A más de tres meses del asesinato, secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, familiares, maestros y normalistas protestan frente a instalaciones militares y exigen investigar al Ejército, al que señalan como responsable de la masacre junto a la Policía Federal.
Este miércoles, las organizaciones nucleadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP) inician la búsqueda popular en los cuarteles, al tiempo que imputan por primera vez al alcalde de la ciudad de Iguala y su esposa como autores intelectuales de la masacre.
El lunes cerca del medio día, familiares, maestros y estudiantes se movilizaron en busca de los 43 desaparecidos hasta las instalaciones del 27° Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, el mismo lugar en el que hace más de tres meses los estudiantes fueron atacados por la policía municipal. Nuevamente les fue impedido el paso, por lo que derribaron las puertas del cuartel con un camión y lograron avanzar 20 metros, hasta que fueron brutalmente reprimidos por 300 integrantes de la policía militar, reforzados por policías estatales.
Por la tarde, en Chilpancingo, la capital del estado, una parte de los manifestantes quemó un vehículo a las puertas de la 35° Zona Militar, mientras otros realizaron un mitin en la sede del 61° Batallón de Infantería en el municipio de Tlapa y en la 8° Región Naval Militar de Acapulco.
Las movilizaciones fueron replicadas en cuarteles militares y navales de los estados de Chiapas, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz, organizadas por maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que se reportaran incidentes.
Desde el comienzo de la investigación, exigen que se investigue el rol del Ejército de México además de la Policía en la masacre de los estudiantes, en contraposición a la línea de investigación oficial que sostiene que los estudiantes fueron sacados de Iguala por la policía municipal y la organización criminal Guerreros Unidos.
Este miércoles comienzan en Ayotzinapa acciones para la búsqueda ciudadana de los estudiantes en plazas, casas y colonias, la cual se realizará sin el apoyo de las autoridades, ya que sus trabajos han sido infructuosos y esto se hará con todos los ciudadanos que quieran apoyar, indicaron los familiares de los estudiantes y su asesor legal, Vidulfo Rosales, luego de que ayer retomaran el diálogo con representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto que habían suspendido hace un mes.
Según informó Rosales, el gobierno federal analizará la petición de que se abran cuarteles e instalaciones castrenses para que puedan buscar a los estudiantes desaparecidos, y la Procuraduría General de la República (PGR) debe abrir una línea de investigación respecto de la presunta participación de militares en los hechos.
Asimismo, durante la jornada de hoy la Agencia de Investigación Criminal informó que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron imputados como autores intelectuales de la masacre de los estudiantes.
Ambos permanecen en prisión desde noviembre acusados por otros cargos, delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, por el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en 2013.
Este miércoles, las organizaciones nucleadas en la Asamblea Nacional Popular (ANP) inician la búsqueda popular en los cuarteles, al tiempo que imputan por primera vez al alcalde de la ciudad de Iguala y su esposa como autores intelectuales de la masacre.
El lunes cerca del medio día, familiares, maestros y estudiantes se movilizaron en busca de los 43 desaparecidos hasta las instalaciones del 27° Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, el mismo lugar en el que hace más de tres meses los estudiantes fueron atacados por la policía municipal. Nuevamente les fue impedido el paso, por lo que derribaron las puertas del cuartel con un camión y lograron avanzar 20 metros, hasta que fueron brutalmente reprimidos por 300 integrantes de la policía militar, reforzados por policías estatales.
Por la tarde, en Chilpancingo, la capital del estado, una parte de los manifestantes quemó un vehículo a las puertas de la 35° Zona Militar, mientras otros realizaron un mitin en la sede del 61° Batallón de Infantería en el municipio de Tlapa y en la 8° Región Naval Militar de Acapulco.
Las movilizaciones fueron replicadas en cuarteles militares y navales de los estados de Chiapas, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz, organizadas por maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que se reportaran incidentes.
Desde el comienzo de la investigación, exigen que se investigue el rol del Ejército de México además de la Policía en la masacre de los estudiantes, en contraposición a la línea de investigación oficial que sostiene que los estudiantes fueron sacados de Iguala por la policía municipal y la organización criminal Guerreros Unidos.
Este miércoles comienzan en Ayotzinapa acciones para la búsqueda ciudadana de los estudiantes en plazas, casas y colonias, la cual se realizará sin el apoyo de las autoridades, ya que sus trabajos han sido infructuosos y esto se hará con todos los ciudadanos que quieran apoyar, indicaron los familiares de los estudiantes y su asesor legal, Vidulfo Rosales, luego de que ayer retomaran el diálogo con representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto que habían suspendido hace un mes.
Según informó Rosales, el gobierno federal analizará la petición de que se abran cuarteles e instalaciones castrenses para que puedan buscar a los estudiantes desaparecidos, y la Procuraduría General de la República (PGR) debe abrir una línea de investigación respecto de la presunta participación de militares en los hechos.
Asimismo, durante la jornada de hoy la Agencia de Investigación Criminal informó que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron imputados como autores intelectuales de la masacre de los estudiantes.
Ambos permanecen en prisión desde noviembre acusados por otros cargos, delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, por el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en 2013.
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