martes, 27 de octubre de 2015

El segundo nivel de la Escuelita Zapatista (II)


Los textos de las mujeres zapatistas incluidos en el capítulo 1 del libro El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, que los estudiantes del segundo nivel de la Escuelita Zapatista debían analizar, son estremecedores, especialmente el relato de la comandanta Miriam sobre la situación de las mujeres antes de 1994: “Desde la llegada de los conquistadores sufrimos la triste situación de las mujeres. Nos despojaron nuestras tierras, nos quitaron nuestra lengua, nuestra cultura. Es así donde entró la dominación del caciquismo, terratenientes, entra la triple explotación, humillación, discriminación, marginación, maltrato, desigualdad… Porque los pinches patrones nos tenían como si fuera que son como nuestros dueños”. Su extraordinaria descripción del acasillamiento toca los diversos tipos de humillaciones y trabajos forzados de las mujeres, a manos de los finqueros, al grado que unos pensaron refugiarse en los cerros. “Se juntaron, platicaron y lo formaron una comunidad donde pueden vivir. Así formaron comunidad. Pero otra vez cuando ya están en las comunidades, como el patrón, o sea el acasillado, trae otra idea, como lo trataron con el patrón los hombres, como que traen arrastrando malas ideas también los hombres, y aplican dentro de casa como el patroncito de la casa… No es cierto que se liberaron las mujeres sino que ya son los hombres que fueron el patroncito de la casa. Y otra vez las mujeres quedaron en la casa como si fuera cárcel, que no salen otra vez las mujeres, quedaron ahí encerradas otra vez…”
La comandanta Rosalinda da cuenta del reclutamiento de las primeras mujeres en los años de la clandestinidad, pueblo por pueblo, de la necesidad de organizarse y de que haya compañeras milicianas e insurgentas, “hasta llegar en 94 cuando salimos en la luz pública, cuando ya no aguantaba el maltrato que nos hacían los pinches capitalistas. Ahí vimos que sí es verdad que tenemos el valor y la fuerza igual que los hombres, porque pudieron enfrentar con el enemigo, no le tuvieron miedo a nadie… Después nos dimos cuenta (que) para hacer una revolución no sólo los hombres, tienen que hacer(la) entre hombres y mujeres”.

La comandanta Dalia continúa la narración del trabajo de las mujeres con el EZLN, de las pláticas en cada pueblo, de los problemas que enfrentan cuando todavía hoy algunos se ponen cabroncitos, de cómo pasaron por todos los trabajos de responsabilidad hasta llegar a ser Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Afirma que van a seguir organizándose “porque hay todavía tristeza, dolor, encarcelamiento, violación, así como las madres de 43 desaparecidos… Debemos luchar al 100 por ciento hombres y mujeres. Tener una nueva sociedad, que el pueblo sea el que manda”.

La joven base de apoyo Lizbeth y la escucha Selena sostienen que ellas no conocieron la vida de las haciendas y ahora tienen la libertad y el derecho como mujeres de opinar, discutir, participar en las múltiples tareas de la resistencia y la autonomía, resistiendo la guerra de contrainsurgencia y los espejismos del capitalismo que se muestran en la televisión, tratando de usar celulares y la propia televisión para su lucha. Se distingue de los pobres-pobres, los partidistas, pobres materiales y de pensamiento, de los zapatistas, que son también pobres pero ricos por sus trabajos para el bien del pueblo y para que no haya mandones ni explotadores.

Por su parte, el sub Galeano, en su Visión de los vencidos, señala cómo esas generaciones de mujeres indígenas ya dicen su palabra en la genealogía de su lucha. “Tres generaciones de rebeldes zapatistas –destaca–, no sólo contra el sistema, también contra nosotros… varones zapatistas”. Se declara derrotado por esa lucha, aunque como la hidra capitalista, sostiene que los varones siempre tratan de reganar los privilegios perdidos. Se remonta al origen de esa lucha y describe que todo empezó con las insurgentes. Reitera que en el EZLN también participan mujeres no indígenas, y en la mayor parte de su singular relato-testimonio se transcriben varias de las opiniones de estas compañeras, que se refieren al ámbito un tanto intimista de las relaciones hombre-mujer y a la caracterización del macho dominante, violento, cazador esquizofrénico que por más sensible y receptivo que se autoconsidere, no puede ser feminista, porque representa el mismo sistema contra el cual supuestamente lucha.

Las tres partes de los apuntes en torno a las resistencias y rebeldías, expuestas por el subcomandante insurgente Moisés, constituyen textos claves para comprender la lucha zapatista. Inicia recordando que los zapatistas conforman una organización armada, pero contrariamente a la tradición militarista de algunas guerrillas latinoamericanas, en este caso no se hace del arma un fetiche, se observa como un instrumento más, como el machete, el hacha, la pala, aunque se es consciente de que cada herramienta tiene su función, y la del arma es matar.

Después del repliegue del 94, se entendió que la lucha podía involucrar muchas formas, que la resistencia y la rebeldía podían ser en varios sentidos. “La resistencia es ponerse fuerte, duro, para dar respuesta a todo, a cualquiera de los ataques del enemigo, del sistema; y rebelde es ser bravos y bravas para hacer las acciones, o lo que necesitamos hacer… Hay que resistir las provocaciones del Ejército y la policía, las informaciones de los medios, los bombardeos sicológicos”. Descubrieron que con resistencia y rebeldía es posible gobernar y desarrollar iniciativas propias. De hecho, los zapatistas no han realizado un solo ataque armado desde enero de 1994. No quiere decir, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, no quiere decir que estamos renunciando a nuestras armas, sino que es ese entendimiento político, ideológico, rebelde, que nos da la forma de ver cómo hay que convertir realmente en arma de lucha esta resistencia. Para todo esto, se requiere el trabajo político, la explicación, que para gobernar no se manejan órdenes, sino acuerdos.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/23/opinion/020a2pol

Con un “arma en la cabeza” obliga el gobierno a los maestros de Chiapas a presentar examen


1. El gobierno de Peña Nieto y de Aurelio Nuño de la SEP creen: “Si la letra entra con sangre” -como decían los abuelos- ¿por qué la SEP no puede premiar a los vendidos del Sindicato (el SNTE) que colaboran y al mismo tiempo castigar a los disidentes de la CNTE que no obedecen? Por ello han cesado a 300 maestros de Oaxaca que no presentaron examen la semana pasada y hoy reprimieron con brutalidad a 500 maestros que protestaban contra la imposición de las llamadas evaluaciones. Dicen los de la SEP que “tan fracasó la protesta en Chiapas que incluso presentaron examen más que los que se inscribieron”. Todas las secretarías tratan con tiranía en el servicio, pero la SEP que no debería, lo hace. 
2. Pensé que la SEP era secretaría de Educación porque educaba con el ejemplo para todos los niños y mexicanos; creí que su rol no era vencer con la fuerza sino convencer con la inteligencia. Supuse que la caída del anterior secretario de Educación, el señor Chuayffet, se debió a que se había desprestigiado por sus amenazas constantes, sus insultos y los tragos que consumía; que su sucesor –joven y al parecer no tonto- llegaría a la SEP con los brazos abiertos, haciendo una autocrítica y con la risa en los labios. Nada de eso llegó con la misma espada desenvainada de su antecesor y valiéndole un carajo lo que es la educación. Si es precandidato presidencial, pues a mí me parece un facho irremediable.

