Jornaleros de San Quintín

Entre la simulación y las represalias del sector patronal

Guillermo Castillo

Está mal que nos traten así los patrones, que nos exploten y nos paguen tan poco, como si [nosotros los jornaleros] sólo fuéramos animales de trabajo. Y ya na más no sirves y se deshacen de ti, como si ya no existieras. No es justo, porque uno, aunque pobre, tiene su dignidad, sus derechos. Testimonio de un jornalero de Oaxaca, Marzo 2015.

Y uno que salió del sur pa venir a buscarle acá, por una mejor vida, porque allá de por sí no había nada. Y, pues, acá salió igual o peor, trabajas de sol a sol y te pagan una miseria. Y, si reclamas y pides un poco más, lo justo pues, te corren; de a tiro acá no valemos nada. Al gobierno tampoco le importamos, por eso los patrones nos tratan como si no valiéramos nada. Testimonio de un jornalero de Guerrero, abril 2015. 

San Quintín, el valle de la desigualdad y el abuso laboral.

Pese a los cambios positivos que supuestamente traerían los acuerdos derivados de las negociaciones de mayo y junio pasados entre los voceros de los jornaleros organizados de San Quintín, los funcionarios de los gobiernos estatal y federal y los representantes de los propietarios de los ranchos agrícolas, las situaciones laborales y de vida de los trabajadores agrícolas de este valle no han mejorado en absoluto, por el contrario, han empeorado, volviéndose todavía más precarias sus condiciones de existencia material [1]. Como desde hace décadas y derivado de los procesos de reestructuración productiva del campo relacionados a las políticas neoliberales en el ámbito rural, el valle de San Quintín encarna hoy día un micro-cosmos social desigual y asimétrico -caracterizado por extremos opuestos-, que refleja lo que acontece en gran parte del agro mexicano contemporáneo [2]. Por un lado, muchos empresarios agrícolas indolentes que fincan buena parte de su prosperidad económica y ganancias monetarias en relaciones laborales abusivas e ilegales [3], y, por otra parte, trabajadores agrícolas desposeídos y empobrecidos que laboran en condiciones que rayan en la esclavitud, ante la imperiosa necesidad de ganarse el sustento para la vida diaria [4]. Sobre la generalizada y lacerante miseria de las decenas de miles de jornaleros se erige la riqueza de un reducido y voraz grupo: los patrones.

Los campos agrícolas, pasado y presente de la explotación laboral.

En este tenor San Quintín condensa tres complejos procesos socioeconómicos y políticos de carácter nacional relacionados entre sí. 

A) El primero concierne al abandono oficial de carácter sistemático y crónico de uno de los grupos claves del sector rural (los campesinos), lo cual ha generado consecuentemente enormes grupos de trabajadores agrícolas desocupados. Desde el inicio de los regímenes neoliberales en 1982 y particularmente con el sexenio salinista (1988-1994) y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), se implementaron una serie de políticas de restructuración económica que desarticularon, desprotegieron y quitaron apoyos y subsidios a la producción agrícola [5], con lo cual desde hace más de tres décadas centenas de miles de campesinos empobrecidos tuvieron que salir de sus localidades de origen en el sur del país (de entidades federativas como Oaxaca y Guerrero) y migraron temporal y permanente a distintos puntos de México y Estados Unidos en busca de empleo y mejores condiciones de vida; muchos de los cuales se dirigieron a los corredores agroindustriales del Bajío y el noroeste del país (Sinaloa, Sonora y el San Quintín en Baja California); San Quintín es uno más de los enclaves de agricultura mercantil de exportación que se nutre de este éxodo masivo y crónico de campesinos e indígenas [6] [7].

B) El segundo proceso alude a las formas cómo, a través de las dinámicas de enganche y las cadenas de contratación, muchos de los agro-empresarios del centro y noroeste de México de manera alevosa se aprovecharon de las condiciones de precariedad de estos cuantiosos contingentes de campesinos desposeídos y desocupados provenientes principalmente del sur del país para incrementar sus ganancias. Ante las imperiosas necesidades de empleo de estos “desheredados” y “olvidados” del campo mexicano, muchos de los propietarios de los campos agrícolas y los ranchos –como es el caso de varias empresas en San Quintín- les impusieron condiciones laborales que, además de violar flagrantemente la ley federal del trabajo, claramente pueden ser catalogadas como explotación moderna (ausencia de contrato laboral, carencia de seguridad social y de las prestaciones de ley, jornadas laborales que por semana rondan en las 60 horas, además de la falta de respeto a los derechos humanos en diversos niveles) [8] [9].

C) El último y tercer proceso tiene que ver con la ausencia del Estado respecto a sus obligaciones de defensa y garantía de los derechos de los jornaleros, lo cual se manifestó a través de una política oficial selectiva que se orientó y orienta a beneficiar a grupos de poder económico en detrimento de estos sectores sociales menos favorecidos. Por un lado y desde un marco histórico-estructural previo, las instituciones estatales no garantizaron el contexto socio-económico indispensable para que, además de la posesión y/o acceso a la tierra –como medio de subsistencia-, los campesinos tuvieran las condiciones e infraestructura de trabajo y desarrollo para tener una vida digna y justa –acorde al marco jurídico constitucional- en sus lugares de origen. Por otra parte, y desde la consideración de su etapa de trabajadores fuera de su lugar de origen, una vez que estos campesinos-migrantes ya eran jornaleros en la producción mercantil hortícola las instituciones oficiales tampoco pudieron hacer valer y respetar sus derechos laborales, sociales y humanos.

De las movilizaciones y la negociación, a la simulación y la represión patronal.

