Mexicanos marchan a 11 meses de Ayotzinapa Epigmenio Ibarra

Han sido 11 meses de ‘‘rabia, indignación, coraje, dignidad y búsqueda’’. Casi un año sin saber el paradero de sus hijos; 334 días desde que policías del municipio de Iguala, Guerrero, atacaron con armas de fuego a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, dejando a tres de ellos muertos, 43 más desaparecidos y cinco heridos.

Ayer, los familiares de los normalistas realizaron la 15 Acción Global por Ayotzinapa, que incluyó la presencia ante embajadas de varios países y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. En ambas acciones, los manifestantes exigieron al gobierno federal ampliar seis meses más el periodo para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siga con sus investigaciones sobre este crimen.

La jornada concluyó con un mitin en el Zócalo. Desde ahí, los padres y madres de familia anunciaron las actividades para conmemorar el primer aniversario de los hechos, que incluirán un ayuno de tres días, entre el 24 y el 26 de septiembre; la preparación para la jornada que se conocerá como ‘‘Día de la Indignación Nacional’’ o ‘‘Paro Político Nacional’’, el 26, así como un ‘‘contrainforme de la situación real que vive el país’’, entre el 31 de agosto y el primero de septiembre.

Asimismo, se informó que varias organizaciones sociales estadunidenses realizan gestiones para que en el marco de la visita del papa Francisco a Filadelfia, del 25 al 27 de septiembre, una comisión de padres y madres de Ayotzinapa pueda ser recibida por el pontífice.

Al tomar la palabra en el Zócalo, Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, señaló que en estos 11 meses el gobierno federal sólo ha demostrado ‘‘que no tiene palabra’’, porque ‘‘no ha cumplido las promesas que hizo frente a los familiares’’.

Informó que hace unos días se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien demandaron que se prorrogue el periodo de trabajo GIEI. En principio, el funcionario aceptó la idea, ‘‘pero nos acabamos de enterar por nuestros abogados de que el gobierno tomará la decisión hasta después del 6 de septiembre, día en que el grupo de expertos presentará su informe final’’.

En las movilizaciones de ayer también participaron colectivos sociales, organizaciones sindicales y estudiantes, entre otros. De acuerdo con los organizadores, en la marcha vespertina participaron 3 mil personas. En la ruta final hacia el Zócalo, los manifestantes hicieron un alto en el ‘‘antimonumento’’ con el número +43, en el cruce de Reforma y Bucareli, donde hicieron un ‘‘pase de lista por los ausentes’’.

La madre del estudiante José Álvarez Nava exigió al ‘‘gobierno corrupto que nos entregue a nuestros hijos. No estamos pidiendo un favor, es su obligación entregar a los 43 y a los miles de desaparecidos que hay en el país’’.

Por la mañana, se dividieron en varios contingentes para visitar las embajadas de 30 países y entregar un documento en el que solicitan a los diplomáticos su intervención a fin de que las autoridades mexicanas autoricen una prórroga a las investigaciones que realiza el GIEI, pues consideraron que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República ‘‘han sido ineficaces y la dependencia ha sido incapaz de ofrecer verdad y justicia’’. Así, visitaron las representaciones de Portugal, Argentina, España, Bélgica, Francia, Tailandia y la Unión Europea, entre otras.

Por otra parte, tres personas fueron detenidas al término de la marcha en la estación Zócalo de la línea 2 del Metro. De acuerdo con el reporte de los hechos, un grupo de personas llevó la protesta por Ayotzinapa hasta las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

En la entrada del acceso sur invitaron a los usuarios a pasar sin pagar. Liberaron los torniquetes; sin embargo, ante la afluencia se hizo una gran aglomeración. Se abrieron las puertas laterales, pero también resultaron insuficientes para la entrada de personas.

Eran las ocho de la noche y la gente seguía llegando, por lo que empezaron a empujarse, lo que generó una confrontación con el personal de la estación, que al verse superado por los manifestantes pidió refuerzos.

Durante algunos minutos hubo empujones, golpes y forcejeos, así como gritos de los usuarios, algunos de los cuales presentaron crisis nerviosas.

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Más de cien comunidades de la sierra nororiental de Puebla y Veracruz, en ejemplar resistencia contra el despojo

Los Brigadistas-UNAM

Crisis, Peña y el recrudecimiento del despojo

Mientras la crisis capitalista se profundiza, los dueños del dinero multiplican sus formas de despojo y de dominación. Lo vemos en Grecia, con el gran capital mundial encabezado por la Troika neoliberal, como zángano succionando hasta la última gota de la riqueza de este pueblo hermano. Lo vemos en las mismas entrañas del imperio, en Estados Unidos y Alemania, con la persecución, encarcelamiento, muerte y repatriación de miles de migrantes; en toda Europa con la eliminación de derechos sociales y laborales, y el desmantelamiento de lo poco que queda del Estado de Bienestar. Lo vemos también en América Latina, con la disputa de gigantes económicos como China y EU, peleando el territorio país por país.

Se trata de una guerra económica al seno del gran capital y contra los pueblos, contra sus trabajadores y por el dominio de sus recursos naturales; guerra recrudecida por la prolongada crisis económica capitalista, y México no es ajeno a este escenario. Vivimos un periodo inaudito de despojo y lucha inaudita por la ganancia, que ha generado un mar de violencia, desapariciones, asesinatos a luchadores sociales y periodistas, arrebatos, reformas neoliberales y privatizaciones. Prácticamente no hay comunidad o sector a salvo: maestros acosados día a día, médicos y enfermeros amenazados, estudiantes excluidos, petróleo y gas privatizados, energía eléctrica vendida al mejor postor, el agua con reformas privatizadoras que avanzan por debajo de la mesa, y hasta la UNAM en la mira de Peña Nieto para imponer a su próximo rector.

Todo lo que huela a resistencia social, es inmediatamente intervenido, con avalanchas de difamaciones mediáticas, y si no basta, ahí están los policías y militares puestos en la primera fila para enfrentar al pueblo, incluso más que a los narcos.

Pero en medio de tanto despojo, de tanto arrebato y despotismo, se encuentra la digna resistencia de los pueblos, abriéndose paso. Andando un camino difícil pero digno, y aún más, el único para defender lo que nos está siendo arrebatado; el camino de la lucha y la organización social.

Sierra norte de Puebla y Veracruz, en defensa de la vida y el territorio

Frente a este histórico despojo, han despertado en el país un sin número de resistencias dispersas, unas más grandes que otras; unas nuevas, y otras de mucho tiempo atrás, pero que juntas representan la esperanza de cambio, de que unidos, organizados y dispuestos a luchar, podremos frenar a este gobierno de corruptos, narcoterroristas de Estado, ladrones y asesinos, que están al servicio del gran capital.

Un ejemplo de esta resistencia popular, es la de los pueblos mazahuas, totonacas y mestizos de la sierra nororiental de Puebla y Veracruz. Pueblos y comunidades que se han organizado para detener los megaproyectos de grandes empresas mineras, petroleras, de la construcción, así como poderoso consorcios comerciales.

Cada vez más comunidades se suman a la resistencia y a la Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio que le da cuerpo. Al momento son 102 comunidades, de 21 municipios de Puebla y Veracruz, las que integran la organización. En la novena sesión de la asamblea, realizada el pasado domingo 9 de agosto, asistieron más de 3 mil personas, quienes ratificaron su decisión de no permitir los "megaproyectos de despojo y muerte".

No a las minas, no al fracking, no a las hidroeléctricas y no a los grandes consorcios comerciales

La lucha de estas comunidades, en su mayoría indígenas mazahuas, se centra en impedir la minería a cielo abierto, el establecimiento de 4 hidroeléctricas en sus ríos, el fracking que destruiría sus pueblos y a la naturaleza, y el establecimiento de grandes consorcios comerciales en la zona.

Minas a cielo abierto

Los proyectos mineros de la región fueron aprobados por el gobierno, las empresas a las que les fueron entregadas las concesiones son Minera Autlán, Minas Santa Martha y el Grupo Ferrominero. Los pueblos afectados interpusieron un amparo, señalando en primera instancia al gobierno federal y al Estado Mexicano en su conjunto, por dar concesiones mineras sin consultar a las comunidades afectadas (lo que viola tratados internacionales), y sin tomar en cuenta la gran contaminación que se produciría, principalmente en los diversos manantiales del lugar. Las autoridades directas señaladas por los pueblos son la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el poder legislativo que años atrás aprobó, sin el acuerdo de los pueblos, la Ley Minera de corte neoliberal. Todas estas dependencias y autoridades han respondido con arrogancia, y mostrando una profunda ignorancia del tema. Basta decir que la Secretaría de Economía "argumentó" que ellos no concesionaron el suelo "sino el subsuelo" de los municipios afectados, y que por tanto la demanda de las comunidades era inválida. Finalmente, en medio del creciente rechazo social a la minería a cielo abierto en la región, el pasado 19 de marzo el 2do juzgado de distrito en San Andrés Cholula, concedió la suspensión de plano a la solicitud de amparo presentada por las organizaciones de campesinos e indígenas de la región de Cuetzalan, Yaonahuac e Ixtacamaxtitlán, Puebla. Las empresas concesionarias no podrán realizar actividades en la zona mientras dure la suspensión.