3. Se ve que en su corta vida -si es que ha vivido con ese temperamento- ha tratado de no hablar de todos los que opinan diferente a él; como cualquier dictadorzuelo está seguro que tiene la razón en todo y frente a él sólo ha habido alabanzas, lisonjas, honores, aplausos y “cultivos” que en Yucatán son muy efectivos. Pensé que en última instancia su ignorancia en educación sería compensada por el INEE, pero olvidé que también esta institución es derechista, represiva y fue seleccionada por Chuayffet. La mayoría de los maestros que entran a los exámenes están por una plaza, por un empleo que dignifique su carrera. El gobierno está ofreciendo pocas plazas porque su objetivo es eliminar plazas que signifiquen salarios.

4. Si el capitalismo en el mundo introduce más tecnología para sustituir a trabajadores y en educación se introduce la TV y la educación a distancia; si el SNTE –con su millón y medio de afiliados- parece ser el sindicato más grande de América Latina; si el gobierno mexicano en estos primeros 15 años del siglo XXI ha cerrado miles de empresas, despedido a decenas de miles de trabajadores, ¿qué puede esperarse de los trabajadores de educación, sean maestros o empleados? La escuela privada está introduciendo otros métodos con tecnología y está amenazando y destruyendo la educación pública; la famosas evaluación es un pretexto para acabar con la educación pública e imponer la privatización.

5. Los maestros de la CNTE tenemos que pensar en estrategias de lucha efectiva en defensa del magisterio nacional. Para nosotros los maestros sí es la defensa de la educación pública, gratuita y laica; para el gobierno y los empresarios la educación es un negocio millonario, pero también es mantener a la población pobre y miserable en la marginación y mayor ignorancia. La represión contra los maestros de los estados más pobres y abandonados por el sistema capitalista es muy clara: Si se reprime y encarcela a los profesores de esas regiones indígenas de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, es una enorme prueba de que se trata de acabar con el movimiento social. Pero ya veremos porque la lucha es larga y la CNTE no descansará. 



Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com


Más de 100 mil maestros pararon en la República con solidaridad de unos 30 mil estudiantes


16 Oct 2015

1. Qué bueno que el tonto secretario de Educación, Aurelio Nuño, no sepa contar y busque por todos los medios minimizar el paro del lunes 12, tal como hacen todos los gobiernos para desanimar la participación. Pero qué malo sería que nosotros los maestros pensáramos que fue “un éxito” el paro y hagamos lo mismo –pero diciendo lo contrario- para demostrar que estamos muy bien. El gobierno, ante una manifestación de protesta de 100 mil personas dice siempre que fueron unas 15 mil; nosotros por el contrario decimos que fueron 150 mil. La realidad es que el gobierno conoce la fuerza de la oposición política y nosotros sabemos de la fuerza con que contamos. ¿A quién se trata de engañar?

2. Nuño de la SEP ha declarado que “se sancionará a 85 mil 296 profesores que suspendieron labores” y publica una lista de 14 estados encabezados por Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Tabasco y demás, dejan afuera al DF, Estado de México, Puebla, Chihuahua, que son lugares puntales de la Coordinadora (la CNTE). Nuño-SEP informa de lo que le han hecho llegar para concluir –para los medios de información a su servicio- que el paro fue un fracaso. Pero no tiene la información de que en por lo menos en una decena de otros estados se realizaron combativos actos de protesta en horarios de “contraturno” con la participación de estudiantes y trabajadores. En general el paro fue un avance de la lucha.

3. La batalla de los maestros de la CNTE, así como la de todos los sindicatos, no ha dejado de ser gremial, es decir, aunque muchos de sus dirigentes piensan en cambios revolucionarios radicales, de fondo, los maestros piensan en niños, en padres de familia, en sus planes y programas, en material didáctico, en sus salarios y prestaciones, en buenas condiciones de trabajo. Pero el pensamiento de los maestros no es tan limitado porque han leído algunas cosas sociales e históricas, revisan los periódicos y participan en reuniones. Si se atuvieran a la televisión y a la radio estarían idiotizados. Por ello su participación sindical y política en marchas y manifestaciones es muy necesaria para el desarrollo de la conciencia política y de clase social.

4. Ser gremialista es el primer peldaño de la lucha sindical, el pensamiento más inmediato y elemental que no rebaza cierto individualismo de defensa ante los abusos del patrón. Estaba bien en la primera estaba del capitalismo (quizá hasta mediados del siglo XIX) cuando los patrones estaban divididos, pero hoy ante gigantescos empresarios unidos con el gobierno y el imperio, la lucha gremialista y separada de los trabajadores sirve muy poco o de nada, pues siempre serán derrotadas. Mientras los patrones unidos cuentan con ejércitos y policías armados hasta los dientes, los trabajadores vamos en fila, cuando más, con un palo o una piedra; tal como solemos ver a los palestinos masacrados, defendiéndose de la invasión israelí o yanqui.

5. Quizá más que hablar y repetir mil veces acerca de la corrupción institucionalizada en México, tengamos que darla como un hecho y nos dediquemos más a hablar de nuestras formas de organización para luchar con avances. ¿No está acaso de más repetir y repetir que todos los gobiernos en México han estado al servicio de la burguesía privada empresarial y que los gobiernos recientes desde De la Madrid hasta Peña Nieto sólo han servido a los intereses de los más grandes explotadores de México y el extranjero? Me cansa ya escuchar, leer, escribir, que la burguesía mexicana es explotadora, ladrona y represiva; ¿puede haber acaso una clase burguesa y explotadora que sea distinta?

6. De Nuño de la SEP no hay que revisar nada porque sólo tiene pasado elemental, pero revisando la historia de los más altos funcionarios de la SEP (escribí un libro publicado en 1993 por la Universidad de Yucatán: “Educación Pública en México y Yucatán”) pongo ya en duda que los grandes: José Vasconcelos, Narciso Bassols y Jaime Torres Bodet, hayan sido educadores; lo que hicieron fue vivir sus circunstancias políticas y salir bien librado de ellas. Los otros secretarios de Educación cumplieron como burócratas los cargos en que los puso el presidente en turno. De los tres secretarios de Educación antes nombrados hay mucho qué decir, pero a partir de los años setenta a nadie se podrá recordar porque vivieron en el anonimato.

