Según el Gobierno Federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
En noviembre de 2014 este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año– en el basurero del cercano Municipio de Cocula.
Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes, y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones.
Pero el sábado 5, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió.
Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda: quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura.
La PGR afirmó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan.
En realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR.
Para el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.
FABRICADA A GOLPES
“Treinta y nueve confesiones de los policías, hasta los que actuaron materialmente; 487 peritajes; 386 declaraciones; 153 inspecciones ministeriales; todas vinculadas y consistentes para ratificar los hechos aquí señalados. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegar sin lugar a dudas a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el entonces procurador Jesús Murillo Karam el pasado 27 de enero, en una conferencia de prensa en la cual prácticamente dio por cerrado el caso.
Ese día la PGR presentó los testimonios videograbados de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado. Los videos, sin embargo, nada tienen que ver con el contenido de las declaraciones ministeriales que rindieron aquéllos y de las cuales se obtuvo copia. Además, los testimonios rendidos ante el Ministerio Público tienen contradicciones y diferencias sustanciales entre sí.
Rodríguez Salgado grabó un video para la PGR, pero nunca hizo una declaración ministerial, explica uno de los abogados involucrados en el caso y consultado para esta investigación. Agrega que Felipe fue ingresado el 18 de enero al penal El Altiplano y según los documentos obtenidos en un juzgado de procesos penales federales en Tamaulipas, se reservó el derecho a declarar. Añade que lo dicho en el video no tiene validez legal.
En su declaración ministerial, Jonathan afirmó que se reunieron a las 20:30 horas; él fue con Patricio, Agustín y otros cinco en una camioneta Nissan. Reyes Landa dijo que se reunieron a las 23:30 horas y Felipe pasó por él en esa camioneta, con personas distintas a las nombradas por Jonathan. Agustín, sin mencionar una fecha, dice que pasaron por él a las tres de la mañana.
En un testimonio videograbado en enero de 2015, Rodríguez Salgado dice que los policías le entregaron a los estudiantes; que después encontró a Patricio en el camino. Jonathan y Agustín, en sus declaraciones, aunque aseguran que iban con Patricio, nunca hablan de los policías municipales.
En su declaración ministerial Agustín afirmó que transportaron a cuatro de los estudiantes en una camioneta Nissan Estaquitas y que todos estaban vivos. Jonathan y Patricio, refiriéndose a esos mismos cuatro, dijeron que uno estaba muerto, con una herida en la cabeza.
Jonathan afirma que a las 22:00 o 22:15 horas llevaron a los estudiantes al basurero; sin embargo, a esa hora apenas estaban ocurriendo los ataques en Iguala y aún no habían sido secuestrados los normalistas.
Según esa misma supuesta confesión, Jonathan señala que a los estudiantes los dividieron en grupos para matarlos y que a uno de ellos, apodado Cochiloco, y a otro los asesinaron por separado.
Agustín dijo que a varios los amontonaron, incluyendo al Cochiloco, y los ejecutaron a tiros; a otros los hicieron caminar hasta el fondo del basurero y ahí los mataron a golpes. Jonathan dijo que a todos los asesinaron en la parte superior del basurero y luego los lanzaron desde ahí hasta el fondo.
De acuerdo con la inspección del GIEI, por la profundidad y declive del terreno era imposible aventar los cuerpos desde arriba: “Dado que la pendiente del basurero habría frenado la caída”.
Agustín y Jonathan firmaron la confesión donde dicen que recogieron las cenizas el 27 de septiembre y las tiraron al río San Juan, pero según la declaración de Patricio, eso ocurrió el día 28. De acuerdo con Agustín, tiraron las bolsas directamente al río, pero según Jonathan, estando en la casa de Patricio llegó Felipe con tres personas más “que llevaban cuatro costales negros de ceniza, la cual fueron a tirar al río”.