Hidroeléctricas

Por otro lado, son 4 hidroeléctricas las que el consorcio ICA pretende montar en el río Apulco, a pesar de las evidencias de que se provocaría una afectación social y ambiental de grandes dimensiones, incluyendo especies endémicas de sapos que correrían el peligro de desaparecer, o el daño al río Tecolutla que ya no recibiría las aguas del río Apulco. En suma: falta de agua para los pueblos, concentración de agua para entes privados, generación de electricidad que no sería para las comunidades, negocio redondo para unos cuantos (los beneficiarios de siempre), a costa de la degradación de vida de los pueblos y la destrucción de la naturaleza. La CFE ha prometido que, si las comunidades dejan construir las hidroeléctricas, les llegarán recibos de luz más baratos, los pobladores no se han tragado el cuento ni han aceptado el chantaje. Encabezados por el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), que forma parte de la Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio, se interpuso un recurso de revisión técnica a las manifestaciones de impacto ambiental ante la Semarnat. Sin argumento alguno y presionada por todas las comunidades en lucha, se logró detener el entubamiento del río y la construcción de las hidroeléctricas está detenida.

Fracking

En cuanto al fracking, los pueblos y comunidades que luchan por la defensa de la vida y el territorio, han dado una importante lección a todas las demás regiones del país, en un momento donde las petroleras privadas más grandes del mundo se prestan como buitres a apoderarse del gas y del petróleo de nuestro país, tras la aprobación de la reciente Reforma Energética peñanietista. Los mismos mapas de inversión de Pemex deben reconocer que en Cuetzalan y la región de la sierra norte de Puebla y Veracruz en resistencia, no pueden intervenir, ni puede haber extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fracking, pues dicen “el ordenamiento territorial no lo permite”. El manifiesto de impacto ambiental presentado por PEMEX, reconoce que el Ordenamiento Ecológico de la región, establece lineamientos y restricciones permitiendo únicamente la microindustria y pequeña industria. Se trata de un ejemplo para todas las demás zonas que están siendo devastadas por la fractura hidráulica, altamente contaminante y destructiva.

Consorcios comerciales

Una lucha más, de “importancia estratégica”, es la que da la COTIC y otras organizaciones de la zona en contra de los grandes consorcios comerciales como Walmart y Coppel. En 2010, Walmart pretendió instalarse en Cuetzalan, mediante un Aurrera de su propiedad; el dictamen fue revisado por la COTIC y se decidió no permitir su establecimiento. Sin embargo, Coppel sí está construyendo una sucursal en la cabecera municipal, a pesar de que el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan lo rechaza, y está dando la pelea legal y con movilización social para impedirlo. No se trata de algo menor, la lucha contra este tipo de empresas tiene que ver con la defensa de la forma de vida, de consumo, de producción y de intercambio de las comunidades de la región, que mayoritariamente viven del autoconsumo, de la fortaleza de su mercado interno, comprando y vendiendo productos locales, generados en sus propias parcelas. Walmart, Coppel y este tipo de empresas, representan una amenaza a este ordenamiento, “permitir su instalación significa sepultar lo que somos”, dicen los habitantes. “Nos quieren endeudar, nos quieren hacer comprar cosas que no necesitamos, que no producimos... se quieren llevar nuestra riqueza y destruir nuestra forma de vida. Lo que estamos haciendo es defender y resguardar la Economía y Cultura popular”.

Sigue la asamblea, todo lo que tenemos es el poder del pueblo

La novena Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio, no sólo fue de organización y de información, fue también de convivencia, de compartir el agua y los tamales, de obras de teatro y poesía, de música, dignidad y resistencia.

Miles de pobladores, de estas 102 comunidades organizadas, se dieron cita, nuevamente, para decirle a gobierno de Peña Nieto y a los grandes capitales petroleros, mineros, de la construcción y del comercio, que sus tierras, sus bosques, sus ríos, su forma de vida, su cultura no están en venta, y no lo estarán nunca.

Frente al poder de los mineros, de la Ley Minera, del despotismo de la Secretaría de Economía, tenemos el poder del pueblo.

Frente a las hidroeléctricas, el gran poder del capital, ICA, la Semarnat, nosotros tenemos la capacidad de organizarnos, de luchar.

Frente a Walmart, Coppel el poder de los acaparadores, explotadores y gobernantes que los protegen, nos tenemos a nosotros, nuestra dignidad y conciencia.

Frente a todos ellos, comandados por el Estado y por el gobierno de Peña Nieto, lo único que tenemos, es el poder del pueblo. Construyámoslo con unidad y resistencia.

¡Vivan los pueblos que defienden a la naturaleza, al territorio, la vida y la cultura!

¡Viva la resistencia de los pueblos de la sierra norte de Puebla y Veracruz!

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Nos faltan 72 migrantes

Ilka Oliva Corado

La noche anterior lo habíamos escuchado en las noticias, nos cayó como un balde de agua fría, en México habían asesinado a 72 migrantes centroamericanos. Hay que ser indocumentado y atravesar territorios en las migraciones forzadas y en absoluta clandestinidad para entender la ansiedad, la ira, la paranoia y el inmenso dolor que deja en un ser humano una experiencia de esta magnitud. Jamás se vuelve a ser igual.
Recuerdo que al día siguiente yendo hacia el gimnasio me encontré en la entrada a un conocido mexicano, que cuando me vio se me lanzó encima totalmente acongojado y me abrazó fuerte y me pidió perdón en nombre de su pueblo, él era oriundo de Tamaulipas. Se sentía avergonzado, lloró desconsolado en mis brazos, la muerte de los 72 nos pegaba fuerte a los dos y a los miles que hemos cruzado las fronteras de la muerte y por desgracia haberlas sobrevivido porque nos queda la memoria y el dolor de estar vivos. El preguntarnos todos los días, ¿por qué nosotros estamos vivos y ellos no?

La noticia se regó como pólvora y el mundo supo de un lugar llamado Tamaulipas y por unos segundos el peregrinar de los migrantes indocumentados que atraviesan territorio mexicano en busca de Estados Unidos. Lo cierto es que quienes llevamos las huellas de la frontera en nuestra piel sabemos que el número es lo de menos, que todos los días desaparecen y mueren indocumentados en territorio mexicano y en la frontera. Que violan, golpean, torturan migrantes tanto policías mexicanos como los estadounidenses de la Patrulla Fronteriza. Que todos estamos expuestos. Que las mujeres somos las más vulnerables. Que antes de los 72 hubieron miles más, por docenas, por montones que se denunció y las autoridades le dieron carpetazo. Que lo de los 72 fue la tragedia escalofriante, como las que hubieron antes y que están ocultas ahí en las fosas clandestinas por el mismo gobierno mexicano. En el desierto de Sonora-Arizona por el mismo gobierno estadounidense.

Si las aguas del río Bravo hablaran, si pudiera hablar la oscurana del desierto, si pudieran hablar los cactus, los caminos empolvados, aquellos cerros, las vías de tren. Ay, si yo pudiera olvidar, si pudiéramos olvidar todos los que somos post frontera. Se nos secó el alma en la travesía. Nos mataron a 72 hermanos, de ellos lo sabemos por las noticias. Pero nos han matado miles, han violado a miles de niños, niñas y mujeres. Les han quitado los órganos y desmembrado a miles y lanzado su carne a las llamas en un tonel lleno de gasolina para que no quede rastro alguno. Sus nombres han sido borrados de los registros de denuncias, las paredes de los centros de detención han sido testigos de la barbarie. Sus cuerpos cercenados quedan expuestos en las vías del tren. Se ahogan los gritos y el llanto de las niñas que son violadas en los vagones. Y los asaltan y los maltratan los mismos policías que forman parte de las bandas delictivas que se hacen millonarias a costillas del tráfico, tortura, violación, desaparición y asesinatos de migrantes indocumentados.

Por desgracia después de los 72 han sido más. Cinco años después de aquella tragedia se sigue criminalizando a los migrantes. Se ha triplicado en número de migrantes que emigran a fuerza de la denigración del sistema en sus propios países de origen. Se habla de país de origen, tránsito, llegada y retorno. Todos al final criminalizan al ser humano estigmatizado por su condición de indocumentado y extranjero. Lo re victimizan.

Nos faltan 72 migrantes indocumentados. Nos hacen falta miles alrededor del mundo. ¿Quién los nombra? ¿Quién los busca? ¿Quién los trata con humanidad? ¿Quién los visibiliza? ¿Quién los honra? Ningún ser humano es ilegal. ¿Quién será capaz de detener estas masivas migraciones forzadas? ¿Qué sistema? ¿Qué gobierno? ¿Qué humanidad?

Del ser humano indocumentado se aprovechan miles, directores de cine que con documentales se hacen un nombre y caminan en alfombras rojas y reciben distinciones presidenciales. También llenan sus cuentas bancarias con las regalías. Con el apoyo que reciben de organizaciones humanitarias que les creen lo de buena fe y honestos.

Del indocumentado se aprovechan los gobiernos, las redes de trata de personas, los mismos presentadores de noticias que brillan cuando masacres como la de la 72 los coloca en tarimas por la cobertura amarillista que jamás denunciará a los que debe, y los premia con distinciones en diplomas, trofeos y cheques.

Del indocumentado se aprovecha el chucho y el coche. Pero quién, ¿quién lo dignifica?

¿Y la sociedad? ¿Los intelectuales? ¿Los que pertenecen al gremio de los titulados y organizaciones sociales? ¿Los que oran día y noche? ¿Quién en potestad ocupa su espacio de difusión para nombrar a los migrantes indocumentados? ¿Para exigir sus Derechos Humanos? ¿Para exigir que se juzgue a los culpables de este genocidio mundial?

¿Y usted que lee estas letras, qué está haciendo para visibilizar esta barbarie? ¿Qué está haciendo para detenerla? ¿Usted se atrevería a nombrarlos?

Por los 72. Por los miles alrededor del mundo. Por los que ya no están, por los que están y por los que vienen. Por los que somos post frontera, qué el dolor de estar vivos nos sea breve.

