Robert F. Kennedy Human Rights condena el fracaso de las autoridades mexicanas de investigar a fondo la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Guerrero
(29 de enero de 2015 | Washington, D.C.) Robert F. Kennedy Human Rights condena la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar su investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes, e insta a la Procuraduría General de la República a reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables de estos actos atroces.
“El gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”, declaró Kerry Kennedy, Presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights. “Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta—tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón—además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso.”
La Procuraduría General de la República (PGR) ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. La teoría operativa de la PGR es que el ex alcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula. Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos. Además, el Gobierno no ha aclarado el estatus de la investigación sobre el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala con respecto a los hechos de este caso, a pesar de su proximidad al lugar del crimen y registros de teléfonos celulares que indican que un estudiante había estado en la base en el momento en cuestión. También queda sin responderse si el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desempeñó algún papel, a pesar de los llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes. Estas y otras deficiencias en la investigación son particularmente preocupantes dado que la PGR ha decidido cerrar el caso.
De acuerdo con la PGR, se han interrogado a 380 personas, incluyendo 36 militares, y se han detenido a 99 personas. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la participación del Estado en la comisión de los delitos, ningún funcionario estatal, ni el alcalde y su esposa, ni las autoridades policiales u otros detenidos, han sido acusados del delito de desaparición forzada; en su lugar, sólo han sido acusados de secuestro y crimen organizado.
Omitir el cargo de desaparición forzada contribuye a desconocer el crimen como parte de un contexto más amplio de uso sistemático de la desaparición forzada en el país – contexto en el que se estima que más de 23 mil personas han sido desaparecidas durante los últimos ocho años – y aísla el crimen a una tragedia local.
“El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar todas las pistas posibles, incluyendo si la policía federal o las fuerzas militares participaron o no en estos crímenes”, expresó Santiago A. Canton, Director Ejecutivo de Robert F. Kennedy Partners for Human Rights. “México está obligado por el derecho internacional de derechos humanos a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, además de realizar una investigación efectiva para ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente y establecer la verdad sobre lo sucedido”.
Reiterando que es responsabilidad del Estado dar con el paradero de los estudiantes, así como investigar y sancionar a los responsables de este horrendo crimen, Robert F. Kennedy Derechos Humanos acoge con satisfacción el establecimiento reciente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un panel de expertos para investigar este caso. El panel fue designado a petición del Gobierno Mexicano y de los grupos de la sociedad civil que representan a las familias de los estudiantes y proporcionarán asistencia técnica en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, la investigación y las acciones adoptadas para sancionar a los responsables, así como la asistencia a las familias de los estudiantes.
Robert F. Kennedy Human Rights hace un llamado al despliegue rápido del grupo de expertos y subraya la necesidad de que la consulta sea transparente y que se lleve a cabo en coordinación con las víctimas, sus representantes y la sociedad civil. El grupo también deberá tener acceso absoluto a los archivos y los sitios de la investigación, así como el permiso para reunirse con todas las autoridades pertinentes.
Por último, Robert F. Kennedy Human Rights reitera su profunda preocupación por la situación de seguridad de alto riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas de estos terribles acontecimientos, especialmente aquellos basados en Guerrero, como es el caso de los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan y hace un llamado a que el estado mexicano garantice las condiciones de seguridad para llevar a cabo su labor
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Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).– El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, fundado en 1968 en la memoria del ex Fiscal General de Estados Unidos, condenó “la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar su investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes”, e instó a la Procuraduría General de la República (PGR) a “reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables de estos actos atroces”.
El Centro Robert F. Kennedy es una de las más activas e influyentes organizaciones de defensa de las libertades civiles y los derechos del hombre en el mundo.
Ayer dos padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, llegaron a la Ciudad de México donde abordaron un avión con destino a Ginebra, Suiza, donde expondrán su caso ante el Comité de Naciones Unidas contras las Desapariciones Forzadas.
En tanto, Kerry Kennedy, presidenta del Centro, en un comunicado, declaró: “El gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”.
“Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta, tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón, además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso”.
La organización dijo que la PGR ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. “La teoría operativa de la PGR es que el ex Alcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula”.
“Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos”.
El Centro Robert F. Kennedy agregó:
“El Gobierno no ha aclarado el estatus de la investigación sobre el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala con respecto a los hechos de este caso, a pesar de su proximidad al lugar del crimen y registros de teléfonos celulares que indican que un estudiante había estado en la base en el momento en cuestión. También queda sin responderse si el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desempeñó algún papel, a pesar de los llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes. Estas y otras deficiencias en la investigación son particularmente preocupantes dado que la PGR ha decidido cerrar el caso”.
“De acuerdo con la PGR –continuó la organización–, se han interrogado a 380 personas, incluyendo 36 militares, y se han detenido a 99 personas. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la participación del Estado en la comisión de los delitos, ningún funcionario estatal, ni el Alcalde y su esposa, ni las autoridades policiales u otros detenidos, han sido acusados del delito de desaparición forzada; en su lugar, sólo han sido acusados de secuestro y crimen organizad”.
“Omitir el cargo de desaparición forzada contribuye a desconocer el crimen como parte de un contexto más amplio de uso sistemático de la desaparición forzada en el país – contexto en el que se estima que más de 23 mil personas han sido desaparecidas durante los últimos ocho años – y aísla el crimen a una tragedia local”.