El 7 de noviembre de 2014, cuando la PGR dijo por primera vez que los estudiantes habían sido cremados, Murillo Karam afirmó que Jonathan, Agustín y Patricio habían confesado haber triturado los restos carbonizados:
Pero ninguno de los detenidos dijo ante el Ministerio Público haber triturado los huesos ni haber vaciado o tirado completas las bolsas de ceniza.
El GIEI analizó los dictámenes médicos practicados a 80 detenidos por la PGR entre octubre y diciembre de 2014, relacionados con el caso: policías municipales de Iguala y Cocula y presuntos miembros de Guerreros Unidos. De ellos, 77% presentaba lesiones.
“VAMOS A IR POR TODA TU FAMILIA”
La señora Eliodora es madre de Patricio Reyes Landa, de 25 años. Desde que él estaba en primaria, recibe beneficios del Programa Oportunidades de la SEDESOL, pues viven en extrema pobreza.
Hace 22 años habita con su familia en un jacal prestado por uno de sus hermanos. Hasta hace poco el suelo era de tierra, pero logró ponerle piso de cemento gracias a otro programa de la SEDESOL.
Patricio logró acomodarse con su familia en un cuarto de techo de lámina. Él y su familia también han sobrevivido con recursos del Programa Oportunidades (ahora llamado Prospera). Pero la PGR acusa a Patricio de ser jefe de halcones de Guerreros Unidos, organización criminal con importantes operaciones de narcotráfico.
La esposa de Patricio, cuyo nombre se mantiene en reserva, afirma que su cónyuge no es la persona que ha inventado la PGR. Llevan casados siete años y, asegura, nunca vio nada raro en él ni en sus amistades. Y nunca tenía dinero.
Afirma que el jueves 25 de septiembre llegó a Cocula a descansar. Un día después estuvieron juntos y fueron a cenar a la casa de una hermana de él, como a las siete y media de la noche; a las 11 salieron de ahí porque “ya estaba feo, ya iba a caer el agua”. Llegaron a su casa y ya no salieron.
Al día siguiente Patricio fue a hacer un colado en una gasolinería, y luego se quedó toda la tarde en su casa, con su familia, hasta el domingo 28, cuando regresó a trabajar a Apetlanca.
Agentes de la PGR irrumpieron el 20 de octubre en la casa de la madre de Patricio en busca de armas. Dijeron que el albañil era miembro de Guerreros Unidos y había participado en el ataque a los estudiantes. “¿De dónde? Yo nunca lo vi en malos pasos y nunca tuvimos dinero, ni buena casa”, dice su esposa. Cuando se fueron los agentes de la PGR, ella le telefoneó para reclamarle, pero él le aseguró que no tuvo nada que ver.
Las autoridades federales detuvieron a Patricio el 26 de octubre como a las nueve de la mañana en la casa de la maestra Yesenia Delgado, en Apetlanca. Según contó él a su familia, lo metieron al baño y ahí lo golpearon. Luego lo llevaron al cerro, junto con Jonathan, quien también estaba trabajando ahí como albañil. Le vendaron los ojos y durante cuatro horas lo golpearon, le pusieron una bolsa en la cabeza hasta casi matarlo de asfixia, le echaron agua y le dieron toques eléctricos en el paladar, testículos y recto.
“CON ESOS PENDEJOS VAMOS A TAPAR EL CASO”
Jonathan Osorio, de 20 años, era ayudante de albañil y taquero en la Ciudad de México, donde tiene familiares. La señora Elena, su madre, señala que cuando no había trabajo, limpiaba maíz o ponía fertilizante. Iba y venía de la Ciudad de México por temporadas. Como otras familias de Cocula, ella también necesitó mucho tiempo del Programa Oportunidades para sobrevivir.
Jonathan llevaba algunos meses en Cocula y cuando la maestra Delgado le ofreció trabajo en Apetlanca para poner postes para una cerca, aceptó. Ahí se encontró con Patricio, a quien sólo conocía de vista. Ahora la PGR lo acusa de ser halcón de Guerreros Unidos.