#NosFaltan72

#NingunSerHumanoEsIlegal

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Terrorismo de Estado y democracia liberal

Rafael de la Garza Talavera

Al igual que las dictaduras militares en Latinoamérica en los años setenta -esas que eran vistas desde México como algo lejano y ajeno a la herencia de la revolución mexicana- la neodictadura mexicana que hoy vivimos, en medio de una guerra civil sin freno, tiene la finalidad de sembrar el terror entre la población como estrategia de control social para imponer el modelo de explotación salvaje, sin importarle a los empleados del capital el altísimo costo social y la pérdida efectiva de derechos civiles, económicos, políticos y culturales.
Comparte esta neodictadura con las dictaduras de los setenta su desprecio por la vida y la dignidad humanas, por la aplicación sistemática de la tortura y los delitos de lesa humanidad, por la criminalización de la protesta, por el exilio impuesto, por el cinismo rampante, por el sometimiento de los medios de comunicación, por el despojo y el robo permanente, por la glorificación de las fuerzas armadas y sobre todo la ambición desmedida por el dinero. Pero a diferencia de las dictaduras hoy puestas en la picota judicial en países como Argentina o Chile, la neodictadura mexicana echa mano de la democracia liberal -despreciada por Videlas o Pinochets- para cubrir con el manto purulento de la libertad política los horrores de una guerra civil emprendida desde el Estado y apoyada por bandas paramilitares a las que se les “concesiona” -a cambio de las comisiones de rigor para los representantes surgidos de elecciones libres, las cuales serán utilizadas para comprar elecciones y enriquecerlos sin límites- el manejo de las drogas, la trata de personas, el comercio de órganos, la prostitución infantil, el robo de autos, el secuestro, la ordeña de los ductos de Pemex, el contrabando de armas y lo que se acumule. La relación entre el Estado mexicano y los narcotraficantes no es entonces una casualidad o una daño colateral: es una alianza estratégicamente diseñada para mantener el saqueo y la contención de la protesta social.

El argumento utilizado por Felipe Calderón y burguesía mexicana para justificar la salida de los soldados de sus cuarteles -para realizar actividades policiacas que por ley corresponden a los civiles- fue un golpe de Estado “legal” que en lugar de disminuir la violencia provocada por la delincuencia organizada tuvo desde entonces la finalidad de contener la protesta social. En la hoja de ruta marcada desde Washington para mantener a México como su patio trasero, estaba contemplada la posibilidad de que, ante la intensificación del saqueo de recursos naturales y la concomitantes pérdida de libertades civiles y políticas, sería necesario definir una estrategia de contención de las protestas que las comunidades indígenas y la población más afectadas organizarían para sobrevivir.

Un ejemplo reciente de lo anterior es la solicitud de Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, para que las fuerzas armadas ocupen Oaxaca, junto con los miles de policías federales que ya acampan en plena calle del centro de la capital de ese Estado. El llamado no es para enfrentar una crisis por la violencia del narcotráfico sino la supuesta amenaza que representa la sección 22 del magisterio para los intereses de la oligarquía local y nacional. Y no precisamente en el ámbito educativo -todos sabemos que a los poderosos del Estado y en particular a la derecha aglutinada en Mexicanos Primero, encabezada por un empresario como Claudio X. González, no les preocupa en lo absoluto el futuro de la niñez en Oaxaca o de cualquier parte de la república.

El caso oaxaqueño representa un ejemplo fehaciente de las características fundamentales de la neodictadura mexicana. Gabino Cué llegó al poder arropado por una coalición de partidos políticos de oposición al sempiterno PRI y con el compromiso de enjuiciar a Ulises Ruiz por sus abusos y corruptelas que provocaron el surgimiento de la comuna oaxaqueña en 2006, aglutinada alrededor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La primavera oaxaqueña duró poco y a pesar de que la APPO fue la columna vertebral del apoyo electoral para lograr la anhelada alternancia política, Gabino Cué cierra su sexenio echándose en los brazos del gobierno federal para imponer la reforma laboral de la educación y de paso allanarle el camino al PRI para que regrese al Gobierno del Estado el próximo año. Y para ello coloca en la misma balanza la defensa de los derechos laborales con la amenaza del narcotráfico a la seguridad nacional.

Otro caso que se ajusta a las premisas señaladas arriba como anillo al dedo es el del Estado de Veracruz, en donde el gobierno encabezado por Javier Duarte ha sido sometido a una fuerte presión por parte del movimiento estudiantil así como de organizaciones defensoras de derechos humanos, de campesinos en defensa de sus recursos naturales y de periodistas que se han atrevido a publicar información que evidencia la corrupción y el contubernio entre gobierno y delincuencia organizada. Los crímenes en la colonia Narvarte o la golpiza a los estudiantes de la Universidad Veracruzana son sólo los actos de violencia más recientes. Pero a ellos hay que agregar la compra de voto en las elecciones, el saqueo del erario público para, como dicen altos funcionarios del gobierno estatal, impulsar el crecimiento económico mas una larga lista de agravios a la población que gozan de sistemática impunidad, entre los que destacan el asesinato o desaparición de periodistas. Todo ello en medio de una proceso de militarización que ha provocado el fortalecimiento de los mandos castrenses en la configuración de las políticas estatales de seguridad pública.

Los dos casos en cuestión confirman y evidencian que la militarización es un proceso encaminado a sofocar y contener las protestas sociales provocadas por el empobrecimiento generalizado de la población y la pérdida de derechos civiles y políticos. La militarización no es para controlar al narcotráfico sino para someter a la población que protesta y se rebela. Ésa es la razón por lo que la mayoría de los muertos están entre la población civil, sean o no sospechosos de narcotráfico, el cual sigue gozando de buena salud, diversificando su producción y sus mercados, mezclándose cada vez mas con el poder, convirtiéndose en un actor político más poderoso que los partidos políticos.

El terrorismo de Estado como destino, la democracia liberal como ilusión. Esa es la razón por la cual los ministerios públicos y en general el sistema judicial ha sido constantemente señalado como obstáculo para realizar investigaciones que den con los culpables. Porque el culpable es el Estado mexicano. Todas sus instituciones trabajan en favor de la 'limpieza social' -entendida como la desaparición de la oposición real, la crítica y el diálogo permanente entre los integrantes de la sociedad- para favorecer los intereses del capital. Y si para lograr este objetivo es necesario una guerra civil que así sea, pero eso si, con la democracia liberal y la hipócrita defensa de los derechos humanos por delante. Las dictaduras militares de los años sesenta y setenta en Latinoamérica sobrevivieron a lo mucho un par de décadas. ¿Cuánto sobrevivirá la neodictadura mexicana?

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2015/08/la-neodictadura-mexicana-terrorismo-de.html

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800 profesores despedidos

Pedro Echeverría V.

“El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa. Quien lo juzga es el mismo que le paga. Son lo mismo criminales y jueces. Son cabezas venenosas de la misma Hidra” (Subcomandantes Moisés y Marcos) 

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EZLN De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia

Subcomandante Insurgente Galeano

EZLN

16 de Agosto del 2015.

A la Sexta Nacional e Internacional:

Al Congreso Nacional Indígena:

A l@s de abajo en el mundo:

A quien corresponda:

Una vez más se remarca que, de arriba, no vendrán la verdad ni la justicia.

Nunca.

Jamás.

De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo.

El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa. Porque quien lo juzga es el mismo que le paga. Son los mismo criminales y jueces. Son cabezas venenosas de la misma Hidra.

Y ahora tenemos un nuevo ejemplo:

Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano. Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero. Sabemos ya que han sido declarados inocentes del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas. El autodenominado “juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables de organizar el crimen. No los únicos, pero también lo son.

A escondidas los llevaron de vuelta a La Realidad. Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua. Ahí declaran, a quien quiera escucharlos, que no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las atenciones y la felicitaciones del gobierno estatal de Manuel Velasco y de los líderes de la CIOAC-Histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo “y seguir con lo que quedó pendiente”.

Ahora falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendeguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles. Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales.

También falta que los periodistas progres los entrevisten y los presenten como víctimas del “feroz” Galeano (él solo contra más de dos decenas de criminales cioaquistas), reediten la mentira de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas, y cobren con la mano derecha el servicio prestado, vehículos con chofer incluidos, mientras en sus medios ensalzan el “gran” desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas y, con la mano izquierda, celebran su “compromiso con las luchas sociales”.

Pero…

Como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos; y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios.

Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios.

Miramos y escuchamos el dolor y la rabia, hechos reclamo en los familiares de miles de desaparecid@s y asesinad@s nacionales y migrantes.

Miramos y escuchamos la tenaz búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinadas en la guardería ABC en Sonora.

Miramos y escuchamos la rabia que se hace digna y rebelde huelga de hambre de anarquistas pres@s en México y en otras partes de mundo.

Miramos y escuchamos la rabia en los pasos incansables de los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa.

Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Nahua de Ostula, agredido por el ejército.

Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Ñahtó de San Francisco Xochicuautla por el despojo de sus bosques.

Miramos y escuchamos la rabia del pueblo hermano Yaqui por los presos injustamente y por el robo descarado de su territorio.

Miramos y escuchamos la rabia por la burla que es la investigación por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Nadia Dominicque Vera Pérez, Mile Virginia Martin Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.

Miramos y escuchamos la rabia del magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que padecen por el delito de no rendirse.

Miramos y escuchamos la indignación de quienes, en el norte revuelto y brutal, son atacados por el color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados.

Miramos y escuchamos la rabia y el dolor por las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser mujeres; por l@s diferentes atacad@s porque el Poder no tolera lo que se sale de su estrecho pensamiento; por la niñez que es anulada sin que siquiera alcance una cifra en las estadísticas de la macroeconomía.

Miramos y escuchamos que sólo se reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en realidad sólo administran la impunidad y fomentan el crimen.

Miramos y escuchamos en todas partes las mismas promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras. Ni siquiera cambian las palabras, como que ya tienen un escrito que leen, y mal, todos los de arriba.

Ya es el tiempo en que, cuando el de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es “por ser quien eres“.