7. Así que el Nuño de la SEP ha buscado la propagación del fracaso del paro diciendo que se sancionarán a más de 85 mil maestros que suspendieron labores. La CNTE, que conoce su situación de fuerza- de manera justa se ha burlado de él por querer minimizar el movimiento. Pero pasaremos a otra etapa de mayores movilizaciones contra la privatización educativa y la evaluación punitiva. Seguimos exigiendo diálogo para evitar que las confrontaciones se agudicen. Pero que la CNTE ha crecido en muchos estados más es indiscutible. Como gritarían por ahí: “somos un chingo y seremos más”. Lo único que haremos son más foros académicos y culturales, encuentros sindicales y políticos y congresos unitarios con el fin de que la gente luche más. 

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

Ayotzinapa y la revuelta de la memoria


Cuando pensábamos que vivíamos en un régimen de terror, descubrimos la barbarie. Pensábamos que lo habíamos visto todo en San Fernando, en Villas de Salvarcar, en Allende y en Tlatlaya… pero nos faltaba Ayotzinapa.

La noche del 26 de septiembre de 2014 quedará marcada para siempre en nuestra memoria, esa que, como escribiera un usuario en tuiter, es capaz de asociar números con crímenes y tragedias: 72, 49, 47, 43, 5.

El crimen de Estado perpetrado contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos sintetiza la putrefacción del sistema político y del sistema jurídico mexicano. Ayotzinapa es prueba de la complicidad entre políticos, empresarios y criminales que en su afán de acrecentar sus riquezas, utilizan las instituciones del Estado para asesinar, desaparecer y reprimir a quien se interponga en su camino.

Pero Ayotzinapa también nos ha dejado otra lección, otra que hace arder nuestros corazones y abrazarnos en la esperanza; me refiero a la digna lucha que desde hace un año emprendieron los papás y las mamás de los estudiantes desaparecidos y asesinados. Ellos y ellas, junto a otros estudiantes de la Normal Rural nos han invitado a sacudirnos el miedo y hacer humanidad, a renacer juntos y juntas y emprender la construcción de un México con justicia, con verdad, con memoria, con dignidad. Nos han enseñado a no olvidar.

Y en el ejercicio de recordar, nuestra terca e insurrecta memoria nos dice que la «verdad histórica» es siempre la mentira histórica; que la «historia oficial» es siempre historia mutilada, traicionada.

Así, con la memoria hecha revuelta, Ayotzinapa nos hace recordar que la cuenta es larga y los nombres muchos. Ahí están los estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, los campesinos asesinados en Aguas Blancas en 1995, los indígenas asesinados en Acteal en 1997, los migrantes asesinados en San Fernando, las niñas y niños de la guardería ABC, el maestro zapatista Galeano, Trinidad de la Cruz y Pedro Leyva de Santa María Ostula, Digna Ochoa y Pavel González en la Ciudad de México, Nepomuceno Moreno asesinado por buscar a su hijo desaparecido, Alejandra García Andrade asesinada en Ciudad Juárez por ser mujer, las y los periodistas y defensores de derechos humanos asesinados por no guardar silencio y seguir alzando la voz por los más desprotegidos, las mujeres asesinadas en todo México y en todo momento; los miles y miles de asesinados y desaparecidos en todo el país…

Si, la lista es grande, como grande es también nuestra memoria que no perdona.

Estamos próximos a cumplir 365 días sin 43 de nuestros compañeros, 12 meses sin verdad ni justicia para los asesinados; un año en el que 43 familias han hecho de todo para recuperar a sus seres queridos y a cambio han encontrado un año de mentiras por parte del gobierno pero también la solidaridad de muchos pueblos en México y el mundo.

¿Qué sigue?

Seguir buscando, seguir luchando.

La digna lucha que emprendieron las y los familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa nos marcó el paso y ha dotado de un nuevo sentido a nuestras luchas. Parar la barbarie es hoy objetivo común de un pueblo que se niega a vivir entre el fétido olor a muerte y el dolor que causa tener seres queridos desaparecidos.

Recuperar a los 43 jóvenes de Ayotzinapa, conseguir verdad y justicia para ellos y para los otros jóvenes asesinados es un primer paso para detener la barbarie e iniciar la reconstrucción de nuestro país.

Pero el reto es más grande: si la justica no vendrá del Estado, toca echarlo abajo, derrumbarlo y construir algo nuevo.

¿Y qué es ese «algo nuevo»? En colectivo y entre colectivos toca descubrirlo, describirlo y construirlo. Toda crisis es también un reto, una oportunidad. Estamos llamados a imaginar y crear. Echemos ojo a la memoria colectiva de este y otros pueblos, quizá allí encontremos algunas pistas.

Un día no muy lejano, nuestrxs muertxs se levantarán de sus tumbas, lxs desaparecidxs saldrán de todos lados; vendrán a reclamar justicia y el lugar que les pertenece. Cada uno de ellos y ellas habitará en nuestra memoria. Darán nuevamente fuerza y dignidad a nuestros pasos y a nuestros gritos. Ese día los poderosos, los señores de la guerra y el dinero temblarán y llorarán sus riquezas. Nuestra justicia no será piadosa, será justa.

Raúl Romero

La desaparición forzada, una batalla contra el pueblo


“Será una batalla que tomará años, costará muchos esfuerzos, recursos económicos e incluso, como he dicho, probablemente sacrificio de vidas humanas de mexicanos, pero es una batalla que estamos decididos a librar y que vamos a ganar los mexicanos” es lo que decía Felipe Calderón un día antes de tomar posesión como presidente de la República en el 2006.
Nueve años después y con el regreso del PRI, en la llamada “alternancia democrática”, nos encontramos con que esa batalla ya ha costado más de 130 mil vidas de mexicanos y ha dejado un rastro de más de 30 mil personas que nadie sabe dónde están. Pero, ¿qué vidas mexicanas son las que se están perdiendo? ¿Quiénes son esos que un día salieron de casa y jamás regresaron?

Las políticas de seguridad de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto demuestran, por un lado, que la violencia tiene un carácter de clase. Mientras los burgueses, los explotadores, se ocultan tras guardaespaldas entrenados en Israel, cámaras de seguridad en la entrada de sus casas blancas o tienen comandos enteros de las fuerzas armadas cuidándolos; nosotros, los proletarios, llegamos de trabajar en medio de la noche, con sólo unos pesos encima y esperando no encontrarnos con el ratero de siempre o, mucho peor, con esa extraña camioneta negra que dicen anda levantando a quien se deje.

Por otro lado, estas políticas también ponen en claro que a las autoridades poco o nada les interesa el “combate a la delincuencia” , pues los delitos se siguen cometiendo mientras los policías y militares se hacen de la vista gorda, al tiempo que envían camiones y camiones de efectivos para “combatir” a comunidades opositoras a los megaproyectos o maestros que luchan contra la reforma educativa. Es decir, y hay que repetirlo las veces que sean necesarias: la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra el pueblo.

