Tremendo golpe a la credibilidad del gobierno de Peña Nieto
A menos de un mes que se cumpla el primer aniversario de la noche de Iguala, la del asesinato de seis personas (incluidos tres estudiantes) y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un golpe mediático vuelve a poner en la primera plana de los medios de comunicación lo sucedido en esa infausta noche. Para el presidente Peña Nieto las conclusiones de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) sobre los asesinatos y las desapariciones ocurridas esa noche presentadas públicamente el pasado 6 de septiembre, representan un tremendo golpe a la credibilidad de su gobierno: la pretendida “verdad histórica” sobre el caso del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam que según él cerraba prácticamente el mismo fue hecha añicos con el rosario de conclusiones de dicho grupo. La tristemente célebre “verdad histórica” del gobierno de peña Nieto resultó ser una “mentira histórica”. Una de esas devastadoras conclusiones en especial retumbó fuerte en la opinión pública: los 43 de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de Cocula como dijo en noviembre pasado el muy cansado Murillo Karam. Por tanto la exigencia de su búsqueda se potencia un año después de su desaparición y el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” será aun más ensordecedor para el gobierno priista.
La estrategia gubernamental de tratar que este caso que se ha convertido en el peor escollo entre tantos problemas que enfrenta esta administración, apenas a la mitad de su sexenio, fuera “superado” y desplazado a un segundo plano, ha fracasado rotundamente. Las informaciones son cada vez más numerosas sobre los actos que se preparan en todo el país desde la península de Baja California hasta la de Yucatán, actos de todo tipo de protestas a realizarse el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, día que se ha bautizado como el de “la indignación nacional”, actos que culminarán con la que se espera será una gigantesca manifestación en la ciudad de México que se iniciará a las 12.00 horas. desde la residencia presidencial de Los Pinos y culminará horas después en el Zócalo.
La lucha por la aparición de los 43 se hace más actual, más vigente y definirá aún más profundamente le amplia y creciente oposición popular al gobierno priista que se encuentra prácticamente atorado y cuyas camarillas han comenzado sus pugnas internas para definir precozmente quien será el sucesor de Peña Nieto. Seguramente también en las actos de las protestas del 26 de septiembre muchos gritos de ¡Fuera Peña! se oirán fuertemente en las calles.
Las conclusiones del GIEI no son sorprendentes. Desde noviembre pasado muchas investigaciones, destacando las que aparecieron desde octubre mismo en la revista Proceso, habían señalado las innumerables incongruencias, omisiones e inconsistencias de las argumentaciones expuestas por Murillo en sus explicaciones de lo que llamó la “verdad histórica”. Por ejemplo, la inverosímil teoría de la incineración en un predio selvático en una noche lluviosa de 43 cadáveres cuya pira debería haber producido una columna de humo de decenas de metros que nunca se vio en los alrededores y que para mantenerla se hubieran necesitado enormes cantidades de llantas y materiales inflamables que los albañiles, que resultaron ser los supuestos ejecutantes y cuyas “confesiones” fueron arrancadas con las torturas de la policía, jamás hubieran podido conseguir con sus exiguos recursos. El experto peruano que el GIEI llevó al tiradero de Cocula consideró que en el lugar no había señales de la supuesta gigantesca pira que para incinerar 43 cadáveres se hubieran necesitado, ni rastros de una hoguera de diez o más horas que seguramente hubiera dejado marcas en el predio cuyos alrededores necesariamente se habrían incendiado.
Igualmente señaló la presencia de un quinto camión ocupado por los estudiantes y ferozmente atacado por sus agresores cuya presencia señalada por testimonios ministeriales fue por completo soslayada en el informe de Murillo. En dicho camión podría estar cierta explicación de la ferocidad que se desató contra los estudiantes pues se considera que el mismo era portador de droga con destino a Chicago.
Otro de los aspectos más polémicos que no deben gustarle nada a Peña Nieto y su gobierno son los pasajes donde el informe trata sobre el ejército. El texto va señalando lo que también ha sido ya una y otra vez mencionado por diversos autores y comentaristas, la presencia imposible de negar del ejército en los acontecimientos. Y, por tanto, una de las recomendaciones más comprometedoras para Peña Nieto es la demanda del GIEI de permitir la apertura de las instalaciones del cuartel localizado en Iguala y el cuestionamiento de los militares involucrados en los incidentes de la noche de Iguala.