Porque en este mundo que dolemos, el criminal está libre y el justo está preso. Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado.

Pero también miramos y escuchamos que cada vez son más las voces que desconfían, que no se dejan, que se rebelan.

Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, ni confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza. Si está arriba, lo está porque oprime a los de abajo.

No tiene palabra el de arriba, no tiene honor, no tiene vergüenza, no tiene dignidad.

De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.

Tendremos que construirlas desde abajo. Entonces el criminal pagará hasta que quede cabal la cuenta.

Porque lo que arriba no saben es que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia.

Y cada injusticia cometida no hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen.

Y en la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben.

Y pasaremos la cuenta… y la cobraremos.

Entonces tendremos, sí, la verdad y la justicia. No como una limosna de arriba, sino como una conquista de abajo.

La cárcel será entonces para los criminales y no para l@s just@s.

Y la vida, digna, justa y en paz, será para tod@s.

Eso, sólo eso.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés. 

Subcomandante Insurgente Galeano.

México, agosto del 2015.

Fuente original: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/08/18/16380/

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La militarización de Oaxaca y el magisterio

Luis Hernández Navarro

La Jornada

En Oaxaca, mil gendarmes cambiaron fusiles por brochas. En lugar de combatir al crimen organizado fueron enviados a pintar escuelas, arreglar tuberías y cortar el pasto; en vez de proteger a la población de la delincuencia se les ordenó remozar escuelas.

El pasado 12 de agosto, durante su primer día de actividades en la primaria Vicente Guerrero del municipio de Santa María del Tule, los uniformados no reportaron bajas, aunque sí algunos inconvenientes. Acostumbrados a manejar armas tuvieron dificultades para encender las podadoras y para distinguir qué punta de los rastrillos utilizar para barrer la hierba.

Sufrieron también un tipo muy peculiar de emboscada. Cuando se presentaron con los directivos de la secundaria federal 64 para ver sus requerimientos, éstos respondieron con una lista muy puntual: dos aulas nuevas, 30 computadoras, un salón de artes y cableado. La respuesta de la Gendarmería fue negativa. A pesar de que el gobierno federal anunció que destinaría mil millones de pesos para reparar la infraestructura, sólo puede ofrecer personal para podar los árboles, hacer limpieza y pintar paredes.

Para los estrategas gubernamentales la reacción de la secundaria federal 64 fue un inesperado fracaso. Comenzaron su campaña de remozamiento escolar en Santa María del Tule precisamente porque el movimiento magisterial es allí relativamente débil: la relación entre las autoridades locales y los maestros dista de ser tersa. Quienes laboran en las escuelas de esa localidad participan en las protestas de manera restringida, usualmente mediante comisiones, pues el municipio no les permite suspender actividades. Pero, a pesar de ello, en esa secundaria el plan de la Gendarmería no pudo avanzar.

No es el único caso. Lejos de suscitar la adhesión de los padres de familia, la llegada de los gendarmes a las escuelas causó malestar y desconfianza. Soledad del Rocío Ramos, vocera de la Coordinadora Estatal de Madres y Padres de Familia, advirtió: Los policías deben estar en las calles, buscando delincuentes, garantizando la seguridad. En nada nos interesa que estén adentro de las escuelas. Vamos a rechazar la llegada de los policías a las escuelas.

Para muchas comunidades oaxaqueñas, que padecen la precariedad y la falta de empleo, la labor de los uniformados en los centros escolares es una grosería. En sus pueblos hay jardineros, albañiles, plomeros, electricistas, balconeros, arquitectos e ingenieros. ¿Por qué no darles trabajo a ellos?

Las Jornadas de Dignificación de Escuelas en Oaxaca son la cara amable de la militarización de la entidad para tratar de doblegar la resistencia del magisterio a la reforma educativa. Son un eslabón más de una estrategia decidida en Los Pinos, inaugurada una semana antes de los comicios del 7 de junio, y que el gobierno estatal quiere disfrazar solicitando a los poderes de la Unión a posteriori, el patrullaje y vigilancia de elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.

En los hechos, el envío de tropas y las rondas en las calles han creado una especie de estado de sitio, sin tener autorización legal para ello. Lejos de proporcionar seguridad, la presencia de soldados y policías en centros comerciales, hoteles y lugares de convivencia colectivos ha generado una creciente irritación entre los habitantes de la ciudad de Oaxaca. Los uniformados alteran la convivencia diaria. Los incidentes entre ciudadanos de a pie y elementos castrenses que actúan con prepotencia, se emborrachan o consumen estupefacientes se multiplican día a día.

También forma parte de esta campaña la pretensión de movilizar a funcionarios del registro civil y a las autoridades municipales en la cruzada contra los profesores, en favor de la reforma educativa y en defensa del nuevo Ieepo. La maniobra no ha tenido éxito. Alcaldes y cabildos se niegan a enfrentarse contra los docentes.

Para aislar a los trabajadores de la educación de los padres de familia y las comunidades –sus aliados naturales–, el gobierno federal no ha dudado en utilizar los programas de combate a la pobreza. Bajo amenazas y presiones, madres beneficiarias del Progresa han sido acarreadas a reuniones en que Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ataca a los maestros.

Simultáneamente, en los encuentros contra los maestros democráticos, la secretaria, de la mano del priísta Héctor Pablo Ramírez Puga, aspirante a la gubernatura del estado y antiguo colaborador del ex mandatario local Ulises Ruiz, ha anunciado que la leche distribuida por Liconsa costará un peso.

El uso faccioso de los programas sociales por Rosario Robles ha sentado muy mal entre maestros y padres de familia. Algunas de las reuniones de la secretaria fueron canceladas por las protestas de los docentes; en otras, beneficiarias de Progresa denunciaron que fueron presionadas y amenazadas para asistir. Sin ambigüedad alguna, Soledad del Rocío Ramos, vocera de los padres de familia, dijo a la titular de Sedesol: Lástima que sea en voz de una mujer, que siendo madre no cuide de nuestros hijos, y se preste al anuncio perverso para servirle al gobierno federal y estatal en esta guerra que tienen contra los maestros.

Hasta hoy, la estrategia gubernamental de militarizar el estado y confrontar a padres de familia con maestros ha resultado fallida y contraproducente. A pesar de la presencia masiva de uniformados y helicópteros, decenas de miles de trabajadores de la educación marcharon con orden y disciplina, repeliendo provocaciones, tanto el 27 de julio como el 14 de agosto, en la ciudad de Oaxaca. No obstante el clima represivo en su contra, el movimiento conserva su disposición de lucha, unidad y capacidad de convocatoria.

Convertir un problema educativo en un asunto policiaco-militar, instigar la animadversión de las comunidades contra sus maestros y alimentar la crispación de la sociedad oaxaqueña no augura nada bueno. El mensaje que se manda al país es terrible. Como dicen cientos de pancartas en las manifestaciones: El Chapo no está en Oaxaca. Los profesores son un factor de gobernabilidad en la entidad. Si los humillan pueden transformarse en todo lo contrario.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/18/opinion/019a1pol

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Oaxaca no es cuartel

Pedro Echeverría V.

1. Volvió a aparecer por televisión Claudio X, el hijo de papi, el empresario millonario, ahora exigiendo represión contra los maestros de la CNTE de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas; contento el heredero de que Peña Nieto y Chuayffet le hicieron caso en su demanda de amenazar y expulsar a los maestros del IEEPO, ahora exige más. Sólo faltaría que al renunciar a la SEP el enfermo Chuayffet sea nombrado el señor X secretario de Educación. Y como “no hay mal que por bien no venga”, se pondría bueno porque entonces los maestros podrían despertar en su letargo y ver con claridad “por dónde masca la burra”, es decir, de dónde viene el fascismo caliente. 

2. Y no es que Chuayffet sea una blanca palomita, pues sólo había que recordar la matanza de indígenas de Acteal, Chiapas, cuando era secretario de Gobernación; pero el tal X González –que de intelectual honrado no tiene un pelo- ha hecho suficientes méritos para pensar en que posiblemente es hijo del chileno Pinochet o del argentino Videla. Sus propuestas de privatizar la educación, de reprimir y encarcelar a los maestros, de la creación de becas para escoger escuelas privadas, son sólo refritos de lo que otros privatizadores como Luis Pazos han propuesto desde los gobiernos de Echeverría Álvarez y López Portillo, hace más de 35 años.

3. Aquellos gobiernos de los setenta cedieron poco a la privatización educativa porque se decían nacionalistas y hasta antimperialistas, defendían el gasto social y el derecho de asilo a perseguidos por dictaduras; pero a partir de 1982, con la puesta de marcha de neoliberalismo y la privatización, la educación perdió inversión presupuestal, se comenzó a golpear a los maestros, se fue preparando la descentralización y los programas educativos comenzaron a ser tecnocráticos. La educación aceleró su deterioro y se empezaron a pedir cuotas a los padres de familia. El terrible deterioro de la educación nacional impulsó la lucha independiente de la CNTE.

4. El número de escuelas privadas, los alumnos que matricula. Los apoyos institucionales que recibe, han impulsado los negocios de esas escuelas; por el contrario, la educación pública –que de acuerdo a la Constitución debe ser “gratuita y laica”- obliga a los padres de los alumnos a atender una buena cantidad de gastos por las construcciones o reparaciones urgentes del edificio escolar, así como a gastos extras por trámites burocráticos y de pruebas. Las escuelas privadas con gran número de alumnos son gigantescos y multimillonarios negocios que sirven para hacer campaña contra la escuela pública usando ampliamente a los medios de información.