Como ya se mencionó, uno de los saldos más graves que ha cobrado esta guerra son los más de 30 mil detenidos-desaparecidos. En el caso de estas graves violaciones a derechos humanos, las autoridades son culpables de múltiples maneras, pues no sólo no investigan de manera profunda las desapariciones forzadas sino, por el contrario, son partícipes de gran número de ellas y también ha aumentado el número de actos de este tipo cometidos por fuerzas paramilitares enviadas por el propio Estado, los cuales ocultan tras la fachada del narcotráfico o la delincuencia común, que le hacen el trabajo sucio al gobierno y dejan que éste se lave las manos.

Casos como los de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las niñas Virginia y Daniela Ortiz, Teodulfo Torres Soriano, Lauro Juárez; Carlos René Román Salazar, Gabriel Gómez Caña y los normalistas de Ayotzinapa nos obligan a entender que las desapariciones forzadas no son desviaciones de alguna “manzana podrida” de la policía u operativos del narco para llevarse a quienes les pelean la plaza, sino son parte de la estrategia general de terrorismo de Estado , pues no sólo buscan la desaparición de un individuo, sino generar miedo en la población y desmovilizar a todo aquel que quiera un mundo más justo, pues, después de todo, cualquiera puede ser el siguiente.

Sin embargo, esto no le pasa únicamente a quienes luchan; esta política de terror afecta a todo el pueblo trabajador, causando un miedo aleccionador que da como resultado facilitar el despojo de tierras, los desplazamientos forzados, todo esto con la intención de que no haya más movilizaciones en contra de las políticas neoliberales que nos afectan a todos; los y las desaparecidas se cuentan en tantos dígitos que la gente prefiere dejar todo atrás antes de que uno de su familia salga de casa y jamás regrese.

El Estado, con sus políticas reaccionarias, siempre buscará alimentar los bolsillos de la burguesía empobreciendo a la población y es claro que una de las maneras más contundentes que ha tenido para lograrlo es implantar el miedo y desesperación en el pueblo.

Para superar el miedo debemos organizarnos, saber que si estamos juntos el golpe del Estado será menos fuerte y nuestra respuesta será más contundente. Tenemos que difundir los nombres de nuestros desaparecidos, quiénes son, a qué se dedicaban, quiénes son sus familias, por qué son incómodos a los intereses de la burguesía; apoyar acciones como la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometidas por particulares, impulsada por la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (http://www.comitecerezo.org/spip.php?article2246) y, ante todo, reconocer que la única manera de frenar de una vez por todas las desapariciones forzadas y la represión en contra del pueblo trabajador será la superación del sistema capitalista por uno que no esté basado en la explotación del hombre por el hombre, donde la vida no sea una mercancía, por el socialismo.

¡Contra el despojo, la represión y la explotación; resistencia, organización y lucha por el socialismo!


NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección REPRESIÓN del No. 10 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 4 septiembre de 2015.

martes, 13 de octubre de 2015

Entrevista con Sergio González Rodríguez, un año después de la masacre de Ayotzinapa



Ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, noche del 26 de septiembre de 2014: decenas de estudiantes son atacados por policías y criminales. Sucede entonces una de las masacres más terribles de la historia reciente del país. Los jóvenes son secuestrados y sufren torturas antes de ser asesinados. Los cuerpos son incinerados y a día de hoy siguen sin encontrarse. El Estado atribuye la autoría a “bandas criminales”. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos y en todo México se disparan las movilizaciones bajo las consignas de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “Fue el Estado”.

Unos meses antes, de visita en Ciudad de México, le comenté a una amiga lo perdido que estaba en la desmesurada realidad mexicana, mi incapacidad para entender casi nada de lo que sucedía, sobre todo esa “extraña guerra” en la que se vive allá y que se ha cobrado en torno a 100.000 muertes entre 2007 y 2012 (la llamada "guerra contra el narcotráfico"). Mi amiga me dijo: “tienes que conocer a Sergio para saber dónde estás”. Se refería a Sergio González Rodríguez, periodista y escritor mexicano, uno de los primeros que se acercó e intentó echar algo de luz sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Es célebre su libro Huesos en el desierto, en el que conjuga el reportaje, la crónica y el ensayo para intentar desentrañar la naturaleza de los asesinatos de Juárez. El libro inspiró la conocida novela de Roberto Bolaño 2666 (e incluso se dice que uno de los personajes es el propio Sergio). Luego vinieron El hombre sin cabeza y Campo de guerra, ensayos sobre la violencia contemporánea que encuentra en México un laboratorio avanzado y terrible.

En esa comida que compartimos, tuve que ponerme en el lado derecho de Sergio porque no podía oír con el oído izquierdo desde que fue golpeado por unos desconocidos casi hasta la muerte en el barrio chilango de la Condesa. “Pero estoy vivo”, decía. Su capacidad de percepción no ha disminuido en absoluto y así lo prueba Los 43 de Iguala, el libro que acaba de publicar dedicado a analizar el caso de los estudiantes de la aldea de Ayotzinapa desaparecidos justo ahora hace un año. Hablando de México, del capitalismo salvaje, de la confusión entre el poder político, económico y criminal, del desmantelamiento del concepto de soberanía, de la militarización y paramilitarización del país, de la ilegalidad como negocio , de la sociedad fragmentada y del recurso a la excepción como forma de gobierno, Sergio no se refiere en absoluto a una anomalía o una realidad aparte, sino que nos describe las tendencias mayores que configuran a día de hoy el futuro de todos.

Ayotzinapa y el Estado a-legal
- Se cumple un año de la masacre de Ayotzinapa y justo ahora publicas Los 43 de Iguala donde dices: “debo hablar de lo que nadie quiere hablar”. ¿De qué se trata, que es “eso” de lo que nadie quiere hablar? ¿Por qué el silencio, de qué tipo es?

-Sergio González Rodríguez: Con la frase que citas me refiero a un tema: la existencia de la barbarie entre líneas de la “normalidad”; la tolerancia ante hechos violentos a los que se les da un estatuto habitual. Sea del lado del poder estatal o gubernamental, o del lado del contra-poder en la sociedad.

Cada vez más, las sociedades actuales tienden a silenciar los actos de abusos en todo sentido, los estados de excepción, la barbarie, el terror, el riesgo y la vulneración de los derechos, libertades y dignidad de las personas.

El silencio al que aludo tiende a establecer nuevas líneas de coexistencia en todas partes donde la polarización y las tensiones sociales establecen una dinámica de adhesión versus rechazo tajante de una u otra causa, y la reflexión racional deja de ser importante para ser reemplazada por la simple emotividad de “buenos contra malos”.

- Las movilizaciones posteriores a la masacre de Ayotzinapa señalaron “Fue el Estado”, deslegitimando la versión oficial que ante cada abuso dice: “se trata de bandas criminales”. ¿Estarías de acuerdo con ese señalamiento? ¿Cuál es tu interpretación del papel del Estado en la masacre?

