El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una muestra de cómo en México se vive en un contexto de “desapariciones generalizadas” en las que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada, concluyó este viernes el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en su informe final sobre México.
El Comité insistió en que lo ocurrido el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero -cuando policías municipales atacaron a estudiantes normalistas tras la orden del alcalde, José Luis Abarca- no sólo es un caso de desaparición forzada si no que “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.
México se sometió el pasado 2 y 3 de febrero a evaluación ante este Comité, que tras analizar el informe del Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el país y escuchar la posición de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y representantes de la sociedad civil, emitió este viernes sus observaciones finales, que son las siguientes:
-Es preocupante que México no cuente con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”. Al Comité le preocupa que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con el que cuenta el país no incluya información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada -es decir, que participan agentes del Estado en el delito-; por lo que recomienda adoptar medidas para tener un registro confiable.
-El Estado mexicano debería redoblar esfuerzos para asegurar que cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.
-México deberá adoptar las “medidas legislativas necesarias” para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que se trata de “extrema gravedad”.
-El Comité llamó a que al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) exista una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.
-El Estado mexicano debería aprobado “a la mayor brevedad posible” una ley general sobre desaparición forzada. En la construcción de ésta deberán participar las víctimas, organizaciones de sociedad civil y la CNDH.
-Uno de los puntos en los que sociedad civil insistió más durante la evaluación de México ante el Comité fue en que éste pueda recibir y examinar casos individuales de desaparición forzada, es decir, presentados directamente por los ciudadanos. En ese sentido, en las recomendaciones se “alienta enérgicamente” al Estado a reconocer esta facultad para que los expertos de la ONU puedan revisar casos.
-Otra de las recomendaciones es que se adopten medidas para asegurar que las desapariciones forzadas cometidas por un militar queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por autoridades civiles.
-El Comité también incluyó una recomendación para que México coopere con otros países, víctimas y la sociedad civil en la prevención e investigación de las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los testigos, denunciantes y defensores.
Guerra Sucia
Durante la evaluación de México, se trató el tema de la Guerra Sucia, conocido así en México el periodo entre 1960 y 1980 en el que ocurrieron diferentes medidas de represión militar y política.
Al respecto, el Comité mostró su preocupación porque a pesar del tiempo transcurrido “no hay avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas”.
Además, los expertos de la ONU hacen énfasis en que la reparación del daño a las víctimas ha sido lento.
“El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos con miras a: a) Asegurar que todos los casos de desaparición forzada que hubiesen sido perpetrados durante el período conocido como “guerra sucia” sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; b) Localizar, y en caso de fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante ese período; c) Garantizar el derecho a la verdad respecto de lo ocurrido; d) Garantizar que todas las víctimas, se relacionen o no con los casos corroborados por la CNDH, reciban reparación adecuada, que incluya los medios para su rehabilitación y sea sensible a cuestiones de género”.
Tras la evaluación de México el pasado 2 y 3 de febrero el Estado se comprometió no sólo a recibir y analizar las observaciones y recomendaciones del Comité, si no a que para a más tardar junio de este año habría una Ley General sobre Desaparición Forzada que sería procesada en el Congreso durante el actual periodo ordinario de sesiones.
Puedes leer el reporte completo de la ONU aquí. Por Tania L. Montalvo-Animal Político
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