5. Si hasta los años sesenta el número de escuelas, alumnos y maestros de sostenimiento público era del 95 por ciento, conservando su carácter laico, gratuito y obligatorio, a partir de los años ochenta la relación comenzó a cambiar en beneficio de los particulares con políticas de gobierno a su servicio. Lo público ahora representa el 60 por ciento y la escuela privada es del 40 por ciento. Ya hasta el mismo gobierno imbécil de Fox declaró hace unos 10 años cuando exigíamos que se invirtiera el ocho por ciento en educación pública. Respondió que la inversión educativa se había duplicado después de tomar en cuenta la inversión escolar privada.

6. El señor X, hijo del señor Pinochet, goza de alegría porque el gobierno de Peña, así como los medios de información, le está haciendo caso. Pero los maestros de la CNTE siguen firmes en sus asambleas, congresos, foros educativos, porque cuentan con el apoyo de los padres de familia. Hace 10 días realizaron en Oaxaca una marcha de alrededor de 100 mil maestros que cubrieron en su marcha más de un kilómetro de extensión, además contaron con apoyos de otros sectores de trabajadores que exigían la nueva integración de la APPO para encargarse de integrar una fuerza más grandes en todo el estado.

7. Mientras tanto Oaxaca parece sufrir un Estado de Sitio con cerca de 20 mil integrantes de las fuerzas armadas nacionales y locales. Espero que las humildes muchachitas de Oaxaca no salgan nuevamente agraviadas –como en 2006- cuando se quejaron de que los milicos se aprovecharon de ellas. Pienso que una demanda central de los oaxaqueños debería ser: Oaxaca no es cuartel fuera fuerzas armadas del estado. Y ese gobernadorcito del PRI, PAN, PRD, que es igual o peor que el asesino Ulises Ruiz, también debe ser combatido por pelele y sin criterio. Hay que gritar fuerte: ¡Fuera el mal gobierno y que viva la CNTE, la APPO y la batalla nacional de los trabajadores! 

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

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Fin al financiamiento de EEUU para la Guerra

Brigitte Gynther
SOAWatch

El pasado domingo 19 de julio, Idilberto Reyes García, de 12 años, fue asesinado por el ejército mexicano en la comunidad Indígena de Ixtalpilla, municipio de Ostula. Una niña de 6 años, Yeimi Nataly Pineda Reyes, y otras cuatro personas resultaron gravemente heridas en el ataque militar.

El encargado del mando especial para la seguridad en Michoacán, el general Felipe Gurrola Martínez, quien recibió entrenamiento militar por los Estados Unidos en la Escuela de Infantería en el Fuerte Benning, Georgia, y en el Centro de Estudios Superiores Navales en California, declaró que las balas fueron disparadas al aire.

Dicha declaración desafía la realidad dado que una niña de 6 años, un niño de 12 años, un comunero de 60 años y otros miembros de la comunidad fueron alcanzados por balas que los soldados dispararon directamente hacia ellos.

El asesinato del niño Idilberto es sólo el último de una larga lista de ataques y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas, entrenadas y financiadas por Estados Unidos.

Estos forman parte de una estrategia que busca criminalizar a las policías comunitarias, quienes, al haber logrado proteger sus comunidades del crimen organizado, han amenazado seriamente a los poderes que se ciernen sobre la región.

El ataque militar en Santa María Ostula ocurrió cuando la comunidad protestaba en contra de la detención de Simeí Verdía Zepeda, líder de la policía comunitaria, quien fuera detenido más temprano sin orden de aprensión y sin informar a donde seria trasladado.

Símeí y el cuerpo de seguridad comunitaria han tomado acciones decisivas en contra del crimen organizado y del narcotráfico, incluyendo el cartel de los Caballeros Templarios. Lideres comunitarios declararon que al abrir fuego en contra de la población los militares gritaban: ¡Vivan los Caballeros templarios!

En una delegación reciente del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW) a México, escuchamos una y otra vez que la guerra financiada con el Plan Mérida no es una guerra en contra de las drogas, sino una guerra en contra del pueblo mexicano, especialmente, en contra de aquellos y aquellas que se organizan para proteger sus comunidades de los carteles del narcotráfico, el crimen organizado y de poderosos negocios trasnacionales.

Otro ejemplo de esta repugnable estrategia es el encarcelamiento de Nestora Salgado, quien, como Semeí, es la líder de una Policía Comunitaria Indígena, encarcelada por luchar en contra del narcotráfico. Nuestra delegación viajó a la cárcel femenina para visitar a Nestora, una ciudadana estadounidense quien regresó a su pueblo natal, Olinalá, Guerrero, donde fue electa democráticamente como comandanta de la Policía Comunitaria. El sistema de justicia y seguridad indígena basado en usos y costumbres es legalmente reconocido en Guerrero.

Nos contaron que, después de ser testigos de cómo la policía municipal entregó sus uniformes a los criminales para que estos pudieran salir de las cárceles sin problema, la policía comunitaria de Olinalá se organizaron para enfrentar el crimen organizado. A pesar del dinero que se les ha ofrecido, ellos y ellas se han rehusado a detener su lucha. Proteger a sus comunidades y no tener miedo a enfrentar a criminales poderosos que actúan en colusión con el gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado es lo que ha llevado a Nestora y otros 12 miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de Guerrero tras las rejas.

La colusión de la delincuencia organizada y narcotraficantes con casi todos los niveles de gobierno es lo que permite que esta mafia de negocios ilícitos prosperen y crezcan. El tráfico de drogas es sólo uno de los negocios de los que se benefician, otros incluyen: el tráfico de órganos, la minería, el tráfico de armas, entre otros. Dicha colusión funciona en dos sentidos: por un lado los funcionarios del gobierno permiten, a cambio de sobornos, que las redes del narcotráfico lleven acabo su negocio ilícito, mientras que por el otro, el crimen organizado beneficia al gobierno y a la agenda neoliberal impuesta por Estados Unidos y las corporaciones multinacionales "legales" en su saqueo de México.

Escuchamos varias veces que cuando las comunidades se oponen a las compañías mineras que contaminan sus tierras y sus aguas, y se niegan a dejar su territorio, la zona es, convenientemente, tomada por grupos de narcotraficantes. La impunidad con la que asesinan estos grupos, sin que nadie haga preguntas, hace de ellos una herramienta mucho más eficaz para silenciar a las comunidades que enviar al ejército. La gente o es silenciada o se ve obligada a huir de la violencia "generada por las drogas" , y así, repentinamente, proyectos mineros se instalan y operan sin ningún tipo de resistencia, claro, siempre y cuando paguen un porcentaje a los cárteles.

Muy conveniente, sobre todo si tomamos en cuenta la riqueza en recursos naturales con la que cuentan estas regiones , recursos con los que las grandes corporaciones buscan enriquecerse, y que pueblos originarios y otras comunidades protegen con sus vidas. Esto en un contexto de grandes ganancias para las empresas trasnacionales que se producirán con las reformas ultra-neoliberales impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, como la reforma educativa, contra la cual, los docentes y los estudiantes están protestando.

Cuando viajamos a la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos en Guerrero, nos enteramos que la desaparición de los 43 estudiantes no fue la primera vez que el gobierno ha atacado a los estudiantes de esa escuela. En diciembre del 2011, dos estudiantes, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel de Jesús Echeverría fueron asesinados por fuerzas de seguridad del estado cuando estos estaban protestando para que el gobierno les brindara más fondos para la escuela. Después de un largo e infructuoso diálogo con el gobierno los estudiantes decidieron salir a las calles a protestar con el objetivo de conseguir fondos suficientes para cubrir los gastos básicos de funcionamiento de la escuela, fue entonces cuando el gobernador ordenó a las fuerzas de seguridad "despejar las calles", lo que se hizo abriendo fuego en contra de los estudiantes. Gabriel y Alexis han sido inmortalizados en las paredes de la escuela, donde escuchamos a algunos de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Nos contaron como el gobierno mexicano se ha negado a abrir una línea de investigación en contra del ejército y las puertas de los cuarteles militares para permitirles la búsqueda de sus hijos.

Incluso, a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Grupo de Expertos Independientes no se le ha permitido entrevistar a los militares acerca de la desaparición de los 43 estudiantes. Ante esta exigencia la CIDH, durante cuatro meses, sólo ha recibido excusas, a pesar de tener un acuerdo de cooperación con el gobierno mexicano para investigar la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Qué está escondiendo el gobierno? ¿Por qué no investigar al ejército?

También nos enteramos de que Guerrero alberga muchos recursos naturales, incluyendo oro, plata, hierro y un puerto muy útil para el tráfico de drogas. Hay muchas posibilidades de generar ganancias en estas tierras si tan sólo la sociedad organizada que protege sus recursos es removida del camino. Como una investigadora nos dijo, el verdadero propósito de la "guerra contra las drogas" es la creación de la violencia, la confusión y el desorden con el fin de destruir el tejido social y desmovilizar a las personas organizadas que se interponen en el camino de las ganancias de las empresas multinacionales, tanto legales como ilegales, ya sean la minería de oro, de plata, el tráfico de órganos, de armas, de drogas, u otras.

Nuestra delegación se fue de México con la determinación de hacer nuestra parte en exigir que los Estados Unidos deje de enviar miles de millones de dólares al narco-estado mexicano para financiar una guerra en contra de su propia gente.

Traducción: Evalejandra - SOAWatch, Equipo Sur

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La escalada del fascismo en México

Caterina Camastra

En México la democracia sería una farsa si no fuera una tragedia. El país está sumido en una complicada trama en la que los megaproyectos neoliberales de rapiña y devastación ambiental, así como el tráfico ilegal, se sustentan en las corruptelas de la clase política, que a su vez hace amplio uso tanto del ejército como del sicariato, convertido en la principal salida laboral para algunos sectores desfavorecidos. Esta situación desemboca en violencia criminal, sobre todo contra quienes tratan de oponerse: pueblos originarios, activistas, periodistas.