-Sergio González Rodríguez: Mi postura es que debe investigarse a fondo la responsabilidad del Estado y de los gobiernos mexicanos en relación a la masacre de Iguala. Con la información disponible a la fecha, postulo que el Estado mexicano es presunto responsable de delitos de lesa humanidad por omisión en aquella noche. La participación activa de policías y militares debe ser indagada, desde luego. Tanto el gobierno local, como el estatal y el municipal, tienen responsabilidad al respecto y la investigación debe precisar los detalles de por medio.

Asimismo, estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos también es corresponsable por mantener dos mercados de alto impacto a partir de México y, en especial, en Guerrero: el de las drogas y el de las armas. Rechazo por completo la versión del gobierno acerca de que lo que sucedió en Iguala fue un mero asunto de drogas y criminalidad. En mi libro me permito analizar lo político y lo geopolítico que surge de aquellos hechos.

- La figura de Abarca, el ex-alcalde de Iguala, me parece muy llamativa porque condensa la fusión y confusión de poder político, económico y criminal que a tu juicio está devastando el país. ¿Podrías hablarme de esa figura y, a su través, de esa imbricación y entrelazamiento entre esos distintos poderes en México?

-Sergio González Rodríguez: La figura de tal individuo, su esposa y la trama de corrupción que de él se ostenta entrega otro episodio más, ya no sólo de la corrupción mexicana, sino de procedimientos perversos de ejercer la política. Por ejemplo, emplear a criminales en tareas policiales, obtener el apoyo de fuerzas políticas, económicas y partidarias a pesar de tener pésimos antecedentes, reemplazar la legalidad a través de componendas de alto nivel, simular un respeto a la ley, funcionar, en suma, por dis-funcionalidades. Es lo que llamo un Estado a-legal. Son procedimientos estructurados que unen lo legal y lo ilegal.

- Una parte muy sensible en tu libro es la relativa a los 43 estudiantes asesinados. Pones ahí una alerta. Los presentas como víctimas también de sus propios líderes, sacrificados utilitariamente en un altar ideológico. Es una parte muy polémica, me parece, que me gustaría entender mejor. ¿No eran autónomos los 43, estaban “manipulados”? ¿A qué te refieres?

-Sergio González Rodríguez: Los estudiantes masacrados en Iguala pudieron asistir por convicción a esa jornada que sería trágica por el exceso de violencia institucional en colusión con criminales que se vio esa noche, pero estaban sujetos a control disciplinario por parte de sus líderes.

No debe pasarse por alto que estos los expusieron a actividades de alto riesgo: muchachos armados con palos, piedras y gritos contra fuerzas armadas y policías que llevan armas de fuego, equipo y adiestramiento para reprimir.

Negar ese hecho sería una ofensa a los desaparecidos y a sus familias. Los líderes de los muchachos se han resguardado detrás de los familiares de las víctimas: deben explicar su papel en esa noche aciaga. Por lo demás, la dirección de todo plantel educativo debería garantizar la integridad física de los alumnos. 

- En otro de tus libros utilizas el concepto de An-Estado, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona el An-Estado en México?
-Sergio González Rodríguez: El An-Estado es un Estado a-legal, como el mexicano (pero esto no es privativo de México): funciona por sus dis-funcionalidades, está fuera y contra (eso significa el prefijo “a”) de la legalidad y simula respetar la ley.

En otras palabras, no sólo cumple fórmulas de excepción o ruptura de normas, sino que las incluye y las llega a invertir: por ejemplo, sus nexos con el crimen organizado, que puede ser un instrumento de gobernabilidad o de apoyo (mediante aportaciones financieras) dentro del orden constituido.

En este tipo de Estado, el gobierno puede ser reemplazado por prácticas comunicativas de control de daños, propaganda y campañas de contra-información en lugar de atender problemas concretos. En un An-Estado la democracia es formal, no sustancial, y se reproduce a partir de una clase política cada vez más ajena a la sociedad.

- México es un “campo de guerra”, dices, ¿podrías explicarnos este concepto y la realidad que nombra? ¿Cuál es el papel de EEUU en ese “campo de guerra”? ¿Ha variado ese papel desde los años 70-80?

-Sergio González Rodríguez: México es un campo de guerra desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió desatar, bajo el patrocinio de Estados Unidos, una guerra contra el narcotráfico (2007-2012); las fuerzas armadas del país fueron entregadas a tareas de gendarmería (un acto inconstitucional, como ha mostrado el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz).

Hay localidades, zonas, trayectos tomados, en forma temporal o continua, por el crimen organizado; el país mantiene un índice de impunidad de todos y cada uno de los delitos que se cometen del 98 al 99 por ciento, por lo que los ciudadanos son víctimas reales o potenciales de los abusos de las fuerzas armadas, las policías, el crimen organizado o el delito común.

Los factores anteriores indican una situación que rebasa la violencia del Estado de décadas anteriores. Estados Unidos es co-responsable de la degradación institucional en México, pues el estado de guerra descrito es producto directo del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN 2005). La soberanía del país fue entregada a los intereses estadounidenses.

Una revolución de las mentes
- ¿Dónde colocas tus esperanzas en este momento en México, Sergio?

-Sergio González Rodríguez: En el conocimiento, la información, la reflexión, la claridad, en una revolución de las mentes que pueda sentar las bases prácticas para dejar atrás las imposiciones del sistema de mundo actual. Hay que re-pensar en forma integral la realidad y proponer nuevos entendimientos al respecto.

En cuanto a las demandas específicas de las familias de las víctimas, son razonables y su cumplimiento sería alentador. El reciente pliego petitorio de ocho puntos planteado por dichas familias al gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser aceptado. Y habrá que evitar que el gobierno postergue la investigación judicial debida para favorecer acciones supletorias de tipo burocrático o comunicativo.

- Mi impresión a veces leyéndote, Sergio, es que describes un mundo cada vez más fragmentado donde “todo son bandas” (incluido el Estado, incluida la izquierda en muchos casos). Es la caída del Estado de Derecho. ¿Piensas que se trataría de (r)establecer un Estado de Derecho en México? Hay opciones políticas, como el EZLN, que parecen olvidarse de esa “misión imposible” y dedican sus esfuerzos a construir espacios de justicia, solidaridad y autonomía. ¿Se trataría entonces, a tu juicio, de restablecer la simetría en el campo de guerra (el Estado de Derecho) o de constituirse en él como fuerza asimétrica emancipadora?

-Sergio González Rodríguez: La fragmentación señalada atañe a ciertas partes del país; en otras se mantiene cierta inercia de unidad a través del clientelismo partidario-electoral, a través de sindicatos como el de los maestros (que incluye grandes porciones disidentes), a través del impacto colectivo de los medios masivos de comunicación, a través de buena parte de la población que trabaja y mantiene un respeto parcial pero concreto a la ley y a la convivencia.

