Ayotzinapa: criminalización y esperanza

Cristóbal León Campos

No hay límites para el país del crimen.

No hay nombre para el país del crimen.

No hay país con nombres del crimen.

No hay crímenes para el país del crimen.

Oscar Oliva, Tuxtla, noviembre, 2014.

I

Transcurrido el primer año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, y el asesinato de otras 6 personas, muchos siguen siendo los hechos por esclarecer, lo acontecido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, permanece rodeado de un sinfín de versiones falsas que el Estado mexicano ha procurado generar sirviéndose de la servidumbre que muchos medios de comunicación le ofrecen, generando una cortina mediática que impide el conocimiento cabal de la participación abierta y directa que tuvieron la policía, el ejército y los organismos gubernamentales tanto de Guerrero como federales. La sociedad es consiente a un año de que lo acontecido esos trágicos días es un Crimen de Estado. Sin embargo, aún hay que determinar aspectos tan fundamentales como el verdadero destino que los 43 estudiantes han tenido, desde luego, el deseo y la esperanza de México es que permanezcan con vida y puedan en algún momento próximo retornar a sus hogares, y aún que esta afirmación pueda parecer para algunos exagerada, baste recordar la perversidad del Estado, muchos son los casos que ayudan a mantener el sueño del rencuentro, además, el ejemplo de las dictaduras sudamericanas donde miles de seres fueron desprendidos de sus comunidades y familias, para tiempo después retornar. Por eso la consigna general del movimiento sigue siendo como desde el primer día ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!

II

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece como desaparición forzada: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Este Tratado Internacional fue ratificado por México el 18 de marzo de 2008 y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.

Una mirada rápida a los últimos años de la vida en México, demuestran lo común que resulta hablar de la desaparición forzada, forma parte del habla común. Se ha convertido en un elemento más de la cotidianeidad, siento no solamente peligroso, sino que además lo convierte en un hecho aceptado de manera pasiva, al concebirse como algo incluso “normal”. Pero una mirada más profunda a la historia de nuestro país, permite comprobar el repudiable hecho, de que la desaparición forzada es una práctica institucionalizada por los diferentes gobiernos, sean estatales o federales, utilizada contra quienes se vinculan o forman parte de los diferentes movimientos sociales que se suscitan. La violencia de Estado es una realidad, y las desapariciones forzadas una de sus expresiones, la guerra sucia no ha terminado, sigue vigente y se extiende con formas mucho más perversas, aunque mantiene sus elementos centrales que le permiten implantar la impunidad y el miedo entre la sociedad. Es tal el grado de institucionalización de la violencia que la gente común incluso llega a expresar frases que avalan de forma consciente o inconsciente su realización, es decir, se ha interiorizado de tal forma con la ayuda de los medios de comunicación que criminalizan a todo aquel que piense o actúe diferente, que se llega al grado de que en ocasiones la sociedad es cómplice de uno de los más crueles crímenes contra la humanidad. Desde luego nada de ello, exculpa al Estado de su perversidad, muy al contrario demuestra el grado deshumanizado que llegan a tener quienes ocupan y ejercen el poder desde las esferas del gobierno.

III

La criminalización de los movimientos sociales o de las protestas, es una estrategia del Estado, que consiste en identificar a los activistas y luchadores sociales, ya sea en lo individual o colectivo, como delincuentes, con el fin de mancillar sus reclamos sociales, sean estos pacíficos o violentos. Con esta criminalización cada vez más extendida, el poder ha justificado el uso y el abuso de la fuerza pública y las leyes para condenar, perseguir, encarcelar y asesinar a todo opositor del régimen capitalista.

El Estado ejerce el poder mediante su aparato judicial, limitando las acciones de todos aquellos a quienes considera atentan contra su norma establecida, como es el caso específicos de las demandas sociales. La criminalización utiliza distintas estrategias como son; la judicialización de la protesta social, la represión política abierta y la militarización. Los actores de un movimiento o protesta social son coinvertidos en criminales, pues se enfrentan al orden reinante, y al ser convertidos en criminales, el poder justifica el uso del aparato judicial y la violencia contra quienes se atreven a manifestar su inconformidad o rechazo a la injustica, desigualdad y pobreza. La protesta y el movimiento social son derechos de los pueblos, sin embargo, para el Estado son peligros latentes, por ello niega la lucha social y sus exigencias, pretendiendo evitar hacer frente a las problemáticas sociales como son: la situación económica desigual y la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación, vivienda y derechos laborales. En todo el país y pese a las acciones en su contra, las movilizaciones no se detienen y las voces no callan ante la injusticia, pero el Estado mantiene su posición de no escuchar, de pretender negar y volver invisibles los reclamos de la población.

En México, los líderes sociales son los perseguidos, criminalizados, encarcelados con procesos judiciales absurdos e injustos, mientras los verdaderos criminales permanecen en la impunidad con los bolsillos llenos de la riqueza robada al pueblo. Ahora utilizan en nombre del “combate al narcotráfico” y la “lucha antiterrorista” los instrumentos policiales y militares para acallar las voces de protesta y reprimir las movilizaciones sociales. No debemos olvidar que la continua criminalización de los movimientos populares pretende presentar las luchas por los derechos sociales como delitos y a los sujetos sociales que las promueven como delincuentes. Esto es fácilmente observable en la manera en que los medios de comunicación informan (o desinforman) sobre las protestas sociales, ocultando las motivaciones de las misma, la legitimidad de las demandas, y enfatizando en las formas más o menos violentas de expresión del descontento social. De tal suerte que las acciones represivas contra ellos se oficializan como necesarias ante la sociedad, los medios de comunicación y el Estado introducen la política del miedo entre la población para que lejos de sumarse a las protestas y movimientos

Más sin embargo, los mismos pueblos criminalizados tienen en la memoria una eficaz herramienta de lucha, por ello, es necesario difundir lo acontecido y clamar justicia. Ayotzinapa es el reclamo más humano que en nuestro país se realiza en estas fechas, la voz en alto no clama justicia únicamente por los desaparecidos y asesinados, clama el fin de la injusticia histórica y presente. Ayotzinapa es la esperanza de todo un país que ofrendando a sus hijos construye su provenir.

IV

Cumplido el primer año del Crimen de Estado sobre los normalistas de Ayotzinapa, la impunidad se revela como única certeza, pues nada, absolutamente nada, podrá devolver a las familias, amigos y compañeros los momentos perdidos, la distancia y desde luego nada podrá reparar el dolor. Más allá de que se conozca el destino de los 43 desaparecidos, la impunidad ha quedado sellada como una ofensa más a nuestras libertades y a nuestra humanidad. Lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014, es sin duda, un delito de lesa humanidad . Es la muestra de la descomposición social y política del país y de sus estructuras de gobierno llenas de corrupción.

Sin embargo, y como gesto humano Ayotzinapa sigue siendo nuestra mayor esperanza. Esa esperanza que es todo y nada. Nada en cuanto inmaterial y es todo en cuanto aliento. No hay movimiento alguno sin aliento y por tanto sin esperanza. La esperanza ha contribuido con la historia, tiene un carácter revolucionario alejado de la visión religiosa con la que se le suele relacionar. Muy al contrario, esperanza es el nombre del puño álgido que se levanta contra la opresión. Hoy después de un año, Ayotzinapa de pie y con la vista de frente, levanta el puño como señal de que a pesar de todo, sigue siendo la esperanza lo que nos guía.