El informe del GIEI de casi 500 páginas está lleno de observaciones, puntualizaciones y recomendaciones que los expertos independientes hacen para que el gobierno mexicano reexamine nuevamente sus conclusiones, de hecho propone una nueva investigación sin afirmar claramente su rechazo a la investigación de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero ha bastado lo anterior para producir el estallido de una bomba mediática que ha obligado al gobierno a reconocer la necesidad de seguir investigando y a aceptar una nueva entrevista de los familiares y sus abogados con Peña Nieto el próximo 23 de septiembre.
Ante esta situación se ha desprendido como lógica la prorrogación del mandato de estancia del GIEI en México para continuar sus investigaciones. Otro resultado no muy grato para el gobierno.
La pregunta que se impone ¿por qué el gobierno de Peña Nieto ha debido aceptar en esta ocasión tal intervención de una parte externa en el caso de la noche de Iguala? Y otra que se desprende lógicamente ¿por qué la OEA, de quien depende CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la cual a su vez patrocina al GIEI, ha puesto a uno de los gobiernos más importantes de la organización, aliado casi incondicional de Washington, en los apuros en que actualmente se encuentra ante un informe que da nuevos argumentos y bríos a la campaña por la aparición de los 43? La respuesta es la presión nacional e internacional tan impresionante que se ha desplegado en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, solidaridad que le llega también indirectamente a sus aliados más directos y cercanos, los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)?
El caso de Ayotzinapa ha sido la punta del tempano. La cuestión de los desaparecidos en México es ya una problemática latinoamericana. Hoy el caso de los normalistas trasciende, pues en México hay miles de desaparecidos desde hace más de una década y no se había levantado un movimiento de la magnitud que hoy apreciamos. Esto lo han reconocido las organizaciones de los derechos humanos latinoamericanas. La solidaridad que se ha desplegado con motivo de los acontecimientos de la noche de Iguala hoy se ha convertido en una poderosa presión internacional que el gobierno mexicano no puede soslayar tan fácilmente. Decenas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han solicitado a Peña Nieto que cumpla con las recomendaciones de la GIEI. Se han expresado en tal sentido las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ambos de Argentina; Oficina en Washington en Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la Comisión de Paz y Justicia y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, ambas de Colombia; la Asociación pro Derechos Humanos de Perú; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela; la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador; la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay; el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos y otras organizaciones parecidas de Bolivia, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y por supuesto México.
Estrictamente paralelo a estos acontecimientos en México, se producía en el país vecino del sur la gigantesca movilización popular, que culminó con la renuncia y el arresto de Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala. Inmediatamente este hecho se ha traducido en la opinión popular a la realidad mexicana: ¿por qué en Guatemala y en México no? O de otra forma ¿qué tiene Guatemala que no tiene México? Obviamente a pesar de las similitudes muy grandes con Guatemala, las cuales en el sur y el sureste son muy evidentes, en lo sustancial México es un país muy diferente a su vecino sureño. Aquí el grito de ¡Fuera Peña! todavía tiene que llegar a las grandes masas de trabajadores para que tenga el eco que merece y la fuerza necesaria para hacerlo realidad y además, más que en Guatemala, aquí el sistema es claramente mucho más poderoso en su raigambre nacional (nacionalista) y social que la estructura del poder en Guatemala.
En Guatemala misma la operación de la destitución y detención carcelaria de Pérez Molina debe ser aleccionadora. Sin quitarle el mínimo mérito a la gran campaña popular que logró destituir a este ex militar genocida, no podemos dejar de tomar en cuenta que, en primer lugar la sentencia del 20 de mayo condenando Pérez Molina a 80 años de prisión que representa una conquista popular, ha sido revocada por el más alto tribunal de Guatemala, encontrándose hoy todavía la apelación contra tal nefasta decisión en pleno trámite. Igualmente debe entenderse que el genocida fue sentenciado por un fraude escandaloso y no se tomó judicialmente en cuenta para nada su pasado genocida. Finalmente en la primera vuelta de las elecciones del 6 de septiembre para elegir al sucesor de Pérez Molina, el candidato ganador ha sido el “independiente” Jimmy Morales, un cómico de la televisión con vínculos directos con los grupos más reaccionaros y derechistas del país que en la segunda vuelta podría ser electo como el nuevo presidente de Guatemala.
