimiento social de “moda” para ir a manifestarse y si no fuera suficiente, políticos y partidos los tratarían de usar como bandera política. Triste realidad que comienza a suceder. Sin embargo, adherentes a la Sexta, colectivos y ciudadanos, durante el encuentro con madres y padres de los normalistas, sumados a la voz del EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI), ratificaron su solidaridad y acompañamiento en esta lucha por la presentación con vida, por la justicia y por el respeto a la vida, a 30 meses de aquella fatídica noche del 26 de septiembre del 2014. Una lucha que no solamente se limita a Ayotzinapa, sino a toda una nación que está siendo testigo y víctima de un puñado de cobardes causantes del desmoronamiento de nuestra patria. Así que, ¿dónde están las declaraciones de “democracia” y “derechos humanos” sobre el tema, por parte de estas senadoras de la República que, junto al aprendiz de política exterior, se encuentran muy “indignadas” y “preocupadas” por los derechos humanos en otros países?



¿Qué logra Ayotzinapa boicoteando a AMLO?

Marco Dávila
Rebelión


La posición política de querer meter a AMLO y MORENA en el costal de asesinos materiales e intelectuales de la noche de Iguala es una cosa ridícula que sólo le da un respiro de alivio más a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición de nuestros 43 compatriotas.

De las decenas y decenas de eventos que AMLO realiza por toda la República Mexicana, y de vez en cuando por los Estados Unidos, jamás han habido boico ts por parte de movimientos de izquierda, menos aún de los padres de familia de los 43, ni de los sobrevivientes de Ayotzinapa.

¿De cuándo acá está en la agenda del movimiento de Ayotzinapa el boicotear a AMLO y a MORENA? ¿Cuándo fue que AMLO y MORENA se convirtieron en un peligro para Ayotzinapa? ¿Desde qué momento son MORENA y AMLO quienes tienen que pagar por la podredumbre del sistema político mexicano? ¿De cuándo acá MORENA es igual al PRI?

Los eventos donde AMLO se ha presentado en varias ciudades de EEUU, son organizados por militantes de MORENA, mayoritariamente gente de bajos recursos, activistas, indocumentados, mexicanos conscientes, gentes que no somos ni nos creemos inmaculados.

Al boicotear a AMLO y MORENA, aunque suene pedante, este grupo de activistas en Nueva York boicotearon a millones de mexicanos que creemos tener una última oportunidad civil-pacífica-electoral para rescatar a México.

A los únicos que beneficia el argumento despolitizador de “TODOS SON IGUALES” es a los verdaderos culpables de que la política mexicana esté tan podrida. El “TODOS SON IGUALES” es un discurso amansa tontos, los movimientos sociales no tienen porqué caer en ese juego.

¿Hay diferencias de visión entre MORENA y el Movimiento de Ayotzinapa? Naturalmente, sí las hay, pero nos une el hecho de que contamos con el mismo enemigo, somos víctimas de un Estado asesino y juntos anhelamos un mismo mejor destino.

¿Qué logra Ayotzinapa boicoteando a AMLO y MORENA? La respuesta es, ¡absolutamente nada!

¡Fue el Estado!

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!


Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable


Eduardo Nava Hernández
Cambio de Michoacán


Aunque de momento está entrampada en el debate legislativo en el Senado de la República, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior promovida por la presidencia de la Republica y el PRI no está muerta. No lo está por la presión y aun el cabildeo que las fuerzas armadas del país ejercen sobre el Ejecutivo y el Legislativo para que sea finalmente aprobada.
Dos trampas son las que encierra esa iniciativa y que se revierten contra la sociedad mexicana. La primera es el introducir en el marco jurídico el concepto mismo de seguridad interior como algo diferente de la seguridad pública, que permitiría al Ejército y la Marina Armada de México actuar en tiempos de paz en actividades relacionadas con la población civil, como es la lucha contra las bandas de delincuencia organizada.

La segunda, que al quedar inscrita en una ley, esa participación militar en la vida civil dejaría de ser una situación excepcional para normalizarse y quedar como permanente.

