Miguel Ángel Adame Cerón
Situación después de 4 meses de los normalistas muertos y desaparecidos.
Después de cumplidos cuatro trastocadores meses desde que en la madrugada del 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados 4 jóvenes y secuestrados/desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotizinapa, se hicieron sentir nuevamente en las calles de la ciudad de México y de todas las ciudades importantes de México y del mundo las manifestaciones populares por la presentación con vida de los 43: ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, que conformaron parte medular de la 8ª Jornada nacional/mundial por Ayotzinapa (La Jornada 27 de enero de 2015). Dichas manifestaciones fueron combativas e insistentes, vale decir de resistencia y esperanza. Lo cual anuncia y presagia que no pararán y que por tanto pueden mejorar-potencializar dichas resistencias y esperanzas.
Mientras, por el lado de los representantes de la burguesía y el capital nacional e internacional, tanto el titular de la presidencia, Enrique Peña Nieto, como uno de sus secundadores, el rector de la UNAM José Narro, se afanaron por insistir en que no se debe quedar atrapado en el episodio trágico de Iguala y que hay que seguir la “normalidad” democrática de México. Igualmente para machacar la versión oficial fabricada ex profeso por sus asesores, el procurador Jesús Murillo Karam, insistió en que los 43 estudiantes desaparecidos fueron secuestrados por la policía municipal por órdenes de los Abarca y llevados a los sicarios de “Guerreros Unidos” para ser masacrados y quemados en el tiradero de Cocula. Dicha versión se quiere imponer como supuesta “verdad histórica” (La Jornada, 28 de enero, p. 1).
Por el lado del proletariado y los sectores oprimidos, empobrecidos, marginados y precarizados, los familiares y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (y todo el movimiento social que los acompaña) no han aceptado el garlito de la PGR de la muerte y calcinamiento de sus hijos y compañeros y han mantenido su exigencia por la presentación con vida de los jóvenes. Pero no sólo eso, sino que han sabido, a lo largo de todos estos meses, especialmente en el último mes en el cual el gobierno apostaba por el desvanecimiento de las protestas, cuestionar esa pseudo verdad con datos, evidencias y planteos alternos que han sostenido con pruebas y con acciones. Manifestándose sobre el terreno (en uno de los lugares claves de los hechos, la sede del 27avo batallón en Iguala donde se enfrentaron contra soldados y policías federales cuando les impidieron entrar para que revisaran esa sede) y señalando líneas de investigación que van directamente contra los verdaderos responsables mayores (y no sólo los menores y secundarios como son los 99 detenidos y en proceso de juicio y el matrimonio de los Abarca): oficiales del ejército, el ex-gobernador Ángel Aguirre y el propio Murillo Karam por encubridor y desviador.
Y obviamente con ello los familiares y normalistas, por un lado, impiden los intentos jurídicos, judiciales y discursivos constantes y ahora reiterados por dar carpetazo al asunto; y, por otro, ponen en evidencia el carácter sesgado, mañoso y burlesco de la tesis de la cremación de los 43 en el basurero de Cocula. Que, como señalamos, así como la presenta la Procuraduría Federal y mediante su titular es un montaje y en la que se han abarricado el gobierno peñanietista y a la que apuestan y “rezan” todas las fuerzas reaccionarias, conservadoras y neoliberales nacionales y trasnacionales. Ello porque creen que esa dizque “verdad histórica” les garantiza salvar el descrédito nacional e internacional del ejecutivo y su gobierno, y con ello mantener cierta legitimidad a las acciones gubernamentales en curso (como resucitar una secretaría de la función pública a cargo de un colaborador del ejecutivo para que investigue al ejecutivo mismo, a su esposa y su secretario de Hacienda) y las próximas (como las elecciones intermedias de julio). En efecto, tenemos el ejemplo perfecto con el espaldarazo dado el 28 de enero, el mismo día de las declaraciones de Peña Nieto, Narro y de Murillo, por parte del Consejo Coordinador Empresarial al presidente de México (es decir a su políticas); sin embargo, se trata de un respaldo condicionado a cambio que el ejecutivo “de facilidades y seguridad para las inversiones”. Empero lo más ilustrador fueron las palabras emitidas por el empresario de 95 años y co-fundador de la empresa Bimbo, Lorenzo Servitje, que llamó a “cerrar filas, pues Peña Nieto está en su peor momento” y eso “es muy peligroso, no podemos aceptar esto” (La Jornada, 28 de enero, p. 25). En fin, se trata de liberar de toda responsabilidad al Estado y concretamente a las instituciones como el ejército, la policía federal y los gobiernos estatales.