Aquí en México la consigna ¡Fuera Peña! debe plantearse junto con un programa alternativo que tenga como meta la instauración de un gobierno de los obreros, campesinos e indígenas que sea el inicio de la lucha por la fundación de una nueva sociedad para evitar que a Peña Nieto lo sustituya otro priista o panista o incluso como se está prefigurando ya como una alternativa adecuada para los grupos capitalistas en el poder, por un “independiente” al estilo de Jimmy Morales.
* El autor es militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS) - México
Correspondencia de Prensa - boletín informativo: germain5@chasque.net
A menos de un mes que se cumpla el primer aniversario de la noche de Iguala, la del asesinato de seis personas (incluidos tres estudiantes) y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un golpe mediático vuelve a poner en la primera plana de los medios de comunicación lo sucedido en esa infausta noche. Para el presidente Peña Nieto las conclusiones de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) sobre los asesinatos y las desapariciones ocurridas esa noche presentadas públicamente el pasado 6 de septiembre, representan un tremendo golpe a la credibilidad de su gobierno: la pretendida “verdad histórica” sobre el caso del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam que según él cerraba prácticamente el mismo fue hecha añicos con el rosario de conclusiones de dicho grupo. La tristemente célebre “verdad histórica” del gobierno de peña Nieto resultó ser una “mentira histórica”. Una de esas devastadoras conclusiones en especial retumbó fuerte en la opinión pública: los 43 de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de Cocula como dijo en noviembre pasado el muy cansado Murillo Karam. Por tanto la exigencia de su búsqueda se potencia un año después de su desaparición y el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” será aun más ensordecedor para el gobierno priista.
La estrategia gubernamental de tratar que este caso que se ha convertido en el peor escollo entre tantos problemas que enfrenta esta administración, apenas a la mitad de su sexenio, fuera “superado” y desplazado a un segundo plano, ha fracasado rotundamente. Las informaciones son cada vez más numerosas sobre los actos que se preparan en todo el país desde la península de Baja California hasta la de Yucatán, actos de todo tipo de protestas a realizarse el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, día que se ha bautizado como el de “la indignación nacional”, actos que culminarán con la que se espera será una gigantesca manifestación en la ciudad de México que se iniciará a las 12.00 horas. desde la residencia presidencial de Los Pinos y culminará horas después en el Zócalo.
La lucha por la aparición de los 43 se hace más actual, más vigente y definirá aún más profundamente le amplia y creciente oposición popular al gobierno priista que se encuentra prácticamente atorado y cuyas camarillas han comenzado sus pugnas internas para definir precozmente quien será el sucesor de Peña Nieto. Seguramente también en las actos de las protestas del 26 de septiembre muchos gritos de ¡Fuera Peña! se oirán fuertemente en las calles.
Las conclusiones del GIEI no son sorprendentes. Desde noviembre pasado muchas investigaciones, destacando las que aparecieron desde octubre mismo en la revista Proceso, habían señalado las innumerables incongruencias, omisiones e inconsistencias de las argumentaciones expuestas por Murillo en sus explicaciones de lo que llamó la “verdad histórica”. Por ejemplo, la inverosímil teoría de la incineración en un predio selvático en una noche lluviosa de 43 cadáveres cuya pira debería haber producido una columna de humo de decenas de metros que nunca se vio en los alrededores y que para mantenerla se hubieran necesitado enormes cantidades de llantas y materiales inflamables que los albañiles, que resultaron ser los supuestos ejecutantes y cuyas “confesiones” fueron arrancadas con las torturas de la policía, jamás hubieran podido conseguir con sus exiguos recursos. El experto peruano que el GIEI llevó al tiradero de Cocula consideró que en el lugar no había señales de la supuesta gigantesca pira que para incinerar 43 cadáveres se hubieran necesitado, ni rastros de una hoguera de diez o más horas que seguramente hubiera dejado marcas en el predio cuyos alrededores necesariamente se habrían incendiado.