Le contó a su madre que a él y a Patricio los detuvieron a las nueve de la mañana personas vestidas de civil; los golpearon y torturaron. “Los que los agarraron dicen que los golpes eran porque se echaron a correr, que por eso iban golpeados”. Pero la historia es distinta.
Su hijo le contó que le amarraron las manos y lo asfixiaban con una bolsa de plástico; que perdió el sentido tres veces. Le echaron agua fría y hielo para reanimarlo. También le dieron toques eléctricos.
“Cuando los subieron al helicóptero para trasladarlos, les decían que si aventaban a uno, nadie se iba a dar cuenta”. En el helicóptero escuchó decir a alguien: “Con estos pendejos vamos a tapar el caso.”
La mujer fue en diciembre a levantar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día que estaba aprobada su visita al centro de arraigo, enviaron a Jonathan al Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit. No fue sino hasta los pasados martes 1 y miércoles 2 cuando le aplicaron el Protocolo de Estambul.
Pocos días después de su arresto, las autoridades llevaron a Jonathan en un helicóptero al basurero de Cocula, donde la PGR grabó el video que luego Murillo Karam mostró en su conferencia del 7 de noviembre. Asegura que ahí le indicaron todo lo que tenía que hacer y decir antes de grabar.
FELIPE
Felipe, de 25 años, laboraba con el papá de Diana, su esposa, una maestra de secundaria; cuando no había trabajo en la construcción, pastoreaba vacas y chivos.
Diana trabaja fuera de Cocula. Dice que llegó a su casa el viernes 26 de septiembre a las dos de la tarde. Felipe estaba en casa de su abuela, donde viven su mamá y sus tíos. Esa noche él la llevó a cenar a las 21:30 horas a un puesto de antojitos, a unos pasos de su casa. Según la PGR, a esa hora Felipe encabezaba la ejecución de los normalistas.
De regreso, Felipe se quedó en la calle tomando una cerveza con un amigo y luego entró a su casa. Ahí pasó toda la noche con su esposa. Ella dice que el 27 de septiembre pasaron todo el día en casa de la abuela de él. El domingo 28 ella se fue a su trabajo.
En octubre le dijo que estaba desesperado por no encontrar trabajo y que se iba a ir a Estados Unidos con sus hermanos. Y lo intentó el 20 de octubre. Una semana después llegó la policía a su casa; él estaba en Caborca, Sonora. Diana le telefoneó para reclamarle la visita de las autoridades. “¿Por eso te fuiste, verdad?” Le aseguró que no. Durante varias semanas no supo de él.
Felipe cruzó la frontera pero se quedó varado en el desierto. Ya había una orden de aprehensión en su contra.
Las autoridades migratorias lo detuvieron. Él dio su nombre, le tomaron fotos y lo deportaron.
Hizo contacto con su esposa y volvió a su casa el 11 de enero de 2015. Se vieron apenas unas horas y ella se fue a su trabajo.
Diana afirma que lo detuvieron el 14 de enero en Cocula. La PGR dice que fue capturado el día 15 en el Estado de Morelos. Ella no lo pudo visitar hasta el 17 de enero y lo vio muy lastimado y con ropa que no era la suya, pero él no quiso decirle lo que pasó. Pero a su mamá sí le contó sobre la tortura.
Cuando ingresó al penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México –donde aún está preso–, Felipe presentó una denuncia contra quienes lo detuvieron, torturaron y obligaron a grabar el video de su supuesta confesión. En su denuncia sostiene que durante varias semanas fue presionado por funcionarios para declararse culpable, pero no cedió.
Ni él ni los otros acusados de la incineración en el basurero de Cocula han ratificado ante un juez la declaración vertida en la PGR. (Anabel Hernández y Steve Fisher)
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