La participación del Ejército en tareas de seguridad pública no es nueva en nuestro país; pero se intensificó y generalizó desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, quien quizás evaluó que era la única forma de obtener resultados rápidos en materia de seguridad y freno a la expansión del narcotráfico y otras actividades delictivas, que mejoraran su imagen ante su cuestionado y fraudulento triunfo electoral de 2006. Como sabemos, no ha sido así. A lo largo de poco más de diez años, las muertes violentas y ejecuciones, tanto de elementos de las fuerzas del orden como, sobre todo, de la población civil, ascienden a más de 200 mil, y hay más de 28 mil desapariciones forzadas no esclarecidas, además de innumerables violaciones a derechos humanos a cargo de las fuerzas armadas.

La primera consecuencia de la declaración de guerra del entonces recién investido Felipe Calderón contra el narcotráfico fue la militarización no sólo del combate a las organizaciones criminales sino de buena parte de la vida civil. Diez años después, con un gobierno diferente y de otro partido que la ha continuado, es claro por las mencionadas cifras y por la persistencia de la incesante violencia criminal, que se trata de una guerra perdida.

No sólo es la tragedia de esas muertes violentas y ejecuciones, de los desaparecidos y decenas de miles más, no cuantificados aún, de refugiados que han tenido que salir de sus lugares de residencia huyendo de la violencia. Son también las violaciones de todo orden a derechos humanos por las corporaciones estatales que en su inmensa mayoría se mantienen impunes.

La iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por legisladores priistas como César Camacho Quiroz, y cabildeada en el Congreso directamente por los militares, es una nueva evidencia de esa derrota de los poderes públicos ante la Hidra de Lerna de la delincuencia organizada, a la que se le corta una cabeza sólo para que del cuello mutilado broten otras dos. Pero es también una prueba de la incapacidad del Estado para resolver por vías constitucionales el problema de la seguridad pública. Desde luego que hay inquietud, impaciencia y nerviosismo en los círculos oficiales ante la imparable violencia y la serie de fracasos acumulada durante diez años al respecto. Nuevas evidencias, la matanza de 11 personas jóvenes, nueve varones y dos mujeres en Boca del Río, Veracruz, así como el constante hallazgo de fosas clandestinas en el mismo Estado y en distintas partes del país, la oleada de feminicidios y las cotidianas ejecuciones en los cuatro puntos cardinales.

Frente a todo ello, el gobierno peñista no acierta, pese a todos sus recursos, más que a apoyarse más y más en las fuerzas armadas, aun contraviniendo lo establecido en el artículo 129 de la Constitución general de la República: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

La iniciativa de ley por la que el secretario de la Defensa ha cabildeado ante los legisladores en diversas ocasiones, y que se presenta como reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que prevé la suspensión temporal de garantías por el presidente de la República, busca ir más allá. No se trata tan sólo de la acción militar en el terreno para enfrentar a bandas criminales armadas, sino de dotar a las fuerzas del orden de poderes especiales para realizar tareas de investigación y consignación por delitos que, también por mandato constitucional, corresponden hoy de manera exclusiva al ministerio público federal o del orden común.

Después de presentada esa iniciativa por la fracción del PRI el 27 de octubre de 2016, en un desayuno con reporteros de la fuente militar, el secretario Salvador Cienfuegos Zepeda externó sus motivaciones para apoyarla. Los militares, adujo, no quieren seguir en la tarea de perseguir delincuentes, porque no fueron preparados para ello; en realidad quieren regresar a los cuarteles. Pero si van a continuar en esas tareas, necesitan un marco regulatorio y legal. Muchos, dijo en relación con su presencia en las calles, “ya se lo están pensando para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos”. Queda claro que la intencionalidad no es evitar esas violaciones sino impedir que miembros de las fuerzas armadas puedan ser juzgados en el país o en cortes internacionales por ellas.

Conforme a la iniciativa, mediante una declaratoria de protección a la seguridad interior emitida por el presidente de la República o por el Consejo Nacional de Seguridad, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, las fuerzas armadas actuarían en “operaciones de restauración del orden” en cualquier parte del país, bajo el mando de un comandante designado por el propio presidente a propuesta del Ejército o la Marina Armada. A ese comandante correspondería dirigir los “grupos interinstitucionales” que se integren para la operación del caso y definir “las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares”. El uso de la fuerza por las corporaciones militares se haría “conforme a sus propios protocolos para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”, cualquier cosa que el primero de los casos pueda significar para ellos. Todo el contenido de la iniciativa llevaría a las fuerzas armadas a disponer casi sin contrapesos civiles de una gran autonomía y capacidad de decisión para actuar, nuevamente sea dicho, en contravención del artículo 129 constitucional.