Igualmente señaló la presencia de un quinto camión ocupado por los estudiantes y ferozmente atacado por sus agresores cuya presencia señalada por testimonios ministeriales fue por completo soslayada en el informe de Murillo. En dicho camión podría estar cierta explicación de la ferocidad que se desató contra los estudiantes pues se considera que el mismo era portador de droga con destino a Chicago.
Otro de los aspectos más polémicos que no deben gustarle nada a Peña Nieto y su gobierno son los pasajes donde el informe trata sobre el ejército. El texto va señalando lo que también ha sido ya una y otra vez mencionado por diversos autores y comentaristas, la presencia imposible de negar del ejército en los acontecimientos. Y, por tanto, una de las recomendaciones más comprometedoras para Peña Nieto es la demanda del GIEI de permitir la apertura de las instalaciones del cuartel localizado en Iguala y el cuestionamiento de los militares involucrados en los incidentes de la noche de Iguala.
El informe del GIEI de casi 500 páginas está lleno de observaciones, puntualizaciones y recomendaciones que los expertos independientes hacen para que el gobierno mexicano reexamine nuevamente sus conclusiones, de hecho propone una nueva investigación sin afirmar claramente su rechazo a la investigación de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero ha bastado lo anterior para producir el estallido de una bomba mediática que ha obligado al gobierno a reconocer la necesidad de seguir investigando y a aceptar una nueva entrevista de los familiares y sus abogados con Peña Nieto el próximo 23 de septiembre.
Ante esta situación se ha desprendido como lógica la prorrogación del mandato de estancia del GIEI en México para continuar sus investigaciones. Otro resultado no muy grato para el gobierno.
La pregunta que se impone ¿por qué el gobierno de Peña Nieto ha debido aceptar en esta ocasión tal intervención de una parte externa en el caso de la noche de Iguala? Y otra que se desprende lógicamente ¿por qué la OEA, de quien depende CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la cual a su vez patrocina al GIEI, ha puesto a uno de los gobiernos más importantes de la organización, aliado casi incondicional de Washington, en los apuros en que actualmente se encuentra ante un informe que da nuevos argumentos y bríos a la campaña por la aparición de los 43? La respuesta es la presión nacional e internacional tan impresionante que se ha desplegado en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, solidaridad que le llega también indirectamente a sus aliados más directos y cercanos, los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)?
El caso de Ayotzinapa ha sido la punta del tempano. La cuestión de los desaparecidos en México es ya una problemática latinoamericana. Hoy el caso de los normalistas trasciende, pues en México hay miles de desaparecidos desde hace más de una década y no se había levantado un movimiento de la magnitud que hoy apreciamos. Esto lo han reconocido las organizaciones de los derechos humanos latinoamericanas. La solidaridad que se ha desplegado con motivo de los acontecimientos de la noche de Iguala hoy se ha convertido en una poderosa presión internacional que el gobierno mexicano no puede soslayar tan fácilmente. Decenas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han solicitado a Peña Nieto que cumpla con las recomendaciones de la GIEI. Se han expresado en tal sentido las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ambos de Argentina; Oficina en Washington en Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la Comisión de Paz y Justicia y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, ambas de Colombia; la Asociación pro Derechos Humanos de Perú; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela; la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador; la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay; el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos y otras organizaciones parecidas de Bolivia, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y por supuesto México.
Estrictamente paralelo a estos acontecimientos en México, se producía en el país vecino del sur la gigantesca movilización popular, que culminó con la renuncia y el arresto de Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala. Inmediatamente este hecho se ha traducido en la opinión popular a la realidad mexicana: ¿por qué en Guatemala y en México no? O de otra forma ¿qué tiene Guatemala que no tiene México? Obviamente a pesar de las similitudes muy grandes con Guatemala, las cuales en el sur y el sureste son muy evidentes, en lo sustancial México es un país muy diferente a su vecino sureño. Aquí el grito de ¡Fuera Peña! todavía tiene que llegar a las grandes masas de trabajadores para que tenga el eco que merece y la fuerza necesaria para hacerlo realidad y además, más que en Guatemala, aquí el sistema es claramente mucho más poderoso en su raigambre nacional (nacionalista) y social que la estructura del poder en Guatemala.
