La remoción de Murillo Karam de la Procuraduría General de la República no es, desde luego, un triunfo del movimiento social surgido en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, el cese del señor de la “verdad histórica” es resultado, entre otros elementos, de la incansable lucha emprendida por los familiares de los normalistas. El descrédito de Murillo Karam y Peña Nieto ante el caso Ayotzinapa está por las nubes, su legitimidad, en cambio, va en declive; mucho se debe a la firmeza de los padres de familia al rechazar, con razones de sobra, la versión del ex procurador acerca de lo sucedido en Iguala hace ya cinco meses. Sin la denuncia de los padres, sin su movilización, sin su constante resistencia, Murillo Karam no sólo continuaría en el puesto sino que su “verdad histórica” sería la única versión existente.
La decisión de Peña Nieto, al remover al cansado Murillo, es un ensayo que busca lavar la imagen de su gobierno tanto en nuestro país como en el extranjero. En medio de las sostenidas noticias sobre la corrupción imperante en su administración; luego del recorte presupuestal anunciado como la única medida de salvación ante la crisis económica; más su inoperante actuación al respecto de lo sucedido en Iguala, el intelectual de Atlacomulco pretende acallar los reclamos en su contra que, especialmente en la prensa extranjera y organismos de derechos humanos a nivel internacional, han hecho mella en su imagen. No es una casualidad que esto suceda luego de la novena jornada de lucha por Ayotzinapa. Se trata, en buena medida, de una respuesta política a los padres de familia, pero también al movimiento social que, contra todos los pronósticos, salió a las calles nuevamente. Tanto en la capital del país como en otros lugares de México y el extranjero, la demanda por la presentación con vida de los normalistas se hizo escuchar.
La destitución de Murillo es un intento gubernamental por atemperar el descontento hacia una administración que, como política oficial, oculta información sobre lo sucedido en Iguala y protege con inusual fervor al Ejército mexicano. La negativa anunciada por la Secretaría de Gobernación para abrir los cuarteles del Ejército, muestra cuánta necesidad tiene el Estado de salvaguardar a dicha institución. Una y otra vez se insiste en que no hubo participación de efectivos del Ejército aquel 26 de septiembre del 2014, pero las denuncias que desmienten esa versión crecen a tal grado que el propio Peña Nieto ha debido dar su espaldarazo a Salvador Cienfuegos. Entre más niegan la participación de los militares, más parece confirmarse su accionar.
De ahí la importancia, por un lado, que quienes han levantado la demanda de la presentación con vida de los 43 no dejen de apuntar hacia los militares y, por otro lado, que exista la mayor fuerza que haga posible, como lo exigen los padres de familia, que se abra una nueva línea de investigación en el caso que involucre, necesariamente, a la institución castrense en todos su niveles.
Es cierto que, por el momento, existe una suerte de interregno en la relación de fuerzas para el movimiento social. El Estado, por más que quiere, no puede superar su falta de legitimidad y la crisis política y económica por la que atraviesa el país. Aunque el movimiento por la presentación con vida de los 43 logró ponerlo contra la pared momentáneamente, también es cierto que no consigue avanzar. La disputa por la “verdad histórica” se encuentra en una especie de empate en las fuerzas. Pero ninguna de éstas se encuentra derrotada.
Por esa razón, es un error no centrar las fuerzas de las organizaciones sociales, estudiantiles, obreras, campesinas, y del pueblo en general, en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esa demanda ha demostrado ser, al unísono del rechazo a la administración de Peña Nieto, capaz de aglutinar a las más disimiles posiciones que buscan un cambio real en este país. Si esa demanda se abandona, si se le deja morir de inanición, no sólo se abre la vía para que, nuevamente, la impunidad se instale como la única solución posible sino también y, más aún, se echa por la borda lo alcanzado a través de las distintas jornadas de lucha.
El panorama es difícil, ni duda cabe. Pero ante la adversidad, la firmeza y la convicción son, más que nunca, necesarias. Estamos a un mes de que se cumpla medio año de aquel doloroso 26 de septiembre, ¿qué haremos mientras tanto?, ¿no es momento de ir construyendo, desde ya, alguna acción que permita romper este letargo? Quizá valga la pena discutir cómo demostramos al Estado que Ayotzinapa, y todo lo que representa, continúa como una herida abierta e insuperable. Quizá, por eso mismo, la exigencia de justicia es necesaria, y el castigo a todos los responsables del operativo de Iguala se hace imprescindible.
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