Una iniciativa así debiera ser rechazada o modificada de fondo por el poder Legislativo, desde luego. Ha sido resistida por las fracciones del PAN, que presentó a través del senador Roberto Gil Zuarth una propuesta alterna, donde el Congreso tendría mayor capacidad de vigilancia y control sobre la actuación de las fuerzas armadas, y por el PRD, que también tiene su propia iniciativa sobre el tema. También está la oposición del PT y Movimiento Ciudadano en el Congreso y la opinión de los expertos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) contra los posibles efectos de la ley en la militarización del país, y las advertencias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre el posible uso de esta legislación contra la protesta e inconformidad social.

Pero de ninguna manera la iniciativa de ley presentada por los priistas se puede dar por descartada, dada la insistencia de los militares en que sea aprobada. “Si hay otro camino diferente para enfrentar la inseguridad, nosotros no queremos referirnos a él, sino que queremos la Ley de Seguridad Interior ¡ya!”, dijo el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, ante diputados y senadores. Y el secretario de la Defensa habló de la “urgencia” de aprobar la iniciativa del PRI. Manifestaciones de ese tipo hacen a un lado al secretario de Gobernación como enlace e interlocutor del Ejecutivo con los otros poderes y convierten a los legisladores del PRI y sus aliados en esta empresa en simples voceros de unas fuerzas armadas que han desarrollado intereses propios, pese a su formal subordinación a los poderes civiles.

En cambio, se han archivado en el Congreso las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que en su momento impulsó el PAN, y se ha frenado la ley reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de garantías individuales en tiempo de guerra, la adecuación a la Ley General de Víctimas, a la Ley contra la Trata de Personas y a la Ley contra la Tortura; y así como la aprobación de la Ley de Mando Único de policías El debate parlamentario ha sido dominado por le iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior, prioritaria para las fuerzas armadas.

El país no está ya para sostener una lucha a la delincuencia al alto costo que la sociedad mexicana ha pagado durante más de diez años. No sólo desde los grupos opositores en el poder Legislativo sino desde la sociedad misma son necesarias más expresiones de rechazo a la creciente militarización y de discusión de las estrategias hasta hoy adoptadas para el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, si no queremos vernos en situaciones de indefensión frente a un, por mencionar la célebre caracterización de Paz, ogro estatal cada vez menos filantrópico y más leviatánico y sin controles sociales.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc19776

martes, 7 de febrero de 2017

El malestar mexicano


Vivimos tiempos históricos. Los actos recientes de los que somos testigos son muestra de una crisis profunda del modelo económico de vida social que se nos ha impuesto a los mexicanos ya durante más de 30 años. De lo que suceda en estas semanas se abrirá una ventana de esperanza o la imposición de más medidas que privatizan la vida (agua, biodiversidad, etc.) y que generan beneficios solo para el 1% de la población, en un entorno de libertades restringidas y voto popular controlado.

Lo cierto es que el malestar mexicano recorre los estados del Norte del país, se profundiza en el Centro y desliza su irrupción hacia el siempre combativo Sur. Los actores son heterogéneos desde campesinos endeudados e inundados de transgénicos en el Norte que se rebelan con fuerza, hasta jóvenes a los cuales el neoliberalismo cerro el futuro que solo ven en el saqueo a las cadenas privadas corruptas acumuladoras de grandes ganancias (Elektra, Soriana, etc.) un espacio de “venganza” social.

Lo cierto es que la dimensión del asunto impresiona. Si fue provocado desde el gobierno pues claramente se salió de las manos.

En muchas partes del país los enfrentamientos con la policía han ocasionado levantamiento populares, como es el caso de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde miles de personas hicieron retroceder a la policía, situación similar vivió la costa de Chiapas y se presenta ya en lugares como Jalisco y Michoacan. Y en algo totalmente inaudito la toma de los palacios de gobierno en los estados de Nuevo León y en Aguascalientes. Los cierres fronterizos con Estados Unidos y con Guatemala y la interrupción de salidas de autobuses hacia el Norte del país.