En Guatemala misma la operación de la destitución y detención carcelaria de Pérez Molina debe ser aleccionadora. Sin quitarle el mínimo mérito a la gran campaña popular que logró destituir a este ex militar genocida, no podemos dejar de tomar en cuenta que, en primer lugar la sentencia del 20 de mayo condenando Pérez Molina a 80 años de prisión que representa una conquista popular, ha sido revocada por el más alto tribunal de Guatemala, encontrándose hoy todavía la apelación contra tal nefasta decisión en pleno trámite. Igualmente debe entenderse que el genocida fue sentenciado por un fraude escandaloso y no se tomó judicialmente en cuenta para nada su pasado genocida. Finalmente en la primera vuelta de las elecciones del 6 de septiembre para elegir al sucesor de Pérez Molina, el candidato ganador ha sido el “independiente” Jimmy Morales, un cómico de la televisión con vínculos directos con los grupos más reaccionaros y derechistas del país que en la segunda vuelta podría ser electo como el nuevo presidente de Guatemala.
Aquí en México la consigna ¡Fuera Peña! debe plantearse junto con un programa alternativo que tenga como meta la instauración de un gobierno de los obreros, campesinos e indígenas que sea el inicio de la lucha por la fundación de una nueva sociedad para evitar que a Peña Nieto lo sustituya otro priista o panista o incluso como se está prefigurando ya como una alternativa adecuada para los grupos capitalistas en el poder, por un “independiente” al estilo de Jimmy Morales.
* El autor es militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS) - México
Correspondencia de Prensa - boletín informativo: germain5@chasque.net
Tremendous blow to the credibility of the government of Peña Nieto
Less than a month the first anniversary of the night of Iguala is fulfilled, the murder of six people (including three students) and the disappearance of the 43 student teachers Ayotzinapa a media coup put back on the front page of the media what happened on that fateful night. President Peña Nieto to the research findings of the Interdisciplinary Group of Independent Experts (IMCI) on the killings and disappearances that night publicly presented last September 6, represent a huge blow to the credibility of his government: the alleged " historical truth "about the case of former public prosecutor Jesús Murillo Karam which he closed it was virtually shattered with rosary conclusions of that group. The infamous "historical truth" Peña Nieto government proved to be a "historical lie". One such devastating conclusions echoed particularly strong in public opinion: 43 Ayotzinapa were not burned in the dustbin of Cocula as last November said the tired Murillo Karam. Therefore the requirement of its search power a year after his disappearance and the cry of "living took them, alive we want" will be even more deafening to the PRI government.
The government's strategy of trying this case has become the worst pitfall among many problems facing this administration, only half of his term, was "overcome" and moved to the background, has failed miserably. The information is increasing number of acts that are prepared in the whole country from Baja California to Yucatan acts of all kinds of protests to be held on September 26, when the first anniversary of compliance disappearance of the 43 normal school day has been named as the "national outrage" acts that culminate with which it is hoped will be a huge demonstration in Mexico City that will start at 12.00. from the presidential residence of Los Pinos hours and will culminate in the Zocalo.
The struggle for the emergence of the 43 is more current, more effective and more deeply you define large and growing popular opposition to the PRI government that is practically stuck and cliques which have started their internal struggles to define early who will succeed Peña Nieto. Surely in the acts of Sept. 26 protests Many Cries Out Peña! They will be heard strongly in the streets.
The findings of IMCI are not surprising. Since last November many investigations, noting that since October it appeared in the magazine Proceso, had pointed out the many inconsistencies, omissions and inconsistencies in the arguments presented by Murillo in their explanations of what he called the "historical truth". For example, the implausible theory incineration in a jungle campus on a rainy night 43 corpses whose pyre should have produced a column of smoke from dozens of meters that never looked around and that would have been needed to keep huge amounts of tires and flammable materials masons, who were supposed to be performers whose "confessions" were plucked with police torture never could have achieved with their meager resources. The Peruvian expert that led to the dump IMCI Cocula considered that there was no sign of the alleged gigantic pyre to incinerate 43 bodies have been needed, no sign of a fire of ten or more hours than probably would have left marks on the on-site whose surrounding land would necessarily fire.
