México.- El caso que sigue la Procuraduría General de la República (PGR) contra José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda está plagado de contradicciones y basado en versiones de testigos desprestigiados, acusa una investigación periodística publicada este domingo por el semanario Proceso.
Al exalcalde de Iguala se le acusa de “delincuencia organizada” en la modalidad “contra la salud con fines de fomento” por presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo el pasado 3 de enero la PGR solicitó una orden de aprehensión en su contra por el delito de “secuestro” sin que el Ministerio Público presentara nuevas pruebas, según consta en la causa penal 1/2015 iniciada en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas.
Estas y otras irregularidades afloraron a raíz de una investigación efectuada por Proceso en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
Respecto a Pineda Villa, luego de 40 días de arraigo sin encontrar elementos para incriminarla, en diciembre de 2014 la SEIDO recurrió a Sergio Villarreal Barragán, Mateo (alias que se le adjudicó como testigo colaborador; antes usaba el de El Grande), extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012, para que la incriminara tras más de cuatro años de no haberla mencionado en sus declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Leyva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa.
El testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal 105/2014 y el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad “contra la salud”, la PGR también solicitó orden de aprehensión en su contra en la causa penal 1/2015, y ya se dictó auto de formal prisión sin que haya sido notificada.
La PGR le imputa al exalcalde el homicidio de Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, en marzo de 2013. También se le responsabiliza del secuestro de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP), y otras seis personas el 30 de mayo de 2013.
Según las declaraciones ministeriales presentadas por la PGR al juzgado, la acusación se basa en testimonios “de oídas” y de presuntas víctimas que dicen haber atestiguado los mismos hechos pero dieron versiones diferentes.
Revista Proceso 1999 leer
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