La visita de familiares y sobrevivientes de “Los 43” de Ayotzinapa a diversos países del cono sur, entre ellos la Argentina, tiene lugar en el medio de una enrarecida campaña electoral en México, que el próximo 7 de junio elegirá 500 diputados federales, 9 gobernadores y más de 1000 alcaldes. Algunos puntos para comprender un poco más del momento social, político y electoral por demás complejo que vive aquel país:
1 – La situación de DDHH en los estados del sur mexicano es de una gravedad notoria, que presenta pocos antecedentes históricos, y amerita la preocupación de la comunidad internacional, incluidos los nuevos organismos regionales que creó América Latina y el Caribe durante la última década. Al menos siete candidatos, que iban a las urnas en junio, fueron asesinados en los últimos meses, en una situación irregular que atravesó al conjunto de los partidos políticos, y que tiene que ver con la disputa territorial del narco en torno a las alcaldías. Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes, es en estos momentos una flagrante “zona liberada”, donde los candidatos deben subsumirse al poder de los cárteles si quieren sobrevivir -electoralmente, políticamente, pero también de forma literal, como lamentablemente se corrobora-.
2 – En cuanto al plano estrictamente electoral, algunas precisiones: el histórico PRI sigue primero en las encuestas a nivel nacional, con un apoyo cercano al 30%, pero es también el partido con más rechazo popular -cinco de cada diez mexicanos dicen que no votaría por el oficialismo de ninguna manera-. En esta última tendencia puede apreciarse el descontento de buena parte de la sociedad civil a la situación de DDHH que vive el país, y en especial estos estados que mencionábamos con antelación. También, claro, pesan en ese rechazo diversos casos de corrupción y una política económica excluyente para las grandes mayorías desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto a Canadá y EEUU. Aún así, la extensión territorial priista, sin comparación en las demás formaciones, parece aportar a la hipótesis que enuncia que el partido de Peña Nieto no perderá aún el primer lugar electoral.
La contracara es una dispersión de las fuerzas progresistas y de izquierdas: el PRD, aún dañado por la salida de un importante dirigente como Cuauhtémoc Cárdenas, conservaría un no menor caudal de votos -alrededor de 17%, según las últimas encuestas- aunque perdería apoyos hacia Morena, el nuevo partido del dos veces candidato presidencial López Obrador -quien apela a disputar con el PRD intentando retomar el legado de Lázaro Cardenas y Zapata-. Esta nueva formación se colocaría como cuarta fuerza en su primera elección, con cerca del 11% de las preferencias, lo que significaría una verdadera revelación en el tablero político mexicano. Asimismo, la imposibilidad de unidad entre el PRD y Morena podría determinar que el conservador PAN, con apenas 23% de las preferencias, se coloque en el segundo lugar.
3 – Una de las variables necesarias a la hora de analizar los resultados del próximo 7 de junio tendrá que ver con los porcentajes de abstención. A través de las décadas, la participación a elecciones legislativas ha sido inferior respecto a las presidenciales en México -tal como sucede en muchas partes del mundo-. Sin embargo, algunos analistas, como Álvaro Arreola de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantean la hipótesis de una abstención que podría ser histórica en esta ocasión, reflejando una “precarización de la democracia”, según amplió este investigador al diario La Jornada. Un ejemplo concreto: grupos de maestros de Guerrero involucrados en el pedido de esclarecimiento del caso de “Los 43” plantean a esta hora no concurrir a los comicios en aquel estado.
4 - Más allá de la cita electoral en sí, la democracia mexicana parece estar en un momento de inestabilidades crecientes y redefiniciones. El emblemático caso de “Los 43”, que continúa sin ser esclarecido, sacó a la luz una situación de vulnerabilidades que tiene ribetes cotidianos -uno de ellos, el control narco del territorio, más allá de la “política formal”-. América Latina en su conjunto deberá tomar nota de esta situación y actuar en consecuencia, independientemente de lo que suceda el próximo 7 de junio, ya que la situación parece haber llegado a un punto límite. La CELAC, que acordó en su cumbre de La Habana 2013 definir a América Latina y el Caribe como “zona de paz”, podría jugar un rol más activo en el intento de resolución de estas problemáticas. Esto no significa que las instancias regionales latinoamericanas deban involucrarse de lleno en decisiones soberanas del estado mexicano, claro; pero parece cada vez más necesario aportar ideas y sobre todo soporte regional (y densidad político-diplomática) a un contexto por demás preocupante, al cual se ha referido, con congoja, hasta el propio Papa Francisco.
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