Also noted the presence of a fifth truck occupied by students and fiercely attacked by his assailants whose presence was indicated by ministerial testimonies completely circumvented in the report of Murillo. In this truck could be some explanation of the ferocity that erupted against the students as it is considered that it was carrying drugs bound for Chicago.
Another of the most controversial aspects that should not like anything to Peña Nieto and his government are the passages where the report deals with the army. The text is also pointing out what has already been mentioned time and again by various authors and commentators deny the impossible presence of the army in the events. And therefore, one of the most embarrassing recommendations for Peña Nieto is the demand of IMCI to allow the opening of the headquarters facilities located in Iguala and the questioning of the military involved in the incidents of the night of Iguala.
The IMCI report of almost 500 pages is full of observations, remarks and recommendations made to the independent experts that the Mexican government reconsider its conclusions again, in fact proposes a new research without clearly stating their opposition to the investigation of the "historical truth "The Attorney General's Office (PGR). But it was enough to produce above the outbreak of a media bomb that has forced the government to recognize the need for further research and accept a new interview relatives and their lawyers with Peña Nieto on 23 September.
Faced with this situation it has evolved as a logical extension of the mandate of the IMCI stay in Mexico to continue his research. Another result is not very pleasing to the government.
The question that arises why the government of Peña Nieto has had to accept on this occasion that an external party intervention in the case of Iguala night? And one that follows logically why the OAS, which oversees IACHR (Inter-American Commission on Human Rights), which in turn sponsors the IMCI, has been one of the major governments of the organization, allied almost unconditional Washington, in the troubles that currently before a report that gives new arguments and vigor to the campaign by the appearance of the 43? The answer is national and international pressure so impressive that has been deployed in support of normalistas Ayotzinapa, solidarity also indirectly reaches its most direct and closest allies, the teachers of the CNTE (National Coordinator of Education Workers) ?
Ayotzinapa case was the tip of the iceberg. The issue of missing persons in Mexico is already a Latin American problem. Today the event transcends the normal school, because in Mexico there are thousands of missing for more than a decade and had not raised a movement of the magnitude that we appreciate today. This has been recognized by organizations of human rights in Latin America. The solidarity that has been deployed to mark the events of the night of Iguala today has become a powerful international pressure the Mexican government can not ignore so easily. Dozens of non-governmental organizations dedicated to defending human rights have asked Peña Nieto that meets the recommendations of the IMCI. They have been expressed in this regard the Grandmothers of the Plaza de Mayo, the Center for Legal and Social Studies, both of Argentina; Washington Office on Latin America (WOLA); the Commission for Peace and Justice and the Permanent Assembly of Civil Society for Peace, both of Colombia; the Human Rights Association of Peru; the Centre for Human Rights at the Catholic University Andres Bello of Venezuela; Ecumenical Human Rights Commission of Ecuador; the Human Rights Coordinator of Paraguay; Center Robert F. Kennedy Human Rights of the United States and other similar organizations from Bolivia, Costa Rica, Brazil, Honduras, Guatemala, Nicaragua and of course Mexico.
Strictly parallel to these events in Mexico, it occurred in neighboring South gigantic popular mobilization that culminated in the resignation and arrest of Otto Perez Molina, a former president of Guatemala. Immediately this fact has resulted in popular opinion the Mexican reality, why in Guatemala and Mexico not? Or else what is Guatemala that has Mexico? Obviously despite the very great similarities with Guatemala, which in the south and southeast are very obvious, essentially Mexico is very different from its southern neighbor. Here's cry Peña Out! has yet to reach the masses of workers to have the echo it deserves and the strength to make it happen and also more than in Guatemala, here the system is clearly much more powerful in their national roots (nationalist) and social the structure of power in Guatemala.