A veces los números se hacen escandalosos y las noticias trascienden, como en el caso de la indignación mundial provocada por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa el año pasado. La mayor parte del tiempo, sin embargo, las noticias de la violencia en México apenas si logran romper el cerco mediático. Tal es el caso del multihomicidio ocurrido el pasado viernes 31 de julio en un piso del céntrico barrio Narvarte, en la Ciudad de México. Ahí perdieron la vida Nadia Vera, promotora cultural y activista por los derechos humanos; Rubén Espinosa, fotoperiodista especializado en la documentación de movimientos sociales; Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, quienes compartían el piso con Nadia; Alejandra Negrete, la empleada doméstica del edificio. Los cadáveres presentaban el tiro de gracia y excoriaciones en el cuerpo; las mujeres, además, mostraban huellas de violación.

Rubén y Nadia recién se habían autoexiliado del estado de Veracruz, a causa de las amenazas y acosos que habían sufrido por su trabajo. El gobernador de Veracruz se llama Javier Duarte y pertenece al poderoso PRI (Partido Revolucionario Institucional), que actualmente detiene también la Presidencia de México. Su mandato es tristemente célebre por el incremento exponencial de los asesinatos de periodistas en Veracruz.

La línea oficial que se está intentando manejar en las investigaciones se inclina por el lado del robo, el narcotráfico, hasta el crimen pasional: se intenta culpar a las víctimas por jóvenes, por hacer fiestas en el piso, por ser drogadictos y/o traficantes y/o prostitutas, porque una de ellas (Mile) era colombiana y eso se considera tácitamente un estigma. Solo las presiones de la sociedad civil han logrado que se pidiera información al gobernador de Veracruz y se considerara el asesinato político entre las líneas de investigación.

Activistas de Xalapa, la capital de Veracruz, compañeros de Nadia y Rubén, denuncian mientras tanto que se están poniendo trabas a su coadyuvancia en la investigación y que hay resistencia hasta a llamarlos a declarar. También denuncian el incremento del hostigamiento hacia sus personas: sujetos no identificados les siguen, les vigilan, les toman fotos ahora más que nunca antes.

Exigimos la protección de la integridad física de todos, así como la renuncia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y del presidente de México, Enrique Peña Nieto, culpables de solapar la preocupante escalada de la violencia represiva y la impunidad en México.

Circulan en la red dos peticiones para quienes deseen solidarizarse:

https://www.change.org/p/rodolforiosg-arelygomezglz-investiguen-a-javier-duarte-por-asesinato-de-ruben-espinosa-y-4-mujeres?recruiter=39667611&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-reason_msg&fb_ref=Default

https://www.change.org/p/enrique-penanieto-presidencia-gob-mx-javierduarte-veracruz-gob-mx-miguel-angel-mancera-que-renunicie-javier-duarte-de-ochoa-y-castigo-a-los-sicarios-y-autores-intelectuales-de-rub%C3%A9n-nadia-yesenia-nicole-y-alejandra?recruiter=356098668&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Más información en la página del Comité Universitario de Lucha de Xalapa, Veracruz, México: https://www.facebook.com/CULXALAPA?fref=ts

Fuente: http://www.lamarea.com/2015/08/09/la-escalada-del-fascismo-en-mexico/

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Impunidad y desprotección

La Jornada


En el contexto de una mesa de análisis organizada por una oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), diversos investigadores y especialistas vincularon el desolador panorama que impera en el país en esa materia a la generalizada impunidad, la cual, a decir de Julieta Morales Sánchez, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos (Cenadh), provoca la reproducción social de la violencia y de los delitos y conforma un círculo vicioso de impunidad e injusticia que agrava la situación de víctimas, que a su vez son revictimizadas no solamente por delincuentes, sino por parte de las entidades estatales. A su vez, Arturo Alvarado Mendoza, del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, señaló que desde el poder público se enuncian los derechos humanos, pero ese mismo poder es ejercido de una forma tal que anula tales derechos.

Esos y otros señalamientos formulados en el encuentro referido tienen como telón de fondo la manifiesta agudización de la inseguridad en general, y particularmente de una hostilidad que se ha ensañado contra activistas, periodistas y disidencias de toda clase y que provienen, en forma directa o indirecta, de estamentos de los diversos niveles de gobierno.

El caso más reciente es el del fotorreportero Rubén Espinosa y la antropóloga y activista Nadia Vera, torturados y ejecutados la semana pasada junto con otras tres personas en un departamento de la colonia Narvarte en esta capital. Independientemente de las conclusiones a las que llegue la procuraduría local, el hecho es que Espinosa y Vera se vieron obligados a salir de Veracruz, entidad en la que laboraban, por el acoso y las amenazas de empleados de la autoridad estatal, según denunciaron meses antes de ser asesinados.

En este contexto resulta inquietante la advertencia emitida ayer por los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, de que la persecución de los opositores al régimen es el signo de los tiempos que corren y se observa tanto en el asesinato de periodistas y activistas como en el hostigamiento contra el magisterio de Oaxaca y del resto del país y su señalamiento de que día con día se multiplican los casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, estado de México y ahora en el Distrito Federal. Con base en esos hechos, los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa afirmaron que todo México es territorio de impunidad.

En efecto, el país asiste a una parálisis generalizada de las capacidades del Estado para garantizar la seguridad y la vida de la población y procurar e impartir justicia, no sólo en los casos de violaciones evidentes a los derechos humanos, sino también ante los síntomas inocultables de corrupción gubernamental, como ocurre con la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de El Altiplano, en Alomoloya, estado de México.

Y la clave de esta situación es, en efecto, como se señaló en el encuentro convocado por la CNDH, la inveterada impunidad de que suelen disfrutar los agresores y los transgresores, particularmente cuando operan desde dependencias oficiales.

Al margen de discursos y de reformas legales e institucionales, resulta claro que el fallo principal no se encuentra en el marco legal vigente, sino en la falta de voluntad para hacerlo cumplir. Las autoridades de todos los niveles y de los tres poderes deben hacer frente de una vez por todas al entramado de complicidades y encubrimientos que desembocan en la impunidad generalizada y en un estado de derecho que es, en buena medida, un mero ejercicio de simulación. Resulta imperativo que los gobernantes y la clase política en su conjunto sean capaces de percibir el profundo daño que estos fenómenos causan al país, a la gobernabilidad y a la autoridad de las instituciones.

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/09/opinion/002a1edi

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El caso de Rubén Espinosa

Carlos Manuel Balderas
World Image Press

Rubén Espinosa era un fotógrafo que denunció haber sido amenazado de muerte por el gobernador de Veracruz, en México. Apareció hace unos días desnudo, atado, golpeado y con un disparo en la cabeza en el interior del apartamento que acababa de rentar, junto con una activista social y dos mujeres más, violadas, torturadas y asesinadas.

Cuando los terroristas islámicos asesinaron a 12 personas e hirieron a 10, en un ataque a la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que publicó las caricaturas del profeta Mahoma, todos los periodistas y caricaturistas del mundo se unieron como no lo habían hecho en décadas. El grito se escuchó en todos los rincones. Fue un acto terrorista que trató en vano de asesinar a la libertad de expresión. Pero la pluma mostró más fuerza que la espada y la unión de todos los profesionales del gremio se convirtió en un escudo inexpugnable. Cuando los terroristas islámicos decapitaron al periodista estadounidense James Foley en Irak, el escándalo provocó incluso rumores de intervenciones militares. ¿Qué diferencia hay con lo que está ocurriendo en México? ¿Qué diría Obama si el asesinato hubiese ocurrido en Venezuela, en Irán o si el fotógrafo hubiera sido norteamericano?

Sólo en la última década son más de 80 periodistas muertos y 17 desaparecidos en un supuesto país democrático y en paz. La cifra de los 88 muertos mexicanos desde el año 2000 contrasta con los 68 periodistas asesinados en la Segunda Guerra Mundial, o los 17 en la guerra de Corea, o los 66 caídos en Vietnam.

Los medios de comunicación son blanco de ataques armados y de amenazas constantes sin que país alguno levante la ceja. Los terroristas han asesinado a periodistas, fotógrafos, caricaturistas… y exceptuando los comentarios de algunas ONGs y algunos artículos aislados, nadie había dicho nada.

La muerte de Rubén Espinosa ha sido, sin embargo, la gota que por fin ha derramado el vaso. La última gota en un vaso lleno de sangre. Los medios que en algunos lugares del mundo llevaban años ignorando anteriores asesinatos, han despertado.

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, dijo en un comunicado oficial que esos intentos de “reprimir la libertad de prensa” deben ser investigados de manera firme y exhaustiva y sus culpables procesados y castigados. La pregunta es ¿por qué la UNESCO no dijo nada cuando asesinaron a Noel López Olguín, por ejemplo, o a de Guillermo Luna Varela… por mencionar alguno? ¿Por qué nadie vio este horror hace un año, o hace cinco años?

Hoy vemos actos insólitos, como el de los fotógrafos argentinos que se manifestaron durante la final de la Copa Libertadores, en Buenos Aires con carteles en los que se podía leer: “Basta de genocidio en México”. ¿Será el principio del fin?

Llamo terroristas a los culpables, pero no me refiero a ningún grupo islámico, cristiano o judío. Me refiero a los que ordenan estas ejecuciones para causar terror y forzar el silencio. Esos terroristas que no son extranjeros, ni son desconocidos. No llevan turbante ni se esconden en cuevas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir engañando y engañándonos con la versión de que los culpables son los cárteles de la droga? ¿Se atreverán de nuevo, a mancillar la memoria de las víctimas, publicando que eran delincuentes, que consumían drogas o estaban relacionados con los narcos? Si lo hacen, será una prueba más de que la corrupción está enraizada en lo más profundo del país y de que los verdaderos culpables controlan absolutamente todas las instituciones.