“El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar todas las pistas posibles, incluyendo si la policía federal o las fuerzas militares participaron o no en estos crímenes”, expresó Santiago A. Canton, Director Ejecutivo de Robert F. Kennedy Partners for Human Rights. “México está obligado por el derecho internacional de derechos humanos a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, además de realizar una investigación efectiva para ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente y establecer la verdad sobre lo sucedido”.
LISTO EL GRUPO INDEPENDIENTE DE LA CIDH
La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció hoy que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará su primera reunión el 11 y 12 de febrero de 2015, en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México.
Dijo que los miembros del Grupo, compuesto por Carlos Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa, se reunirán en la sede de la CIDH, en Washington, D.C. “El propósito de la reunión es plantear y adoptar las reglas y los procedimientos internos y adoptar un plan de acción para el cumplimiento de su misión”.
En esta reunión, el grupo también determinará las fechas de su primera visita a México.
El acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los normalistas, estableció las actividades del Grupo: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Victimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“La Comisión Interamericana destaca la importancia que tendrán las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como para la investigación de otros casos de desaparición forzada”, informó.
Murillo Karam, ayer, al presentar lo que llamó “la verdad histórica”. Foto: Cuartoscuro
Hoy, en Ocoyoacac, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, invitó a las organizaciones no gubernamentales a conocer la indagatoria del gobierno mexicano en el caso Iguala, en la que participan más de 100 peritos del país. Sostuvo que las investigaciones llevadas a cabo por la PGR sobre los normalistas desaparecidos han sido “abiertas y transparentes”.
Dijo que ninguna de las organizaciones que han criticado se han acercado a la dependencia a su cargo para solicitar información y sólo han expuesto lo que dice una de las partes. La investigación sobre el caso es abierta “porque no hay nada que ocultar”, dijo. Manifestó su disposición a escuchar las inquietudes de quienes critican el trabajo científico de los peritos mexicanos.
Murillo Karam también confirmó que se invitará al director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández, a declarar de manera voluntaria sobre los señalamientos de uno de los detenidos, aunque está en su derecho de comparecer o no.
Robert F. Kennedy Human Rights condena el fracaso de las autoridades mexicanas de investigar a fondo la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Guerrero
(29 de enero de 2015 | Washington, D.C.) Robert F. Kennedy Human Rights condena la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar su investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes, e insta a la Procuraduría General de la República a reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables de estos actos atroces.
“El gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”, declaró Kerry Kennedy, Presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights. “Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta—tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón—además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso.”
La Procuraduría General de la República (PGR) ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. La teoría operativa de la PGR es que el ex alcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula. Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos. Además, el Gobierno no ha aclarado el estatus de la investigación sobre el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala con respecto a los hechos de este caso, a pesar de su proximidad al lugar del crimen y registros de teléfonos celulares que indican que un estudiante había estado en la base en el momento en cuestión. También queda sin responderse si el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desempeñó algún papel, a pesar de los llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes. Estas y otras deficiencias en la investigación son particularmente preocupantes dado que la PGR ha decidido cerrar el caso.
De acuerdo con la PGR, se han interrogado a 380 personas, incluyendo 36 militares, y se han detenido a 99 personas. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la participación del Estado en la comisión de los delitos, ningún funcionario estatal, ni el alcalde y su esposa, ni las autoridades policiales u otros detenidos, han sido acusados del delito de desaparición forzada; en su lugar, sólo han sido acusados de secuestro y crimen organizado.
Omitir el cargo de desaparición forzada contribuye a desconocer el crimen como parte de un contexto más amplio de uso sistemático de la desaparición forzada en el país – contexto en el que se estima que más de 23 mil personas han sido desaparecidas durante los últimos ocho años – y aísla el crimen a una tragedia local.
“El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar todas las pistas posibles, incluyendo si la policía federal o las fuerzas militares participaron o no en estos crímenes”, expresó Santiago A. Canton, Director Ejecutivo de Robert F. Kennedy Partners for Human Rights. “México está obligado por el derecho internacional de derechos humanos a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, además de realizar una investigación efectiva para ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente y establecer la verdad sobre lo sucedido”.
Reiterando que es responsabilidad del Estado dar con el paradero de los estudiantes, así como investigar y sancionar a los responsables de este horrendo crimen, Robert F. Kennedy Derechos Humanos acoge con satisfacción el establecimiento reciente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de un panel de expertos para investigar este caso. El panel fue designado a petición del Gobierno Mexicano y de los grupos de la sociedad civil que representan a las familias de los estudiantes y proporcionarán asistencia técnica en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, la investigación y las acciones adoptadas para sancionar a los responsables, así como la asistencia a las familias de los estudiantes.
Robert F. Kennedy Human Rights hace un llamado al despliegue rápido del grupo de expertos y subraya la necesidad de que la consulta sea transparente y que se lleve a cabo en coordinación con las víctimas, sus representantes y la sociedad civil. El grupo también deberá tener acceso absoluto a los archivos y los sitios de la investigación, así como el permiso para reunirse con todas las autoridades pertinentes.
Por último, Robert F. Kennedy Human Rights reitera su profunda preocupación por la situación de seguridad de alto riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas de estos terribles acontecimientos, especialmente aquellos basados en Guerrero, como es el caso de los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan y hace un llamado a que el estado mexicano garantice las condiciones de seguridad para llevar a cabo su labor
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