In Guatemala same operation dismissal and arrest of Perez Molina prison should be instructive. Without taking the least credit to the great popular campaign that managed to oust the former genocidal military, we can not fail to note that, first the judgment of May 20 condemning Perez Molina to 80 years in prison which is a popular conquest It has been revoked by the highest court in Guatemala, meeting today still appeal against the disastrous decision in the process. Also it is understood that the genocide was sentenced by a scandalous fraud and took no account whatsoever judicially its genocidal past. Finally in the first round of elections on September 6 to elect a successor to Perez Molina, the winning candidate was the "independent" Jimmy Morales, a comic television with direct links to the most right-wing groups and reaccionaros the country in the second round could I be elected as the new president of Guatemala.
Here in Mexico the slogan Out Peña! must be raised along with an alternative program that has as its goal the establishment of a government of the workers, peasants and indigenous people who will be the beginning of the struggle for the foundation of a new society to prevent Peña Nieto replacing another PRI or PAN or even as it is already foreshadowing as a suitable alternative to the capitalist groups in power, by an "independent" in the style of Jimmy Morales.
* The author is an activist in the League of Socialist Unity (LUS) - Mexico
Correspondence Press - Newsletter: germain5@chasque.net
Less than a month the first anniversary of the night of Iguala is fulfilled, the murder of six people (including three students) and the disappearance of the 43 student teachers Ayotzinapa a media coup put back on the front page of the media what happened on that fateful night. President Peña Nieto to the research findings of the Interdisciplinary Group of Independent Experts (IMCI) on the killings and disappearances that night publicly presented last September 6, represent a huge blow to the credibility of his government: the alleged " historical truth "about the case of former public prosecutor Jesús Murillo Karam which he closed it was virtually shattered with rosary conclusions of that group. The infamous "historical truth" Peña Nieto government proved to be a "historical lie". One such devastating conclusions echoed particularly strong in public opinion: 43 Ayotzinapa were not burned in the dustbin of Cocula as last November said the tired Murillo Karam. Therefore the requirement of its search power a year after his disappearance and the cry of "living took them, alive we want" will be even more deafening to the PRI government.
The government's strategy of trying this case has become the worst pitfall among many problems facing this administration, only half of his term, was "overcome" and moved to the background, has failed miserably. The information is increasing number of acts that are prepared in the whole country from Baja California to Yucatan acts of all kinds of protests to be held on September 26, when the first anniversary of compliance disappearance of the 43 normal school day has been named as the "national outrage" acts that culminate with which it is hoped will be a huge demonstration in Mexico City that will start at 12.00. from the presidential residence of Los Pinos hours and will culminate in the Zocalo.
The struggle for the emergence of the 43 is more current, more effective and more deeply you define large and growing popular opposition to the PRI government that is practically stuck and cliques which have started their internal struggles to define early who will succeed Peña Nieto. Surely in the acts of Sept. 26 protests Many Cries Out Peña! They will be heard strongly in the streets.
The findings of IMCI are not surprising. Since last November many investigations, noting that since October it appeared in the magazine Proceso, had pointed out the many inconsistencies, omissions and inconsistencies in the arguments presented by Murillo in their explanations of what he called the "historical truth". For example, the implausible theory incineration in a jungle campus on a rainy night 43 corpses whose pyre should have produced a column of smoke from dozens of meters that never looked around and that would have been needed to keep huge amounts of tires and flammable materials masons, who were supposed to be performers whose "confessions" were plucked with police torture never could have achieved with their meager resources. The Peruvian expert that led to the dump IMCI Cocula considered that there was no sign of the alleged gigantic pyre to incinerate 43 bodies have been needed, no sign of a fire of ten or more hours than probably would have left marks on the on-site whose surrounding land would necessarily fire.
Also noted the presence of a fifth truck occupied by students and fiercely attacked by his assailants whose presence was indicated by ministerial testimonies completely circumvented in the report of Murillo. In this truck could be some explanation of the ferocity that erupted against the students as it is considered that it was carrying drugs bound for Chicago.
Another of the most controversial aspects that should not like anything to Peña Nieto and his government are the passages where the report deals with the army. The text is also pointing out what has already been mentioned time and again by various authors and commentators deny the impossible presence of the army in the events. And therefore, one of the most embarrassing recommendations for Peña Nieto is the demand of IMCI to allow the opening of the headquarters facilities located in Iguala and the questioning of the military involved in the incidents of the night of Iguala.
