Si resulta evidente la enorme brecha que existe entre los objetivos del cártel partidista-gubernamental y un importante sector de la sociedad civil mexicana, que sigue presionando para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, la postura de los empresarios no se queda atrás. Más allá de las muestras de desprecio sistemáticas hacia los trabajadores por parte de los criollos del siglo XXI –producto de una larga tradición racista incubada en las miasmas del eurocentrismo- el caso Ayotzinapa devela la forma de concebir el mundo por parte de los dueños del dinero en México.
Si bien, en un principio, los empresarios organizados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) deploraron las desapariciones de los normalistas en Guerrero, solicitando “la creación de una comisión ciudadana para que apoye el trabajo de los responsables de las investigaciones y el resultado de las mismas”, recientemente su postura ha cambiado, demostrando su verdadera percepción del conflicto. El propio Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, exigió recientemente que sean castigados los manifestantes que ingresaron al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Molesto por la irrupción de profesores y estudiantes normalistas en el Foro Emprendedor Guerrero -organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)- Gutiérrez Candiani declaró que “además de manifestar su intención de sabotear procesos electorales y en una nueva y grave acción, inédita en México, provocaron con violencia e irresponsabilidad a las fuerzas armadas en las propias instalaciones de éstas”. Acusó a los manifestantes de tener intereses políticos, ajenos a las demandas de justicia y respeto a los derechos humanos.
Sin ánimo de entrar a la discusión de las supuestas diferencias entre política y justicia, baste decir que los empresarios mexicanos han cerrado filas alrededor precisamente de semejante sofisma para darle la vuelta a la hoja. Así lo dijo Enrique Solana, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), quién consideró injusto que por 43 personas se dañe a los tres y medio millones de habitantes del estado de Guerrero y, sobre todo, a los 150 mil empresarios que impulsan, según él, el crecimiento económico en el estado. ¡Ésa si es una injusticia!
Para tener una idea de las razones que arguyen los empresarios para darle carpetazo a las investigaciones, que mejor que las declaraciones de unos de sus adalides, el obispo Onésimo Cepeda, quien en su acostumbrado tono parroquial expresó su desconcierto por las protestas cuando dice: “Si ya desaparecieron, ya desaparecieron”, por lo que recomienda rezar por los muertos y dejar que las autoridades hagan su trabajo, o sea, echarle tierra al asunto para seguir moviendo a México.
Las protestas en Guerrero no sólo han puesto en la mira a las autoridades civiles y militares sino también al mundo empresarial, desatando la ira de los benefactores de la sociedad que se sacrifican todos los días para generar empleos chatarra y envenenar a la población con sus productos y servicios. Un empresa líder en ‘beneficiar’ a la población es Bimbo (empresa productora de golosinas enharinadas que han detonado la obesidad infantil a un ritmo sin precedentes en el país) que por medio de uno de sus fundadores, Roberto Servitje, repitió la cantinela empresarial para demeritar las manifestaciones sociales por la desaparición forzada de los normalistas: “Hay inconformidad de algunos grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene, y se están aprovechando con respeto a todos ustedes los medios también exacerban la situación”.
Las perlas declarativas mencionadas arriba confirman que los empresarios están en sintonía con respecto al caso Ayotzinapa, exigiendo de paso a sus socios minoritarios que acaben con las protestas y reestablezcan el estado de derecho. La COPARMEX manifestó recientemente en un comunicado de prensa que “La responsabilidad es compartida entre los tres órdenes de Gobierno, y los presidentes municipales y gobernadores deben también dar una respuesta clara y contundente de cara a la sociedad que exige ¡ya basta de violencia!” Nótese lo de ‘respuesta clara y contundente” para medir el nivel de frustración de los empresarios y su vena autoritaria. Porque en el fondo, lo que está en entredicho para los ‘motores’ del crecimiento es el principio de autoridad, fundamento del orden social que amplifica las posibilidades de apropiarse de la riqueza producida socialmente.
Más allá de las diferencias en el manejo del conflicto entre empresarios y gobierno -los primeros consideran inadmisible que se administre la crisis permitiendo que, por ejemplo, se obligue a los militares abrir los cuarteles- no se puede pasar por alto que la violencia social es producto en primerísimo lugar de la explotación sistemática de los trabajadores en beneficio de unos cuantos. Es esa violencia, inspirada en el afán de lucro, la que ha generado no sólo el caso Ayotzinapa, sino también Acteal, Aguas Blancas, las desaparecidas en Ciudad Juárez, los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico y un largo etcétera, desmantelando sin rubor a un país para mantener la lógica capitalista. Y mientras tanto, la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas continúa firme, imparable.
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