Se reportan además el saqueo de más de 370 tiendas departamentales -de diferentes cadenas comerciales del gran capital- y la afectación a más de 900 pequeños negocios a lo largo del país, ya casi la cifra detenidos alcanza el millar de personas y se reportan ya 4 muertos por las protestas contra el gasolinazo. Textos saldrán en adelante a analizar las revueltas urbanas en el siglo XXI del México neoliberal. ¿Porque en unos estados fueron más fuertes y en otros no?,¿Qué papel jugaron los diferentes actores tanto sociales como políticos en estos hechos que estamos viviendo?¿Cual es el papel del gobierno de los Estados Unidos ante esta situación?¿Que tan dividas se encuentran las elites que gobiernan actualmente México? ¿Qué papel jugaron diferentes movimientos de “izquierda” como MORENA, el EZLN-CNI, etc.?, ¿qué tantos logros o retrocesos se tuvieron?, son algunas de las cuestiones que se buscarán contestar.

Mientras tanto quiero recordar que las rebeliones en los mundos agrarios fueron posibles en diferentes momentos cuando las medidas de los poderosos afectaban fundamentalmente la vida campesina y agraria, así fue de la Revolución de Independencia, la guerra de Reforma, la Revolución Mexicana y el levantamiento zapatista de 1994.

Barrington Moore en su libro sobre los Orígenes sociales de la dictadura y la democracia, señala claramente que los campesinos tendían más a levantarse en el viejo continente, conforme la expansión del capitalismo comercial iba minando los arraigados modos de vida agraria, esta fue la constante sobre la que giraron los grandes procesos socio-históricos instituyentes del México actual.

John Tutino por su parte, explica los procesos de insurrección y violencia a través de cuatro variables que ayudan a explicar los cambios sociales complejos. La primera, son las condiciones materiales de vida. Las otras tres son más cualitativas, la autonomía, la seguridad y la movilidad.

Estas cuatro variables pueden ayudarnos a explicar lo que sucede en México en estos momentos. Sobre las condiciones de vida en México se constata que han caído enormemente en los últimos 30 años, más de la mitad de la población se encuentra en la pobreza y a ello se suma un nivel despojo salarial sin precedentes.

A ello se suma que la autonomía entendida como la capacidad de la gente para producir lo que necesita se ha visto disminuida de manera creciente por las amplias importaciones de alimentos que se han introducido a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el dominio agro-alimentario oligopólico por cadenas tipo Walmart, Soriana y demás, que cada vez mandan más a la quiebra a campesinos y productores agrícolas y a sectores urbanos que enfrentan sus políticas de precios.

La seguridad, por su parte, es confiar en alcanzar la subsistencia a lo largo de un tiempo, eso se ha visto fuertemente reducido en México, ya que no sólo nuestro país posee unos de los salarios más bajos de América Latina (el salario mínimo en México ya es mucho menor que el de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, entre otros) lo cual no permite a la gente adquirir la canasta básica alimentaria, como bien documenta Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economia de la UNAM.

En cuanto a la movilidad que es escoger entre diferentes opciones para obtener la subsistencia. Pues la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos –con el impulso de Videgaray y de EPN- cierra una de las alternativas más importantes para los mexicanos para reproducirse materialmente. A ello se suman los crecientes feminicidios, la inseguridad, el despojo territorial con proyectos mineros, agro-hidro-energéticos y las zonas económicas especiales como punta de lanza de la clase capitalista trasnacional.

En síntesis, México vive una crisis excepcional, donde como bien plantea Cesar Enrique Pineda, veremos si la revuelta se convierte en rebelión en este país. Mientras tanto, hay un empeoramiento enorme de la calidad de vida de los mexicanos con una perdida de derechos sociales y económicos fundamentales, a ello se suma la perdida de autonomía para abastecerse y no hay que lo compense, pues existe enojo. Sumen la ausencia de seguridad en el futuro y lo difícil de la movilidad y estamos prontos a un nuevo proceso instituyente en el país.

EZLN ¿Una iniciativa pospatriarcal?