The IMCI report of almost 500 pages is full of observations, remarks and recommendations made to the independent experts that the Mexican government reconsider its conclusions again, in fact proposes a new research without clearly stating their opposition to the investigation of the "historical truth "The Attorney General's Office (PGR). But it was enough to produce above the outbreak of a media bomb that has forced the government to recognize the need for further research and accept a new interview relatives and their lawyers with Peña Nieto on 23 September.
Faced with this situation it has evolved as a logical extension of the mandate of the IMCI stay in Mexico to continue his research. Another result is not very pleasing to the government.
The question that arises why the government of Peña Nieto has had to accept on this occasion that an external party intervention in the case of Iguala night? And one that follows logically why the OAS, which oversees IACHR (Inter-American Commission on Human Rights), which in turn sponsors the IMCI, has been one of the major governments of the organization, allied almost unconditional Washington, in the troubles that currently before a report that gives new arguments and vigor to the campaign by the appearance of the 43? The answer is national and international pressure so impressive that has been deployed in support of normalistas Ayotzinapa, solidarity also indirectly reaches its most direct and closest allies, the teachers of the CNTE (National Coordinator of Education Workers) ?
Ayotzinapa case was the tip of the iceberg. The issue of missing persons in Mexico is already a Latin American problem. Today the event transcends the normal school, because in Mexico there are thousands of missing for more than a decade and had not raised a movement of the magnitude that we appreciate today. This has been recognized by organizations of human rights in Latin America. The solidarity that has been deployed to mark the events of the night of Iguala today has become a powerful international pressure the Mexican government can not ignore so easily. Dozens of non-governmental organizations dedicated to defending human rights have asked Peña Nieto that meets the recommendations of the IMCI. They have been expressed in this regard the Grandmothers of the Plaza de Mayo, the Center for Legal and Social Studies, both of Argentina; Washington Office on Latin America (WOLA); the Commission for Peace and Justice and the Permanent Assembly of Civil Society for Peace, both of Colombia; the Human Rights Association of Peru; the Centre for Human Rights at the Catholic University Andres Bello of Venezuela; Ecumenical Human Rights Commission of Ecuador; the Human Rights Coordinator of Paraguay; Center Robert F. Kennedy Human Rights of the United States and other similar organizations from Bolivia, Costa Rica, Brazil, Honduras, Guatemala, Nicaragua and of course Mexico.
Strictly parallel to these events in Mexico, it occurred in neighboring South gigantic popular mobilization that culminated in the resignation and arrest of Otto Perez Molina, a former president of Guatemala. Immediately this fact has resulted in popular opinion the Mexican reality, why in Guatemala and Mexico not? Or else what is Guatemala that has Mexico? Obviously despite the very great similarities with Guatemala, which in the south and southeast are very obvious, essentially Mexico is very different from its southern neighbor. Here's cry Peña Out! has yet to reach the masses of workers to have the echo it deserves and the strength to make it happen and also more than in Guatemala, here the system is clearly much more powerful in their national roots (nationalist) and social the structure of power in Guatemala.
In Guatemala same operation dismissal and arrest of Perez Molina prison should be instructive. Without taking the least credit to the great popular campaign that managed to oust the former genocidal military, we can not fail to note that, first the judgment of May 20 condemning Perez Molina to 80 years in prison which is a popular conquest It has been revoked by the highest court in Guatemala, meeting today still appeal against the disastrous decision in the process. Also it is understood that the genocide was sentenced by a scandalous fraud and took no account whatsoever judicially its genocidal past. Finally in the first round of elections on September 6 to elect a successor to Perez Molina, the winning candidate was the "independent" Jimmy Morales, a comic television with direct links to the most right-wing groups and reaccionaros the country in the second round could I be elected as the new president of Guatemala.
Here in Mexico the slogan Out Peña! must be raised along with an alternative program that has as its goal the establishment of a government of the workers, peasants and indigenous people who will be the beginning of the struggle for the foundation of a new society to prevent Peña Nieto replacing another PRI or PAN or even as it is already foreshadowing as a suitable alternative to the capitalist groups in power, by an "independent" in the style of Jimmy Morales.
* The author is an activist in the League of Socialist Unity (LUS) - Mexico
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