En este adverso contexto y tras la emergencia de un movimiento organizado de jornaleros que se caracterizó por movilizaciones y diversas acciones durante varios meses (tomas de carreteras, encuentros, manifestaciones, aparición en los medios de comunicación, caravanas, alianzas con sindicatos y organizaciones sociopolíticas y de defensa de los derechos humanos nacionales y extranjeras), los trabajadores agrícolas de San Quintín lograron crear las condiciones para un arduo y complejo proceso de negociación; proceso en el que, debido a la presión mediática y social, se vieron forzados a sentarse a dialogar las autoridades estatales y federales y los representantes y voceros del grupo de propietarios de los ranchos agrícolas [10]. A pesar de los obstáculos y los intentos de sabotear el proceso de negociación por parte del sector patronal [11] y de los sindicatos oficiales (CTM, CROM) coludidos con los dueños de los ranchos agrícolas [12], en mayo y junio del presente año se consiguieron más de una decena de acuerdos que, en la tesitura del convenido entre las partes involucradas y sin haber logrado la expectativa de doscientos pesos por día trabajado para los jornaleros, se contemplaba no sólo el apego parcial a la ley federal del trabajo en lo concerniente a la situación laboral de estos trabajadores agrícolas (como afiliación al IMSS, derecho a contrato laboral, incremento del salario), sino también el compromiso de mejoría de sus condiciones materiales de vida a través de la operación de programas oficiales de desarrollo social y el respeto al ejercicio de los derechos de organizarse como gremio laboral –con miras a formar un sindicato independiente- y manifestarse por sus demandas laborales y sociales [13].

No obstante, hoy día y a más de tres meses de la conclusión de la negociación, los acuerdos a que se llegó no han sido cumplidos en absoluto, ni por parte del sector patronal en lo referente a la mejoría de las condiciones laborales de los jornaleros, ni de las autoridades estatales y federales en lo relativo al cumplimiento de la ley federal del trabajo y a lo acordado en la mesa de negociación. A la fecha, los jornaleros siguen sin contar con seguridad social y acceso a servicios médicos, no se han aplicado los incrementos salariales convenidos, la gran mayoría de estos trabajadores agrícolas carece de contrato laboral y continúa cobrando a destajo, tampoco se han llevado a cabo las categorizaciones e inspecciones de las empresas [14]. De hecho, la situación de vida y trabajo de los jornaleros no sólo no ha mejorado, sino que, por el contrario y de facto, ha empeorado como resultado del recrudecimiento de las embestidas del sector patronal. Entre otras medidas de coerción –principalmente dirigidas a los participantes en las movilizaciones-, los propietarios de los ranchos han realizado despidos masivos de jornaleros, así mismo han elaborado listas negras de personas involucradas -en la lucha por la defensa de los derechos laborales- para que no sean contratadas en otras empresas vecinas [15]. Lo que acontece en San Quintín muestra cómo, lejos de que el ejercicio irrestricto y generalizado de la ley sea una de las relaciones primordiales y primarias del Estado mexicano con sus ciudadanos, la ausencia permanente y estructural del respecto básico a los derechos –laborales, sociales y humanos- beneficia abiertamente a unos pocos (los empresarios) y perjudica drásticamente a decenas de miles (los jornaleros). En un país donde no hay justicia, la ley -o su ausencia- garantiza los privilegios de unos cuantos y produce y reproduce la miseria de grandes porciones de la población.

Notas y bibliografía.

[1] No se ha cumplido ninguno de los trece acuerdos, denuncian jornaleros de BC, La Jornada, 26 de agosto de 2015.

[2] Jornaleros de San Quintín: entre la explotación y la resistencia, Alainet, 25 de marzo de 2015.

[3] Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social, Revista Contralínea, 12 de abril de 2015.

[4] San Quintín, reflejo de la ignominia y los reclamos de justicia, La Jornada del Campo núm 94, 18 de julio de 2015.

[5] Sector agropecuario: los saldos de tres décadas de neoliberalismo, Revista Contralínea, 15 de febrero de 2015.

[6] Abbdel Camargo, “Haciendo vida en esta tierra: El asentamiento de los triquis en el Valle de San Quintín, Baja California”, en María Dolores Paris Pombo (Coord.) (2012), Diáspora triqui. Violencia política, desplazamiento forzado y migración, UAM-X, México.

[7] Abbdel Camargo, “Nuevos patrones de movilidad y el papel del asentamiento en la redefinición de los territorios indígenas. El caso del Valle de San Quintín”, Mesa redonda actores sociales y procesos socio-económicos y espaciales relacionados a la migración, UNAM, 2 de septiembre de 2015. Consultar en: https://www.youtube.com/watch?v=cBe5Lbm2O5s&feature=youtu.be

[8] Jornaleros de San Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social, Revista Contralínea, 12 de abril de 2015.

[9] En semiesclavitud, más de dos millones de jornaleros, La Jornada , 6 de abril 2015.

[10] Balances y saldos de las movilizaciones de jornaleros de San Quintín, Bilaterales, 16 de junio.

[11] Patrones rechazan pagar $200 al día a jornaleros de BC, La Jornada , 16 de mayo 2015.

[12] Defiende la CROM a los patrones de San Quintín, La Jornada , 17 de mayo 2015.

[13] Trece acuerdos logrados entre jornaleros de San Quintín y autoridades, Anima Político, 14 de mayo de 2015.

[14] No se han cumplido ninguno de los trece acuerdos, denuncian jornaleros de BC, La Jornada, 26 de agosto de 2015.

[15] No se han cumplido ninguno de los trece acuerdos, denuncian jornaleros de BC, La Jornada, 26 de agosto de 2015.