El Estado de derecho debe restablecerse porque, de otro modo, las instituciones se degradarán más cada día. La aceleración de la decadencia actual sólo reafirmará al poder constituido. El surgimiento de un contra-poder asimétrico que defienda de verdad valores de igualdad, justicia y solidaridad resulta deseable, pero en el entendimiento actual de las cosas políticas en México es una posibilidad difícil de ser realizada en el corto plazo: la izquierda ofrece más dichos que hechos en tal sentido.

Mucho más arduo sería consumar la hipótesis de Giorgio Agamben sobre el poder destituyente que deponga para siempre la ley y no pueda ser capturado en la espiral de la seguridad. El onto-poder impuesto por Estados Unidos en el planeta desde el 11 de septiembre de 2001 implica un cambio de civilización que tenemos que comprender en toda su terrible magnitud para poder ofrecer teorías y prácticas en defensa de una nueva forma de vida más productivas que la insurrección convencional.

- ¿Qué propones en concreto para ese restablecimiento del Estado de Derecho?

-Sergio González Rodríguez: Desde tiempo atrás he sugerido lo siguiente: 

1. Retirar al ejército y a la marina de su función de gendarmería de la seguridad pública, al mismo tiempo que se fortalezcan y renueven los cuerpos policiales;

2. Controlar el flujo y la posesión de armas ilícitas en el país, y desarmar a los grupos criminales;

3. Establecer un plan de desarrollo para las localidades, zonas y entidades con los mayores índices de violencia con el fin de reducir la pobreza, la desigualdad, la violencia y los delitos, y regularizar servicios eficaces de salud, empleo, vivienda, transporte, educación, cultura, etcétera.

4. Se requiere más inversión productiva, y menos gasto en armas. Por desgracia, el gobierno actual ha gastado en tres años 3,500 millones de dólares en armamento, todo para satisfacer los protocolos del ASPAN y la “seguridad nacional” de Estados Unidos, su doctrina emergente que iguala el terrorismo con el tráfico de drogas y la contra-insurgencia.

- Hay una pensadora y activista mexicana, Raquel Gutiérrez, que habla de que la dominación en México se ejerce a través de una “opacidad estratégica”. Es imposible entender qué pasa, si los policías son sicarios o los sicarios son policías. ¿Qué fuerza crees que tiene la escritura contra esa opacidad? ¿Cómo piensas ahí tu función?

-Sergio González Rodríguez: Sin duda es interesante el concepto de “opacidad estratégica”, pero me parece que reproduce la terminología bélica de la doctrina militar estadounidense, que se refiere a la “niebla y la fricción” de la guerra. Como muestro en mis libros, basta ahondar en el examen de los hechos para descubrir su evidencia ofensiva, su claridad perversa. Y si bien en un primer momento podemos confundirnos sobre el verdadero estatuto del policía que es un criminal, o viceversa, el mecanismo que lo posibilita puede ser desarmado por la observación, la denuncia, la insistencia política, la crítica.


Fuente original: http://www.eldiario.es/interferencias/Mexico-entrevista-Sergio-Gonzalez-Rodriguez_6_434716557.html

Ejército, impunidad y juego mediático



La normal de Ayotzinapa ya era conocida antes de los terribles sucesos del 26 de septiembre de 2014. De sus aulas salieron los profesores Lucia Cabañas y Genaro Vázquez, fundadores en los años 60 del siglo XX de la Brigada de Ajusticiamiento-Partido de los Pobres y de la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria, respectivamente. Grupos guerrilleros que respondieron a las terribles condiciones de opresión y miseria que a lo largo del tiempo han imperado en el estado de Guerrero, al sur de México. La respuesta del gobierno federal fue la llamada “guerra sucia”, de la cual todavía persiste la impunidad de los protagonistas, algunos de ellos ya muertos, en sus residencias y sin pagar sus crímenes. El escritor mexicano Carlos Montemayor narra crudamente, en su obra Guerra en el paraíso, lo que significó la respuesta del Estado a esos grupos guerrilleros y otros procesos organizativos de Guerrero en esa época.
Pero la respuesta del Estado no se quedó ahí. La guerra sucia no terminó, ha tenido su continuación en acciones criminales como las matanzas de campesinos en el vado de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) y en la escuela primaria de El Charco (7 de junio de 1998). Estas masacres no fueron al azar. La primera fue contra un grupo de hombres del campo organizados, quienes se disponían a realizar en 1995 una manifestación contra el represor gobierno local en Guerrero encabezado por Rubén Figueroa Alcocer. Los miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur fueron emboscados y asesinados a balazos. A la postre, esa masacre le costaría el cargo a Figueroa Alcocer, represor por estirpe, pues su padre habría gobernado también Guerrero, habría sido secuestrado por Cabañas e incluso participado en el asesinato del jefe guerrillero.

Un año después de Aguas Blancas, justo en el aniversario, apareció una célula guerrillera denominada Ejército Popular Revolucionario (EPR), como respuesta justamente a la represión. Una escisión de este grupo, denominado Ejército Popular del Pueblo Insurgente (ERPI), acudió a hacer trabajo doctrinario a la comunidad de El Charco dos años después de la matanza. Ahí, junto con un grupo de civiles de esa comunidad, fueron masacrados por el Ejército. Aún persiste la impunidad de esos hechos.

En ese contexto, no es extraño pensar que en los hechos de Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, hayan participado miembros del ejército mexicano. Particularmente luego de conocer el documento que consiguiera hacer público el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, en el que a efectivos militares se les da la orden de “abatir” a presuntos criminales. Documento que fue girado por “la superioridad” de las Fuerzas Armadas en el caso de la matanza ocurrida en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, el pasado 30 de junio de 2014. Ahí murieron 22 personas, entre ellas mujeres y menores de edad, a quienes acusaron de ser narcotraficantes.

Pero siguiendo con el asunto de la guerra sucia, en medio de las acusaciones contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, ofreció una entrevista exclusiva con la cadena de televisión mexicana Televisa, en un hecho inédito. En dicha conversación, el general asegura que no permitirá la intromisión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo “los militares sólo declaramos ante autoridades mexicanas”.

Más allá de esta bravuconada, pues al final, la participación de la CIDH en México está avalada por la Constitución del país como parte de los acuerdos internacionales admitidos por el país, la declaración que sin duda hela la sangre, es el hecho de que afirmó que uno de los 43 normalistas desaparecidos era “militar en activo”. A pregunta expresa del reportero de Televisa, el general Cienfuegos responde: “Efectivamente, el nombre de uno de estos jóvenes que lamentablemente son desaparecidos, coincide con el nombre de un militar en activo, el cual tampoco lo hemos encontrado. Debo reconocer que estamos hablando prácticamente de la misma persona. Entonces la respuesta en concreto es sí coincide el nombre con uno de los 43 desparecidos y creemos que es la misma persona”.