Pero esa tesis salvavidas a la que se aferran ha sido no sólo fuertemente cuestionada, sino en los hechos reales ha sido ya des-construida por los Somos Ayotzinapa (padres, madres, normalistas, estudiantes, sectores sociales y populares, intelectuales, etc.). Y no se trata de una des-construcción al estilo posmodernista, que genera confusión y descentramiento, sino que a semejanza de lo que se ha sabido del caso Tlatlaya (reconstrucción del escenario y tendido de cerco por los militares implicados tras la matanza para camuflagearla), aprovechando sus debilidades, insuficiencias, desaseos e inverosimilitudes. Se ha ido construyendo firmemente una verdad alterna con fundamentos aportados colectivamente.
Científicos, abogados, familiares, peritos, intelectuales, periodistas y hasta el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) comprometidos con su oficio y con la verdad han aportado y han alzado sus voces para protestar por el intento de cerrar el caso Iguala-Ayotzinapa. No bastan los 85 tomos de la averiguación previa de la PGR, los 487 dictámenes periciales y las declaraciones de los casi cien detenidos si esa información es parcial, sesgada y contiene verdades prefabricadas; es decir, pseudo-verdades y en el total se quiere presentar como supuesta verdad histórica y por tanto una presunta verdad política, pero en realidad ambas son falaces: debido a que las indagatorias y las presentaciones (por ejemplo videos musicalizados y editados a manera de shows) son intervenidas desde los Pinos, desde los poderes fácticos, desde la PGR, desde el estado necropolítico; una verdad histórico-política distorsionada e incompleta, “oficial”, o sea falaz. Por tanto es falso lo que fue a declarar el enviado del gobierno, el subsecretario de la Secretaria de Relaciones Exteriores, al Comité Contra Desapariciones Forzadas dependiente de la ONU en Ginebra el pasado 2 de febrero (La Jornada, 3 de febrero); de que ha habido por parte del Estado mexicano “determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y la justicia”. No hay tales, lo que ha predominado es la negligencia y la manipulación y como resultado de ello las dudas, las sospechas, la incredulidad, no sólo en los familiares de los jóvenes o de una buena parte de la llamada opinión pública nacional e internacional sino de la propia Comisión de la ONU que planteó con claridad que se agoten «todas las líneas de investigación» necesarias “para llegar a la verdad” (La Jornada, 4 de febrero, p. 7).