El calendario del inicio del 2017, desde el Caracol de Oventik, uno de los “territorios en resistencia y rebeldía” zapatistas, advirtió en voz del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN la decisión y acuerdo colectivo de “algo tremendo y maravilloso”. Lo que fue un advertencia nacional e internacional de pueblos, tribus y nacionalidades indígenas en el comunicado de octubre del 2015: “Que Retiemble en Sus Centros la Tierra”, hoy es un compromiso común por definir Otra realidad en México.
Cabe preguntar ¿Desde dónde, quienes y cómo se intentan agitar los suelos mexicanos?

Rememorar y considerar dos momentos fundantes: 1 de enero de 1994 y este 1 de enero del 2017.

Nos abraza ya algo a miles de personas del México que duele, lo expresa el cuchicheo de personas que coinciden que es el “latir ancestral y colectivo de la decisión de pueblos indígenas agrupados en el CNI”, donde las mujeres irrumpen con mayor presencia.

Mientras que para muchas miradas pareciera aún invisible y/o pequeño lo que se anuncia, para nosotras, quienes estuvimos presentes cuando se leyó el resolutivo de la consulta aprobada por cientos de comunidades a favor de la construcción de un Consejo Indígena de Gobierno, así como potenciar una Voz-mirada-palpitar-mujer; pudimos entender, atestiguar y coincidir en un percibir profundo.

No es una promesas, ni ocurrencias, sino procesos reales de transformación radical como advirtieron.

Bajo el techo donde estábamos decenas de cientos de personas, nuestras lágrimas, la mirada penetrante y cómplice, el susurro silencioso y uno que otro apretón de manos, dejaron asomar una herida histórica. Pareciera ser el emerger de Una raíz profunda muy otra, que enraíza en el suelo una esperanza por florecer; advirtiendo lo subterráneamente intenso que vendrá para marcar otro ritmo y rumbo. Si, es cierto, se avisa que dicha raíz tiene sus rizomas lastimados, resultado de conquistas, rapiñas, desprecio, control, cosificación, pero lo importante es que cada uno de sus tenues e irrevocables movimientos intenta decir-nos algo: ¡Ya Basta! - diferente al de 1994 -, un YA BASTA! claro y contundente que no sólo nos espejea como mujeres, sino como sociedades en agonía, como entes vivientes, humanos, hombres y otroas. 

Lo que sentimos, mientras se socializó la decisión - trabajada durante tres mese -, y nos hacían parte del consenso ya definido en su asamblea general llevada a cabo en días previos (29, 30 y 31 de diciembre) en la Universidad de la Tierra/CIDECI fue ese gran latir de la Tierra que nos abrazó. Hay quienes advertimos – y no nos confundimos - que la decisión va más allá - afortunadamente - de una simple competencia electoral y de una empatía política por la “situación de equidad de género” y el “racismo cínico” en la sociedad patriarcal y colonial mexicana.

Un Consejo Indígena de Gobierno y que sea Voz-corazón-mirada Mujer que habla para todas, todos y todoas las personas, ya es una celebración.

No hay certezas, pero quizás es momento de recuperar y potenciar la forma de la gramática de la dignidad insurrecta. Aquel lenguaje/hablado/caminado de los pueblos indígenas del CNI - organizados y en resistencia - quienes estando con la Madre Tierra saben escuchar su dolor, no sólo porque vienen resistiendo una Guerra de exterminio, y por tanto su re-accionar de forma urgente se arremolina en proponer la reconciliación como pueblos, más resistencia, más colectividad, eliminar de sus caminos partidos y programas de gobierno, construir escuelas, medios de comunicación y clínicas autónomas, fortalecer culturas, formas de autoabastecimiento y autogobiernos, genera encuentros, comisiones de trabajo, etc. Esta es nuestra única confianza ante la dinámica de matanza del sistema capitalista y su forma de gobierno despótico. Y aún más significativo porque dicho compromiso contiene en sí misma un iniciativa post-patriarcal.

¿Iniciativa post-patriarcal?

Quizás si nos responsabilizamos en repensar y recuperar tanto el significado y lugar del ser y sentir Mujer en la construcción de sociedades Otras, podamos advertir lo que expresa, habla y se in-scribe desde la forma y contenido de lo que apenas dibuja y anuncia algo diferente y rotundamente anti-sistémico.