Cuando el poder político de un país asesina periodistas y encubre la verdad, se genera toda una cadena de criminalidad que organiza jueces, policías, militares, parlamentarios, secretarios, ministros… y se convierte en crimen organizado.

¿Qué clase de conexiones debe tener un político para poder mandar torturar y asesinar a las personas que le molestan? ¿Qué clase de relaciones y contactos debe tener para poder ordenar ejecuciones y secuestros? ¿Dónde se consiguen? No es algo que le puedas encargar de la noche a la mañana a tu chofer. Son relaciones creadas a lo largo de toda una vida en la mafia. ¿Qué clase de cómplices debe tener un político a su alrededor para poder robar, extorsionar o asesinar sabiendo que jamás será juzgado? Que no será investigado, aunque dejara su tarjeta sobre los cadáveres, asesinando a un periodista tras otro, echándole la culpa al fantasma del narcotráfico, o diciendo que los asesinados son delincuentes. ¿Hasta dónde tiene que llegar la corrupción para que los gobiernos e instituciones inventen toda una versión que escusa al verdadero culpable, con pruebas, documentos y hasta detenidos? Lo hacen porque de esa manera, callan las críticas internacionales y la curiosidad de los nacionales. Se lavan las manos y el camino queda libre para poder cometer de nuevo el delito. Es triste y denigrante que tengamos que leer una vez más la hipocresía de los culpables tratando de echarle la culpa al narco, a la delincuencia común. ¿Y por qué no iban a hacerlo? Esa excusa le ha servido para justificar ya las últimas 150 mil muertes de civiles, muchos de ellos mujeres y niños. Y el mundo entero se lo ha creído. Incluso los ciudadanos quieren creerlo, porque creer lo contrario sería aceptar una realidad tan amarga y terrible que es mejor no verla. Los ciudadanos acusan el peso de años de mentiras y manipulación.

Un país sin libertad de prensa es un país secuestrado por el crimen organizado. Cuando en un país gobierna la corrupción, la impunidad, la mentira, y al pueblo se le controla con el ejército y se le calla a balazos, ha llegado al punto más bajo. Es la peor de las dictaduras.

Los periodistas en México están siendo masacrados, torturados, silenciados, amenazados, pero a eso hay que añadir algo también gravísimo: están siendo ignorados. Ignorados por la comunidad internacional. Si el mundo entero no es capaz de ver lo que está ocurriendo en el país de una vez por todas, entonces será porque son cómplices de un crimen de proporciones nunca vistas. ¿Hasta dónde llega la corrupción, la avaricia y los intereses de otros gobiernos para crear una complicidad de este tamaño?

Hace tiempo que en México vivimos tristemente acostumbrados a no tener justica, ni sanidad, ni derechos, ni igualdad... pero lo peor es acostumbrarse al silencio. A la inmovilidad. Envenenados con un opio mucho peor que la religión. Vivimos en un país donde a los medios de información se les paga para esconder y callar, no para contar. Callar los femenicidios, callar los abusos militares, callar el expolio, la corrupción, la pobreza, el hambre, los asesinatos… y hacernos creer que lo único malo que pasa en el país es la fuga de un preso o los insultos de un seleccionador de futbol o que los problemas económicos son culpa de lo que pasa en Grecia. De esa mentira depende la estabilidad de un país. Mantiene a la gente engañada y tranquila, dejando el camino libre para un negocio multibillonario que traspasa fronteras y es obvio que aquel que trata de impedirlo, será asesinado. Por eso nunca veremos a los verdaderos culpables castigados, porque la culpa circula por esa cadena haciéndolos a todos cómplices. Ningún eslabón acusará jamás a otro.

¿Hasta cuándo? ¿Cuántos periodistas deben morir para que reaccionemos?

La sociedad debe dejar de una vez por todas de comportarse como borregos atemorizados. Tenemos que despertar y abrir los ojos a la realidad. Deberíamos salir a la calle y gritar para que el mundo escuche la verdad. No podemos seguir sentados sin hacer nada, horrorizándonos del salvajismo de los que nos dominan, porque dominar no es gobernar. Es el pueblo quien tiene la última palabra, aunque lleve tiempo con miedo de usarla, olvidando el poder que esta tiene. Por eso nos tienen adormecidos y engañados, nos inculcan el miedo. Vivimos con miedo a gritar y exigir a nuestros servidores públicos que dejen de comportarse como si fueran los dueños de todo lo que les rodea. Pero ¿quién va a salir a la calle a protestar cuando te ponen a mil policías y militares armados como para una guerra, dispuestos a usar toda la violencia para evitar que te expreses?

¿Cómo pedirles a los periodistas que sigan ejerciendo su profesión, cuando hacerlo les cuesta la vida? ¿Tienen que dejar los periodistas que la muerte de sus compañeros sea en vano, esperando que su silencio les garantice poder seguir viviendo? Me gustaría que los periodistas hablaran, gritaran tan alto y fuerte como les fuera posible. Me gustaría que todos, incluso los que se venden por dos pesos y se arrodillan ante el poder, despertaran y se unieran a sus compañeros. Que formaran un sólo bloque, inexpugnable… Es su única defensa, su único escudo, su única protección. Los ciudadanos debemos estar a su lado, porque los necesitamos si de verdad queremos vivir en una democracia, en un estado de derecho. Son una pieza clave, columna para una sociedad sana y civilizada. Esa columna en México se colapsa y los que de verdad perdemos somos los ciudadanos. Tenemos que apoyar a la prensa y exigir que nunca más se vuelva a cometer un acto violento por culpa de una foto, de un comentario, de contar la verdad. Ya basta.

Pero la prensa está dividida, entre los que desean comer, vendiéndose a unos o a otros, y los que se juegan la vida por hacer bien su trabajo. A unos los premian, a los otros los asesinan. ¿Podemos culpar a los que deciden vivir? Quizá no, pero me gustaría ver a esos vendidos agachando la cara por vergüenza y renunciar. Me gustaría que la vergüenza empujara a los políticos mafiosos a escapar como ratones descubiertos. Que el pueblo, la gente, la razón, venciera esta corrupción que nos ahoga.

El asesinato es la respuesta del miedo. Se les asesina porque tienen la capacidad de dañar a esos políticos criminales, tienen el potencial de acabar con ese cáncer, de hundir sus negocios sucios, de llevar luz a esta oscuridad. Los corruptos tienen miedo de que alguien les quite el disfraz, les arranque la máscara de corderos y la gente vea al lobo, a la bestia que se esconde. Los criminales le tienen miedo a la verdad. Más que a sus peores enemigos.

Los periodistas deben combatir con la mejor espada que tienen: su pluma.

En cada periodista asesinado hay una luz, una antorcha que se apaga, y nos estamos quedando a oscuras. ¿Es así como queremos vivir?

Fuente: http://www.worldimagepress.org/Terrorismo-de-estado-el-caso-de-Ruben-Espinosa.html

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Nadia y Rubén: “Nos están aniquilando”

Arsinoé Orihuela
La digna voz

No asombra. Duele e indigna a rabiar. Veracruz es una historia sin fin de agresiones contra la población, señaladamente contra lo más admirable de esa población: activistas, académicos, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos. Con Digna Ochoa (egresada de Derecho por la Universidad Veracruzana) se inaugura una usanza atroz en Veracruz: matar y hacer notar que acá en la costa del Golfo se mata sin reparos (aún cuando los crímenes se ejecuten fuera de su terruño). Transcurrieron algunos años y no pocos muertos (recuérdese el otro caso mediático de Regina Martínez, egresada de Periodismo por la Universidad Veracruzana) para que el país y el mundo descubrieran que Veracruz es un calabozo, cuidadosamente orquestado desde las estructuras formales del poder público. Todavía algunos incautos prefieren creer que se trata de hechos aislados o penosas coincidencias. Tomar conciencia de que una autoridad agrede por deporte, oficio o vocación es anímicamente insoportable. El subterfugio de la “coincidencia” es un antídoto que alivia la angustia provisionalmente. Pero Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso, excompañero de Regina Martínez) y Nadia Vera Pérez (egresada de Antropología por la Universidad Veracruzana) –las más recientes víctimas de ese leviatán veracruzano– no son casos judiciales inconexos: murieron por el fuego criminal de un poder público que no admite siquiera una contestación o réplica palabraria. Hasta la palabra sin fines de lucro es inaceptable para ese poder. 

La denuncia no derroca gobiernos ni remueve estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una fuente de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente acompañan al ejercicio de poder. Pero en Veracruz esa práctica básica es una herejía meritoria de persecución, tortura, y no pocas veces la muerte. El mensaje es claro: no se tolerará ni un connato de crítica, y el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. No sin razón alerta Julio Hernández: “El modelo Veracruz se extiende, agravado”. Tampoco exageraron Nadia y Rubén, cuando sostenían en foros públicos que en Veracruz “nos están aniquilando”. Ellos salieron huyendo del clima de violencia, hostigamiento e inseguridad que priva en el estado. La violencia homicida los alcanzó en su fallido refugio. La razón les asistía: “nos están aniquilando”

La práctica crítica, a través del activismo o el periodismo, es un quehacer con altos contenidos de letalidad en Veracruz y en México. Rubén y Nadia tenían en un rasgo común con otras figuras de la resistencia: no recularon ante la disyuntiva intimidatoria de “plata o plomo”, que es la fórmula de alineamiento más socorrida por el poder y sus esbirros. Además que esa formación ético-política maduró durante su estancia en Xalapa. En esa ciudad capital veracruzana, Rubén y Nadia condenaron resueltamente la barbarie institucional, y acompañaron con compromiso firme el largo ciclo de protesta que arrancó con la movilización en contra del alza a la tarifa del transporte público, y que en su curso recorrió varias luchas (movimiento por la paz con justicia y dignidad, marchas anti-EPN, movimiento #Yosoy132, movilización popular magisterial, jornadas de acción por Ayotzinapa) hasta arribar a la consolidación de una asamblea-movimiento estudiantil que tanto incomodó e incomoda a la camarilla de poder en turno, y en cuya incomodidad presumiblemente se incuba la fuente explicatoria de los últimos atentados criminales contra ese grupo de estudiantes activistas: a saber, el brutal ataque a ocho alumnos de la Universidad Veracruzana el pasado 5 de junio (peligrosamente equiparable con el modus operandi de la represión en Ayotzinapa), atribuido a una banda parapolicial “presuntamente al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública”, y el reciente multihomicidio en la colonia Narvarte, en la ciudad de México, que acabó con la vida de Rubén y Nadia. 