La disputa por la verdad histórica y política
Y continúa vivamente la disputa por la verdad histórica y política, la verdad objetiva, digamos crítico-científica y no sólo científica al estilo sólo de Thomas Kuhn que la delega al final de cuentas al consenso de la “comunidad científica académica”. En efecto, creemos con Imanol Ordorika y Adolfo Gilly (“Ayotzinapa: una comisión de la verdad”, en La Jornada, 29 de enero, p. 18) que esa verdad tiene que ser establecida “en los tiempos de la historia y con sus métodos”. Y esos tiempos y métodos no son abstractos, no sólo están en el futuro sino están en la historicidad presente-futuro-pasado, y por ende no es excluyente que también participen las acciones, las voluntades y los dichos de los protagonistas; pues éstos, precisamente, la disputan y la tejen en el presente-futuro con esas “armas”, cada bando de protagonistas la disputa con sus propios métodos y aliados. Pero la verdad objetiva crítico-científica es sólo una, compleja sí, pero es un todo, íntegra y completa. No hay, pues, verdades a medias y tampoco dicha verdad es “sin adjetivos” ni es mera aspiración, ni es excesiva, ni es una utopía como cree Javier Flores (“Demostraciones científicas”, en La Jornada, 3 de febrero, p. 3a). Más bien, insistimos, el camino que conduce a ella está lleno de apariencias y pseudoconcreciones, de obstáculos y de trampas. Es un campo de batalla que tiene sus modos que suelen ser sinuosos y sus tiempos que pueden ser más o menos largos, pero que para el caso Iguala-Ayotzinapa es crucial que sean definitorios en lo inmediato y mediato. Las demostraciones científicas y políticas actuales que se han acumulado apuntan hacia el tinglado de la verdad “oficial” del gobierno-Estado (que ni el parlamento europeo cree, vgr. La Jornada, 6 de febrero, p. 3) y hacia verdadera verdad histórico-política del “somos Ayotzinapa”.
Veamos las demostraciones científicas que contradicen la versión oficial: a) datos satelitales no registran evidencias de incendios mayores en la zona de Cocula en la madrugada del 26 de septiembre de 2014, sino que hay registros de incendio significativo en la zona de Chilapa a más de 100 kilómetros de distancia, además de que en la zona de Iguala-Cocula esa noche hubo lluvia intensa; b) peritos argentinos han rechazado avalar la versión de la PGR de que los restos mandados a la Universidad de Inssbruck estaban en el río de aguas negras San Juan en Cocula; c) a pesar que en esos laboratorios hayan identificado el perfil genético (ADN) de uno de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa a partir de un molar y de un hueso de la mano no es prueba científica suficiente para afirmar que dicho joven este muerto y menos para afirmar que los 42 estudiantes restantes hayan sido calcinados; d) científicos de la UNAM (que han sido amenazados de muerte) han desmentido la versión del jefe de la PGR Murillo Karam de que los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, debido principalmente a la inverosimilitud de que en ese sitio pudieran utilizarse la inmensa cantidad de combustibles necesaria para hacer cenizas los cuerpos (leña, llantas, etc.), además de que los residuos de los huesos y cenizas pesarían más de 300 kilos, igualmente han observado los científicos (principalmente Jorge Montemayor del Instituto de Física) que el procedimiento de la incineración no es usual en los cárteles, que “prefieren” el descuartizamiento (p.e. descabezamiento) o el ahorcamiento (previa tortura) de sus “enemigos”; d) los datos que demuestran que se alcanzaron altas temperaturas en algún punto del basurero son insuficientes para afirmar que éstas fueron homogéneas y que redujeron a cenizas los 43 cuerpos en el sitio señalado; e) los datos biológicos sobre el crecimiento de algunas plantas o entomológicos sobre el desarrollo de algunas especies en el sitio aludido revela incendio y crecimiento biológico pero no dice nada acerca del sacrificio de los 43; f) la acumulación multidisciplinaria de pruebas no logran dar un sustento científico a las conclusiones de la PGR, pues la certeza no depende del número de disciplinas involucradas (los 3 últimos incisos son planteados por el científico Javier Flores, ídem); g) los estudiantes sobrevivientes y los padres de los normalistas desaparecidos han insistido que los GPS de celulares de algunos éstos marcaban que estuvieron en el cuartel del 27 batallón de infantería de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre y eso no se ha querido para nada investigar.
En la lucha por la verdad objetiva (no por verdades relativizadas como meras interpretaciones) de ese episodio clave se juega y se posibilita la lucha y el triunfo de la credibilidad. Y la credibilidad conlleva e implica la conciencia y la politización en crescendo, en el imaginario y en la creencia subjetiva de la población mexicana.