No sólo el desde dónde, sino el cómo se resarcirá el despedazado tejido de “mundos de vida” aún llamados Patria. ¿Desde dónde se tejerá ese suelo del México de abajo que sangra y duele? ¿Quienes podrán mirar y quienes no, este espejo como proceso que ya se forja con dolor y esperanza?

El proceso por construir un Consejo Indígena de Gobierno frente a las instituciones patriarcales y coloniales y sus formas de dominio y exterminio será desafío para y por la Vida.

Dicha gramática será expresión, no de la forma de contienda electoral, ni el monopolio de la representatividad, sino acaso ¿formas diferentes por retejer la Matría? Matría en contraposición a Patria, como lo sugirió Gonzáles y Gonzáles (1983), consiste en sustituir el “racional mundo del Padre” por el del mundo del terruño, el mundo pequeño y sentimental de la madre.

La iniciativa no pretende que Una Mujer mande y sea expresión del culto a la personalidad. Sino hacer visible la esencia de la Vida y el resguardo de otra forma política desde el cumplimiento de principios ético-políticos que ejercen los pueblos que resisten a no ser exterminados.

Es importante entender que Mujer es expresión de un simbolismo más profundo, aquel que habla de la Madre Tierra/Madre primera, en tanto representación de la grafía/grama de “mundos de vida” que históricamente han pretendido engendrar vida frente a la “hidra patriarcal”. Siendo el “útero comunidad” la matriz partera de usos y costumbres, que procuran el cuidado, la enseñanza/educación, sanción/salud, abrazo/acariñamiento desde diversas y múltiples formas que han sido ultrajadas y quebrantadas por las instituciones del Estado liberal moderno y su fálica forma de partido.

Se trata de ensayar la contención colectiva en la construcción de esa Casa común, “una donde quepan todos los mundos”. Tejer las grafías de la Matría como idea-potencia que tanto necesitamos para el accionar ético por la Vida y la humanidad.

Se viene rumoreando que quizás en el intento de tejer-nos organizadamente con las raíces de la Madre Tierra/Vida (y contra el valemadrismo patriarcal) no como vocablo, sino como honesta práctica, lograremos otras formas de democracia, libertad y justicia, para lo cual quizás es importante entender el encaje de:

Mujer/Madre Tierra/Madre primera como sentimiento por potenciar múltiples centros de resguardo de la Vida; de lo sencillo, pequeño, dialogante y autónomo.

Mujer/Madre Tierra/Madre primera recuperando el arte de tejer Otras sociedades autogobernadas desde pequeñas comunidades y colectividades que se autoconstituyen;

Mujer/Madre Tierra/Madre primera como espejo del palpitar del reconocimiento, reciprocidad empática entre nosotras y, como compromiso consecuente de los varones que acompañen y potencien la Vida.

Mujer/Madre Tierra/Madre primera desde las personas otroas que se responsabilicen del resguardo y reproducción de la Vida hacia la libertad; el derecho a elegir desde qué lugar se engendran modos y formas de existencia.

Se trata de ir articulado-nos - aprendiendo y desaprendiendo - en colectividades de la sociedad civil y con la oportunidad de aprender de los pueblos indígenas, ensayando los 7 principios ético –políticos sostenidos por los pueblos zapatistas durante casi treinta años, y ahora retomados por el Congreso Nacional Indígena: Servir y no servirse, proponer y no imponer, construir y no destruir, convencer y no vencer, representar y no suplantar, bajar y no subir, mandar obedeciendo.

Será necesario no sólo seguir sembrando y cuidando esas Otras formas de hacer política desde y con los de abajo - de las que nos habla la realidad zapatista y las resistencias de más de 30 pueblos, tribus y naciones del CNI - sino, Otras formas de relación social no patriarcales, es decir; no jerárquicas, no de dominio sobre la vida, no burocráticas, no de límites y fronteras de exclusión.

Sino entendemos esto, será fácil juzgar y condenar, hablar mucho y hacer poco, gritar consignas sin intención de transformar, como hasta ahora vienen expresando las reacciones de racismo, machismo, clasismo, de ciertas personas que se atreven a despreciar la decisión de pueblos y cientos de comunidades, como de algunos intelectuales ilustrados de la autodenominada “izquierda progresista”, pseudo movimentista de “regeneración nacional”, entre otros.

Diana Itzu. Socióloga-Uam-Xochimilco, escritora y estudiante de la Escuelita Zapatista la libertad según [email protected] zapatistas”.

