La doble moral de la prensa burguesa
Cuando una mujer maltratada denuncia al marido que la golpea, la humilla o la viola, nadie en sus cabales se atrevería a decir que no debió denunciar; nadie debería atreverse a acusarla por “desprestigiar la institución del matrimonio” con su denuncia; sin embargo, existen personas que culpan a la víctima de la agresión sufrida, porque “algo malo hizo”, “seguramente se lo buscó”; en fin, hay gente sin escrúpulos que utiliza su opinión para dañar a los demás. Utilizando argumentos parecidos, los portavoces del gobierno en la prensa nacional, quiere hacernos pensar que son las víctimas de la violencia estatal quienes desprestigian al Estado mexicano en el extranjero.
Pasan los días y aun no se resuelve satisfactoriamente el caso de la desaparición forzada de los 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ante las muestras de descontento y la presión internacional, el Estado mexicano ha tenido que reconocer que existen 26 mil casos de desaparición forzada en nuestro país, en un informe presentado ante el Comité contra la Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según la ONU, el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala es ejemplo de un contexto generalizado de desapariciones forzadas en México.
Algunos “periodistas” consideran que la denuncia hecha por los padres de los normalistas ante instancias internacionales es motivo de vergüenza; incluso han utilizado la frase “la ropa sucia se lava en casa”, y vaya que la ropa del Estado mexicano está más que sucia. Muchos de estos paladines de la “información” han vertido sus opiniones sobre el caso, lanzando una campaña de infamias contra las familias y los compañeros de los normalistas. Se ha dicho que los padres son “aviadores” de la SEP; que la Normal Rural de Ayotzinapa es un “semillero de guerrilleros”; que con las protestas de apoyo se desestabiliza al país; que llevando ante el extranjero la denuncia se deshonra al país. Hay incluso quien exige que “se detengan los regaños” contra el Estado terrorista mexicano, como si los crímenes de lesa humanidad fueran una especie de “travesura” de los reaccionarios.
La campaña de desprestigio ha llegado más allá, se ha acusado al equipo de peritos argentinos que llevan a cabo investigaciones sobre el caso, señalándolos como desestabilizadores y mentirosos, acusándolos de tener intereses ocultos en el caso.
Otra forma de ataque, que se presenta veladamente, hace eco a las versiones policíacas, según las cuales los estudiantes habrían quedado en medio de un pleito entre gangsters, a la vez se habla con lástima de los “manipulados” padres de las víctimas, como si ellos fueran incapaces de darse cuenta de la situación. Se hacen llamados a no “politizar” el caso, sin embargo, cabe hacer las preguntas: ¿no se trata de, precisamente, una agresión basada en motivaciones políticas? ¿No es un manejo político el que está haciendo el gobierno respecto al caso de desaparición forzada?
A nadie le debe caber la menor duda de que el ejército mexicano fue partícipe de la desaparición forzada de los compañeros normalistas, por ello, es natural que los padres de Ayotzinapa traten de encontrar a sus hijos en las cárceles clandestinas dentro de los cuarteles militares. Pero para estos “periodistas” se trata de provocaciones, se trata de “provocar más víctimas”, es decir: para estos redactores de propaganda gubernamental, la búsqueda de justicia implica un ataque al “prestigio” del ejército.
Estos paramilitares de la pluma se rasgan las vestiduras cuando en el extranjero se hacen llamados al Estado mexicano para que resuelva esta injusticia, y así reconozca su responsabilidad en las violaciones contra los derechos del pueblo trabajador, entonces gritan a todo pulmón: ¡intervencionismo! Sin embargo, no dicen una sola palabra acerca de los acuerdos militares que el gobierno sostiene, con los ejércitos extranjeros, para recibir armas y entrenamiento, para que los asesinatos, las golpizas, la tortura y la desaparición forzada sea más eficiente y llevarla a cabo con las “herramientas” más modernas. Cuando se trata de reforzar al régimen represivo, la intervención de los extranjeros es “un apoyo solidario”, cuando en el extranjero se denuncian los abusos y las injusticias cometidas por el Estado mexicano, se trata de “injerencia en asuntos de política interior”. Ésa es la doble moral de la prensa burguesa.
Ante esto cabría preguntarse: ¿quién debe sentirse avergonzado? ¿Los padres que exigen justicia en todas las instancias necesarias? ¿Las personas que apoyan la lucha contra la desaparición forzada mediante manifestaciones, peticiones? ¿Quiénes, con toda razón, exigen la renuncia de Peña Nieto? No, quienes se organizan y luchan no tienen nada de qué avergonzarse. Deben avergonzarse quienes reprimen al pueblo, los que asesinan, torturan y desaparecen a quienes no están conformes con la situación de miseria en la que vivimos. Quienes deben avergonzarse son esos “periodistas” que tratan de engañarnos y defienden a capa y espada al indefendible Estado mexicano.
NOTA:
Este artículo fue publicado como parte de la sección ANÁLISIS del No. 6 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 7 de marzo de 2015.
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