Las iniciativas políticas y la confrontación de fuerzas
Ese triunfo dialéctico y complementario a favor de la verdad objetiva y la credibilidad subjetiva significaría más fuerza no sólo a las protestas y resistencias sino a todas las iniciativas políticas nodales. Tenemos dos importantes ejemplos recientísimos de ellas. Primero las impulsadas por la Convención Nacional Popular (CNP) que se reunió el 5 de febrero en Ayotzinapa, con la participación de delegados de 244 organizaciones sociales y asistencia de 2 mil personas. La Convención busca sobre a base de construir una estructura de un referente nacional y un programa político busca generar aglutinar y unificar a todas las fuerzas políticas en lucha para crear un gran frente único para que el movimiento Somos Ayotzinapa no se quede en lo coyuntural. (La Jornada 6 de febrero, p. 2). Segundo es la reunión en el mismo día en el Centro Universitario cultural de la Ciudad de México de la Constituyente Ciudadana-Popular (sin la presencia de los partidos políticos) que tiene el propósito de dar a México una nueva Carta Magna surgida del pueblo con el propósito de Refundar el Estado y la nación (ibidem, p. 22). En ambas iniciativas participan familiares de los normalistas de Ayotzinapa.
Todo ello en vistas en avanzar en la relación de fuerzas y la lucha de clases. Para ilustrar una de las más importantes está el boicot a las elecciones de Guerrero, pues recientemente y en este 2015 dichas elecciones se han convertido en una importantísima pieza clave de la disputa política de los dos bloques político-históricos que se han venido conformando a raíz de la coyuntura Iguala-Ayotzinapa. El Estado-gobierno mexicano (y los partidos registrados) le están apostando a su adecuada realización como tabla inmediata de recuperación de su legitimidad para enderezar un poco su estrepitosa caída en el descrédito.
Por consiguiente el Estado mexicano está empeñado a como dé lugar a poner orden en Guerrero contra “los radicales” y ha mandado a miles de soldados, gendarmería y policías a reforzar la militarización para reprimir y desalentar las acciones de protesta y de autodefensa de las organizaciones y pueblos de Guerrero. Más que controlar la inseguridad y enfrentar a los criminales, se ha dedicado a labores contensivas y disuasivas al grado que ha habido enfrentamientos cara a cara entre las fuerzas policíaco-militares del gobierno y las organizaciones populares que han sabido re-agruparse y responder sin llegar a las armas. La reciente marcha de más de 15 mil personas en Chilpancingo el 5 de febrero demandaron la presentación con vida de los 43 jóvenes, el retiro del ejército de la entidad y rechazaron la realización de las próximas elecciones.
Al tiempo que desde la Secretaría de gobernación y la PGR se reciclan versiones como la de que los padres están siendo manipulados por extremistas o de que en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa se infiltró un grupo del cártel de “Los Rojos” y por todo ello se está tratando nuevamente de criminalizar su lucha, quieren detener sus voces y asfixiar a la Normal misma (y a las demás normales rurales). La supuesta declaración de uno de los jefes sicarios de los “guerreros unidos” presuntamente recién detenido por la PGR (al parecer con montaje mediático de por medio): el “cepillo”, está sirviendo de coartada para esta ofensiva del gobierno peñanietista y sus aliados. Repetimos, uno de los objetivos mediatos es la normalidad electoral en Guerrero.
En suma se trata, pues, de una fuerte lucha por la verdad y la credibilidad en el marco de un reavivamiento nacional de la lucha de clases en esta coyuntura crucial del 2015. Y si el movimiento “somos Ayotzinapa” logra imponer una “Comisión de la verdad” independiente y autónoma del Estado bienvenida, pero considero que ello no es crucial, sino lo son las movilizaciones y las acciones, los acompañamientos políticos e intelectuales. En fin, como dice una muy puntual consigna: ¡Querían enterrarlos pero están germinando en la nación! Y para que siga dicha germinación se hace necesaria hoy más que nunca más solidaridad y resistencia y la unidad frentista de todas las fuerzas antisistémicas, populares y opositoras al neoliberalismo feroz que el régimen encabezado por el gobierno de Peña Nieto sigue implementando a nivel económico y político con sus medidas de distracción, simulación y de contención