La declaración es gravísima por varias razones. La primera es que, si el joven era militar en activo, como admitió el general, no es al azar que se haya inscrito para estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa. Estaríamos ante una infiltración por parte del Ejército, que fiel a su tradición, continúa instrumentando estrategias de combate a grupos “de riesgo para la seguridad nacional”, de guerra de baja intensidad y contrainsurgencia. No necesariamente porque en Ayotzinapa haya una semilla guerrillera, más bien porque existe la tradición de Cabañas y Vázquez, aunque con estas medidas, el Ejército viola los derechos humanos de los normalistas. ¿Cuántos otros movimientos y organizaciones mexicanos estarán infiltrados por elementos del ejército en activo? Esto viola toda legalidad.

Pero también, no es posible dejar de lado que esta declaración puede ser una distracción, utilizada con el objetivo de desvirtuar las acusaciones que señalan al Ejército de ser los responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Puede ser una cortina de humo, aunque publicaciones como la revista Proceso en México, ha documentado desde hace meses la infiltración de militares en la Normal. Publica en su portal en estos días que el reportero Ezequiel Flores solicitó información a la Sedena respecto de la posibilidad de militares en Ayotzinapa, a lo que un subjefe administrativo respondió: “Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos (sic) de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”.

Otra situación que habrá que subrayar, es que es la primera vez que un general secretario obsequia una entrevista de esta naturaleza. Los militares, después de décadas, están haciendo política abiertamente, así sea en defensa propia, a través de los medios de comunicación, particularmente a través de la televisión. Inquietante. Preocupante.

Se le olvida al gobierno federal que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto que sacar a los militares de sus cuarteles es fácil. Lo verdaderamente difícil es luego hacerles entender que deben regresar a ellos. Durante el gobierno anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa los soldados se salieron; y el entonces general secretario se la pasó pidiendo en cada oportunidad que el Congreso de la Unión les diera elementos legales para realizar acciones de combate al crimen organizado. Ahora, el actual secretario, ante la ola de descrédito nacional e internacional que atraviesa el Ejército mexicano, prefiere salir por sí mismo y entrarle al juego mediático para hacer política en defensa propia, ofreciendo información delicada, que nadie conocía y que al final, pone sobre la mesa un elemento más para terminar de enrarecer el clima político y social que rodea la tragedia de Ayotzinapa.

Y mientras, Ayotzinapa, Tlaltlaya, Aguas Blancas, El Charco, masacres de ayer y hoy, siguen en la impunidad.

@Patrio74

Tlatelolco vs Ayotzinapa



El 2 de octubre siempre es: “a la memoria de los caídos”. Los estudiantes de Iguala venían a conmemorar al DF.


“Sueños de libertad”
Vientos de 1968

Movimiento estudiantil

El mundo cambió de entonces

Revirar la impunidad

Presión por la Libertad.

(Extracto: 10-14/octubre/2008)


La tapadera es doble. No de ahora —aparte corroída—, del sistema político mexicano. La impunidad es la constante. Tlatelolco, plaza de las Tres Culturas, el saldo criminal de 1968, el asesinato de estudiantes —oleada mundial libertaria y democratizadora— a fuego cruzado. Ayotzinapa, de 2014, es la desaparición en Iguala de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Guerrero, México. Sospechas, todas. El calificativo es “crimen de Estado”. ¿Implicados? El sistema.

Antes: el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y el titular de gobernación Luis Echeverría Álvarez, así como el Ejército, estaban la “policía secreta” o “guardias blancas” y los grupos del “guante blanco” de la DFS (Dirección Federal de Seguridad), la policía del DDF (Departamento del Distrito Federal), los “granaderos” se inauguraban; y la “brigada blanca” (conformada por “ladrones, exmilitares y militares”) que creó Francisco Quiroz Hermosillo, a cuyas órdenes estuvo Miguel Sánchez Ordoñez, El Doc, por encomienda del Secretario de Sedena, Marcelino García Barragán.

Ahora, por Ayotzinapa: las policías municipal, estatal y federal, el Ejército, los cuerpos de seguridad del presidente municipal José Luis Abarca; ¡y los Guerreros Unidos!, el cartel que controla el negocio de la heroína en el estado de Guerrero, para el abastecimiento del mercado estadounidense. ¿La DEA está implicada?

De Tlatelolco y el halconazo, de 1971, sigue pendiente el gran juicio: a Echeverría y a los generales implicados, así estén muertos ya, como García Barragán, Manuel Díaz Escobar y Humberto Bermúdez Dávila. Sin olvidar a los implicados del DDF: a Alfonso Corona del Rosal, Alfonso Martínez Domínguez, Manuel Díaz Escobar, Humberto Dávila, Eliud Ángel Casiano Bello, Luis Gutiérrez Oropeza, ¿y los halcones?, entre otros.

De Ayotzinapa siguen las líneas de investigación sobre el tema del “5° autobús”. Los militares, las autoridades, ¿y los narcos? El caso es que el gobierno de Enrique Peña Nieto no aclara nada todavía; la versión de PGR vs CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Las concepciones son encontradas. En tanto al sistema político se le acumulan los pendientes. Impunidad que nadie olvida: los 43 se ha vuelto consigna popular, y mundial. La violación de los derechos humanos está detrás.

La versión de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) es contraria a la “oficial” que dio a conocer rápidamente la PGR en voz del entontes titular Jesús Murillo Karam. Eso ha confrontado todavía más a la sociedad con el gobierno. No únicamente a los padres de los desaparecidos, como a todos los jóvenes —encabezados por muchos exlíderes del 68— que se movilizaron este 2 de octubre 2015 para recordar que la sociedad “no olvida”, al igual que los 43 cuando hace un año se preparaban para llegar a Tlatelolco, en el DF.

Los pendientes para el Estado se acumulan. La impunidad campea en el sistema político tan descompuesto como la corrupción que le corroe. Las violaciones a los derechos humanos no paran. Se manifiestan, diría el presidente de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, “en las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad, torturas como método de investigación, la tensión entre el combate a la delincuencia y la promoción del derecho, la violación de los derechos de los migrantes, trata de personas e impunidad de los ataques a periodistas”.

Desde que el clima de violencia se ha instalado en el país, entrado el nuevo siglo —año 2000 con la llegada de la “alternancia en el poder”— hasta la fecha, en la justicia campea la opacidad. Las estructuras de justicia en el país no se reforman, se deforman; es el caso de la procuración e impartición de justicia. La ausencia de aplicación de las leyes alimenta “cifras” como las 22 mil desapariciones en el país ¡desde 2012!, para las 300 averiguaciones que hay abiertas nada más, como reconoce la PGR. Cifras. Los datos de periodistas se acumulan. No importa lo que mandata la Constitución.

¿Hacia dónde va el sistema político mexicano?: hacia su descomposición. Los gobiernos no proponen salidas. Por ello a la sociedad es a quien le corresponde tomar las riendas. Por eso las protestas. De lo contrario, ¿cuándo se juzgará a los implicados en las matanzas del 68, o se dará respuesta a las demandas de los desaparecidos en Iguala? El 2 de octubre sigue presente, en tanto la historia no ajuste la memoria popular. Lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre 2014, que se desconoce todavía, acumula los agravios en la gente. Por eso las protestas no paran.