Ayotzinapa: Padres marchan a 28 meses



Padres y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace 28 meses marcharon el jueves de nuevo por calles de la capital mexicana para exigir a las autoridades den con su paradero.

En compañía de representantes de diversas organizaciones sociales, los familiares de los estudiantes dijeron que insistirán en las movilizaciones hasta que el gobierno realice una investigación profesional, seria y exhaustiva sobre el caso.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, afirmó en entrevista que el ocultamiento de información sobre el uso de autobuses de pasajeros como medio de tráfico de drogas es un intento de la Fiscalía mexicana por cerrar el caso.

"Si este tipo de datos se hubieran dado a conocer, tal vez la investigación hubiera tenido otro derrotero", dijo.

Melitón Ortega, padre de uno de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, confirmó que el 9 de febrero se reunirán con el fiscal Raúl Cervantes, para revisar los avances del caso.

Sobre todo, dijo, les interesa saber qué ha ocurrido con la investigación de funcionarios repudiados por los familiares de los estudiantes, como el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

http://www.telemundodenver.com/noticias/mexico/ayotzinapa-padres-salen-de-nuevo-a-calles-28-meses-desaparicion-43-estudiantes-411937005.html


Ayotzinapa and the inescapable remedy


Official documents of which La Jornada has a copy prove that the Attorney General of the Republic (PGR) withheld information related to organized crime’s use of passenger buses for drug trafficking, a key piece in the Ayotzinapa case. Said documents tell about the July 2014 arrest of Gonzalo Martín Souza Neves, El Uruguayo, and José Bahena Salgado, alleged members of the Guerreros Unidos criminal group, as well as about a bulletin issued the same day about the capture in which it was stated that Souza Neves was coordinating the shipment of drugs in hidden compartments on buses.
It’s important to emphasize that the “historic truth” that the PGR has maintained up to now, is based in good measure on the statements of the accused Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil. According to the version the prosecution obtained and later impugned because of allegations of torture that the accused presented, it was only a rumor that the criminal organization used passenger buses for “moving” drugs, which is contradicted by the documents in the possession of this newspaper and by the statements of Monte Alejandro Rubido, head of the National Security Commission about it at the time.
With respect to the doctor and Basque psychologist Carlos Beristain, a former member of the Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI, the group’s initials in Spanish), he asserted in an interview with this newspaper that the PGR’s “sum of inabilities” in conducting the Ayotzinapa case, and in particular the hiding of the referenced information, merits an profound investigation, because they could indicate the existence of deceit on the part of the authorities.
Martín Beristain was one of the members of the group formed at the request of the Inter-American Commission on Human Rights to assist in the clarification of the events that occurred the night of September 26, 2014, in Iguala, Guerrero, during which 43 teachers college students were disappeared, six people were murdered, and two students were gravely injured.
Based on his experience, he exposed that members of the GIEI never received the documents existing about the movement of heroin in passenger buses, despite the fact that they repeatedly requested them, and even summoned the PGR to request that data from the United States government.
Thus, the new evidence adds to the series of investigations that have consistently denied the version that members of organized crime murdered and incinerated 43 students from the Raúl Isidro Burgos Rural Teachers College that night in the Cocula garbage dump. The sum of the evidence also recalls the absurd and inexplicable eagerness to maintain in its essential points that story throughout the terms of three different attorney generals: that of Jesús Murillo Karam, inventor of the official version, and those of his successors Arely Gómez González and Raúl Cervantes Andrade.
Nothing remains but to concede that Doctor Beristain is right when he asserts that if the lack of resolution of the multiple irregularities in the case persists, the disappearance of the los 43 students will become “a bloody wound” for Mexico.
The authorities must remedy more than two years of erratic irresponsible and even cruel behavior that has magnified the social repudiation and institutional discredit. A self-critical explanation of such incapacity and lack of will and, of course, the location of the disappeared and the full clarification of the circumstances of their disappearance are inescapable conditions for closing the wound and restoring even a minimum credibility to the bodies prosecuting justice and to all the government agencies.
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Originally Published in Spanish by La Jornada
Monday, January 23, 2017
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/23/opinion/002a1edi
Re-Published with English interpretation by the Chiapas Support Committee