No basta con denunciar la corrupción e impunidad que campea a sus anchas en el país. Ya casi no es noticia la obstinada presencia de esos flagelos virulentos. Esa situación impresentable no cejará por una mera cuestión de voluntades institucionales. Urge más bien alertar acerca de cuan inerme está la población civil, y de cuan imperioso es desarrollar anticuerpos con base en la organización para frenar la espiral de violencia, crimen e inseguridad que desde el poder y las instituciones formales se cultiva entusiastamente. 

Que la investigación pericial escamotee el elemento político de la ecuación indagatoria es sintomático de esa indefensión de la sociedad ante un poder embriagadamente tiránico. Por la memoria de Rubén y Nadia, corresponde demandar organizadamente que el crimen no se trate como un asunto judicial desprovisto de motivaciones políticas. No es una tarea menor. Del resultado de esa asignatura política depende el futuro de nuestra generación. No se debe minimizar la advertencia de Rubén y Nadia: “nos están aniquilando”. 

Mis condolencias a las familias de Rubén y Nadia. Ejemplares personas, en cuyo admirable camino tropezaron con el brazo homicida de un poder criminal. 

Fuente: http://lavoznet.blogspot.com/2015/08/nadia-y-ruben-nos-estan-aniquilando.html

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Guerra antipopular prolongada

Eduardo Nava Hernández
Cambio de Michoacán

Ostula y la masacre de la calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte de la ciudad de México son dos hechos que vienen a ensombrecer aún más el de por sí oscuro panorama del país en la última década. Lejos de ser hechos aislados son parte de la oleada de violencia que desde la criminalidad y desde los poderes públicos se ha enseñoreado en la sociedad mexicana.

En el caso de la agresión contra los comuneros de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, las preguntas a esclarecer no se limitan a quién disparó contra los habitantes de esa población, dando muerte a un niño de 12 años e hiriendo a cuatro civiles más, incluyendo una niña. Se trata de saber qué hacía ahí una partida militar frente a una manifestación que reclamaba la detención del líder de las autodefensas de esa comunidad Cemeí Verdía Zepeda, reconocido por el gobierno como integrante de la Fuerza Rural del municipio y al que se detuvo sin pruebas, como habría de establecerlo el juez federal que conoció de la causa.

Las armas que le decomisaron a Verdía, así como el vehículo blindado que usaba, le fueron proporcionadas por el gobierno federal que ahora intentó acusarlo de los mismos cargos (al menos no le sembraron drogas) que ha usado para mantener al médico José Manuel Mireles en prisión: posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Desechadas las acusaciones por falta de pruebas, es el gobierno estatal el que toma la estafeta y lo reaprehende acusándolo de delitos de orden común: de robo y del homicidio de un sicario que participó en un atentado contra su vida el pasado 25 de mayo y que quedó gravemente herido en el enfrentamiento con Verdía y su escolta.

Coincide esto exactamente con la ratificación, tres días después de los hechos de Ostula, de los cargos federales que mantienen en una prisión en Hermosillo a Mireles, y ahora, si bien Verdía ha sido exonerado del delito de homicidio, con la ratificación de su formal prisión por el de robo. Es clara la intención del gobierno del país y del de Michoacán de escarmentar a los líderes de los grupos de autodefensa que no se sometieron al imperio, primero del comisionado Alfredo Castillo y luego al de su relevo militar, el general Felipe Gurrola, e impedir su expansión. Para ello, se ha echado mano no sólo del aparato de procuración de justicia sino también del poder Judicial y, sobre todo, de los cuerpos de seguridad tanto policiacos como militares.

Se trata de los mismos organismos que en casi nueve años, desde la declaratoria de guerra al narcotráfico de Felipe Calderón en diciembre de 2006, no han logrado contener en diversas regiones (Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, etc.) el avance y crecimiento de los grupos delincuenciales. Si a lo largo de 2013 y 2014 se logró enfrentar realmente a estos grupos en Michoacán, fue precisamente gracias al surgimiento de las rondas o policías comunitarias en algunas de las comunidades indígenas (Cherán, Ostula, Chinicuila, Aquila, Urapicho, etc.) y de las autodefensas en el Valle de Apatzingán. Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Castillo Cervantes como comisionado federal para la Seguridad en Michoacán fue claro que el combate a la delincuencia organizada no era su única prioridad; también lo era el controlar y someter a su mando a las autodefensas. La prisión de Verdía y de Mireles tiene su origen en esa estrategia federal.

En Oaxaca, al mismo tiempo, el gobierno del país y el del Estado deciden dar también un golpe decisivo a la combativa Sección XXII del SNTE, cabeza visible de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la oposición magisterial a la mal denominada reforma educativa. Su exclusión del nuevo órgano que sustituirá al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el embargo de las cuentas bancarias de la XXII y la reactivación de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra sus dirigentes, además del uso consabido de los grandes medios de comunicación para satanizar a los maestros y culparlos del atraso educativo en su entidad, constituyen también una estrategia de contrainsurgencia civil diseñada y montada para liquidar ese importante foco de resistencia. La ocupación por la Policía Federal el martes 21 de julio de las instalaciones del IEEPO equivale a la que en octubre de 2009 realizó el Ejército en las instalaciones de Luz y Fuerza para liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas.

El uso de la fuerza y la captura de presos políticos —Nestora Salgado en Olinalá, Guerrero, el yaqui Mario Luna, vocero de la resistencia contra el despojo del agua en Sonora, además de los mencionados Mireles y Verdía, más los que vengan— se han convertido en prácticas constantes y recurrentes. Pero, como lo demuestran las matanzas de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Ecuandureo, Aquila y Calera, Zacatecas, las fuerzas federales, tanto la Policía Federal como el Ejército y la Marina Armada, han sobrepasado sus funciones de seguridad pública y atacado o secuestrado y asesinado a civiles desarmados. El asesinato del niño Hidilberto Reyes García en Ostula, así como las heridas infligidas a seis personas más, entre ellas la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de seis años, no se ha esclarecido con el paso de los días, pese a que los testimonios recogidos por periodistas hablan de que fue el ejército el que disparó ráfagas contra la gente después de que un miembro de la Policía Federal disparó cuatro o cinco veces al aire con su pistola.

Cemeí Verdía Zepeda es hoy un preso político más a cargo del gobierno de Michoacán; y Ostula una mancha más para las fuerzas armadas. Decía uno de mis profesores, sudamericano refugiado de una dictadura militar, que sacar a las tropas de los cuarteles es muy fácil; lo difícil es hacerlas regresar a ellos. Desde fines de 2006 que el Ejército, la Marina y otros cuerpos fueron movilizados contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, éstos se han adueñado del escenario territorial y socialmente hablando. Su impunidad y la incapacidad de los poderes civiles para someterlos los conducen a constantes acciones que se vuelven contra la población como violaciones a los derechos humanos.

Es incorrecto el decir de los dirigentes de Morena y el partido Movimiento Ciudadano en Michoacán acerca de que hay en el Estado un “vacío de poder”. En política, como en la física, los vacíos tienden a ser llenados de inmediato por los cuerpos más próximos que puedan expandirse. Siempre hay alguien que de manera formal o informal, legal o ilegal, completa o incompleta, está en condiciones de ejercer el poder. La inexistencia política del gobernador Salvador Jara no significa que haya un vacío de poder, ya que éste ha pasado en vastas regiones de Michoacán, desde los tiempos del intendente Castillo, a manos de las fuerzas federales, cuando no a las de grupos delincuenciales que controlan porciones significativas de territorio.

Pero ahora la acción militar y policiaca ha pasado, al parecer, a una nueva fase, de guerra antipopular en la que los cuerpos de seguridad se emplean preferentemente como recurso directo para enfrentar la insurgencia popular y a sus representantes. Y es una guerra que por nueve años ha ensuciado al país no sólo con la sangre de sicarios y mafiosos, sino también con la de defensores de derechos humanos, periodistas, núcleos en resistencia —como es claramente el caso de Ostula— y población en general ajena a esos conflictos.

El asesinato de cinco personas en el departamento de la Narvarte, entre ellos el periodista Rubén Espinosa Becerril y la activista de los derechos humanos Nadia Vera Pérez, cae bajo la sospecha, mientras no sea esclarecido plenamente, del cumplimiento de amenazas por ellos recibidas de personajes vinculados al gobierno de Veracruz, el Estado de la República con más muertes violentas de periodistas, la mayoría de ellas impunes. La forma brutal en que fueron asesinados Espinosa y cuatro mujeres, atados, torturados y con tiro de gracia, no hace pensar en un homicidio común sino en un acto premeditado y preparado. La Procuraduría del Distrito Federal está obligada a investigar hasta las últimas consecuencias para esclarecer si el gobierno veracruzano está de alguna manera involucrado en el crimen y si éste tiene un carácter político, como los demás que han ocurrido en la entidad costera del Golfo de México.

¿Cuántos capítulos más habrán de escribirse en esta ya demasiado prolongada guerra contra los activistas sociales y defensores de los derechos humanos?

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial-11945

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