El sistema político no sabe qué hacer con sus pendientes. De antaño el PRI siempre acomodó las cosas a su manera, no para resolverlas sino para taparlas. La impunidad es doble, decíamos, porque a Tlatelolco se acumula Ayotzinapa, ¡y tantas ofensas más! Si el anterior era un gobierno autoritario, ¿el actual es democrático? En dónde queda el respetuoso por los derechos humanos. A este gobierno se le acumulan miles de preguntas, y las respuestas que no llegan. A cambio acelera la carrera presidencial 2018.

A falta de respuestas, aumento de preguntas. Por eso no falta quien califique a “Tlatelolco y Ayotzinapa (como) parte de la misma historia” (Sergio Aguayo en su libro De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del Estado). Historia de impunidades. Porque “el Estado es el principal responsable de las perversiones que ha vivido su monopolio legítimo de la violencia”, dice en la página 17. Como justificaría Max Weber, en su definición de Estado, que se trata de una organización respaldada por el denominado monopolio de la violencia “legítima” (¡sic!). ¿Y si el Estado no es legítimo, por qué ejerce la violencia?

Por lo mismo, “el Estado (mexicano) es el principal responsable de las perversiones que ha vivido el monopolio legítimo de la violencia”, dice Aguayo (p. 143). “Los presidentes mexicanos han fallado desde el 68 porque no se han preocupado por entender la lógica del crimen organizado, por la indolencia con la cual lo han tratado (siempre reactivos, rara vez proactivos) y por su indiferencia al costo humano”. Por eso Ayotzinapa. Porque el crimen organizado ha sido el principal beneficiario, y “demostró haber alcanzado algunos de los atributos de un estado paralelo” (Idem.).

En cambio, diremos que Tlatelolco y Ayotzinapa no están unidos por la lógica de “no entender” al crimen organizado, sino por la impunidad del sistema político mexicano.

Twitter: @sal_briceo

Público, el expediente de los 43 #Ayotzinapa


Aristegui Noticias
Puedes consultarlo en esta nota, o directamente en el portal de la Procuraduría.
Tal como lo anunció la procuradora Arely Gómez la semana pasada al comparecer en el Senado, una versión pública de la averiguación previa del caso Iguala se encuentra disponible en la página de la PGR.
Con nombres, direcciones y algunos otros datos tachados, la versión pública del expediente consiste en alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.
De acuerdo con la Procuraduría, “su elaboración implicó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el testado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables”.
En la descripción del micrositio, se apunta que “con el objetivo de garantizar de mejor manera el derecho al acceso a información de la ciudadanía, la C. Procuradora General de la República instruyó poner a disposición en el Portal Institucional de la PGR, la versión pública de la Averiguación Previa del Caso Iguala”.
El tomo 1, por ejemplo, da cuenta de las primeras detenciones en octubre 2014 -casi un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa-, de presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Además muestra las primeras contradicciones, por ejemplo el caso de un sujeto que según la policía fue detenido en la calle, cuando él asegura que fue sacado de su domicilio a las 4 de la mañana.
Para entender los tomos hay que revisar cientos y cientos de hojas. No es posible entender un documento sin revisar el siguiente. La averiguación muestra órdenes de arraigo, estudios periciales, los cargos que se imputan, declaraciones de los imputados y de quienes los detienen, entre otros detalles.
Aquí puedes revisar los tomos y sus anexos:

miércoles, 7 de octubre de 2015

Revista Proceso Desafio al Estado Mexicano



En plena visita a la ciudad colombiana de Medellín, donde recibió el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, la periodista Carmen Aristegui decidió dar el siguiente paso en su lucha contra la censura: acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El jueves 1, sus abogados radicaron ante el organismo regional una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia en su caso de violación del derecho a la libre expresión. En entrevista  con  Proceso, Aristegui relata que el apoyo de cientos de colegas del Continente fue fundamental para su decisión, y adelanta el argumento central de su alegato.
MEDELLÍN, Colombia (Proceso).- El viernes 2, a punto de abordar un avión para regresar a México, la periodista Carmen Aristegui saca cuentas de su visita de cuatro días a esta ciudad colombiana. El balance, dice, es “extraordinario”.

Cumplió su expectativa de compartir con colegas de toda América Latina su ruta crítica de los últimos meses: desde su despido del Grupo MVS en marzo pasado, como secuela del reportaje sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, hasta el juicio de amparo que, “por consigna”, le negó un tribunal colegiado.

Y el 30 de septiembre, en esta ciudad colombiana, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) le entregó a su equipo el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría de cobertura, precisamente por su reportaje sobre la Casa Blanca del presidente.

En esa investigación, los reporteros del equipo de Aristegui revelaron que el presidente de México y su esposa, Angélica Rivera, poseen una mansión de 7.5 millones de dólares construida y financiada por el Grupo Higa, beneficiario de millonarios contratos gubernamentales. En respuesta, la empresa MVS los despidió con argumentos que han cambiado en el curso del juicio.

La periodista chilena Mónica González, integrante del consejo rector del prestigiado premio, considera que haberlo conseguido constituye “un triunfo moral de Carmen y sus reporteros frente a la censura que ha impuesto sobre ellos el gobierno mexicano a través de MVS”.

Aristegui recibió el premio a nombre de su equipo y constató la solidaridad de decenas de periodistas latinoamericanos que participaron en la ceremonia de premiación y en otros foros organizados por la FNPI.

Entrevistada por Proceso, la comunicadora señala que ese respaldo la animó a presentar el jueves 1 una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por denegación de justicia, censura y presiones atentatorias contra la libertad de expresión.

Aristegui sabía del alcance internacional logrado por ese reportaje y la noticia de su despido de MVS, pero su estancia en Medellín del 28 de septiembre al 2 de octubre le permitió conocer el interés real de sus colegas por apoyarla con acciones concretas.

Por ello, su demanda ante la CIDH fue acompañada de un documento anexo en el que decenas de periodistas del hemisferio firman como “peticionarios”. Entre ellos figuran integrantes del consejo rector del Premio Gabriel García Márquez, como Mónica González, el argentino Martín Caparrós y el estadunidense Jon Lee Anderson, así como el exdirector del diario colombiano El Tiempo Enrique Santos, y el director general de la FNPI, Jaime Abello.

El jueves 1, la entrevista en la que relató cómo su equipo desarrolló la investigación en torno a la Casa Blanca de Peña Nieto sirvió de portada al diario El Tiempo. Su demanda ante la CIDH fue noticia en Latinoamérica. La mayoría de quienes escriben sobre ella la identifica como la periodista que se atrevió a informar acerca de la millonaria mansión del presidente mexicano y fue castigada con su salida del aire.